Apagando el fuego con bencina: Sharp justifica el despido de 44 trabajadores del municipio

por Gustavo Burgos

El despido de 44 trabajadores a honorarios de la Municipalidad de Valparaíso sacudió el ambiente político en la ciudad. Primero por ser un ataque a los trabajadores municipales sin precedentes y —segundo— por provenir de la decisión del flamantemente reelecto alcalde «ciudadano» Jorge Sharp, quien ha hecho profesión de autoproclamar su condición de demócrata, renovador de la política y respetuoso de los derechos individuales.

Entre los despedidos se encuentran dirigentes del sindicato SITTMUVAL y dos candidatas que compitieron con Sharp en las pasadas elecciones. Natalia Corrales, dirigente feminista que integró la lista a constituyentes de la Mesa Social de Valparaíso (Constituyentes a Toda Costa) desafiante de la Lista del Pueblo que integró la electa convencional constituyente Tania Madriaga, ex Directora de SECPLAC del municipio porteño. También fue despedida Marcela Cortés, quien desafió a Sharp con su candidatura feminista a la alcaldía porteña. Esta última sostuvo su campaña en críticas que fueron orientadas al cuestionamiento de la gestión de Sharp.

La respuesta de los trabajadores no se dejó sentir y desde todas las esferas sindicales y políticas arreciaron los cuestionamientos a los despidos, que fueron unánimemente caracterizados como una represalia patronal y un abuso del poder alcaldicio. Hasta este momento el hecho fue presentado por el municipio como la simple «no renovación» de contratos vigentes y bajo cuerda se echó a correr el infundio de que los despedidos serían gente de Derecha. El mismo 2 de junio la multigremial de trabajadores municipales que agrupa a AFAMUV, SICOAVAL, APROTEC, SITRACEM y AFUMUVAL rechazó los despidos, lo mismo hizo la asociación municipal ADIPROTEJE y la Federación de Trabajadores a Honorarios del Estado UNTTHE. Sorprendentemente, hasta la CUT apoyó a los trabajadores e incluso la ANEF se sumó al repudio a esta acción edilicia.

Sin embargo, el día de ayer 4 de junio Jorge Sharp clarificó las cosas y dejó claro, blanco sobre negro, la verdadera naturaleza de los despidos. En efecto, con la finalidad de victimizarse, luego de señalar que era la alcaldía que más había hecho por los trabajadores a honorarios y de convocar a una «mesa de trabajo» (sic), la alcaldía «ciudadana» explicitó que los 44 despidos eran consecuencia del resultado de las elecciones y por lo mismo expresivo del mandato popular de las mismas. El comunicado —textualmente— indica que: «Hemos sido claros en la creación de un espacio de diálogo. Tenemos disposición a examinar las situaciones que no procedan, como el caso de las dirigencias sindicales. Pero se confunden si creen que pueden aprovechar este escenario con pretensiones revanchistas después de haber asistido a una clara derrota en sus aspiraciones electorales».

La declaración pública aludida —armónica con posteos del propio alcalde en las redes sociales— pone a las claras que los 44 trabajadores del municipio fueron despedidos como resultado un acto de represalia política. Acto que justifican en el resultado electoral del que se desprendería un «mandato» para proceder contra los derechos fundamentales de los trabajadores. Es el propio Sharp el que establece una relación directa entre el resultado de las elecciones y los despidos, es el propio Sharp quien se victimiza acusando revanchismo e intenciones políticas. Dice esto porque entiende que lo determinante en la decisión de los despidos no es el ajuste presupuestario, sino que pasarles la cuenta a los trabajadores municipales que no lo apoyaron en su reelección. Desde el poder les habla a los derrotados y los castiga por su insubordinación.

Que ahora proponga una mesa de trabajo y se vista con el ropaje de la defensa de los trabajadores, no es más que la consumación de la impostura. La mesa de trabajo que propone es una torpe maniobra distractiva y una expresa confesión de que esto pudo haberse abordado de otra forma si las motivaciones tras los despidos hubiesen sido meramente presupuestarias. Cuando señalan «disposición a examinar las situaciones que no procedan, como el caso de las dirigencias sindicales» no están haciendo más que anticiparse a la obligada reincorporación de estos dirigentes, que de no mediar esta disposición del alcalde, igualmente deberán ser reincorporados por la Inspección del Trabajo, auxiliados por la fuerza pública. No hay ninguna generosidad ni concesión en este gesto, sólo el cálculo de evitar la humillación pública de una reincorporación forzada.

