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El presidente español del Partido Socialista nombra a un gabinete derechista

por Alejandro López

El primer ministro, Pedro Sánchez, ha elegido un Ejecutivo para su nuevo Gobierno minoritario del Partido Socialista (PSOE) que impondrá la austeridad que exigen las grandes empresas y las instituciones financieras internacionales, mientras persigue agresivamente una política exterior militarista. Seguir leyendo El presidente español del Partido Socialista nombra a un gabinete derechista

Conflicto catalán: Catalunya, ¿qué movimiento?

por Joan Font //

Para nadie es ya un secreto que en Catalunya están pasando cosas. En una de sus frases célebres Mariano Rajoy, afirmo que “los catalanes hacen cosas”. Y en esta ocasión no era un error: en Catalunya existe desde hace ya algunos años un movimiento popular muy amplio. Intentaremos abordar algunas de sus características. Quizá así sea un poco más fácil comprender la situación actual de este pequeño país de la esquina nordeste del Mediterráneo Seguir leyendo Conflicto catalán: Catalunya, ¿qué movimiento?

¿Futuro del Frente Amplio en España?: Podemos se une a una coalición regional con el PSOE

por Paul Mitchell y Alejandro López//

Por primera vez, el partido de pseudoizquierda Podemos se ha unido a un gobierno de coalición regional con el Partido Socialista (PSOE). El acuerdo en Castilla-La Mancha es un modelo para otros acuerdos regionales y el posible precursor de un “gobierno de progreso” nacional que con ambos partidos.

La decisión de unirse a una coalición en Castilla-La Mancha se produce menos de un año después de que Podemos se viese obligado a retirar su apoyo de la administración minoritaria regional del PSOE encabezada por Emiliano García-Page, tras abandonar las medidas sociales que había prometido, lo que puso en una crisis a nivel nacional la orientación de Podemos hacia el PSOE.

García-Page fue una figura clave en el golpe interno que derrocó a Pedro Sánchez como líder del PSOE para que el Partido Popular (PP) pudiese formar un gobierno minoritario en Madrid. Sánchez representaba a secciones del PSOE que consideraban que un indefinido “giro a la izquierda” y unas relaciones más cercanas con Podemos controlarían el creciente descontento social y frenarían el colapso electoral del PSOE. García-Page se opuso amargamente a esto, acusando a Sánchez de querer “Podemosear” al PSOE.

Con la reelección de Sánchez como secretario general del PSOE a principios de este año, las esperanzas de los dirigentes de Podemos se elevaron de nuevo para nuevas discusiones sobre una alianza de izquierda. El 17 de julio, Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reunieron para establecer un comité de enlace a fin de discutir las áreas en las que pueden cooperar.

La oferta de García-Page a Podemos en Castilla-La Mancha debe ser vista en este contexto. Necesita que Podemos apruebe el presupuesto, bloqueado por el PP en el Congreso regional.

El PP tiene 16 diputados, el PSOE 15 y Podemos mantiene el equilibrio de poder con sus dos diputados, el secretario regional José García Molina, un aliado cercano de Iglesias, y David Llorente, destacado miembro del grupo pablista Anticapitalistas.

El 25 de julio, Iglesias fue coautor de un artículo para el diario en línea 20 Minutos con su exdiputado, Iñigo Errejón, el primero durante muchos meses. Los dos no estaba de acuerdo sobre la mejor manera de suprimir la oposición de la clase obrera, ya sea mediante protestas simbólicas en alianza con los sindicatos (Iglesias) o evitando movilizaciones sociales en favor de maniobras puramente electorales y parlamentarias orientadas al PSOE (Errejón).

Refiriéndose a la reelección de Sánchez como líder del PSOE Iglesias y Errejón declararon: “Si hoy es posible empezar a construir una colaboración mayor con el PSOE en el ámbito estatal, es precisamente por la victoria en este partido de los favorables a acercarse al polo del cambio asumiendo que no pueden gobernar solos y que no les conviene hacerlo con el PP y Ciudadanos”.

Concluyeron: “En Podemos nos marcamos el gobierno de las Comunidades Autónomas como nuestro principal objetivo estratégico en este ciclo político. Sabemos que ese camino no podemos hacerlo solos; necesitamos las fuerzas políticas hermanas que nos acompañan y a la sociedad civil y también necesitamos que el Partido Socialista siga dando pasos que le acerquen a ser antes un aliado del bloque del cambio que del bloque de la restauración”.

Al final, prevaleció la línea de Iglesias y Errejón. Nadie en el Consejo Ciudadano de Podemos, incluyendo a sus ocho miembros pablistas, votó en contra de entrar en el gobierno. Fue aprobado 26 a 0 con nueve abstenciones. Se les preguntó a los 15 000 seguidores de Podemos en Castilla-La Mancha: “¿Crees que Podemos Castilla-La Mancha debería votar sí a los presupuestos si con un acuerdo de gobierno se garantiza la puesta en marcha y el control de políticas propias como la Renta Garantizada o el Plan de Garantías Ciudadanas?”. El 78 por ciento votaron a favor.

García Molina declaró, “Se abre una nueva etapa en Podemos Castilla-La Mancha”. En respuesta a las acusaciones de que el presupuesto es el mismo que Podemos rechazó a principios de este año, respondió: “No hay que quedarse enredado en lo que pasó sino en lo que tiene que pasar”.

Como parte del acuerdo, el PSOE conjuró dos nuevos puestos que apestaban a las mismas “castas” bizantinas a las que Iglesias se opone. Molina ha sido colocado en un segundo puesto de vicepresidente y su compañera Inmaculada Herranz se convertirá en la nueva titular de la Consejería del Plan de Garantías Ciudadanas.

