Populismo sangriento: las Fuerzas Armadas en la lucha contra la drogas

por Ibán de Rementería

La guerra en contra de los más graves problemas sociales que afectan la integridad, la salud y la seguridad de la población es una metáfora para remarcar el más alto compromiso del Gobierno, el Estado y la Nación frente a algún problema nacional o mundial de primera importancia, tales como: la guerra contra el hambre, la guerra contra la pobreza, la guerra contra el SIDA, la guerra contra la violencia intrafamiliar, la guerra contra la delincuencia, la guerra contra la corrupción, etc. , en este caso la guerra contra las drogas no es una mala metáfora para destacar el compromiso y marcar la convocatoria en contra de la provisión y el consumo de drogas. Pero, la guerra en términos latos es el empleo racional de la violencia, mientras que la violencia es el uso del dolor para imponer la voluntad. La guerra contra las drogas lanzada por el Presidente Nixon en 1968 “para acabar con los negros y los hippies” (Dan Baum, 2019), ha terminado por convertirse es una sanguinaria política de control social que ha costado muchos más muertos, lesionados y enfermos que el consumo de drogas, también aporta más detenidos, procesados y privados de libertad que cualquier otro delito, tanto en EUA como aquí.

También sabemos que la defensa de los derechos humanos fue un arma eficaz para acabar con el comunismo y en la actualidad se emplea selectiva y profusamente en contra de algunos regímenes políticos díscolos con el orden político, económico y social imperante en occidente, como son los casos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, Irán o Siria, etc., en cambio, con  otros regímenes que  también trasgreden los derechos humanos pero que son gobiernos amigos no se relievan las denuncias respectivas.

La complejidad del control penal a la provisión y consumo de drogas, internacionalmente acordado y sancionado –Convenciones de las Naciones Unidas sobre drogas- se ha ido tornando inmanejable por la singularidad de ser un delito sin víctimas(Lamo de Espinosa 1993), ya que las supuestas víctimas del delito de drogas son el conjunto de usuarios que con mayor o menor ansiedad buscan por estas sustancias para gestionar sus temores, tristezas, dolores y aburrimientos. Lo cual genera una demanda de drogas y psicofármacos creciente que en volúmenes y cifra de negocios es similar al mercado lícito del alcohol y el tabaco, que cumplen para sus usuarios similares funciones de auto cuidado de la salud mental.

El diseño político populista y demagógico de Nixon es retomado por el Presidente Piñera, como lo han hecho varios otros mandatarios del  hemisferio y otras latitudes. Por ejemplo, los talibanes casi acabaron con los cultivos de amapola, de la cual se extrae el opio para la elaboración de la heroína, mientras estuvieron en el poder entre 1996 y 2001, Afganistán volvió a  producir el 80% del opio mundial cuando aquellos fueron derrotados por las fuerzas militares de los Estados Unidos de América y sus aliados. Los impactos de las guerras contra las drogas con la participación específica de las fuerzas militares en Colombia, Honduras, Guatemala, Perú y México son terroríficas e inútiles, tanto por sus terribles impactos en los derechos humanos de la población civil, como por su incapacidad de controlar la provisión ilícita de drogas y derrotar a sus agentes organizados en los carteles del narcotráfico, más bien aquí la historia, poco informada pero muy conocida, es la corrupción generalizada de las fuerzas armadas –es famosa la afirmación de Presidente colombiano Lopez Michelsen para quien el problema de las drogas era que un general no resistía un cañonazo de 5.000 dólares.

En la madrugada del 17 junio del año pasado el Presidente Piñera supervisa desde La Pintanaunoperativo policial masivo por Santiago con el despliegue extraordinariode 10.000 carabinerosque dejó más de 4.850mil personas detenidas, además, se decomisaron 268 armas, 6.416 municiones y 79 kilos de drogas.No hay mejor imagen del compromiso del Gobierno con la seguridad de sus conciudadanos que el control policial, por ahora, pero que podría escalar al control militar, de poblaciones populares sobre todo de aquellas que han sido, real o supuestamente, sometidas al control de bandas de narcotraficantes.

