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La visita de Bergoglio y los mercaderes

por Paul Walder //

La corrupción con rasgos sistémicos, los escándalos sexuales, el descarado lobby , el financiamiento ilegal de parlamentarios han sido algunos de los factores que han obligado a una mayor discreción en las acciones de no pocas instituciones. Es el caso de la Iglesia Católica, no sólo en permanente observación pública tras bullados escándalos sexuales de circulación local y planetaria, sino también por la fuente y uso de sus bienes y otros activos. El lujo excesivo, así como dudosas inversiones y fuentes de ingresos, están bajo la mirada ciudadana global y nacional.

En medio de la corriente de corrupción que ha marcado esta década, la Iglesia Católica chilena decidió en 2016 publicar sus estados financieros y el destino de sus inversiones. En esta acción de aparente transparencia, el segundo paso ha sido reacomodar parte de sus activos. Una proceso que ha revelado altos conocimientos del mercado, las finanzas y la economía neoliberal globalizada por parte de esta institución milenaria. Pero también inversiones motivadas por el lucro, con posiciones en acciones de corporaciones muy cuestionadas ya sea por sus tratos laborales, sus impactos ambientales o por ser abiertamente corruptas. Es el caso de SQM, la corporación controlada por Julio Ponce Lerou en la que la Iglesia mantuvo un paquete accionario.

Al exhibir al público sus inversiones, el administrador del Arzobispado de Santiago, Ramiro Montesinos, explicó que la decisión buscaba terminar con negocios que “no sean de nuestro giro”, como hasta aquel año lo era la automotora Coseche, importadora de vehículo Chevrolet. Hasta esa fecha el Arzobispado de Santiago era dueño del quince por ciento de la importadora, en tanto otras organizaciones religiosas, la Corporación de Beneficencia Cáritas Chile y la Orden de la Madre de Dios, poseían el treinta por ciento.

Junto a la venta de estos activos le siguió el desprendimiento de importantes paquetes bursátiles. En una publicación del diario La Tercera se informó que la Iglesia pondría en venta títulos en grandes corporaciones nacionales, tales como la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Chilectra, Telefónica, Enersis, Muelles de Penco, Servicios Financieros Progreso, Norte Sur S.A., Oxiquim, Copec, Minera Valparaíso, Melón S.A., Automovilismo y Turismo S.A., Forestal Pasur e Inmobiliaria Sixterra, además de la controvertida SQM.

Aun cuando las inversiones no excedían del uno por ciento de la participación accionaria, rondaba el problema ético. En la oportunidad, Fernando Ramos, vicario general del Arzobispado de Santiago, justificó la venta de esos títulos en cuanto las “operaciones no éticas complican”, además “de la colusión”. No sólo SQM, también estaba en el centro de la agenda la CMPC, por el caso del papel tissue.

Por el valor de aquellos activos la Iglesia obtenía ingresos que no superaban los cien millones de pesos anuales. No así con otros recursos, por los cuales sólo el Arzobispado de Santiago registró en 2016 ingresos y gastos por unos 10.300 millones de pesos, unos 14 millones de euros. En la página web del Arzobispado puede hallarse un compendio muy resumido de sus operaciones financieras. En cuanto a los ingresos, el 41 por ciento corresponde a donaciones privadas, el 33 por ciento a los ingresos por el 1% accionario y el 26 por ciento por concepto de alquileres. Respecto a los gastos de 2016, que alcanzaron 10.206 millones de pesos, un 67 por ciento se destinó a vicarías ambientales y zonales en tanto el resto a administración y otras actividades.

Las donaciones privadas de 2016, que corresponden al 41 por ciento de los ingresos totales, se mantienen bajo reserva. Otras donaciones, señala la publicación, provienen del extranjero canalizadas a través de agencias internacionales como la ONG Adveniat, que obtiene fondos en Alemania para el trabajo pastoral de la Iglesia Católica en América Latina. Asimismo, la mantención de una cuenta bancaria en Estados Unidos, con el pago de sus respectivos intereses en dólares, es otra forma de obtener donaciones en el extranjero para el Arzobispado de Santiago.

BIENES INMUEBLES

POR 103 MIL MILLONES

El Arzobispado, según el reportaje citado, posee 388 bienes raíces, con un avalúo fiscal por sobre los 103 mil millones de pesos. Sin embargo, hay otras versiones que estiman en más de cuatro mil las propiedades de la Iglesia, incluyendo templos, parroquias, casas de acogida y colegios, entre otro tipo de inmuebles. A partir de estos bienes y activos históricos, el arriendo de propiedades se mantiene como una de las principales fuentes de ingresos, que en 2016 fueron el 26 por ciento del total. Entre ellos hay colegios, pero también estacionamientos, supermercados, tiendas de diferentes rubros y restaurantes. En total, el Arzobispado mantiene 127 inmuebles en arriendo en distintos lugares de Santiago los cuales administra el corredor Leonel Ojeda. Por este concepto, el Arzobispado obtuvo en 2016 beneficios por 2.678 millones de pesos.

Además de los arriendos a privados, hay relaciones comerciales con entidades estatales. La Universidad de Santiago firmó hasta 2017 un acuerdo con la Iglesia para utilizar un edificio de avenida Ecuador, cuyo costo se fijó en UF 320 mensuales. Junto a ello están los alquileres de los inmuebles de la sede del Arzobispado en calle Erasmo Escala a la Universidad Alberto Hurtado.

