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Conflicto catalán: Catalunya, ¿qué movimiento?

por Joan Font //

Para nadie es ya un secreto que en Catalunya están pasando cosas. En una de sus frases célebres Mariano Rajoy, afirmo que “los catalanes hacen cosas”. Y en esta ocasión no era un error: en Catalunya existe desde hace ya algunos años un movimiento popular muy amplio. Intentaremos abordar algunas de sus características. Quizá así sea un poco más fácil comprender la situación actual de este pequeño país de la esquina nordeste del Mediterráneo.

Sobre los inicios

El relato más extendido sitúa la génesis del movimiento popular soberanista en Catalunya con la sentencia del Tribunal Constitucional recortando aspectos básicos del Estatut. Pero quizá seria más preciso ir un poco más atrás. Quizá convendría recordar como el primer gobierno tripartito presidido por Maragall fue capaz de recoger tanto el agotamiento del modelo de gobierno de Pujol, como una reacción a la política recentralizadora emprendida de modo suave desde la LOAPA y mucho más evidente con los gobiernos de Aznar. Crecía ya una demanda de ir más allá de los estrechos límites de la aplicación del Estatut de 1979. No es pues casualidad que en el famoso “pacto del Tinell” se decidiera emprender el camino de elaborar un nuevo Estatut, a pesar de la posición negativa de CiU y del mismo Pujol.

El nuevo Estatut surgido finalmente de una amplia mayoría parlamentaria suscitó múltiples esperanzas entre un buen sector de la población de Catalunya, que veía con buenos ojos las ideas de federalismo asimétrico defendidas por el President Maragall y el blindaje de competencias y la definición como Nación, es decir, como sujeto político de Catalunya.

Es conocida la reacción del PP recogiendo firmas contra este Estatut -presentadas casi como firmas contra Catalunya-, pero también la reacción del PSOE, primero pactando con Artur Mas un recorte del Estatut a espaldas del Parlament de Catalunya y después con las cepilladas de Guerra en el Congreso de los Diputados. Este proceso redujo considerablemente las esperanzas en este Estatut, lo que explica la baja participación en el referéndum y la llamada a la abstención de ERC.

La defenestración de Maragall permitió un segundo tripartito presidido por Montilla, que actuó casi como un simple gobierno de gestión. En este marco, la sentencia del TC del 2010 representó algo así como la gota que colma el vaso. Hizo estallar todas las frustraciones acumuladas entre amplios sectores de la población. Es conocido como el presidente Mas, con un gobierno bussines friendly, apoyado por el PP intenta negociar un pacto fiscal, pero las personas salen a la calle gritando independencia, como ya hicieron como respuesta a la sentencia del TC.

El tigre despierta

Fuera de Catalunya, el discurso del PP, de Ciudadanos y también del PSOE durante estos años se ha centrado en que la independencia era un invento del señor Mas y de una reducida casta de la burguesía catalana. Pero la realidad no refleja en absoluto este relato. Artur Mas y la cúpula de CiU decidieron intentar cabalgar el tigre de un movimiento protagonizado por instituciones de la sociedad civil, para controlarlo y conducirlo a un redil que hiciera posible seguir con la política del “peix al cove

” (“pájaro en mano”), es decir intentar ir arrancando alguna concesión del gobierno central, aunque fuese más aparente que real, a cambio de controlar que la situación no sobrepasase un cierto límite. Pero no siempre resulta fácil conducir un tigre al redil, aunque lo cabalgues. A veces el tigre tiene más fuerza que el jinete y lo conduce por otros caminos.

Y es que este es un tigre con múltiples cabezas y decenas de miles de piernas. Recoge todo un sector de antiguos activistas vecinales o sindicales. Por ejemplo, en la ANC (Asamblea Nacional Catalana) y también en la extensa red de CDR (antes Comités de Defensa del Referéndum, ahora Comités de Defensa de la Republica) se encuentran personas que animaron las Asociaciones de Vecinos o las Comisiones Obreras Juveniles, o también las uniones campesinas o la extinta Assemblea de Catalunya, junto con jóvenes de ateneos, de clubs de barrios o de pueblos, de entidades de tiempo libre, etc. Una muestra de la amplitud del tigre se puede encontrar también en el Pacto Nacional por el Referéndum, que agrupaba organizaciones políticas, centrales sindicales, federaciones de asociaciones vecinales, colegios profesionales, etc., durante el periodo previo al 1 de octubre, la fecha del referéndum.

