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Irlanda vota a favor de despenalizar el aborto y abre el camino a una nueva ley

por Iris Rodríguez //

Los colegios electorales cerraron sus puertas el viernes a las 22.00 y las encuestas a pie de urna daban una clara mayoría a votantes del Sí, una estimación del Irish Times calculaba un 68% de Sí frente a un 32% del No. A pesar de estos positivos resultados, el gobierno irlandés decidió dejar el suspense hasta el día siguiente tras posponer el recuento oficial a la mañana del sábado. A medida que se fueron contando los votos, la sensación de victoria del movimiento feminista y de los partidarios del Sí era cada vez mayor. Seguir leyendo Irlanda vota a favor de despenalizar el aborto y abre el camino a una nueva ley

Joyce: “triste Trieste”

por Higinio Polo //

De los casi sesenta años que vivió, Joyce escasamente pasó doce en Irlanda, esa Irlanda católica y madrastra que ahogaba a sus hijos. Su vida transcurrió en ciudades distintas, vagabundo como Leopold Bloom, jugando con idiomas y palabras, canciones y sonidos. Una de ellas fue Triestre, esa ciudad híbrida y mestiza, siempre frontera, siempre triste. Seguir leyendo Joyce: “triste Trieste”

Las elecciones británicas de crisis y las tareas de la clase obrera

por Chris Marsden//

Reino Unido fue a las urnas tras una campaña electoral sin igual. En el espacio de unas pocas semanas, una prevista victoria arrolladora por el Partido Conservador ha dado paso a especulaciones sobre una mayoría reducida, un Parlamento sin mayoría absoluta o incluso una victoria laborista.