Comparativamente con otros países católicos, los ingresos de la Iglesia Católica chilena son muy reducidos. El caso de España vale para hacer este contraste. El patrimonio de la Iglesia, sus bienes inmuebles, los ingresos por fiestas y celebraciones, generan una inmensa riqueza que la Conferencia Episcopal española, con la asesoría de la auditora KPMG, cifró en 2014 en 32.520 millones de euros. La mayor parte de esta cifra, 22.620 millones en concreto, se generan a través de los más de tres mil bienes inmuebles de interés cultural que pertenecen a la Iglesia, de los que 18 son Patrimonio de la Humanidad, 78 catedrales y 3.072 bienes de interés cultural que no son catedrales. Una cifra que no tiene parangón si la oponemos a los recursos (poco más de catorce millones de euros) que obtiene como ingresos la Iglesia chilena.

Se calcula que el patrimonio eclesiástico español está integrado por 100.000 inmuebles. O dicho de otra forma, el 80% del patrimonio histórico-artístico hispano pertenece a la Iglesia. Para muestra, el 70 por ciento del suelo habitable de Toledo está en manos de la Iglesia. Y lo mismo puede decirse de Avila, Burgos o Santiago de Compostela. Nadie sabe la cuantía total del patrimonio eclesiástico. La Iglesia no lo dice, escudándose en el funcionamiento diocesano de la misma.

LA IGLESIA, MEJOR NEGOCIO QUE LAS GRANDES CORPORACIONES

En el caso español, tal como en el chileno, las cifras se refieren a ingresos. Los patrimonios son infinitamente mayores. En España se estima que la Iglesia Católica es la primera entidad con mayores propiedades después del Estado. Para darse una idea del volumen de sus ingresos anuales, una corporación como la CMPC tuvo ingresos en 2015 por unos 3.900 millones de euros, una cifra varias veces menor a los de la Iglesia ibérica. Una denuncia de la organización Europa Laica calcula que la Iglesia española se lleva al año, entre exenciones e ingresos varios, once mil millones de euros, una cifra bastante mayor, incluso, a un banco del tamaño del BBVA de España, con ganancias por 4.700 millones de euros en 2016. A diferencia de una compañía privada, la Iglesia está exenta de pago de impuestos.

A nivel mundial los números alcanzan cifras indescifrables. Los tesoros del Vaticano y las catedrales Patrimonio de la Humanidad no tienen una valoración precisa por su magnitud. Una investigación publicada en 2012 por The Economist calculaba en 170 mil millones de dólares los gastos globales de la institución religiosa católica. Una cifra estimativa, por la opacidad y extrema complejidad de su estructura financiera. Según la investigación citada, “la Iglesia Católica es por un lado muy jerárquica, centrada en la autoridad del Papa, en tanto en su base es totalmente descentralizada, con cargo a cada obispo cuya diócesis funciona como un virtual principado”.

Es posible seguir esta pista desde el Vaticano, cuyas inversiones están canalizadas a través del Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el Banco del Vaticano. The Economist asegura que su portafolio de inversiones financieras supera los 2.600 millones de dólares. Solo en Italia sus intereses se extienden por el sistema bancario, aerolíneas, inmuebles, empresas públicas y hasta en la cinematografía.

El Banco del Vaticano, tras la bancarrota del Banco Ambrosiano en 1982, ha llevado a cabo un proceso de mayor transparencia financiera. En noviembre de 2013 contrató a la consultora Ernst & Young para la realización de auditorías externas y evitar irregularidades como el lavado de activos. En concreto, el IOR administra unos siete mil millones de euros en Bonos del Tesoro, mercado de valores y mercado interbancario. Esos son, por lo menos, los destinos informados, pero no se dPescartan inversiones en paraísos fiscales. De estas actividades regulares, el IOR informó en 2012 ganancias por 86 millones de euros, de los cuales, dice, 56 millones se destinaron a apoyar el presupuesto del Vaticano.

GANANCIAS POR EL

“GIRO RELIGIOSO”

El Vaticano puede considerarse como una gran empresa financiera. Investigaciones no oficiales estiman que participa o ha participado como accionista del Banco Di Roma, Banco Dil Santo Spiritu, Credito Centrale Di Lazio, Centrale di Credito, Banco Católico Veneto, Banco Comerciale Italiano, Cassa di Risparmio di Roma, Bancario Italiano, Banco Popular, Chase Manhattan Bank, Caja Sur, Caja de la Inmaculada de Aragón, Cajacírculo y Bankers Trust. También tiene o ha tenido inversiones en Alitalia e Italgas (sucursales en 36 ciudades italianas), Fiat, Olivetti, Lancia, Chrysler, Group LLC y otras no menores como Shell, Gulf Oil, General Motors, Inditex, Endesa y General Electric.

Otros son los ingresos por los negocios asociados al “giro religioso”. Sólo en Italia, el Vaticano ha informado que por la administración de los museos de la Santa Sede tuvo en 2014 un excedente de 63 millones de euros. En tanto por el arriendo, aquel mismo año, de la Capilla Sixtina para un evento del fabricante de automóviles de lujo Porsche, obtuvo 5.900 dólares por cada uno de las decenas de participantes. Otros ingresos son obtenidos por actividades eclesiásticas, como por ejemplo el oneroso proceso para canonizar a un santo, que conlleva tareas de lobby , mensajería, tarjetas y otros gastos.

Sin duda que uno de los negocios más rentables es el que rodea las actividades del Papa. Cifras oficiales estiman que bajo el papado de Francisco estos ingresos han aumentado de forma sensible. A diferencia de Benedicto, que durante su papado recibió un total de veinte millones de visitantes en el Vaticano, el argentino Jorge Mario Bergoglio ha atraído a actividades en la Santa Sede, desde marzo de 2013, a doce millones de católicos y a otros trece millones en actos fuera del Vaticano. Estas puestas en escena, similar a otros espectáculos masivos incluso como los grandes conciertos de rock, están apuntalados por merchandising , publicidad y aportes en dinero que engrosan las arcas del Estado vaticano.