Llorente y los pablistas hicieron campaña para unirse al gobierno regional, insistiendo que, “La presión al Gobierno de Page hay que hacerla con los movimientos sociales, las organizaciones populares y sindicales”. Sin embargo, Llorente ha tranquilizado a todos de que acepta la decisión, pero intenta absolverse de cualquier responsabilidad personal por las consecuencias políticas de esta traición de Podemos –respondiendo con la réplica santa, “No aceptaré un cargo en el gobierno de Page”—.

Podemos es ahora indistinguible del PSOE en cómo persigue el poder a través de las instituciones burguesas y sobre un programa procapitalista y una política exterior imperialista.

En un artículo de opinión para El Confidencial, el periodista Ignacio Varela declaró: “Podemos se ha domesticado y ya es tan parte del sistema como el que más… El partido de Iglesias se va convirtiendo a gran velocidad en una fuerza que representa establemente a un importante sector de la sociedad, lo contiene dentro de los muros de la institucionalidad y, desde uno de sus espacios laterales [los pablistas], contribuye a mantener el equilibrio ecológico del sistema político…”.

Tales observaciones de figuras conservadoras como Varela, que hace tan sólo un año se enfrentaba a Iglesias y a Podemos como enemigos del Estado, son una exposición devastadora de Anticapitalistas y del Secretariado Unificado. Son responsables de este monstruo político que ayudaron a crear en el 2014.

Un boletín interno que se filtró en su momento explica cómo es que Anticapitalistas no iba a ser “demasiado explícito” en su nuevo proyecto, sino que estarían “a cargo” de promocionarlo “organizacional y políticamente”. Recurrieron a la creciente celebridad mediática y antiguo apparatchik del Partido Comunista, Pablo Iglesias, para que fuese la “cara pública” de Podemos.

Llorente deja claro el papel que desempeñó, explicando en su biografía para el sitio web de Podemos: “contribuimos a impulsar Podemos. Estoy en Podemos desde su inicio y creo firmemente en la potencialidad de este proyecto”.

En cada momento en que Podemos bota a la basura otro elemento de su vagamente radical manifiesto fundador, Anticapitalistas hace sus protestas obligatorias, antes de pasar al siguiente asunto. La integración de la dirigencia de Anticapitalistas a posiciones de alto perfil en las organizaciones locales, urbanas y regionales de Podemos continuó rápidamente.

Para desviar las críticas del papel de Anticapitalistas en Castilla-La Mancha, Isidro López y Raúl Camargo, pablistas líderes de Podemos en la comunidad de Madrid, escribieron un artículo para Público que fue reproducido en International Viewpoint el 8 de agosto, llamando el pacto un “error histórico”.

Haciendo sólo una referencia fugaz a su hombre Llorente, que ahora tiene el voto decisivo sobre la legislación en el Congreso regional, López y Camargo se quejan de que unirse al gobierno “a cambio de unos cuantos puestos en el aparato de estado” proporciona la “primera prueba experimental” de “un giro profundo en la dirección política de Podemos… hacia una dinámica de pactos de gobierno con el PSOE” y prefigura la formación de “un gobierno alternativo” a nivel nacional.

La reinvención de Sánchez como figura de oposición es “una hábil maniobra de marketing político”, añaden. Ellos advierten que Podemos se está transformando “en el ala izquierda de la regeneración del régimen”, condenándolo “a la irrelevancia política, y en el peor de los casos, su implosión…”.

Su única preocupación es evitar que la clase obrera y la juventud se conviertan en una alternativa revolucionaria, por lo que se centran en desarrollar el contrapeso de “un movimiento político suficientemente fuerte” como un supuesto control para la dirección de Podemos. Además, ponen de manifiesto que están a favor de la continua colusión con el PSOE, siempre y cuando no sea tan explícito como la formación de coaliciones. Declaran: “No se trata de mantener una posición meramente pasiva, se pueden explorar muchas vías de relación con otras fuerzas políticas, incluido el PSOE, que no pasan por entrar en gobiernos, desde los acuerdos puntuales hasta los acuerdos sectoriales en materias que se ajusten a los principios programáticos de Podemos”.

Tales giros patéticos no pueden ocultar cómo los pablistas se propusieron deliberadamente crear una versión española del partido Syriza, vocalmente de izquierda pero procapitalista, con el objetivo de desarmar a los trabajadores frente al desempleo masivo, los recortes de salarios y servicios, la pobreza y el crecimiento del militarismo.

España: el PSOE, entre el inmovilismo y la alianza con Podemos

por Jaime Pastor//

La crisis del PSOE –de identidad, de proyecto y de liderazgo- sigue abierta. Como ya hemos analizado en otros artículos 1/, tiene rasgos comunes con la que afecta a la socialdemocracia europea, debida principalmente a los límites estructurales de las políticas social-liberales en el marco de la crisis sistémica y de la Unión Europea austeritaria y a la creciente pérdida de apoyos en su base social tradicional. A éstos se suman los que han ido debilitándole como pilar principal de un régimen en crisis, tanto en el plano social como en el nacional-territorial, convirtiéndole en un partido con una base social envejecida y concentrada principalmente en el sur, bajo el control de una nomenclatura que sigue aferrada a los intereses del régimen y el bloque de poder dominante. Un conjunto de factores a los que se añade otro que no se da con tanta fuerza en otros países: el ascenso de una coalición de fuerzas encabezada por Podemos que le sigue amenazando, pese a sus dificultades actuales, con superarle en votos y que ya gobierna con su apoyo en ayuntamientos emblemáticos de grandes ciudades.

Ahora, la convocatoria por el Comité Federal del PSOE de elecciones primarias para elegir Secretario/a General el 21 de mayo y del próximo Congreso los días 16 al 18 de junio marca la conversión en oficial de la mayor confrontación que vamos a ver en este partido desde el famoso Congreso de Suresnes de 1974. En realidad, esa batalla interna está abierta desde las elecciones de junio de 2016 y, sobre todo, desde el 1 de octubre pasado. Fue ése el funesto día en el que se produjo la defenestración programada como “operación de Estado” (en acertada definición de Pérez Tapias) contra Pedro Sánchez como Secretario General de este partido, con el fin de poder garantizar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno mediante la abstención del grupo parlamentario socialista. Desde entonces, la hostilidad entre la nueva Gestora y un amplio sector de la militancia socialista no ha dejado de crecer.