Dos atentados terroristas brutales han dejado decenas de muertos y muchos más mutilados. Las calles son patrulladas por grandes contingentes de policías armados. El ejército fue desplegado a lugares estratégicos conforme a medidas secretas de emergencia.
La primera ministra Theresa May convocó anticipadamente los comicios porque la oligarquía financiera y el aparato militar y de inteligencia a quienes sirve decidieron que no podían esperar dos años más hasta las próximas elecciones programadas, en medio de grandes convulsiones políticas y sociales. Al parecer, apenas pudieron esperar dos meses.
May tenía la esperanza de poder utilizar la guerra interna en el Partido Laborista y la agresiva campaña mediática contra Jeremy Corbyn para garantizarse una dictadura parlamentaria de facto y poder intensificar su agenda de austeridad e intervenciones militares en Siria y otros lugares. En cambio, la campaña electoral ha visto una avalancha de muestras de odio hacia los tories y todo lo que representan por parte de los trabajadores y jóvenes, quienes han manifestado su apoyo a Corbyn y a sus promesas de poner fin a la austeridad.
El repulsivo intento de May de buscar capitalizar los atentados terroristas terminó perjudicándola. La abrumadora evidencia de que el servicio de inteligencia militar MI5 y la policía sabían sobre sobre el atacante de Manchester, Salman Abedi, y al menos dos de los tres asesinos de Londres comprueba que numerosos islamistas son activos protegidos para ser utilizados como fuerzas indirectas en las guerras libradas por Reino Unido y EE.UU. en Libia, Irak y Siria.
May apostó su propio futuro al prometer una salida “dura” de la UE pero, al hacerlo, alienó a amplios sectores corporativos y de la City de Londres. Las estimaciones de que, tras el brexit, caiga el comercio con la Unión Europea un 40 por ciento y la inversión extranjera un 20 por ciento, han provocado advertencias de un desastre financiero.
Su plan de depender en el gobierno de Trump para extraer concesiones de Alemania, Francia y otros en la UE ha tenido el efecto contrario. La respuesta de la canciller alemana, Angela Merkel, a las amenazas de Trump de poner a “EE.UU. ante todo” ha sido declarar que tanto EE.UU. como el Reino Unido pos- brexit no son de fiar como aliados. Ante el aumento en tensiones globales entre EE.UU. y Europa, la estrategia de toda la política exterior británica de atenerse al poder militar y económico de EE.UU. para avanzar su propia influencia ha colapsado.
Sin embargo, la brutal verdad es que un gobierno laborista encabezado por Corbyn tampoco representa una alternativa a las políticas de austeridad y de guerra de May.
Hay millones de trabajadores que quieren que los tories se vayan y están dispuestos a tolerar los constantes repliegues de Corbyn ante los partidarios del ex primer ministro Blair en su partido, con la esperanza de que al menos honre sus compromisos de defender el Servicio Nacional de Salud, aumentar el salario mínimo y construir nuevas viviendas. Pero los esfuerzos de su manifiesto para juntar reformas sociales mínimas con la agenda militarista del imperialismo británico es una combinación incompatible.
Reino Unido se está desestabilizando en el ámbito económico, político y social, mientras el capitalismo mundial entra en su peor crisis desde el final de la Segunda Guerra Mundial —una crisis que está reproduciendo todos los horrores del fascismo y la guerra asociados con la primera mitad del siglo XX. Cualquier intento para conservar la “competitividad global” del país bajo condiciones de guerra comercial y conflictos militares requiere profundizar la destrucción de puestos de trabajo, salarios y servicios esenciales.
Este proceso está cavando más el profundo abismo entre la clase obrera y los multimillonarios, llegando al punto de explosiones sociales. El choque de intereses entre la oligarquía y la clase obrera es tan agudo que no puede ser reconciliado a través de los llamados de Corbyn a “ser justos… para los muchos no los pocos”. Las políticas nacionalistas de los laboristas, de crear una forma de “patriotismo industrial” mediante la colaboración del gobierno “con las empresas y los sindicatos”, tienen como objetivo subordinar a los trabajadores al plan de guerra comercial de May, todo a costa de los empleos y niveles de vida de la clase obrera.
Han pasado casi dos años desde que Corbyn quedó electo como titular del Partido Laborista gracias a cientos de miles que ingresaron al partido con el fin de empujarlo hacia la izquierda. En cambio, Corbyn se ha trasladado cada vez más a la derecha.
Su oposición a expulsar a los parlamentarios laboristas de derecha que buscaron destituirlo, el permiso que dio a votar a favor de acciones militares en Siria y la renovación del sistema Trident de armas nucleares y luego la incorporación de estas concesiones en su manifiesto muestran cuál sería la función real de un gobierno laborista bajo su liderazgo.
La reacción de Corbyn a los atentados terroristas en Manchester y Londres se debe tomar como una clara advertencia.
Los conservadores buscaron utilizar los ataques para ganar las elecciones, intensificando su ofensiva para retratar a Corbyn como alguien indulgente hacia el terrorismo y una amenaza en sí para la seguridad nacional, basándose en sus declaraciones previas donde critica a la OTAN y se niega a asegurar categóricamente que autorizaría el uso de armas nucleares. Están preparándose para un giro brusco hacia la represión estatal después del 8 de junio.
La estrategia de cuatro puntos de May para “luchar contra el terrorismo” —incluyendo censura y vigilancia en Internet para eliminar “espacios seguros” para el “extremismo” en público— será utilizada para sofocar el descontento político, junto a la aplicación de medidas existentes para limitar aun más el derecho a la huelga. El núcleo autoritario de su programa fue caracterizado por la declaración: “Y si las leyes de los derechos humanos nos impiden hacerlo, vamos a cambiar las leyes para poderlo hacer”.
May también utilizó su discurso sobre los atentados de Londres para reafirmar su promesa de que intensificará la intervención militar en Irak y Siria.
Corbyn no dijo nada al respecto. En lugar de explicar que los atentados son consecuencias de las intervenciones criminales del imperialismo británico en Oriente Medio, optó por denunciar a May por recortar el número de policías, indicando que él está dispuesto a hacer “lo que sea necesario” en la lucha contra el terrorismo.
De esta manera, se posicionó como el candidato de la ley y el orden, no del cambio social. Su promesa a la élite gobernante de que no tienen nada que temer de un gobierno dirigido por él se refleja por el hecho de que su retórica de “izquierda” apenas sobrevivió una campaña electoral, ni hablar de cuando asuma su cargo.
Todos los grupos de pseudoizquierda británicos han intentado superar la profunda desconfianza de los trabajadores hacia el Partido Laborista explotando las ilusiones populares en Corbyn como individuo. El Partido Socialista de los Trabajadores (SWP; Socialist Workers Party) escribió, “No apoyamos a los que han intentado varias veces empujar al Partido Laborista hacia la derecha. Pero la única manera de mostrarle apoyo a Corbyn es votar por todos los candidatos laboristas”. El Partido Socialista, por su parte, evita toda mención de los laboristas y llama simplemente a formar “un gobierno liderado por Corbyn”.
Los acontecimientos han confirmado lo que el Partido Socialista por la Igualdad ha insistido: el Partido Laborista no puede ser cambiado mediante la instalación de un nuevo líder. Hoy día, el partido es el mismo que cuando lo encabezaban Tony Blair y Gordon Brown.
Sea cual fuere el resultado de las elecciones, la clase obrera británica, al igual que sus hermanos y hermanas en todo el mundo, se enfrenta a una lucha de vida o muerte en contra del descenso a la reacción social y política y el cada vez mayor peligro de guerra. La única manera de avanzar es mediante la adopción de una perspectiva nueva, socialista revolucionaria e internacionalista. La tarea de los trabajadores y jóvenes con una conciencia política más avanzada es unirse al Partido Socialista por la Igualdad y construirlo como la nueva dirección de la clase obrera.