La visita a Chile de Bergoglio, cuyo costo, hasta el momento, asciende a diez mil millones de pesos, se inscribe en estas actividades comerciales, de los cuales unos siete mil serían canalizados y subsidiados por el Estado chileno.

Publicado en Punto Final”, edición Nº 892, 12 de enero 2018.// Imagen: San Valerio en Weyarn. (Foto por Paul Koudounaris / BNPS)

El exitoso plebiscito de ‘No+AFP’

por Paul Walder//

Hacia finales de la primera semana de octubre, el plebiscito convocado por la Coordinadora de Trabajadores NO+AFP había reunido más de un millón de votos, de los cuales casi el 97 por ciento rechazó el actual sistema privado de pensiones. Un evento de carácter nacional que superó todas las expectativas de participación y puso nuevamente al movimiento que busca desmantelar el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones en una posición de poder. Tras poco más de un año del inicio de las marchas que lograron congregar a millones de personas durante el invierno de 2016, la Coordinadora hace una lectura que no puede ser más favorable. Un breve proceso de acumulación de fuerzas que con el último evento la instala como representante de una corriente social y laboral con proyección futura.

Al interior de la organización se suman varias lecturas, muy favorables en el corto y mediano plazo. Al éxito de las masivas marchas del año pasado e inicios de 2017, el movimiento ha ingresado un proceso que integra distintas acciones, entre las que el plebiscito es, posiblemente, la mejor demostración de cohesión. Con anterioridad, y con menos exposición mediática, está el llamado a los cotizantes a abandonar los fondos de pensiones más riesgosos, con especial énfasis del Fondo A, y redirigir sus ahorros al Fondo E, que canaliza las inversiones en instrumentos de renta fija. Esta campaña, que lleva más de seis meses, ha logrado que más de 1,3 millones de trabajadores se cambien al fondo E en lo que va del año. Un hecho sin duda destacable al considerar que el total de personas que cotizan regularmente cada mes no supera los cinco millones.

La Coordinadora NO+AFP cuyo vocero es el dirigente bancario Luis Mesina, trabaja en los valiosos datos que permiten, entre otras cosas, tener una mejor visión territorial sobre el comportamiento de sus simpatizantes. Una primera observación, que comparte el economista Patricio Guzmán, miembro de la Coordinadora, es que la participación y el rechazo a las AFP es un fenómeno transversal. Cruza territorios, barrios, regiones, edades, estratos socioeconómicos y género.

Diferentes miembros de NO+AFP destacan el trabajo y la organización en el plebiscito. La actividad, que se extendió durante tres jornadas (29 y 30 de septiembre y 1º de octubre), contó con la participación de unos veinte mil voluntarios miembros de sindicatos medianos y pequeños y de una red de organizaciones del sector público. Una actividad autofinanciada cuyo éxito no sólo se expresó en la capacidad de convocatoria y movilización, sino en la capacidad de trabajo y organización. No es casualidad ni coincidencia que más de un millón de personas votara sólo con la información que circuló a través de los sindicatos, redes sociales y la prensa independiente.

 

SILENCIO DE LA PRENSA HEGEMONICA

Como es habitual en las actividades de NO+AFP, la prensa hegemónica silenció estas actividades. Ni una sola línea en el duopolio de diarios impresos y breves notas en dos o tres canales de la televisión abierta. Una omisión que empalma, o es evidente efecto, con una campaña publicitaria de las AFP en los grandes medios y de la Asociación que las reune para evitar el cambio al Fondo E y la deteriorada, y posiblemente irrecuperable imagen, que tiene el sistema.

Alrededor de tres mil mesas a lo largo del país recogieron la votación del plebiscito. Para atender estos puntos participaron voluntarios, que trabajaron unas once horas por día. Todo ello sin contar el esfuerzo que significó preparar el plebiscito meses antes constituyendo comités en la mayoría de las comunas del país.

La Coordinadora ha trazado una comparación entre el plebiscito, que no ha tenido costos sino esfuerzo, y una elección presidencial. Para las presidenciales, legislativas o comunales se instalan alrededor de 42.400 mesas de votación y participan 127.200 personas entre presidentes y vocales. A cada vocal se le cancela 17.800 pesos, lo que equivale a un gasto de alrededor de 2.264 millones de pesos. Las primarias que instalaron a Sebastián Piñera como el candidato de la derecha costaron eso y Piñera obtuvo 827.347 votos. El plebiscito NO+AFP sin recursos y sin difusión por los medios de comunicación masivos, logró más de un millón.

Cada punto de votación fue implementado por la propia gente, imprimieron votos, actas y registros, construyeron urnas y garantizaron lo necesario para llevar a buen puerto la consulta popular. Cabe destacar también el trabajo colaborativo entre las más disímiles organizaciones sindicales, sociales y políticas tras el objetivo, que no es otro que demostrar el extenso repudio ciudadano al sistema de las AFP.

“Cuando nos propusimos realizar un plebiscito lo hicimos pensando en que era una forma de involucrar y movilizar al pueblo trabajador, ofrecerle practicar el ejercicio de su soberanía más allá de los límites institucionales con rituales electorales donde lo que quiere la mayoría sucumbe ante la política de los consensos. Nos propusimos apostar a la gente y apostar con la gente. Hoy las cifras contundentes nos confirman que fue una buena decisión”, señaló la evaluación de la Coordinadora.