Tres candidaturas, las de Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez, van a pugnar ahora por hacerse con el puesto número 1 del PSOE y su primera prueba de fuerzas va a estar en torno a quién consigue mayor número de avales, con la líder andaluza dispuesta ya a imponerse por goleada. Díaz cuenta para ello con el apoyo de la Gestora actual y de la mayoría de quienes han formado parte de la elite de este partido desde al menos 1982, mientras que Sánchez amenaza con el apoyo de la mayoría de la militancia y López con su esperanza en aparecer como el único capaz de recomponer la unidad interna y evitar el “choque de trenes”.

¿Habrá debate político?

Hasta ahora, sin embargo, poco debate de proyectos hemos podido ver, si bien el primero que intentó abrirlo fue Pedro Sánchez con un documento que, elaborado por un equipo en el que han participado desde ex “guerristas” hasta miembros de Izquierda Socialista, fue presentado en febrero con el lema “Por una nueva socialdemocracia”. En el mismo, y en los discursos que ha ido prodigando en mítines que han contado con una asistencia masiva, aparece una voluntad de conectar tímidamente con los nuevos vientos que corren en algunos partidos afines como el británico o el francés con la irrupción de Jeremy Corbyn y Benoit Hamon. Encontramos, por ejemplo, una crítica radical del rumbo que están tomando el capitalismo neoliberal y, con él, el conservadurismo del PP, junto con una apuesta por renovar un proyecto socialdemócrata que incluya principios como igualdad de género, sostenibilidad ecológica y democracia social. También es significativo, por ejemplo, que asuman explícitamente críticas como la del PIB como criterio de riqueza (apuntando, se supone, contra economistas como José Carlos Díez, coautor de la ponencia marco) y un mayor esfuerzo por reformular el concepto de trabajo, incluyendo el de cuidados.

En sus propuestas programáticas destacan algunas novedades como el reparto del trabajo asalariado, un salario mínimo de 1 000 euros, el debate sobre la Renta Básica Universal, o la reforma de la Constitución para blindar derechos y libertades, si bien se limitan a pedir la modificación del artículo 135 “para garantizar la estabilidad presupuestaria y la estabilidad social”. Sin embargo, poco nuevo respecto a la cuestión catalana: reivindicación de la Declaración de Granada de 2013 para avanzar hacia el “perfeccionamiento federal” del Estado autonómico, si bien en alguna entrevista Sánchez se ha atrevido a decir que reconocería a Catalunya como una “nación”. En el plano interno, destaca una defensa de los procesos “de abajo arriba” frente a los procedimientos de la Gestora (y del propio Sánchez en el pasado, cuando destituyó a Tomás Gómez como Secretario General del partido en la Comunidad de Madrid) e incluso una mención explícita a la necesidad de acabar con los aforamientos y las “puertas giratorias”.

¿Qué es lo que en realidad diferencia a este documento y a esta candidatura de las otras? En realidad, es la disposición a no considerar a Podemos como el principal adversario cuando expresa, por ejemplo, su rechazo a “entrar en colisiones frontales y sistémicas con otras formaciones de la izquierda ni mimetizarse con ellas”. La simple referencia implícita a una posible futura alianza con Podemos y las confluencias para llegar al gobierno del Estado echa chispas dentro del aparato del partido y convierte a Sánchez en el enemigo a abatir para quienes forman parte, como se dice en la introducción de este documento, de “una elite profesionalizada del partido”.

Posteriormente, hemos podido conocer el documento presentado por Patxi López (“Con Patxi ganamos tod@s”), prolijo en algunos puntos pero con una tesis muy clara, tal como la ha resumido él mismo: “Entre Hollande y Corbyn nos quedamos con Martin Schulz”, queriendo apuntarse a quien aparece como posible “caballo ganador”, si bien en un contexto muy distinto del español. López aspira así a “atraer a la centralidad política a la izquierda” y recuperar la deseada autonomía frente al PP y a Podemos. Una “tercera vía” que responde más bien a querer mantenerse en la ambigüedad respecto a la política de alianzas futura para poder así agrupar a un amplio espectro del partido que, sin embargo, parece cada vez más polarizado. Pese a ello, en el plano programático ha optado por colaborar en la ponencia marco recientemente aprobada por el Comité Federal este 1 de abril, con lo que difícilmente va a ganar credibilidad como alternativa a Díaz y a Sánchez, más allá de su vocación de ejercer de “casco azul”.

La ponencia marco oficial, pendiente todavía de las enmiendas que se puedan presentar en el Congreso, difícilmente puede ocultar su alineamiento con las tesis defendidas por la coalición de intereses agrupada en torno a Susana Díaz. Basta simplemente observar que comienza con una firme reivindicación del papel jugado a partir del 1 de octubre en “el desbloqueo institucional de nuestra democracia”, o sea, en permitir gobernar al PP de Rajoy. A partir de ahí y de la definición de la ultraderecha y “el populismo” como sus principales adversarios, se desliza una firme voluntad de rechazar “la deslegitimación populista de la Transición” 2/ y una reafirmación de “la democracia representativa como una forma óptima de democracia”, identificada ésta en realidad con el régimen actual, libre, eso sí, de lo que definen como “riesgos de corrupción”…

Será desde la firme defensa de ese régimen, con “ambición reformista” (sic), como el PSOE buscará recuperar a los votantes socialistas que votaron a otros partidos, siempre mediante la búsqueda del consenso y evitando la polarización de la sociedad. O sea, apostando por el deseado e imposible “centro” político. Respecto a la Unión Europea y a la globalización, si bien se reconoce que “el descontento social con la gestión de la crisis alimenta el populismo europeo”, se apunta una crítica moderada de una política económica considerada “errónea” y se incluyen propuestas repetidas muchas veces pero nunca llevadas a la práctica cuando han gobernado, como la Tasa Tobin o la eliminación de los paraísos fiscales. En cambio, su apología del libre comercio internacional les lleva a justificar su apoyo al CETA.