Algunos apuntes sociológicos

Siempre hay quien intenta identificar este movimiento popular con la burguesía. Pero esta sería, cuanto menos una identificación errónea o interesada. Quizá bastaría con referirse a las más de dos millones de personas que decidieron participar el pasado 1 de octubre en un referéndum en duras condiciones de represión, o a las millares de personas que durante más de 24 horas defendieron los puntos de votación, soportando en muchos casos brutales ataques policiales. Quizá se podría también hacer referencia a las centenares de miles de personas que, incansablemente, año tras año, han salido a manifestarse los 11 de setiembre o que han participado en el paro general del 3 de octubre. En ningún caso esto son espejismos.

También debería bastar pasear por las calles de pueblos y ciudades del país, con infinidad de balcones cubiertos con banderas esteladas y pancartas reivindicativas por la democracia y la independencia, y comparar con el numero de balcones que en las últimas semanas han puesto la bandera española. Ello también podría ser un censo, comparando el numero de unas y otras señales en unos y otros barrios. De hecho todo muestra que se trata esencialmente de un movimiento que tiene su arraigo en clases trabajadoras y capas medias de la población. Esto no significa que este movimiento tenga asegurada la mayoría popular.

Opuestos a este movimiento se encuentra la gran patronal catalana, agrupada en el Fomento o en instituciones como el Círculo Ecuestre, y los ejecutivos de las empresas que siguiendo los consejos del gobierno del PP han decidido cambiar su sede social fuera de Catalunya. Pero existe también en sectores de la clase obrera industrial, especialmente en lo que queda de los grandes centros de trabajo, como Seat o Nissan, un cierto desapego hacia este movimiento, cuando no una clara oposición a la posibilidad de independencia para Catalunya. Es esta franja la que políticamente disputan Cs y el PSC, reforzado ahora por algunos viejos sindicalistas educados en el respeto a la unidad del Estado español y en la estabilidad política.

Un intento de diagnóstico hacia el futuro

No resulta fácil prever el futuro a corto plazo. La disolución del gobierno de la Generalitat y el encarcelamiento o el exilio de sus miembros, la no implementación práctica de la declaración de independencia, la aceptación, al menos de hecho, de la aplicación del artículo 155 por las direcciones del PDCAT y de ERC, han supuesto una cierta perplejidad en el seno de este movimiento. De todos modos, la respuesta popular contra las detenciones, la movilización del 8 de noviembre paralizando el país, o la otra vez masiva manifestación del 11 de noviembre, parecen indicar un alto nivel de continuidad del movimiento.

De hecho, todo parece indicar que se está asistiendo a una auténtica revolución política en marcha, en un proceso abierto, con avances y retrocesos que, por el momento expresa una auténtica deslegitimación en Catalunya de la Monarquía y del régimen del 78. En este camino, aún lleno de piedras y de baches, las elecciones convocadas el próximo 21 de diciembre supondrán un nuevo test de la situación y de las capacidades a corto término del movimiento. De todos modos, el peso creciente de los CDR, su extensión territorial, su coordinación y su capacidad de sumar fuerzas y experiencia de diversas plataformas extendidas por el territorio es un factor positivo a considerar hacia adelante. Seguramente deberán ser capaces de seguir integrando a más sectores, de mantener su carácter políticamente transversal y su vocación intergeneracional para poder jugar un papel significativo en los nuevos pasos de este movimiento y en la posible apertura de un proceso constituyente capaz de culminar esta revolución política largamente larvada.

 

(el autor fue dirigente de la Liga Comunista Revolucionaria. Ha sido redactor de diversas publicaciones como Combate y Demà. Actualmente participa en proyectos europeos sobre educación en la asociación DEMÀ y colabora en la candidatura municipal de CUP-PA en l’Hospitalet de LLogrebat).

España: la clase obrera catalana y española deben salir al combate

por Paul Mitchell y Chris Marsden//

Los partidos nacionalistas catalanes están trabajando abiertamente con el Gobierno del Partido Popular (PP) en Madrid a cambio de concesiones que anticipaban de la Unión Europea. El resultado de sus esfuerzos es permitir que el régimen español establezca un peligroso precedente de poder imponer su voluntad mediante órdenes policiales-militares, con el pleno respaldo de la oposición del Partido Socialista (PSOE).