(El autor milita en el PSI, sección británica del Comité Internacional de la Cuarta Internacional)

España: El cinismo del gobierno derechista del PP ante el desarme de la ETA

por David Rey//

La entrega incondicional por ETA de su arsenal de armas a un grupo de verificadores internacionales, anunciada para el 8 de abril, es un paso consecuente con su decisión manifestada hace más de 5 años de abandonar definitivamente la lucha armada. Con este acto, ETA y el conjunto de la izquierda abertzale insisten en reafirmar su voluntad de luchar por sus objetivos a través de medios puramente políticos.

Lo que llama la atención es que el gobierno del PP de Mariano Rajoy haya despreciado absolutamente los pasos dados por ETA desde hace 5 años, incluido este último, y se haya negado hasta la fecha a entablar ningún tipo de negociación o conversaciones con ella, o con representantes suyos, para encauzar un hecho tan relevante como es el fin definitivo de su actividad armada.

Esta situación contrasta vivamente con lo ocurrido en procesos similares en los últimos años en otras partes del mundo, donde los Estados se involucraron en negociaciones directas con los grupos armados (el IRA en Irlanda del Norte, las FARC en Colombia), para abordar el abandono de la lucha armada, la eliminación de su arsenal de armas, la reinserción en la vida civil de los activistas de dichos grupos y la situación de los presos. Esto es más llamativo aún cuando anteriores gobiernos del PP y del PSOE sí aceptaron sentarse y negociar con ETA años atrás, aun cuando esta organización ni siquiera había manifestado entonces su voluntad de renunciar definitiva e incondicionalmente a la actividad armada.

El gobierno español no sólo se ha negado a negociar con ETA su entrega de las armas, sino que la ha obstaculizado deliberadamente, en colaboración con el Estado francés. Así ocurrió, por ejemplo, con la detención en diciembre de 5 personas cerca de Bayona que estaban actuando como mediadores civiles para la entrega de armas que ahora se va a ejecutar.