Empero, lo que más parece preocupar a la elite dirigente es la amenaza que supone la “democracia asamblearia” frente a la “representativa” (o sea, la de las “baronías” que ven su oligopolio amenazado por las bases): de ahí que pretendan acotar las consultas a la militancia en el futuro frente a la exigencia de obligatoriedad de consultar a la militancia los acuerdos de gobierno, como propone el documento de Sánchez.

¿”Gran Coalición” o confrontación con el PP y la austeridad neoliberal?

Con todo, más allá de las diferencias, en todos estos documentos es fácil comprobar rasgos comunes: una reivindicación acrítica del legado de la Transición y de los gobiernos socialistas (que lleva incluso a obviar no solo el papel pionero de Felipe González en los inicios de la onda larga neoliberal sino, más recientemente, el giro austeritario de Rodríguez Zapatero en mayo de 2010), junto con la de la tradición de la socialdemocracia europea (la de Bad Godesberg para adelante, claro); un cuestionamiento de algunas de las políticas de la Unión Europea, pero queriendo echar toda la responsabilidad de las mismas en la derecha conservadora y evitando cualquier mención a la crisis griega; un intento de puesta al día programática, haciendo los consiguientes guiños al ecologismo y al feminismo, sin por ello renunciar al fetichismo del “crecimiento económico”; y una defensa común, en fin, de la Declaración de Granada 3/ como respuesta al soberanismo catalán, así como un rechazo compartido a cualquier tentación de abrir un proceso constituyente.

En resumen, es en torno a la disyuntiva entre una u otra forma de “Gran Coalición” con el PP y Ciudadanos, por un lado, y la alianza con Podemos y las “confluencias” para hacer frente común contra el PP y la austeridad neoliberal, por otro, que va a girar el debate interno en los próximos meses. La nostalgia por la hegemonía en la izquierda convencional preside el discurso de una Susana Díaz empeñada en mantener la ilusión de extrapolar su liderazgo andaluz -ya debilitado y condicionado por el apoyo de Ciudadanos- a todo el Estado, mientras que Pedro Sánchez y su equipo dan por cerrada esa etapa y apuestan por mirar a su izquierda, conscientes además de que la dirección de Podemos también ha llegado a la conclusión de la difícil “pasokización” del PSOE.

Siendo conscientes de los límites en que se mueve esta confrontación –en realidad, los de la búsqueda de la mejor táctica para volver a ser “alternancia” del PP en el gobierno, asociados a su lucha por el poder y a su supervivencia respectiva como parte del régimen-, no por ello se puede ser indiferente a su desenlace. Porque, como bien demuestran el PP y la gran mayoría de los medios de comunicación, su apoyo innegable a Susana Díaz deja bien a las claras que lo que está en juego es la resolución en un sentido u otro de la crisis de gobernabilidad que afecta al régimen y, con ella, la posible agravación o no de la misma en los próximos tiempos 4/.

Por eso mismo deberíamos aprovechar este debate para, desde el respeto a la autonomía de este partido, abrir la oportunidad de, como se decía en el documento político de Podemos En Movimiento presentado en la Asamblea de Vistalegre II, “dialogar con toda esa gente que se referencia en el ‘socialismo’ por razones históricas o de identidad. Es fundamental que ese diálogo no se base en tratar de reproducir la socialdemocracia, sino en superarla en un horizonte de ruptura poscapitalista, dándole un cierto sentido de reconocimiento a aquéllos que se sienten socialistas de corazón, a sus esperanzas en un mundo más igualitario, permitiendo hacer balances críticos de manera conjunta”. Tarea, sin duda, inseparable del trabajo en común en los movimientos sociales y en los espacios públicos de lucha en los que podamos encontrarnos en los próximos meses.

Notas:

1/ Por ejemplo: “En la permanente crisis de la socialdemocracia”, Brais Fernández y Jaime Pastor, ctxt, 12/10/2016.

2/ Llama la atención, no obstante, que pese a esa reivindicación de la Transición, se mencione en esta Ponencia que a lo largo de la historia de este régimen ha habido “tres momentos dominados por la desafección” (p. 39), reconociendo que el primero fue el que se produjo a finales de los años 70 del pasado siglo, el “desencanto”, justamente frente a los frutos amargos de esa Transición “modélica”. ¿En qué quedamos?

3/ Para una crítica del contenido de esa Declaración me remito a mi artículo “Ni federalismo plurinacional ni derecho a decidir. A propósito del documento del PSOE”, viento sur, 09/07/2013. Disponible en www.vientosur.info/spip.php?article8144 .

4/ El calendario establecido permite, además, la hipótesis de que los resultados de las primarias puedan entrar en contradicción con el documento político que llegue a ser aprobado en el Congreso, con lo cual el conflicto de legitimidades estaría servido.

España: El cinismo del gobierno derechista del PP ante el desarme de la ETA

por David Rey//

La entrega incondicional por ETA de su arsenal de armas a un grupo de verificadores internacionales, anunciada para el 8 de abril, es un paso consecuente con su decisión manifestada hace más de 5 años de abandonar definitivamente la lucha armada. Con este acto, ETA y el conjunto de la izquierda abertzale insisten en reafirmar su voluntad de luchar por sus objetivos a través de medios puramente políticos.