El viernes pasado, el Parlament regional de Cataluña votó a favor de declarar la independencia de España e iniciar un “proceso constituyente” para redactar la nueva constitución de una República Catalana. De los 135 diputados en el Parlament, 70 votaron a favor, incluyendo miembros del Parti Demòcrata Europeu Català (PDeCat), la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la pseudoizquierdista Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

Los políticos nacionalistas catalanes se comprometieron a montar una resistencia contra la amenaza de. Presidente Mariano Rajoy del PP de invocar el artículo 155 de la Constitución española, derrocar al presidente catalán Carles Puigdemont y a sus ministros regionales, disolver el Parlament catalán y organizar elecciones regionales anticipadas.

En cambio, los nacionalistas han aceptado participar en las elecciones anticipadas convocadas para el 21 de diciembre, una medida que colocará un sello de legitimidad sobre la suspensión de la autonomía catalana por decreto.

Puigdemont y los consellers del Govern catalán expulsados huyeron a Bélgica, ostensiblemente para escapar de un eventual enjuiciamiento. Estando allí, Puigdemont repitió sus llamamientos a la UE para que intervenga en la crisis secesionista mediando un acuerdo entre Madrid y su gabinete depuesto. Como un quid pro quo, accedió a la convocación de elecciones prontas por parte de Rajoy, describiéndolas como un “plebiscito democrático”.

Según un periodista de Radio Catalunya, Ernest Marcià, en declaraciones a la BBC, el respaldo de Puigdemont a las elecciones es una señal de que ya se están llevando a cabo conversaciones secretas entre Puigdemont y Rajoy, mediadas por la UE. “En mi opinión”, dijo Marcià, “está sucediendo algo que nadie sabe que está sucediendo, y probablemente Europa esté interviniendo … No públicamente, no reconocerán nada”. Pero España ha hecho algo que no dijeron hace unas semanas y Cataluña está aceptando la autoridad de España, lo que también es muy extraño desde el punto de vista secesionista”.

No hay nada extraño en las acciones de Puigdemont. El objetivo de los nacionalistas catalanes desde el primer día era impulsar el apoyo popular al separatismo, en parte explotando los agravios legítimos hacia Madrid y el descontento social generado por la austeridad. Pero esto se centró principalmente en un llamado a las capas de la clase media con base en las demandas de que la relativamente próspera Cataluña dejara de subsidiar a las regiones más pobres de España.

Cataluña es la región más rica de España, representando una quinta parte del producto interno bruto del país. El objetivo de los partidos separatistas es crear un nuevo mini-Estado, o al menos acumular el grado necesario de independencia para establecer relaciones directas con los bancos mundiales, las empresas transnacionales y la UE. El objetivo es consolidar a Cataluña como un área de bajos impuestos y comercio libre, basada en la explotación intensificada de la clase trabajadora.

Sus movilizaciones en la calle nunca fueron más que una forma de apalancamiento en sus negociaciones con Madrid a fin de obtener mayores facultades relacionadas a la recaudación de impuestos y otras concesiones. Los partidos nacionalistas catalanes han pasado años imponiendo medidas brutales de austeridad mientras envían a la policía regional catalana a aplastar huelgas y protestas.

Pero, una vez que la Unión Europea y sus Gobiernos se comprometieron a apoyar la represión de Rajoy, la retirada era sólo una cuestión de tiempo. El lunes, el PDeCAT y el ERC anunciaron que abandonarían su oposición a las elecciones del 21 de diciembre y que presentarían candidatos.

El portavoz del ERC, Sergi Sabrià, al declarar las elecciones como “ilegítimas” y “una trampa”, agregó que, “no obstante, las urnas no nos dan miedo”.

La Assemblea Nacional Catalana, cuyo líder permanece encarcelado por cargos de sedición, insistió en que todavía “solo reconoce la República Catalana” y rechazó el Artículo 155, pero sólo para declarar inmediatamente que convocaría una reunión “antes del 3 de noviembre” para decidir sobre una “estrategia conjunta” para las elecciones del 21 de diciembre.

La pequeñoburguesa Candidatura d’Unitat Popular, CUP, la cual mantuvo en el poder a la coalición ERC-PDeCAT actuando como los promotores más intransigentes de la causa nacionalista burguesa y elogiando sus supuestos credenciales izquierdistas, fue aún más explícita, arrogante y criminal. “El Estado español nos ha neutralizado con la intimidación y el miedo”, se quejó.

“Lo que ha sucedido”, concluyó el diputado de la CUP, Benet Salellas, es “que ha habido un exceso de improvisación en algunas de las acciones durante los últimos meses”. Luego reiteró su apoyo a Puigdemont y lo elogió por enfocarse en apelar a Bruselas, lo que supuestamente “internacionaliza la violación masiva de los derechos humanos”, finalizando sus declaraciones con un patético llamado a Puigdemont a que “apruebe los primeros decretos republicanos”.