 

ESCANDALO DE AFP CAPITAL

Tras el plebiscito, un video viralizado en las redes sociales registró una fiesta en el Caribe de ejecutivos de la AFP Capital, liderados por su gerente general, Eduardo Vildósola. Se generó un escándalo que desbordó Internet para extenderse desde la televisión abierta a la prensa especializada. El video, filtrado por el candidato a diputado del Frente Amplio y simpatizante de la Coordinadora, Alberto Mayol, que exhibía con detalle comportamientos indecorosos no sólo para funcionarios encargados de administrar las pensiones de los trabajadores sino para un empleado de cualquier sector o actividad, indignó a una ciudadanía que pudo ver en toda su magnitud el uso que las administradoras dan a sus ahorros. Una fiesta y alcohol a destajo a bordo de un yate, cuyo costo ascendió a 80 millones de pesos, contra pensiones de miseria. Vale recordar que el monto promedio de las pensiones de vejez que pagan mensualmente las AFP no alcanza al salario mínimo.

El escándalo llegó al núcleo de las AFP y del sector financiero, que no pudieron ocultar ni negar las evidencias. Páginas completas en la prensa escrita hegemónica, notas en los diarios financieros especializados con variadas disculpas sólo echaron más leña a la hoguera de la indignación ciudadana. Una escena que usó una empoderada Coordinadora NO+AFP para colocar en su justo lugar a las administradoras. No sólo abusan, también son un foco de corrupción.

Tras una funa en las oficinas de AFP Capital, Luis Mesina, vocero de la Coordinadora, dijo que esta fiesta “es la expresión más clara de que estamos frente a una industria que jamás ha guardado relación con la seguridad social, administrada y manejada por sujetos cuya impudicia supera todos los márgenes de imaginación de la gente”. En declaraciones publicadas por El Ciudadano , Mesina agregó: “En el mundo de las finanzas, donde yo trabajo hace 40 años, la mayoría es gente proba, digna, gente que no comete estos excesos, que no tiene doble moral. No estamos haciendo una suerte de cuestionamiento moral respecto de que estaban bailando con travestis o bebiendo alcohol. Nosotros no tenemos un doble discurso. Ellos lo tienen. Ellos son los que se oponen a todos los progresos de la Humanidad”.

La coyuntura permitió al dirigente extender y profundizar las críticas al sistema de pensiones. Ante la justificación que hiciera de la fiesta el presidente de AFP Capital y ex ministro del Trabajo del gobierno de Sebastián Piñera, Juan Carlos Jobet, en cuanto a que la fiesta fue financiada por recursos propios, Mesina calificó a las AFP como “una industria parasitaria. Producen empleos muy precarios, pero además administran con un sentido absolutamente contrario a la seguridad social nuestro ahorro previsional”.

 

REFORMAS SIN CONTINUIDAD NI SOLUCION

El gobierno, como respuesta a las masivas movilizaciones y al traspaso de afiliados al Fondo E, así como la salida de cotizantes de las AFP Cuprum y Provida, en cuanto su comprobada corrupción, envió durante el pasado invierno los proyectos de ley de reforma al sistema. Una maniobra populista, que aun cuando no toca los recursos de los trabajadores administrados por estas corporaciones, agrega dos puntos porcentuales bajo una modalidad de reparto que podrían, eventualmente, elevar los montos de las pensiones. El proyecto, sin embargo, ha sido postergado para que no coincida con las elecciones presidenciales y legislativas, por lo que es probable que su aprobación quede para el próximo gobierno. Una maniobra que Patricio Guzmán califica propia de un gobierno saliente y errático, en cuanto ha sido una operación contra el tiempo destinada a frenar las presiones y movilizaciones del movimiento NO+AFP.

“Simplemente gatopardismo”, señala el economista. Básicamente, todo se mantiene igual, en tanto pregunta qué pasará con los jubilados del IPS que quedan fuera de la reforma, qué pasa con los que no cotizan por la precariedad e informalidad laboral, con los trabajadores a honorarios.

El siguiente paso de la Coordinadora será la acción sobre los actores políticos de cara a las elecciones. Una presión no sólo sobre los presidenciables, sino también, y es lo que más les dolerá dice Guzmán, sobre los candidatos a parlamentarios. Esta campaña se iniciará en las próximas semanas para denunciar a los candidatos que apoyan a las AFP y llamar a no votar por ellos.

Las imbricación de las AFP con el capital industrial y financiero es un punto relevante que sin duda tendrá efectos en las decisiones de los políticos, la mayoría amparada directa o indirectamente por las grandes corporaciones. Los fondos son el alimento de las grandes corporaciones.

Un 60 por ciento de los ahorros de los trabajadores está invertido en instrumentos de diversas entidades nacionales, los que suman más de 106 mil millones de dólares. Aun cuando sólo un 16 por ciento de ese total está invertido en acciones y otros fondos, el resto está canalizado hacia instrumentos de renta fija, la gran mayoría en entidades privadas. Unos 64 mil millones de dólares se destinan a financiar al gran sector privado nacional: a fines del año pasado los fondos de los trabajadores en el mercado nacional estaban en cinco instituciones estatales, en 17 instituciones financieras privadas, en 114 empresas, 92 fondos de inversión, nueve fondos mutuos y un fondo de inversión de capital extranjero.

Como ejemplo, las diez principales inversiones de las AFP, además de algunos instrumentos estatales, apuntan al sector financiero privado. Entre ellos al Banco Santander Chile, el Banco de Chile (grupo Luksic), Itaú, Corpbanca (grupo Saieh), BCI (grupo Yarur), Scotiabank Chile, BBVA y Cencosud (de Horst Paulmann). En este último caso, las AFP Provida, Capital y Hábitat tienen más del seis por ciento de la propiedad accionaria del gigante del retail .