Lo que llama la atención es que el gobierno del PP de Mariano Rajoy haya despreciado absolutamente los pasos dados por ETA desde hace 5 años, incluido este último, y se haya negado hasta la fecha a entablar ningún tipo de negociación o conversaciones con ella, o con representantes suyos, para encauzar un hecho tan relevante como es el fin definitivo de su actividad armada.

Esta situación contrasta vivamente con lo ocurrido en procesos similares en los últimos años en otras partes del mundo, donde los Estados se involucraron en negociaciones directas con los grupos armados (el IRA en Irlanda del Norte, las FARC en Colombia), para abordar el abandono de la lucha armada, la eliminación de su arsenal de armas, la reinserción en la vida civil de los activistas de dichos grupos y la situación de los presos. Esto es más llamativo aún cuando anteriores gobiernos del PP y del PSOE sí aceptaron sentarse y negociar con ETA años atrás, aun cuando esta organización ni siquiera había manifestado entonces su voluntad de renunciar definitiva e incondicionalmente a la actividad armada.

El gobierno español no sólo se ha negado a negociar con ETA su entrega de las armas, sino que la ha obstaculizado deliberadamente, en colaboración con el Estado francés. Así ocurrió, por ejemplo, con la detención en diciembre de 5 personas cerca de Bayona que estaban actuando como mediadores civiles para la entrega de armas que ahora se va a ejecutar.

El gobierno ni siquiera cumple la propia legalidad en el tema de los presos, negándose a su reagrupamiento en sus zonas de origen para facilitar el contacto con sus familiares, como está obligado, manteniendo a la gran mayoría de los presos de ETA en cárceles fuera de Euskadi y Navarra, obligando a sus familiares a desplazarse cientos y miles de kilómetros para poder visitarles, negando permisos y suspendiendo visitas con pretextos espurios. A lo largo de los años, 16 personas han fallecido en accidentes de tráfico cuando viajaban para visitar a sus familiares presos en las cárceles, según la organización Etxerat.

Los ardientes defensores de la retransmisión de la misa católica dominical en la TV pública, adalides de los supuestos valores cristianos de humanidad, reconciliación y perdón, no son solamente insensibles y vengativos ante la separación dolorosa de las familias respecto a sus familiares presos, demostrando con ello ser unos completos hipócritas en sus creencias religiosas, sino que incumplen flagrantemente la legalidad vigente, amparados por los tribunales españoles.

De esto se deduce que la derecha española (PP, Ciudadanos) no tiene el más mínimo interés en la resolución del llamado “conflicto vasco” y que espera seguir sacando réditos políticos de la actividad etarra del pasado con dos fines. El primero, mantener en un primer plano el tema del “terrorismo” para desviar la atención de la población de los verdaderos problemas sociales provocados por la crisis del capitalismo y por la propia acción reaccionaria del gobierno del PP. Y el segundo, mantener su base electoral de apoyo entre las capas más atrasadas políticamente de la población, explotando y exacerbando demagógicamente el tema de las víctimas de ETA.

En esta estrategia de mantener “vivo” el tema de ETA también colaboran sectores importantes del aparato del Estado, fundamentalmente de los cuerpos policiales y de los servicios secretos, el actual CNI. La actividad etarra siempre fue utilizada, no sólo para incrementar la represión general y endurecer el código penal tan caro a la derecha española, sino para justificar la impunidad policial, los privilegios especiales para los altos mandos policiales, y la existencia de fondos reservados que escapan a todo control y con los que se han lucrado en oscuros negocios durante décadas numerosos mandos de la policía y la guardia civil (casos Perote, Roldán, Paesa, Villarejo, por nombrar algunos de los más conocidos).

El régimen del 78 no es sólo un régimen reaccionario y caduco al que es preciso superar, sino que es el régimen del doble rasero y de la hipocresía. Quienes, en la derecha, se muestran duros y vengativos en el tema de las víctimas de ETA, son los mismos que nunca condenaron el alzamiento fascista de Franco de 1936 ni el asesinato de las cientos de miles de personas causado por la represión posterior a lo largo de 40 años. No sólo no han sido juzgados ni han purgado sus crímenes los representantes políticos de la dictadura ni de su aparato de estado, sino que notorios ministros de Franco –como Fraga, Fernando Suárez, o Antonio Carro, entre otros– con las manos manchadas de sangre por firmar penas de muerte en los gobiernos del dictador, fueron diputados del PP en la “democracia”. No por casualidad, ETA nació en plena dictadura franquista y se nutrió en su primera década y media de existencia de los crímenes sangrientos del franquismo y de la represión practicada contra el pueblo vasco en los primeros años de la Transición. Todos los medios de comunicación destacan la cifra de las 800 víctimas causadas por ETA, pero ocultan que hubo 188 asesinados durante la Transición (obreros, estudiantes, nacionalistas vascos de izquierdas) en lo que fue una práctica de terrorismo de Estado a manos de la policía, la Guardia Civil y los pistoleros fascistas, entre 1976 y 1982. Muy pocos de sus asesinos fueron juzgados y condenados, y la mayoría de ellos a penas irrisorias. Otro tanto pasó con el terrorismo de Estado practicado por los GAL, bajo los gobiernos de Felipe González, que cometieron 24 asesinatos; por no hablar de los centenares casos de tortura a los detenidos (incluyendo violaciones y abusos sexuales) del entorno de la izquierda abertzale.

Esta política represiva continúa hasta el día de hoy, con torturas, ilegalización de organizaciones políticas y de solidaridad de la izquierda abertzale, cierre de medios de comunicación, etc. y que obliga a muchos jóvenes y activistas abertzales a vivir en condiciones de clandestinidad.