El Consejo Político de la CUP organizará una reunión el 4 de noviembre para decidir si apoya las elecciones de Rajoy para tener tiempo para registrarse antes de la fecha límite del 7 de noviembre.

Aquellos sectores de la clase obrera de habla catalana que prestaron apoyo a los nacionalistas han sacado sus conclusiones iniciales sobre la derrota en curso. Los informes indican que la mayoría de los trabajadores del sector público, incluidos los maestros y los bomberos, así como la policía regional, han continuado trabajando después de indicar un respaldo para una campaña de desobediencia civil. La burocracia sindical está más que feliz de aplacar la crisis, con la Intersindical-CSC declarando el lunes que canceló una amenaza de huelga general.

Esta situación está cargada de peligros.

Los independistas primero defendieron un programa divisivo que ayudó a crear una confusión máxima, dividiendo a los trabajadores de Cataluña de los de España, y dividiendo a los hispanohablantes en la región de los trabajadores de habla catalana, en un momento de oposición universal a la agenda de austeridad impuesta tanto por Madrid como Barcelona.

Ahora, después de que el PP aprovechase la oportunidad para movilizar al ejército y a la Guardia Civil e imponer un nuevo Gobierno por decreto, le ofrecen sus servicios como gendarmes políticos con la esperanza de entablar un nuevo acuerdo con Madrid y Bruselas.

La clase obrera de toda Cataluña y España tiene que combatir el intento de Madrid y la UE de imponer un régimen dictatorial, sea o no sancionado por elecciones impuestas. El poder del Gobierno del PP sólo se vio fortalecido con la implementación de medidas represivas y antidemocráticas que inevitablemente se emplearán contra los trabajadores en toda España.

Pero una lucha implacable contra Madrid y sus partidarios de la UE sólo puede librarse si es totalmente independiente de los partidos burgueses catalanes y su agenda reaccionaria de separatismo nacional.

Una respuesta progresista a la crisis que enfrenta la clase trabajadora de España, sea cual fuere el idioma que hable, exige el fin de todas las divisiones nacionales mediante la adopción de la perspectiva del internacionalismo socialista. Contra una España capitalista y el plan de crear una Cataluña capitalista, la clase obrera tiene que librar una lucha unificada para la formación de Gobiernos obreros en España y en toda Europa como parte de la unificación socialista de todo el continente.

Rajoy amenaza con desplegar ejército de España después de atentado en Barcelona

por Alejandro López//

Mucho antes de que se establecieran claramente los hechos del horrendo atentado terrorista del jueves en Barcelona, el gobierno español de derecha del Partido Popular (PP) está presionando para movilizar al Ejército dentro del país. Esta sería la primera vez en la que se despliega el Ejército dentro del país desde que lo gobernaba el régimen fascista de Francisco Franco, que tomó el poder a través de un alzamiento militar en 1936 y una sangrienta guerra civil de tres años.