El gobierno ni siquiera cumple la propia legalidad en el tema de los presos, negándose a su reagrupamiento en sus zonas de origen para facilitar el contacto con sus familiares, como está obligado, manteniendo a la gran mayoría de los presos de ETA en cárceles fuera de Euskadi y Navarra, obligando a sus familiares a desplazarse cientos y miles de kilómetros para poder visitarles, negando permisos y suspendiendo visitas con pretextos espurios. A lo largo de los años, 16 personas han fallecido en accidentes de tráfico cuando viajaban para visitar a sus familiares presos en las cárceles, según la organización Etxerat.

Los ardientes defensores de la retransmisión de la misa católica dominical en la TV pública, adalides de los supuestos valores cristianos de humanidad, reconciliación y perdón, no son solamente insensibles y vengativos ante la separación dolorosa de las familias respecto a sus familiares presos, demostrando con ello ser unos completos hipócritas en sus creencias religiosas, sino que incumplen flagrantemente la legalidad vigente, amparados por los tribunales españoles.

De esto se deduce que la derecha española (PP, Ciudadanos) no tiene el más mínimo interés en la resolución del llamado “conflicto vasco” y que espera seguir sacando réditos políticos de la actividad etarra del pasado con dos fines. El primero, mantener en un primer plano el tema del “terrorismo” para desviar la atención de la población de los verdaderos problemas sociales provocados por la crisis del capitalismo y por la propia acción reaccionaria del gobierno del PP. Y el segundo, mantener su base electoral de apoyo entre las capas más atrasadas políticamente de la población, explotando y exacerbando demagógicamente el tema de las víctimas de ETA.

En esta estrategia de mantener “vivo” el tema de ETA también colaboran sectores importantes del aparato del Estado, fundamentalmente de los cuerpos policiales y de los servicios secretos, el actual CNI. La actividad etarra siempre fue utilizada, no sólo para incrementar la represión general y endurecer el código penal tan caro a la derecha española, sino para justificar la impunidad policial, los privilegios especiales para los altos mandos policiales, y la existencia de fondos reservados que escapan a todo control y con los que se han lucrado en oscuros negocios durante décadas numerosos mandos de la policía y la guardia civil (casos Perote, Roldán, Paesa, Villarejo, por nombrar algunos de los más conocidos).

El régimen del 78 no es sólo un régimen reaccionario y caduco al que es preciso superar, sino que es el régimen del doble rasero y de la hipocresía. Quienes, en la derecha, se muestran duros y vengativos en el tema de las víctimas de ETA, son los mismos que nunca condenaron el alzamiento fascista de Franco de 1936 ni el asesinato de las cientos de miles de personas causado por la represión posterior a lo largo de 40 años. No sólo no han sido juzgados ni han purgado sus crímenes los representantes políticos de la dictadura ni de su aparato de estado, sino que notorios ministros de Franco –como Fraga, Fernando Suárez, o Antonio Carro, entre otros– con las manos manchadas de sangre por firmar penas de muerte en los gobiernos del dictador, fueron diputados del PP en la “democracia”. No por casualidad, ETA nació en plena dictadura franquista y se nutrió en su primera década y media de existencia de los crímenes sangrientos del franquismo y de la represión practicada contra el pueblo vasco en los primeros años de la Transición. Todos los medios de comunicación destacan la cifra de las 800 víctimas causadas por ETA, pero ocultan que hubo 188 asesinados durante la Transición (obreros, estudiantes, nacionalistas vascos de izquierdas) en lo que fue una práctica de terrorismo de Estado a manos de la policía, la Guardia Civil y los pistoleros fascistas, entre 1976 y 1982. Muy pocos de sus asesinos fueron juzgados y condenados, y la mayoría de ellos a penas irrisorias. Otro tanto pasó con el terrorismo de Estado practicado por los GAL, bajo los gobiernos de Felipe González, que cometieron 24 asesinatos; por no hablar de los centenares casos de tortura a los detenidos (incluyendo violaciones y abusos sexuales) del entorno de la izquierda abertzale.