No solamente en Euskadi y Navarra. En los últimos años, los amantes de la democracia y la convivencia en paz en el gobierno del PP se han destacado por cercenar los derechos democráticos duramente conquistados con la criminalización generalizada en todo el Estado de todos aquellos que deciden luchar contra las lacras de este sistema o de quienes, desde posiciones de izquierdas, hacen canciones, chistes y comentarios en las redes sociales. Y se amparan para ello en la Ley Mordaza y las leyes antiterroristas aprobadas en años anteriores. Mientras, destacados dirigentes del PP, periodistas reaccionarios y fascistas pueden permitirse en los medios y en las mismas redes sociales proferir los insultos, amenazas y calumnias más depravados contra dirigentes de izquierdas y las víctimas de la represión franquista sin persecución alguna por la policía.

Lo más sangrante es que el viejo aparato de estado franquista se mantuvo intacto hasta nuestros días. Nunca fue purgado de fascistas y reaccionarios. Al frente del mismo siguieron los mismos jefes policiales y del ejército, los mismos torturadores y miembros de los servicios secretos, los mismos jueces y fiscales franquistas. Lo lamentable de todo esto es que los dirigentes del PSOE y del PCE tras la caída de la dictadura nunca levantaron la voz para exigir esa depuración, convirtiéndose en cómplices de este hecho, de la misma manera que fueron cómplices de la derecha postfranquista en la política de impunidad hacia los crímenes del franquismo y de la Transición.

La entrega incondicional por parte de ETA de todo su arsenal es también la constatación final del fracaso de los métodos de la llamada “lucha armada”, practicada durante 50 años por esta organización, sin haber conseguido –como en el caso del IRA en Irlanda del Norte– ni uno solo de sus objetivos. Es más, los métodos de ETA se han demostrado contraproducentes ya que han sido utilizados por los sucesivos gobiernos y el aparato del Estado para fortalecer ese mismo aparato del Estado, endurecer la represión y restringir los derechos democráticos contra todos (endurecimiento del código penal, restricciones al derecho a manifestación y a la libertad de expresión, ilegalización arbitraria de partidos políticos, cierre de medios de comunicación, etc.). La actividad armada de ETA jugó durante décadas un papel pernicioso en mellar las extraordinarias luchas del pueblo vasco por sus derechos democrático-nacionales, favoreciendo la estrategia de la reacción de introducir todo tipo de prejuicios nacionales y moralistas para aislar la lucha del pueblo vasco de sus hermanos de clase en el resto del estado. De hecho, la desaparición de la actividad armada de ETA y el avance de la lucha de masas –como se ha demostrado en Catalunya– era la precondición básica para que la defensa de los derechos democrático-nacionales de Euskadi, Catalunya y Galicia –como el derecho de autodeterminación– pudiera encontrar un eco favorable creciente entre la clase obrera y la juventud del resto del Estado español, como está sucediendo, tras ser demonizada durante décadas.

Celebramos que ETA y el conjunto de la izquierda abertzale apuesten por la vía política para luchar por sus objetivos, como muy claramente ha defendido el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Desde nuestro punto de vista, esa vía política debe estar basada en los métodos de la lucha y la agitación política de masas, las manifestaciones, las huelgas y, en un punto más elevado, a través de un movimiento revolucionario de masas. Sería un error encauzar la acción política a través de los métodos reformistas clásicos del cretinismo parlamentario, enclaustrando el programa político dentro de los límites del capitalismo, o mendigando un frente común con la burguesía vasca, siempre dispuesta a traicionar el movimiento ante la burguesía española para defender sus negocios e intereses de clase, como estamos viendo en relación al gobierno del PP, y como ha probado recientemente el apoyo del PNV al infame decreto del PP contra los estibadores, que incluye a los estibadores vascos.

La clase obrera y la juventud vasca han estado siempre a la vanguardia de las luchas y de la conciencia política en el Estado español, en los últimos 40 años. En el País Vasco fue donde la lucha contra la dictadura y durante la Transición llegó más lejos. Fueron Euskadi y Navarra los territorios del Estado español donde el voto favorable a la Constitución de 1978 tuvo el menor apoyo popular, y donde se produjo el mayor rechazo popular al ingreso en la OTAN en el referéndum de marzo de 1986. No es casualidad tampoco que en las elecciones legislativas del 20D y del 26J, Podemos y Unidos Podemos obtuvieran aquí su mayor porcentaje de votos de todo el Estado y resultaran, en el caso de Euskadi, las fuerzas más votadas.

La lucha por los derechos democrático-nacionales es inseparable de la lucha por el socialismo. Sólo la clase obrera está en condiciones de llevar hasta el final la lucha contra todo tipo de explotación y opresión, y en asegurar la plena satisfacción de los derechos democráticos más avanzados, comenzando por el derecho del pueblo vasco a decidir por sí mismo qué relación quiere mantener con los demás pueblos del Estado español, incluido el derecho a formar un estado independiente.

Para conseguir esto, juntos en la lucha somos más fuertes. De lo que se trata es de afianzar la unidad en la lucha de la clase obrera y de la juventud vasca con sus hermanos de clase del resto del Estado para derrotar a nuestro enemigo común, el capitalismo y sus sostenedoras –las burguesías española y vasca– para avanzar hacia el socialismo y resolver definitivamente la cuestión nacional vasca.

Lo que los medios no dicen sobre las causas del Brexit

Vicenç Navarro


Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

 

No hay pleno conocimiento y conciencia en las estructuras de poder político y mediático (que en terminología anglosajona se llama el establishment político-mediático) que gobiernan las instituciones de la Unión Europea, así como las que gobiernan en la mayoría de países que constituyen tal Unión, de lo que ha estado ocurriendo en la UE y las consecuencias que las políticas propuestas e impuestas por tales establishments han estado teniendo en las clases populares de los países miembros. Durante estos años, después del establecimiento de la Unión, se ha ido germinando un descontento entre estas clases populares (es decir, entre las clases trabajadoras y las clases medias de renta media y baja) que aparece constantemente y que amenaza la viabilidad de la UE.