El ministro del Interior, Ignacio Zoido, anunció ayer que, por ahora, mantendrá la alerta de terrorismo en el nivel cuatro de la escala española de cinco puntos. Sin embargo, el gobierno del primer ministro Mariano Rajoy del PP está convocando un consejo de defensa para discutir elevar la alerta de terrorismo a cinco, indicando un “peligro de atentado terrorista muy alto e inminente” y permitiendo el despliegue interno del ejército.
El Ejército ya se está preparando para el cambio al nivel cinco. El Confidencial informó ayer que la ministra de Defensa, Dolores María de Cospedal, había dado al Estado Mayor de la Defensa “instrucciones concretas” para que “estén listos” para movilizar tropas dentro de España en los próximos días. Cospedal había comentado previamente en una entrevista con la radio COPE que si el nivel de alerta de terrorismo se elevara a cinco, “intervendría el Ejército con total normalidad”.
El despliegue del Ejército en España no estaría dirigido a prevenir futuros atentados como la última atrocidad en Barcelona. Más bien, el PP pretende imponer la ley marcial y empujar la vida política española a la derecha. Su objetivo es estrangular las luchas obreras y resolver sus disputas con el gobierno proausteridad de Cataluña, las cuales fueron detonadas en junio después de que Barcelona programara un referéndum sobre la independencia catalana de España para el 1 de octubre, en línea con este traslado a la derecha.
Menos de dos días después de que el ataque de Barcelona fuese reivindicado por Estado Islámico (EI), con muchos detalles aún por conocer, ya se plantean preguntas de máxima seriedad sobre cómo fue que se permitió que se llevaran a cabo estos atentados. La CIA envió advertencias desde hace dos meses a los Mossos d’Esquadra, la policía regional catalana, informando que La Rambla era un objetivo terrorista. El 30 de julio, una cuenta de Twitter vinculada a EI anunció un “atentado inminente” en España.
Sin embargo, la seguridad aparentemente no fue movilizada en La Rambla, a pesar de que Cataluña es conocida por ser un centro de actividad yihadista en España. En un informe publicado el año pasado titulado “Estado Islámico en España”, el Real Instituto Elcano de España dijo que el Tribunal Supremo de España y las fuerzas de seguridad españolas tienen una “enfoque preventivo” que implica la vigilancia masiva de la población musulmana en Cataluña. Sin embargo, permitieron que una importante célula terrorista de EI preparara un atentado de grandes dimensiones sin ser molestada
Ahora parece que el ataque fue un intento fallido de preparar una atrocidad aún mayor. La policía sospecha que una explosión de gas el miércoles pasado en una casa en Alcanar, una pequeña ciudad a 224 kilómetros de Barcelona, fue de hecho un accidente durante la preparación de las bombas que se iban a cargar en dos furgones alquilados en Santa Perpetua de Mogoda. Esto obligó a la célula terrorista a entrar en acción inmediatamente, antes de que fueran descubiertos. Condujeron una furgoneta a la muchedumbre en la avenida de La Rambla en Barcelona el jueves a las 4:50 p.m., matando a 14 e hiriendo a 126, con 17 todavía en condiciones críticas.
Otro coche atravesó a la fuerza un puesto de control policial en la Avenida Diagonal en Barcelona a alrededor de las 8 p.m., golpeando a tres policías y siendo disparado por la policía. Un hombre fue luego encontrado muerto en el asiento trasero del coche, pero con heridas de apuñaladas, no de bala, según los Mossos d’Esquadra. No está claro si esto está relacionado con el ataque de La Rambla.
Después de la medianoche del viernes por la mañana, la policía disparó y mató a cinco sospechosos de terrorismo en Cambrils, mientras trataban de conducir su Audi A3 a través de un puesto de control policial y luego agredían a civiles con cuchillos y hachas. Una mujer ha muerto desde entonces de las heridas sufridas durante este asalto.
Los cinco hombres asesinados por la policía en Cambrils fueron identificados como Moussa Oukabir, de 17 años, quien se cree que fue el conductor de la furgoneta en Barcelona; El Houssaine Abbouyaaqoub, 19; Omar y Mohamed Hychami, 21 y 24; y Said Aallaa, 19. Todos eran marroquíes que vivían en España. Hay informes de que Younes Abbouyaaqoub, de 22 años, el hermano de El Houssaine, pudo haber escapado y cruzado la frontera hacia Francia, conduciendo una camioneta Renault Kangoo.
Es asombroso que, a pesar de la vigilancia masiva del Estado, un empeño tan masivo como el ataque de Barcelona-Cambrils pudiera ser preparado bajo las narices de la policía española y de los Mossos d’Esquadra. Todavía no está claro cómo fue posible. Sin embargo, parece que un factor importante fue el creciente conflicto entre Madrid y Barcelona. En medio de los temores de que el referéndum catalán condujera a un conflicto entre los Mossos y la Guardia Civil española, la colaboración antiterrorista entre Cataluña y las fuerzas de seguridad centrales se derrumbó en gran medida.
Los sindicatos de la policía catalana ahora critican agudamente a Madrid, acusándola de socavar a los Mossos. Zoido les negó el derecho de contratar a 500 nuevos agentes, en lo que la funcionaria sindical Imma Viudes describió el viernes a Público como una “clara represalia” por la programación del referéndum sobre la independencia catalana. Quizás de mayor importancia, según el portavoz de la policía, Sergi Miquel, Madrid también le negó acceso a los Mossos de la Europol y otras bases de datos policiales internacionales.
Estos puntos subrayan lo fraudulenta que es la campaña del PP para imponer ahora la ley marcial bajo el pretexto de que está librando una “guerra contra el terrorismo”. Las redes islamistas en Europa son de hecho herramientas confiables para la política exterior europea, a través de las cuales envían a miles de combatientes a las guerras de cambio de régimen de la OTAN en Siria y en todo Oriente Medio que cuentan con la protección y los ojos atentos de los servicios de inteligencia. La llamada “guerra contra el terrorismo” es utilizada como un pretexto para que las élites gobernantes impongan guerras impopulares y políticas de austeridad a pesar de la oposición masiva.
Poderosas facciones de la élite gobernante española están tratando de utilizar el ataque para rendir cuentas con los separatistas burgueses catalanes en Barcelona. En un editorial titulado “Ataque en Barcelona”, el periódico prosocialdemócrata El País exige sin rodeos que los separatistas abandonen el referéndum: “Un ataque de esta magnitud tiene que ser un aldabonazo que devuelva a la realidad a las fuerzas políticas catalanas, que, desde el Govern, el Parlament o los movimientos por la independencia han hecho de la quimera secesionista la sola y única actividad de la agenda política catalana en los últimos años”.
Los funcionarios de Madrid se preguntan sin duda si sería más fácil bloquear la secesión de Cataluña si no sólo estuviese sólo la Guardia Civil desplegada en Barcelona, sino también el propio Ejército de España.
Pero, sobre todo, el despliegue del ejército dentro de España estaría dirigido a la clase obrera. En medio de las explosivas tensiones en todo el país, con un desempleo del 18 por ciento y 40 por ciento entre los jóvenes, sólo sería cuestión de tiempo antes de que el ejército fuese ordenado a dirigirse contra los trabajadores, como lo fue en los años treinta.
El propio ataque de Barcelona ya ha sido utilizado para suprimir luchas obreras. La burocracia sindical estalinista de las Comisiones Obreras (CC. OO.) informó que, debido al ataque terrorista, se cancelaría una huelga de los trabajadores de seguridad que buscan mejores salarios y condiciones laborales en el aeropuerto El Prat de Barcelona. Si el ejército se desplegara en medio de una histérica atmósfera de ley y orden, sin duda desempeñará una función similar a la de las fuerzas de seguridad en el estado de emergencia en Francia, utilizadas para hostigar e intimidar a los protestantes contra la ley de reforma laboral proempresarial del año pasado.