Una red de poder económico financiada por los trabajadores y amparada por el sistema político. Aquí apunta la Coordinadora NO+AFP, “nuestro objetivo está cada día más claro, dice Patricio Guzmán: echar a las AFP”.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 886, 13 de octubre 2017.

Chile, la desigualdad sin caretas

por Paul Walder//

La economía chilena mantiene desde los últimos tres años una tasa de crecimiento inferior al dos por ciento anual, ritmo que con seguridad se extenderá durante este año y con no pocas probabilidades el entrante. Un fenómeno que lleva consigo una caída en la producción, en las exportaciones y el consumo interno, más un deterioro en las condiciones laborales. Pese a ello, el capital y sus dueños en Chile gozan de otras estadísticas, con tasas de crecimiento que superan varias veces el escenario de la economía real.
El año pasado, un año de evidente estancamiento económico, con una escasa expansión del PIB de sólo 1,6 por ciento, la riqueza privada se expandió 7,7 por ciento.

Esta información, difundida la segunda semana de junio por The Boston Consulting Group, reveló también que los activos financieros privados del país sumaron en 2015 más de 393 mil millones de dólares (como comparación el PIB chileno alcanza a 240 mil millones anuales), entre los cuales se hallan los fondos de pensiones. Pero el dato más relevante fue una nueva constatación de la abierta y creciente desigualdad en la distribución de la riqueza. El informe destaca que los 16.200 hogares chilenos (0,3 por ciento del total) que tienen activos por más de un millón de dólares poseen instrumentos financieros por más de 140 mil millones de dólares, o un 35 por ciento del total.

Este informe, que revela parte de la riqueza que posee el sector más adinerado, confirma también el proceso de concentración y desigualdad: mientras la economía en general no alcanza a crecer a un dos por ciento, su riqueza se expande mucho más que el doble.

Durante esos mismos días el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el estudio Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, que concluye en seis grandes nudos como los reproductores de la desigualdad. Esta investigación es sin duda un documento relevante que confirma la desigualdad en Chile no sólo en la distribución de la riqueza, sino en extensos aspectos que conforman la vida social y cultural. Las relaciones sociales en Chile tienen como elemento conceptual y fundante la desigualdad y discriminación. Aquella misma figura que revelan los números y estadísticas económicas se reproduce en amplios y profundos aspectos de la sociedad chilena.

“En Chile la desigualdad no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, la población rural y de las regiones retrasadas, los pueblos originarios, y a personas de diversas minorías”. Una condición de país que “perjudica al desarrollo, dificulta el progreso económico, debilita la vida democrática, afecta la convivencia y amenaza la cohesión social”, sanciona el informe. Una declaración que es demostrada por el estudio y vivida de forma diaria por millones de chilenos.

Ingresos por 140 millones mensuales para el 1% más rico

Una condicionante central de la desigualdad es la económica. La generación de riqueza en Chile que ha multiplicado su PIB durante las últimas décadas, ha conducido a niveles de concentración otrora no imaginables. Hoy no es sólo el diez o cinco por ciento más rico el sector que concentra la riqueza, sino el uno por ciento. Esta es una dimensión no medida por las encuestas, pero sí por los registros tributarios. En una evidencia de la pesada desigualdad, hoy el uno por ciento más rico capta el 33 por ciento del ingreso que produce la economía nacional, en tanto el 0,1 por ciento se apropia de casi el veinte por ciento.

El ingreso promedio de este uno por ciento, afirma el estudio, se estima en ingresos por 140 millones de pesos mensuales antes de impuestos (y de 111 millones netos). No es que cada una de las 9.900 personas que conforman este 0,1 por ciento obtengan este ingreso líquido, sino que son dueñas o accionistas de grandes empresas con altas utilidades. Y bajo la cúspide de la pirámide, el resto del país exhibe un pleno y absoluto contraste. Si entendemos un salario bajo como aquel que no logra satisfacer las necesidades básicas de un hogar promedio, “la mitad de los asalariados con jornada de treinta y más horas semanales obtenía un salario bajo en 2015”, señala el PNUD.

A la desigualdad económica comienzan a sumarse otros sesgos y formas de discriminación. La principal es la de género. “El 71% de las mujeres con enseñanza media completa recibe un salario bajo por su trabajo, así como el 83% de aquellas con estudios medios incompletos. Incluso aquellas con estudios superiores del área técnico-profesional, o universitarios incompletos, enfrentan una probabilidad de 44% de obtener un salario bajo”.

A la desigualdad que se origina en los bajos salarios se suma la que produce un sistema de pensiones que no provee los medios de vida requeridos para la vejez, afirma el estudio. “Alrededor de la mitad de los jubilados percibe hoy una pensión inferior a un valor mínimo, definido en este trabajo como un 70% del salario mínimo”.

Discriminación en las relaciones sociales

A la contundencia de la disparidad en ingresos se le suma la social, que condiciona en Chile el trato cotidiano hacia los otros. Se trata de una de las expresiones cotidianas más sensibles y menos estudiadas. En la encuesta PNUD de 2016, “el 41% de la población encuestada declara haber experimentado en el último año alguna forma de malos tratos, desde ser pasado a llevar, ser mirado en menos, ser discriminado o tratado injustamente. Consultadas las personas sobre las razones, la clase social (43%) y ser mujer (41%) aparecen a considerable distancia de todas las demás como las razones más frecuentes de la experiencia de malos tratos. En tercero, cuarto y sexto lugares aparecen razones íntimamente ligadas a la posición social de las personas: el lugar donde vive (28%), su vestimenta (28%) y su trabajo o ocupación (27%)”.