 

El rechazo de las clases populares a la UE

Indicadores de tal descontento han aparecido ya en muchas ocasiones. Una de las primeras fue el resultado del referéndum que se realizó en varios países de la UE que, por mandato constitucional, tenían que hacer para poder aprobar la Constitución europea. En todos los países donde se realizó el referéndum, la clase trabajadora votó en contra. Los datos son claros y contundentes. En Francia, votaron en contra el 79% de trabajadores manuales, el 67% de los trabajadores en servicios y el 98% de los trabajadores sindicalizados; en Holanda, el 68% de los trabajadores; y en Luxemburgo, el 69%. Incluso en los países en los que no hubo referéndum, las encuestas señalaban que, por ejemplo en Alemania, el 68% de los trabajadores manuales y el 57% de los trabajadores en servicios hubieran votado en contra. Unos porcentajes parecidos se dieron también en Suecia, donde el 74% de los trabajadores manuales y el 54% de los trabajadores en servicios también hubieran votado en contra. Y lo mismo ocurrió en Dinamarca, donde el 72% de los trabajadores manuales hubieran también votado en contra.

 

El rechazo a la UE por parte de la clase trabajadora ha ido aumentando

Otro dato que muestra tal rechazo fue el surgimiento de partidos que explícitamente rechazaron la Unión Europea, partidos cuya base electoral fue precisamente la clase obrera y otros segmentos de las clases populares que antes, históricamente, habían votado a partidos de izquierdas, siendo el caso más conocido (pero no el único) el del partido liderado por Le Pen y que, según las encuestas, podría ganar las próximas elecciones en Francia. En realidad, la identificación de los partidos de izquierda tradicionales con la Unión Europea (y con las políticas neoliberales promovidas por el establishment de tal Unión) ha sido una de las mayores causas del enorme bajón electoral de estos partidos en la UE (y, muy en particular, entre las bases electorales que les habían sido más fieles, es decir, entre las clases trabajadoras). Para que baste un ejemplo, en Francia, si la mitad de los votos (predominantemente de la clase trabajadora) que habían apoyado al partido de Le Pen hubieran sido para la candidata socialista Ségolène Royal, ésta hubiera sido elegida Presidenta de Francia. En paralelo con la pérdida de apoyo electoral, los partidos socialdemócratas en la UE perdieron también gran número de sus militantes. El caso más dramático fue el del Partido socialdemócrata alemán que, junto con la pérdida de apoyo electoral, perdió casi la mitad de sus militantes, de 400.000 en 1997 a 280.000 miembros en 2008.

 

La evidencia es pues abrumadora que la identificación de tales partidos de izquierda (la mayoría de los cuales han sido partidos gobernantes socialdemócratas que han jugado un papel clave en el desarrollo de las políticas públicas promovidas por la UE) con la Unión ha sido una de las principales causas de su enorme deterioro electoral y de la pérdida de su militancia.

 

El rechazo a la UE ha ido aumentando más y más entre las clases populares, a la vez que ha ido aumentado el apoyo entre las clases más pudientes

Por desgracia, las encuestas creíbles y fiables sobre la UE (que son la minoría, pues la gran mayoría están realizadas o financiadas por organismos de la UE o financiadas por instituciones próximas) no recogen los datos de la opinión popular sobre la UE según la clase social. Sí que los recogen por país, y lo que aparece claramente en estas encuestas es que la popularidad de la UE está bajando en picado. Según la encuesta de la Pew Research Center, las personas que tienen una visión favorable de la UE ha bajado en la gran mayoría de los 10 mayores países de la UE (excepto en Polonia). Este descenso, desde 2004 a 2016, ha sido menor en Alemania (de un 58% a un 50%) pero mayor en Francia (de un 78% a un 38%), en España (de un 80% a un 47%). Grecia es el país que tiene un porcentaje menor de opiniones favorables a la UE (un 27%).

Ahora bien, aunque raramente se recoge información por clase social, sí que se ha recogido el distinto grado de popularidad que la UE tiene según el nivel de renta familiar. Y, allí, los datos muestran que hay un gradiente, de manera que a mayor renda familiar, mayor es el apoyo a la UE. Es razonable, pues, suponer que la parte de la población que tiene una visión más desfavorable de la UE es la clase trabajadora y otros componentes de las clases populares.

 

Y lo que también aparece claro en varias encuestas es que una de las mayores causas de tal rechazo es la percepción que las clases populares tienen del impacto negativo que tiene, sobre su bienestar, la aplicación de las políticas propuestas por el establishment político-mediático de la UE. Esta percepción es mucho más negativa entre las clases populares (clase trabajadora y clases medias, de renda media y baja) que no entre las clases más pudientes. En realidad, el rechazo, siempre especialmente agudo entre las clases populares, es claramente mayoritario entre la gran mayoría de la población. Ahí vemos que, según la encuesta Pew, el 92% de la población en Grecia desaprueba la manera como la UE ha gestionado la crisis existente en Europa; tal porcentaje es de 68% en Italia, el 66% en Francia y el 65% en España, países donde precisamente el descenso del porcentaje de población con la opinión favorable de la UE ha sido mayor.

 

Este rechazo a la UE existe también entre la clase trabajadora del Reino Unido

Es en este contexto descrito en la sección anterior, que debe entenderse el rechazo de las clases populares del Reino Unido, rechazo que ha ido claramente acentuándose en los barrios obreros de aquel país, y muy en especial en Inglaterra y el País de Gales. El voto de rechazo a la permanencia en la UE procede en su mayoría de las clases populares. Y ha sido un voto no solo anti-UE pero también (y sobre todo) un voto anti-establishment británico y, muy en particular, anti-establishment inglés, siendo este último el centro del establishment británico, pues concentra los mayores centros financieros y económicos del país. El establishment británico y el establishment de la UE habían movilizado todo tipo de presiones (por tierra, mar y aire) a fin de que el referéndum fuera favorable a la pertenencia. De esta manera, es un claro signo de afirmación y poder que las clases populares se opusieran y ganaran al establishment. Por otra parte, los datos mostraban que lo que ha ocurrido, iba a ocurrir. La popularidad de la UE en el Reino Unido pasó de ser un 54% (ya uno de los más bajos de la UE) en 2004 a un 44% en 2016 (según Pew). En realidad, el Reino Unido es el país donde el porcentaje de población opuesta a dar mayor poder a la UE es mayor (65%) después de Grecia (68%) Y, según otras encuestas, el sector menos entusiasta con la UE eran las clases populares, que gradualmente han ido transfiriendo su apoyo electoral del Partido Laborista al partido UKIP (el partido anti EU).