España: El cinismo del gobierno derechista del PP ante el desarme de la ETA

por David Rey//

La entrega incondicional por ETA de su arsenal de armas a un grupo de verificadores internacionales, anunciada para el 8 de abril, es un paso consecuente con su decisión manifestada hace más de 5 años de abandonar definitivamente la lucha armada. Con este acto, ETA y el conjunto de la izquierda abertzale insisten en reafirmar su voluntad de luchar por sus objetivos a través de medios puramente políticos.

Lo que llama la atención es que el gobierno del PP de Mariano Rajoy haya despreciado absolutamente los pasos dados por ETA desde hace 5 años, incluido este último, y se haya negado hasta la fecha a entablar ningún tipo de negociación o conversaciones con ella, o con representantes suyos, para encauzar un hecho tan relevante como es el fin definitivo de su actividad armada.

Esta situación contrasta vivamente con lo ocurrido en procesos similares en los últimos años en otras partes del mundo, donde los Estados se involucraron en negociaciones directas con los grupos armados (el IRA en Irlanda del Norte, las FARC en Colombia), para abordar el abandono de la lucha armada, la eliminación de su arsenal de armas, la reinserción en la vida civil de los activistas de dichos grupos y la situación de los presos. Esto es más llamativo aún cuando anteriores gobiernos del PP y del PSOE sí aceptaron sentarse y negociar con ETA años atrás, aun cuando esta organización ni siquiera había manifestado entonces su voluntad de renunciar definitiva e incondicionalmente a la actividad armada.

El gobierno español no sólo se ha negado a negociar con ETA su entrega de las armas, sino que la ha obstaculizado deliberadamente, en colaboración con el Estado francés. Así ocurrió, por ejemplo, con la detención en diciembre de 5 personas cerca de Bayona que estaban actuando como mediadores civiles para la entrega de armas que ahora se va a ejecutar.

El gobierno ni siquiera cumple la propia legalidad en el tema de los presos, negándose a su reagrupamiento en sus zonas de origen para facilitar el contacto con sus familiares, como está obligado, manteniendo a la gran mayoría de los presos de ETA en cárceles fuera de Euskadi y Navarra, obligando a sus familiares a desplazarse cientos y miles de kilómetros para poder visitarles, negando permisos y suspendiendo visitas con pretextos espurios. A lo largo de los años, 16 personas han fallecido en accidentes de tráfico cuando viajaban para visitar a sus familiares presos en las cárceles, según la organización Etxerat.