Pese a que el Presidente Piñera en el mes de mayo de este año manifestó que no distraería a las fuerzas militares de sus tradicionales roles en la defensa nacional y la protección civil en casos de emergencia, hace unos días firmó un decreto que las incorpora a la lucha antidroga.  La incorporación de las fuerzas militares a la guerra contra las drogas aquí en Chile, es un caso más del “Gobierno a través de las drogas” –aquí parafraseo Simon- ha  suscitado un amplio debate sobre la legalidad de la medida presidencial, los riesgos de corrupción que estas correrían en tal contienda, la necesidad de la medida debido a que ya el país no es solamente de tránsito de  los Andes al mar sino que cada vez más de creciente consumo interno.  Nuestros estudiantes son los mayores consumidores de drogas de las Américas, también nuestros escolares llevan la delantera en consumo de alcohol y tabaco. Los narcotraficantes de los barrios populares le hacen homenajes a sus caídos con los célebres narco funerales.

La inutilidad de la represión penal como modalidad de control del consumo y la provisión de drogas  y la preferencia de las medidas regulatorias de la oferta de drogas y de atención integral a los usuarios, tanto en los campos sanitarios, legales y sociales como se hace en la mitad de los estados de la Unión Americana, en la mayor parte de Europa y en los países de habla inglesa, está señalando que hay otras vías de gestión de la provisión y consumo de drogas menos dañinas para la seguridad y la salud de las personas vinculadas a estos mercados y usos, así como para la población en general. Pero, como la finalidad de la guerra de las drogas no es su gestión y control, sino que mostrar a la población y construir  en ella un imaginario colectivo del alto compromiso del Gobierno con la salud y la seguridad de la población: un compromiso de guerra.

A no dudarlo, lo importante para el actual Gobierno no es el posible control militar de la provisión de drogas y así de su consumo, lo realmente importante es el debate que tal medida ha suscitado en los medios de comunicación entre los expertos y la opinión pública, la cual muestra una real preocupación y compromiso del Gobierno con la seguridad y la salud de las y los chilenos. 

Uno de los temores más relevados entre los comentaristas sobre la posible participación de las fuerzas militares en el control del narcotráfico en las fronteras es el temor a su posible corruptibilidad, debido a los conocidos casos de corrupción con los recursos públicos puestos a su disposición entre la alta oficialidad de Carabineros y el Ejército, en esta última repartición sus dos último comandantes en jefes están privados de libertad en procesos por apropiación indebida de los fondos reservados que precisamente debían utilizarse en operaciones de inteligencia para la seguridad nacional.

Otro aporte no menor del despliegue de las fuerzas armadas en las fronteras, particularmente la frontera norte –por donde ingresaría el 64% de las drogas-, sería el control de las migraciones. Este tema político nacional siempre reinstalado por el Presidente Trump acompañado con acciones concretas de cacería de indocumentados ilegalmente ingresados al país, con lo cual él espera ganar las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América, como lo logró la extrema derecha en Italia. Aquí todavía no es un tema electoral, pero tanto inmigrante sobreviniente invita a mostrar un férreo control militar de las fronteras  

La culminación más sangrienta de este ascenso a los extremos de la metáfora populista de la guerra contra las drogas es el caso Presidente  Duterte de Filipinas, cuya próxima visita al país al encuentro de  la APEC tiene en un brete al Gobierno del Presidente  Piñera, según los antecedentes aportados a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas más de siete mil personas ha sido asesinadas por las fuerza de orden, para militares y ciudadanos organizados, señalados como eventuales narcotraficantes o drogadictos sin proceso ni juicio alguno de acuerdo con órdenes y discursos presidenciales. Preguntado por la eventual visita de  la Comisión de Derechos Humanos a su país el Presidente Duterte se limitó a comentar que los mataría a todos, resulta sorprendente que en la votación para solicitar una misión  de las naciones Unidas a ese país el Gobierno del Presidente Piñera se haya abstenido. 

El autor milita en el Núcleo Valparaíso Socialista del PS e integra el equipo editorial de El Porteño