 

La supuesta excepcionalidad de España

Es un dicho común en los mayores medios de comunicación que España es uno de los países más pro-EU, lo cual es cierto, pero solo en parte (lo mismo era cierto con Grecia). Es lógico que Europa, percibida durante muchos años como el continente punto de referencia para las fuerzas democráticas, por su condición democrática y su sensibilidad social, se convirtiera en el “modelo” a seguir por países como España, Portugal y Grecia, que sufrieron durante muchos años dictaduras de la ultraderecha, seriamente represivas y con escasísima conciencia social. Para los que luchamos contra la dictadura, Europa Occidental era un sueño a alcanzar.

 

Pero, debido al control o excesiva influencia del pensamiento neoliberal en el establishment político mediático de la UE (muy próximo al capital financiero y al capital exportador alemán, que ha estado configurando las políticas públicas neoliberales que los establishment político-mediáticos de cada país de la UE han hecho suyas), este sueño se ha convertido en una pesadilla para las clases populares, particularmente dañadas por tales políticas neoliberales. Las reformas laborales que han dañado el estándar de vida de estas clases y los recortes de gasto público, con el  debilitamiento de la protección social y del estado del bienestar, así como la desregulación en la movilidad del capital y del trabajo, han sido un ataque frontal a la democracia y al bienestar de las clases trabajadoras, realidad muy bien documentada (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Anagrama, 2015). La pérdida de soberanía nacional que conlleva la UE ha significado la pérdida de soberanía popular, causa del deterioro de su bienestar. La evidencia de que ello es así es contundente, clara y convincente. Es más que obvio que esta Europa no es la Europa de los pueblos, sino la Europa de las empresas financieras y de los grandes conglomerados económicos.

 

¡No es chauvinismo lo que causa el rechazo a la UE!

Ante esta situación, el establishment político-mediático europeo quiere presentar este rechazo como consecuencia de un retraso cultural de las clases populares, todavía estancadas en un nacionalismo retrógrado, que incluye un chauvinismo anti-inmigrante que merece ser denunciado. John Carlin, en el El País, 24.06.16, define este rechazo (Brexit) como resultado “de la mezquindad, ignorancia, carácter retrógrado, xenofobia y tribal” de los que votaron en contra de la permanencia. Y así se está interpretando, por parte de la mayoría de los medios de comunicación europeos, el voto de rechazo a la UE por parte de las clases populares británicas. Este mensaje intenta ocultar las causas reales de tal rechazo, causas que he descrito en este artículo. Olvidan que, si bien todos los xenófobos votaron a favor de la salida del Reino Unido de la UE, no todos los que así votaron eran xenófobos.

 

En esta manipulación están participando poderes de la socialdemocracia europea que no han entendido todavía lo que está ocurriendo entre lo que solían ser sus bases. No quieren entender que el rechazo que está ocurriendo es hacia esta Europa que la socialdemocracia ha contribuido a crear, una Europa que carece de vocación democrática y sensibilidad social. El maridaje de los aparatos dirigentes de las socialdemocracias con los intereses financieros y económicos dominantes en la UE (y en cada país miembro) ha sido la causa de su gran declive, que todavía no entienden porque no quieren entenderlo. Lo que pasa en Francia, dónde hay un gobierno socialdemócrata que está intentando destruir a los sindicatos (como la señora Thatcher hizo en el Reino Unido), o en España, dónde el PSOE fue el que inició las políticas de austeridad, son indicadores de esta falta de comprensión de lo que está ocurriendo en la UE, y que es el fracaso de las izquierdas para atender a las necesidades de las clases populares. De ahí la transferencia de lealtades que están ocurriendo, en lo que refiere a los partidos.

 

Es lógico y predecible que las políticas neoliberales y los partidos que las aplican sean rechazados por las clases populares, pues son éstas las que sufren más cada una de estas políticas, incluyendo la desregulación de la movilidad de capitales y del trabajo. Regiones enteras en el Reino Unido han sido devastadas, siendo sus industrias trasladadas al este de Europa, creando un gran desempleo en las regiones. Y la desregulación del mundo del trabajo, acompañada de la dilución, cuando no destrucción, de la protección social, ha creado una gran inestabilidad  y falta de seguridad laboral. En realidad, fueron las políticas del gobierno Blair y del gobierno Brown (1997-2010) las que sentaron las bases para este rechazo generalizado hacia la UE. Tales gobiernos de la Tercera Vía facilitaron la llegada de inmigrantes a los que los empresarios contrataron con salarios más bajos. Y así se inició el desapego con la Unión Europea (ver “Don’t blame Corbyn if Brexit wins”, Denis McShane).

 

En España, frente al descrédito del partido socialdemócrata (PSOE) debido, entre otras razones a su participación en la construcción de esta Europa, han aparecido una serie de fuerzas políticas, tanto en la periferia como en el centro (Unidos Podemos y confluencias), que están canalizando este desencanto popular acentuando, con razón, que esta no es tampoco nuestra Europa, y que se requieren cambios profundos para recuperar la Europa democrática y social a la que aspiramos y que debe construirse. Así de claro

 

(Fotografía, Bertrand Bigo)