Los ardientes defensores de la retransmisión de la misa católica dominical en la TV pública, adalides de los supuestos valores cristianos de humanidad, reconciliación y perdón, no son solamente insensibles y vengativos ante la separación dolorosa de las familias respecto a sus familiares presos, demostrando con ello ser unos completos hipócritas en sus creencias religiosas, sino que incumplen flagrantemente la legalidad vigente, amparados por los tribunales españoles.

De esto se deduce que la derecha española (PP, Ciudadanos) no tiene el más mínimo interés en la resolución del llamado “conflicto vasco” y que espera seguir sacando réditos políticos de la actividad etarra del pasado con dos fines. El primero, mantener en un primer plano el tema del “terrorismo” para desviar la atención de la población de los verdaderos problemas sociales provocados por la crisis del capitalismo y por la propia acción reaccionaria del gobierno del PP. Y el segundo, mantener su base electoral de apoyo entre las capas más atrasadas políticamente de la población, explotando y exacerbando demagógicamente el tema de las víctimas de ETA.

En esta estrategia de mantener “vivo” el tema de ETA también colaboran sectores importantes del aparato del Estado, fundamentalmente de los cuerpos policiales y de los servicios secretos, el actual CNI. La actividad etarra siempre fue utilizada, no sólo para incrementar la represión general y endurecer el código penal tan caro a la derecha española, sino para justificar la impunidad policial, los privilegios especiales para los altos mandos policiales, y la existencia de fondos reservados que escapan a todo control y con los que se han lucrado en oscuros negocios durante décadas numerosos mandos de la policía y la guardia civil (casos Perote, Roldán, Paesa, Villarejo, por nombrar algunos de los más conocidos).

El régimen del 78 no es sólo un régimen reaccionario y caduco al que es preciso superar, sino que es el régimen del doble rasero y de la hipocresía. Quienes, en la derecha, se muestran duros y vengativos en el tema de las víctimas de ETA, son los mismos que nunca condenaron el alzamiento fascista de Franco de 1936 ni el asesinato de las cientos de miles de personas causado por la represión posterior a lo largo de 40 años. No sólo no han sido juzgados ni han purgado sus crímenes los representantes políticos de la dictadura ni de su aparato de estado, sino que notorios ministros de Franco –como Fraga, Fernando Suárez, o Antonio Carro, entre otros– con las manos manchadas de sangre por firmar penas de muerte en los gobiernos del dictador, fueron diputados del PP en la “democracia”. No por casualidad, ETA nació en plena dictadura franquista y se nutrió en su primera década y media de existencia de los crímenes sangrientos del franquismo y de la represión practicada contra el pueblo vasco en los primeros años de la Transición. Todos los medios de comunicación destacan la cifra de las 800 víctimas causadas por ETA, pero ocultan que hubo 188 asesinados durante la Transición (obreros, estudiantes, nacionalistas vascos de izquierdas) en lo que fue una práctica de terrorismo de Estado a manos de la policía, la Guardia Civil y los pistoleros fascistas, entre 1976 y 1982. Muy pocos de sus asesinos fueron juzgados y condenados, y la mayoría de ellos a penas irrisorias. Otro tanto pasó con el terrorismo de Estado practicado por los GAL, bajo los gobiernos de Felipe González, que cometieron 24 asesinatos; por no hablar de los centenares casos de tortura a los detenidos (incluyendo violaciones y abusos sexuales) del entorno de la izquierda abertzale.

Esta política represiva continúa hasta el día de hoy, con torturas, ilegalización de organizaciones políticas y de solidaridad de la izquierda abertzale, cierre de medios de comunicación, etc. y que obliga a muchos jóvenes y activistas abertzales a vivir en condiciones de clandestinidad.

No solamente en Euskadi y Navarra. En los últimos años, los amantes de la democracia y la convivencia en paz en el gobierno del PP se han destacado por cercenar los derechos democráticos duramente conquistados con la criminalización generalizada en todo el Estado de todos aquellos que deciden luchar contra las lacras de este sistema o de quienes, desde posiciones de izquierdas, hacen canciones, chistes y comentarios en las redes sociales. Y se amparan para ello en la Ley Mordaza y las leyes antiterroristas aprobadas en años anteriores. Mientras, destacados dirigentes del PP, periodistas reaccionarios y fascistas pueden permitirse en los medios y en las mismas redes sociales proferir los insultos, amenazas y calumnias más depravados contra dirigentes de izquierdas y las víctimas de la represión franquista sin persecución alguna por la policía.