Bajo estas mismas concepciones sociales y culturales se ha estructurado el espacio urbano. Las ciudades de Chile son tremendamente segmentadas y limitan real o virtualmente la libre circulación. “En la calle, y en función de la lógica de lo propio y lo ajeno, para aquellos pertenecientes a las clases bajas o sectores populares caminar por comunas de estratos altos implica someterse a un trabajo de ocultamiento y disimulo si no quieren padecer las sanciones diversas -y a veces implacables- que reciben aquellos que entran en terreno ajeno”.

Datos de la encuesta PNUD muestran que la molestia frente a la disparidad se concentra en el acceso a la salud y la educación, y en que a algunas personas se las trate con mayor respeto y dignidad que a otras. En una escala del 1 al 10, donde 10 indica “mucha molestia”, alrededor del 67 por ciento de la población declara que le molesta mucho la desigualdad en esos tres ámbitos (68 por ciento salud, 67 educación, 66 por ciento trato no respetuoso).

Raíces de la desigualdad

La desigualdad en Chile tiene elementos fundacionales en la Colonia, con la asignación de tierras que el gobierno colonial realizó a inicios del siglo XVII, y que tuvo por beneficiarios a los españoles y sus descendientes blancos, en especial aquellos de mayor alcurnia o fama militar, afirma el estudio. “Esta asignación fue el germen de la clase alta tradicional chilena y de la hacienda, institución que perduró tres siglos y en torno de la cual se estructuró una sociedad rural estratificada entre patrones, empleados, inquilinos y peones”.

Siempre hubo una élite económica que concentró una parte significativa del capital y, por tanto, del ingreso. Ciertamente esta élite se ha renovado, tanto en su composición como en sus fuentes de ingresos, y hubo períodos de mayor concentración económica que otros, pero siempre un número reducido de familias ha tenido la propiedad o el control de los activos productivos más rentables, agrega. “Un período de transformación de la élite económica chilena se dio durante el cambio de modelo económico impuesto por la dictadura militar: el mapa de los actuales grupos económicos en Chile está fuertemente influenciado por este proceso”.

Por último, la desigualdad socioeconómica en Chile ha tenido una connotación étnica y racial. Las clases altas se configuraron como predominantemente blancas, mientras que mestizos e indígenas ocuparon un grado más bajo en la jerarquía social, y negros y mulatos uno aún más bajo. “Incluso hoy el aspecto físico es un buen predictor de la clase social en Chile, lo que delata a una sociedad con escasa movilidad social, en la que han primado los prejuicios y la discriminación en el acceso a las oportunidades”.

Los seis nudos

Para el PNUD la desigualdad socioeconómica es un fenómeno multidimensional y dinámico, con diversos componentes que interactúan. Pero su complejidad no impide delinear sus límites y detectar aquellos nudos que más influyen en su reproducción en el tiempo.

Un primer nudo ejerce presión sobre el sistema económico. La evidencia apunta a que un núcleo duro de la desigualdad en Chile es la existencia de circuitos de empresas de alta productividad, con trabajadores calificados que reciben mejores salarios y tienen empleos más estables, y su contracara, empresas de baja productividad, bajos salarios, trabajadores menos calificados y alta rotación. “A esto se suma que las instituciones del mercado laboral, como los sindicatos y la normativa de la negociación colectiva, que en países más igualitarios han tenido un papel importante en la reducción de desigualdades, en Chile hoy son marginales por efecto de la legislación basada en el plan laboral de 1979, que favorece a los empleadores mediante diversos mecanismos”.

Un segundo nudo es un patrón en que el capital y los ingresos están muy concentrados en un conjunto de grupos económicos, cuya propiedad está en manos de un número reducido de personas. Así es como las 75 empresas más grandes del país tienen ingresos por ventas que superan en cada una de ellas los mil millones de dólares anuales, y por sí solas dan cuenta del 63 por ciento de las ventas del segmento de grandes empresas.

El tercer nudo es un Estado neoliberal insuficientemente involucrado en las tareas de redistribución y provisión de seguridades para los ciudadanos, fenómeno que toma expresión en la desigualdad que sienten las personas en el acceso a derechos tan básicos como la salud y la educación. “La acción estatal resulta muy insuficiente para revertir la elevada desigualdad de ingresos que caracteriza al país: en la actualidad, el total del gasto en transferencias monetarias representa solo el 1% del PIB. Así, el impacto redistributivo de transferencias e impuestos en Chile es muy bajo comparado con los países de la OCDE”.

Un cuarto nudo es la concentración del poder político y la sobrerrepresentación de los grupos de mayores ingresos en los espacios de toma de decisiones, hecho sufrido hasta el día de hoy por las políticas de la transición y el sistema binominal heredado de la dictadura. “En Chile el financiamiento de la actividad política ha sido una de las principales herramientas con que han contado los grupos acomodados para asegurar que sus puntos de vista se tomen en cuenta en los procesos políticos.

Según datos del Servicio Electoral, en la elección parlamentaria de 2013 el total de aportes reservados y anónimos a candidatos a senador representó casi el 58 por ciento del total de aportes. En cuanto a los diputados, representaron el 46 por ciento del total. En promedio los candidatos que lograron llegar al Parlamento recibieron 2,5 veces más aportes reservados y anónimos que quienes no obtuvieron un escaño. Otro dato que confirma este argumento es la pertenencia a las élites en los cargos de representación popular y de gobierno. Cerca del 75 por ciento por ciento de los ministros, el 60 por ciento de los senadores y más del 40 por ciento de los diputados del período 1990-2016 “asistió a colegios de élite, estudió carreras universitarias de élite, o ambas cosas”.