La declaración del municipio, cuyo texto e imagen ponemos a disposición de nuestros lectores, ha sido bajada de la página del municipio. Esto puede deberse a que la misma pone al alcalde Sharp en una situación jurídica muy compleja, del momento que en la misma se reconoce que los trabajadores despedidos no eran realmente personal excepcional a honorarios, sino que funcionarios municipales. Esta declaración igualmente, explicita la verdadera motivación discriminatoria y vulneratoria de los despidos. Es posible que por esta razón si se busca en google el texto de la declaración no se pueda encontrar más que citado por otros medios. No lo sabemos.

Finalmente, queremos observar el fondo político de estos hechos, porque los mismos resultan de la máxima importancia para comprender la naturaleza de clase del discurso ciudadanista, posmoderno y frenteamplista. En diciembre del 2019, en esta misma editorial apuntamos a este problema, el que llamamos La tragedia de Sharp: con los trabajadores o con los capitalistas. El sharpismo se seguirá victimizando acusando a todos sus críticos de izquierda como funcionales a la Derecha, siguiendo la práctica de los sionistas que acusan a los que denuncian sus crímenes como antisemitas.

Los hechos que denunciamos no sólo tienen relevancia noticiosa, también son muy importantes para comprender que el discurso ciudadanista del posmodernismo no es más que una variable liberal del discurso patronal. Tiene razón Sharp cuando dice que no tiene recursos y que no puede hacer más, porque en términos capitalistas —efectivamente— no puede hacer más que administrar una parcela del régimen. Y es esta última cuestión la que obliga a comprender que aquí no estamos en presencia de una trifulca entre vencedores y derrotados de un proceso electoral. Acá hay un puro y simple conflicto entre el patrón (Sharp) y sus trabajadores. Nada más. No le demos más vueltas. Presenciamos un nítido conflicto de clase y corresponde a todas las fuerzas políticas pronunciarse sobre el mismo con claridad.

Territorios en Red (TER), el grupo político del sharpismo, ha de definirse con claridad de qué lado se encuentra en esta lucha. Sin ambages, claramente, para que los trabajadores sepan en qué territorio de clase se ubica el TER. Lo mismo debe hacer la Lista del Pueblo, espacio electoral que acogió al TER en las pasadas elecciones constitucionales y en las que más de alguna voz propuso al mismo Sharp como candidato presidencial de ese sector.

La izquierda y quienes nos reclamamos de la clase trabajadora, debe superar y sepultar el ciudadanismo, porque tal política postulando estar por sobre el conflicto de clases, en realidad, se pone al servicio del poderoso. La lucha de los 44 trabajadores despedidos es parte integral, por lo mismo, de la lucha de la clase trabajadora en su conjunto en el complejo proceso de formación de una nueva dirección política de los explotados. Los 44 despedidos, mujeres y hombres cuyas familias han sido lanzadas a la calle por el alcalde Sharp, deben perentoriamente ser reincorporados a sus funciones, sin diálogo, sin mesa de trabajo, sin mediaciones de ningún tipo que sólo benefician al patrón y debilitan al trabajador cuya posición se deteriora por el acción del hambre. Esta reincorporación debe realizarse no sólo porque el propio art. 485 del Código del Trabajo lo exige así —estamos en presencia de una grave y flagrante vulneración masiva a derechos fundamentales con ocasión del despido— sino porque políticamente tal reincorporación es imprescindible como presupuesto del proceso de rearticulación de las organizaciones de trabajadores y de debate político que atraviesa a nuestro país. En este proceso la unidad de clase se trata de «el» principio de los principios: luchar contra todo lo que alimente división, desmoralización y recelo en las masas explotadas. No puede haber política socialista y revolucionaria que pase por alto esta exigencia.

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