Lo más sangrante es que el viejo aparato de estado franquista se mantuvo intacto hasta nuestros días. Nunca fue purgado de fascistas y reaccionarios. Al frente del mismo siguieron los mismos jefes policiales y del ejército, los mismos torturadores y miembros de los servicios secretos, los mismos jueces y fiscales franquistas. Lo lamentable de todo esto es que los dirigentes del PSOE y del PCE tras la caída de la dictadura nunca levantaron la voz para exigir esa depuración, convirtiéndose en cómplices de este hecho, de la misma manera que fueron cómplices de la derecha postfranquista en la política de impunidad hacia los crímenes del franquismo y de la Transición.

La entrega incondicional por parte de ETA de todo su arsenal es también la constatación final del fracaso de los métodos de la llamada “lucha armada”, practicada durante 50 años por esta organización, sin haber conseguido –como en el caso del IRA en Irlanda del Norte– ni uno solo de sus objetivos. Es más, los métodos de ETA se han demostrado contraproducentes ya que han sido utilizados por los sucesivos gobiernos y el aparato del Estado para fortalecer ese mismo aparato del Estado, endurecer la represión y restringir los derechos democráticos contra todos (endurecimiento del código penal, restricciones al derecho a manifestación y a la libertad de expresión, ilegalización arbitraria de partidos políticos, cierre de medios de comunicación, etc.). La actividad armada de ETA jugó durante décadas un papel pernicioso en mellar las extraordinarias luchas del pueblo vasco por sus derechos democrático-nacionales, favoreciendo la estrategia de la reacción de introducir todo tipo de prejuicios nacionales y moralistas para aislar la lucha del pueblo vasco de sus hermanos de clase en el resto del estado. De hecho, la desaparición de la actividad armada de ETA y el avance de la lucha de masas –como se ha demostrado en Catalunya– era la precondición básica para que la defensa de los derechos democrático-nacionales de Euskadi, Catalunya y Galicia –como el derecho de autodeterminación– pudiera encontrar un eco favorable creciente entre la clase obrera y la juventud del resto del Estado español, como está sucediendo, tras ser demonizada durante décadas.

Celebramos que ETA y el conjunto de la izquierda abertzale apuesten por la vía política para luchar por sus objetivos, como muy claramente ha defendido el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Desde nuestro punto de vista, esa vía política debe estar basada en los métodos de la lucha y la agitación política de masas, las manifestaciones, las huelgas y, en un punto más elevado, a través de un movimiento revolucionario de masas. Sería un error encauzar la acción política a través de los métodos reformistas clásicos del cretinismo parlamentario, enclaustrando el programa político dentro de los límites del capitalismo, o mendigando un frente común con la burguesía vasca, siempre dispuesta a traicionar el movimiento ante la burguesía española para defender sus negocios e intereses de clase, como estamos viendo en relación al gobierno del PP, y como ha probado recientemente el apoyo del PNV al infame decreto del PP contra los estibadores, que incluye a los estibadores vascos.

La clase obrera y la juventud vasca han estado siempre a la vanguardia de las luchas y de la conciencia política en el Estado español, en los últimos 40 años. En el País Vasco fue donde la lucha contra la dictadura y durante la Transición llegó más lejos. Fueron Euskadi y Navarra los territorios del Estado español donde el voto favorable a la Constitución de 1978 tuvo el menor apoyo popular, y donde se produjo el mayor rechazo popular al ingreso en la OTAN en el referéndum de marzo de 1986. No es casualidad tampoco que en las elecciones legislativas del 20D y del 26J, Podemos y Unidos Podemos obtuvieran aquí su mayor porcentaje de votos de todo el Estado y resultaran, en el caso de Euskadi, las fuerzas más votadas.

La lucha por los derechos democrático-nacionales es inseparable de la lucha por el socialismo. Sólo la clase obrera está en condiciones de llevar hasta el final la lucha contra todo tipo de explotación y opresión, y en asegurar la plena satisfacción de los derechos democráticos más avanzados, comenzando por el derecho del pueblo vasco a decidir por sí mismo qué relación quiere mantener con los demás pueblos del Estado español, incluido el derecho a formar un estado independiente.

Para conseguir esto, juntos en la lucha somos más fuertes. De lo que se trata es de afianzar la unidad en la lucha de la clase obrera y de la juventud vasca con sus hermanos de clase del resto del Estado para derrotar a nuestro enemigo común, el capitalismo y sus sostenedoras –las burguesías española y vasca– para avanzar hacia el socialismo y resolver definitivamente la cuestión nacional vasca.