Un quinto nudo lo conforma un sistema educativo cuya estructura altamente segmentada no permite asegurar la suficiente igualdad de oportunidades, en tanto un sexto nudo es la consolidación de una serie de principios normativos que justifican y naturalizan las desigualdades existentes.

Seis grandes nudos que conforman finalmente un gran caldera a presión sobre la precaria condición de país.

Industria salmonera arruina a isla de Chiloé

por Paul Walder//

La industria salmonera vuelve a exhibir una capacidad de recuperación sorprendente. A un año del bloom de algas que afectó al sector con una mortandad masiva de peces, pérdidas económicas profundas y, como efecto colateral, una marea roja con niveles de toxicidad sin precedentes en las costas de Chiloé, renace este año con los mejores índices de utilidades en casi una década.
Al observar las ganancias del primer trimestre de 2017, la industria exhibe valores no registrados desde 2009, impulsados hoy por un aumento de los precios internacionales del salmón. Un incremento global, a su vez, estimulado por la menor producción mundial derivada del bloom de algas: como consecuencia de la caída de la producción en Chile, el precio del salmón chileno aumentó en los mercados internacionales en un 41 por ciento.

La magnitud de la industria salmonera chilena, que funciona con capitales nacionales y extranjeros, sólo podemos compararla con la gran minería del cobre. En ambos casos, se trata de grandes productores a escala mundial, con capacidad de influir en los precios de los mercados internacionales. Si la huelga de Escondida en marzo pasado tuvo como consecuencia un alza temporal en el precio de la libra de cobre, el mismo fenómeno lo recogió la industria salmonera nacional tras el bloom de las algas. La gran pregunta que surge tiende un manto de sospechas en cuanto el actual esplendor comercial consecuencia directa del reciente desastre, que, vale recordar, han malamente absorbido el medioambiente, las costas de Chiloé, sus habitantes y pescadores.

SalmonChile, la asociación gremial de esta industria, explica que el diez por ciento del total de las exportaciones chilenas corresponde a la industria de salmónidos, “la que durante los últimos veinte años se ha consolidado como un productor de salmón a nivel mundial, al concentrar un tercio de la producción global, antecedido por Noruega y seguido por Reino Unido y Canadá”. Con una producción de casi un millón de toneladas, en 2014 esta industria exportó más de cuatro mil millones de dólares. Más adelante, la misma asociación releva a Chile como el segundo productor mundial, sólo superado por Noruega.

Como todos los sectores orientados a la exportación, una buena parte de la producción del salmón está también concentrado en pocas y grandes empresas, sociedades anónimas rentables de grandes capitales, que cotizan sus valores en la Bolsa de Comercio. Al considerar a cuatro grandes empresas salmoneras registradas en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) estas tuvieron ganancias totales al primer trimestre por 64 millones de dólares, un aumento de más de mil por ciento al registrado un año atrás. Aun cuando la industria terminó el año pasado con exportaciones por más de 3.500 millones de dólares, con un crecimiento anual del doce por ciento, la gran recuperación se observa en diciembre. En el último mes del año pasado, las exportaciones de salmón aumentaron casi un 50 por ciento respecto a diciembre de 2015.

GANANCIAS Y PRECIO DE ACCIONES EN PLENA ALZA

Al observar el comportamiento bursátil de las principales productoras que se cotizan en la Bolsa de Santiago, 2016 fue un año sobresaliente. Las acciones de Multiexport, que generó ganancias por más de 34 millones de dólares al 31 de marzo, tuvieron una rentabilidad superior al 200 por ciento durante el año pasado, en tanto en lo que va de 2017 ya han subido casi un 50 por ciento. Camanchaca, pese a haber obtenido una utilidad baja este trimestre, también tuvo un comportamiento excepcional en la Bolsa, con un alza en el precio de sus acciones del 117 por ciento durante 2016 y de casi un 50 por ciento en lo que va del año. Las acciones de Australis también lograron rentabilidades impresionantes pese al bloom de algas. En 2016 rentaron 142 por ciento y en los primeros cuatro meses del año en curso han crecido un 80 por ciento. AquaChile, un poco más rezagada, logró aumentar los precios de sus acciones en 64 por ciento, menos que su competencia pero sensiblemente más altos que los promedios bursátiles.

Los precios de las acciones subieron el año pasado en un rango bastante menor. El IPSA, que es el indicador con las principales empresas de la Bolsa de Santiago, subió solo un doce por ciento, en tanto las acciones de empresas de la talla de Copec o Cencosud aumentaron en torno a un siete y un 38 por ciento por ciento, respectivamente.

Al observar estos impresionantes resultados de las salmoneras, desde el aumento de sus ganancias a la inflación en los precios de sus acciones, las sospechas en torno a este sector se redoblan. ¿Por qué motivo inversionistas y especuladores han acudido a comprar instrumentos de empresas que estaban hace un año con enormes pérdidas?

OTRA VEZ LA AYUDA DEL ESTADO CHILENO

Aun cuando no es posible obtener una respuesta directa a esta interrogante, sí existen no pocos antecedentes que apuntan a la resiliencia demostrada por esta industria en crisis pasadas. Una capacidad de salir a flote no por sí misma, sino con la ayuda del Estado. El episodio del virus ISA de finales de la década pasada fue remontado por este sector con el apoyo del sector público y de la clase política. Sin el descaro de entonces, en cuanto el Estado actuó como aval financiero, el rescate realizado el año pasado a los pescadores y habitantes de Chiloé víctimas de la marea roja generada por los desechos vertidos al mar por la industria salmonera, revivió aquella máxima neoliberal en cuanto a que las ganancias son privadas y las pérdidas socializadas.

