Colombia: las FARC vuelven a las armas

por Zuriñe Rodríguez

Hace apenas diez días una facción de FARC anunciaba su vuelta a las armas y mientras algunos medios y agentes políticos alzaban la voz de alarma, organismos internacionales y el propio partido FARC intentaban calmar las aguas avisando de que nos encontrábamos ante una facción minoritaria (10%).

Que una parte de la guerrilla más importante de Colombia decida volver a las armas es, sin duda, preocupante, pero la noticia era más que esperada. Desde hace más de un año, la disidencia está operativa en puntos calientes del país (Meta, Cauca, Catatumbo, Caribe…); ahora, en cambio, se ha hecho pública de la mano de líderes históricos –Iván Márquez o Santrich–, se ha presentado con un discurso articulado y ha enunciado unos objetivos definidos.

Sin embargo, el anuncio podría catalogarse como la espectacularización de un hecho que en el cotidiano ya estaba materializado y que llega a las puertas de unas elecciones que dejan en una posición muy difícil al partido FARC. Pero, ¿por qué una parte de las FARC vuelve a las armas y qué implicaciones puede tener esto?

El presidente Duque está incumpliendo sistemáticamente los acuerdos de paz y lo está haciendo con total impunidad, lo que está teniendo un efecto directo en la propia vida de las y los exguerrilleros. Por poner algunos ejemplos: no llega el dinero destinado a la creación de proyectos productivos, se están retirando custodias a madres exguerrilleras y el ejército y grupos paramilitares siguen asesinando a líderes sociales. No hay garantías jurídicas y muchas ven en la disidencia la única alternativa de mantenerse con vida. El proceso de reincorporación es un fracaso y el principal responsable es el propio gobierno de Duque, aplaudido con fuerza por el uribismo.

Ahora bien, la incorporación de muchas a la disidencia se estaba haciendo hasta ahora de manera informal y a través de redes de contactos cercanas. Ahora, con un anuncio público, las formas de enrolamiento se formalizan y el proceso de entrada se torna más sencillo. La disidencia ha adquirido un nombre (el mismo que el partido, por cierto), ha hecho público sus cuadros (personas muy referenciales) y se sabe por dónde opera.

En este sentido, los ETCR (espacios de reagrupamiento de excombatientes) se tornan los puntos más estratégicos para la captación. El mayor riesgo en este campo es que en estos lugares no solo viven excombatientes, sino que, en muchos casos, comparten sus vidas y convivencia con sus familiares y redes de afecto, quienes se convierten en sensibles al enrolamiento. El riesgo a un aumento exponencial y rápido de la disidencia es alto. La contundencia con la que el partido FARC ha condenado la vuelta a las armas, sin embargo, minimiza el riesgo, aunque los datos oficiales hablan hoy de 2300 personas en activo en la disidencia, un 10% del total que, si porcentualmente no es mucho, en términos humanos es un ejército suficientemente solvente.

El comunicado de vuelta a las armas presenta algunas diferencias sustanciales respecto a las formas clásicas de actuación de la extinguida FARC-EP que también pueden traer consecuencias a corto–medio plazo. Por un lado, la disidencia anuncia que no realizará secuestros, y, por el otro lado, que solo responderá ante las ofensivas. Un cambio de estrategia que a priori puede llevarnos a pensar en una menor presión militar en los territorios y en la posibilidad de una disminución de las bajas civiles. Sin embargo, sus estructuras son todavía débiles y están en proceso de fortalecimiento, lo que hace que puedan ser fácilmente permeadas por otros actores armados que en estos años de ausencia de la guerrilla se han hecho con el control de los territorios históricamente farianos. La entrada de economías ilegales, el reforzamiento del paramilitarismo, el tráfico de personas o el narcotráfico aparece como otro de los posibles riesgos; especialmente en la zona limítrofe con Venezuela.

Otra de las novedades es el emplazamiento a la coordinación con el ELN, otra de las guerrillas activas en Colombia, con quien tienen algunas distancias ideológicas y con quien históricamente han tenido importantes rivalidades. De hecho, el desarme de FARC y el posterior repliegue de sus frentes posibilitó que el ELN accediese al control de algunos de sus territorios en zonas como Nariño, Arauca, Norte de Santander, etc. Que la vuelta de FARC a esos territorios se vaya a hacer en convivencia pacífica y de forma coordinada con el ELN, ciertamente, es cuestionable. Los actores armados luchan por el control y hegemonía de los territorios y si tienen que disputárselos, lo harán. Obviamente será la población civil quien sufra las consecuencias diarias: más militarización, más represión, más desplazamientos forzados y más violencia directa contra los cuerpos y las vidas de las más vulnerables.

Además, la ruptura de los diálogos de paz con el ELN (también durante el Gobierno de Duque), ha reforzado la línea dura de la esta insurgencia, una línea mucho más militar y partidaria de las economías ilegales, frente a la más política e ideologizada; lo que no ayuda a rebajar la tensión. El despliegue de la nueva guerrilla será casi con seguridad atropellado y problemático, subiendo la tensión en unos territorios que ya de por sí están bastante abandonados por el estado.

El rearmamento de una nueva disidencia deja en una situación muy complicada al ya de por sí debilitado proceso de paz; un proceso que, recordemos, culminó con uno de los acuerdos de paz más completos de los existentes hasta la fecha. La escasa intención del gobierno de Duque de revertir la situación, quien sigue tomando medidas contrarias a la paz como el anuncio de la retirada del personal de seguridad armado a los cargos políticos de FARC, lo hace cómplice y responsable de la nueva coyuntura colombiana que empeorará la vida de las comunidades e inscribirá la violencia en los cuerpos más vulnerables.