Uno de los argumentos sociales que levanta la industria salmonera son sus empleos. En la página de SalmonChile destaca que “nuestros asociados generan más de 70 mil empleos directos e indirectos, de los cuales el 30% corresponde a mano de obra femenina y el 40% a jóvenes”. Lo cierto es que pese a estas cifras, en varias de las regiones en las que está presente (La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes) hay altos índices de pobreza. Un informe de la FAO de 2014 concluyó que “el salario básico de los trabajadores de procesamiento suele ser bajo, y sólo los bonos basados en rendimiento permiten que el sueldo exceda el mínimo legal (de 264 mil pesos)”.

Este mismo informe de la FAO difunde luces que aclaran el alza de la rentabilidad y de las acciones. La industria chilena compite en el mundo de forma muy desigual, reduciendo sus costos con los trabajadores. En el informe, el organismo de la ONU acusa a esta industria de dumping : “Si el dumping social está ocurriendo, se debe a la incapacidad de las instituciones reguladoras para supervisar y hacer cumplir la ley. Esto parece ser el caso para Chile”.

El éxito empresarial en Chile se basa en fuertes distorsiones y contradicciones, las que son especialmente intensas en la industria salmonera. Todas estas tensiones, que van en línea opuesta a los salarios, el empleo de calidad, la justicia económica y social y la sustentabilidad ambiental, se reproducen de manera extrema en este sector.

Las miles de toneladas de salmones muertos por el bloom de algas del año pasado fueron vertidas al mar con la ayuda directa e indirecta del Estado chileno. Volúmenes de desechos descargados en las costas de la isla de Chiloé generaron una de las mareas rojas más intensas y letales. Según informó entonces la ONG Ecoceanos, que dirige Juan Carlos Cárdenas, el procedimiento de descarga de miles de toneladas de salmones muertos que debía haberse realizado a trece kilómetros al noreste de la isla de Chiloé, se habría realizado mucho más cerca de las costas. El senador por la región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros, a su vez informó haber recibidos numerosas denuncias de organizaciones ciudadanas y de la pesca artesanal relacionadas con un conjunto de efectos nocivos generados a partir de la descarga de peces muertos y en descomposición.“Según sostienen quienes nos han entregado esta información, la descarga no se habría realizado a la distancia necesaria del borde costero y ello estaría impactando fuertemente en la fauna marina”, dijo el político PS, la primera semana de mayo de 2016.

EL GOBIERNO NO HA CUMPLIDO CON CHILOE

Tras las protestas de los pescadores y habitantes de Chiloé, afectados en sus formas de vida por la marea roja, el gobierno accedió, de mala gana, a cursar algunos subsidios: 750 mil pesos por pescador, una suma total de 4.125 millones de pesos, poco más de seis millones de dólares. Si comparamos esta cifra con las ingentes ganancias de la industria posteriores a la crisis de las algas, podemos decir que el Estado chileno, y no las empresas, han cargado con los costos sociales generados por las salmoneras. Una variante del dumping , esta vez como subsidio indirecto del Estado a los costos sociales de esta industria, al que hace referencia el informe de la FAO.

Las promesas del gobierno de ayudar a los pescadores de Chiloé corren por un carril numérico. A un año del desastre, la evaluación en la isla es dramática, en cuanto los efectos aún persisten y las ayudas del gobierno no se han concretado. El director de Greenpeace, Matías Asun, declaró a inicios de mes que “el gobierno decidió sacrificar Chiloé permitiendo el vertido de casi 5.000 toneladas de salmón en descomposición frente a sus costas. Constatar cómo el gobierno aún no da la cara ni hace justicia a los habitantes de la isla es vergonzoso y violento. En otras palabras, dejaron morir a Chiloé y ni siquiera fueron al funeral”. Un desastre que tiene sus claros responsables. “Chiloé ha sido devastada por una industria cuyo crecimiento está fuera de control y que no cuenta con planes adecuados de respuesta ante este tipo de crisis. Aquí las autoridades no dudaron en apoyar ciegamente la expansión salmonera a costa de Chiloé, sacrificando a la isla y usando al mar como vertedero”.

Estas declaraciones quedan confirmadas con los testimonios de pescadores y habitantes de la isla. El dirigente de la comunidad de Chacao, Andrés Ojeda, explicó a El Ciudadano a mediados de mayo y a un año de desastre, que “nos llama la atención que muchos de los bonos que se pagaron, fueron pagados por nuestros propios recursos, los del gobierno regional, que dejaron muchos proyectos atrás. Por ejemplo, el edificio público de Chacao lleva esperando un año porque con eso se pagaron bonos a nuestros pescadores, cuando esas platas deberían haber venidos del gobierno central”. Una mirada compartida por Richard Ojeda, buzo mariscador: “El gobierno no ha cumplido prácticamente en nada con nuestras demandas. En un principio se creía que ellos podían cumplir -me refiero al Estado-, pero hasta la fecha, de todo lo que se firmó, han cumplido un 30 por ciento”.

Las declaraciones de Greenpeace son certeras en cuanto la industria salmonera ha sido abiertamente apoyada y protegida por todos los gobiernos desde sus inicios. Una expansión descontrolada que pasa por encima de reglamentaciones sociales, laborales y ambientales ha significado el descalabro ambiental, laboral y cultural en Chiloé, sino que ha generado efectos similares en todas las costas en que está y ha estado presente.