Esta política represiva continúa hasta el día de hoy, con torturas, ilegalización de organizaciones políticas y de solidaridad de la izquierda abertzale, cierre de medios de comunicación, etc. y que obliga a muchos jóvenes y activistas abertzales a vivir en condiciones de clandestinidad.

No solamente en Euskadi y Navarra. En los últimos años, los amantes de la democracia y la convivencia en paz en el gobierno del PP se han destacado por cercenar los derechos democráticos duramente conquistados con la criminalización generalizada en todo el Estado de todos aquellos que deciden luchar contra las lacras de este sistema o de quienes, desde posiciones de izquierdas, hacen canciones, chistes y comentarios en las redes sociales. Y se amparan para ello en la Ley Mordaza y las leyes antiterroristas aprobadas en años anteriores. Mientras, destacados dirigentes del PP, periodistas reaccionarios y fascistas pueden permitirse en los medios y en las mismas redes sociales proferir los insultos, amenazas y calumnias más depravados contra dirigentes de izquierdas y las víctimas de la represión franquista sin persecución alguna por la policía.

Lo más sangrante es que el viejo aparato de estado franquista se mantuvo intacto hasta nuestros días. Nunca fue purgado de fascistas y reaccionarios. Al frente del mismo siguieron los mismos jefes policiales y del ejército, los mismos torturadores y miembros de los servicios secretos, los mismos jueces y fiscales franquistas. Lo lamentable de todo esto es que los dirigentes del PSOE y del PCE tras la caída de la dictadura nunca levantaron la voz para exigir esa depuración, convirtiéndose en cómplices de este hecho, de la misma manera que fueron cómplices de la derecha postfranquista en la política de impunidad hacia los crímenes del franquismo y de la Transición.

La entrega incondicional por parte de ETA de todo su arsenal es también la constatación final del fracaso de los métodos de la llamada “lucha armada”, practicada durante 50 años por esta organización, sin haber conseguido –como en el caso del IRA en Irlanda del Norte– ni uno solo de sus objetivos. Es más, los métodos de ETA se han demostrado contraproducentes ya que han sido utilizados por los sucesivos gobiernos y el aparato del Estado para fortalecer ese mismo aparato del Estado, endurecer la represión y restringir los derechos democráticos contra todos (endurecimiento del código penal, restricciones al derecho a manifestación y a la libertad de expresión, ilegalización arbitraria de partidos políticos, cierre de medios de comunicación, etc.). La actividad armada de ETA jugó durante décadas un papel pernicioso en mellar las extraordinarias luchas del pueblo vasco por sus derechos democrático-nacionales, favoreciendo la estrategia de la reacción de introducir todo tipo de prejuicios nacionales y moralistas para aislar la lucha del pueblo vasco de sus hermanos de clase en el resto del estado. De hecho, la desaparición de la actividad armada de ETA y el avance de la lucha de masas –como se ha demostrado en Catalunya– era la precondición básica para que la defensa de los derechos democrático-nacionales de Euskadi, Catalunya y Galicia –como el derecho de autodeterminación– pudiera encontrar un eco favorable creciente entre la clase obrera y la juventud del resto del Estado español, como está sucediendo, tras ser demonizada durante décadas.

Celebramos que ETA y el conjunto de la izquierda abertzale apuesten por la vía política para luchar por sus objetivos, como muy claramente ha defendido el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Desde nuestro punto de vista, esa vía política debe estar basada en los métodos de la lucha y la agitación política de masas, las manifestaciones, las huelgas y, en un punto más elevado, a través de un movimiento revolucionario de masas. Sería un error encauzar la acción política a través de los métodos reformistas clásicos del cretinismo parlamentario, enclaustrando el programa político dentro de los límites del capitalismo, o mendigando un frente común con la burguesía vasca, siempre dispuesta a traicionar el movimiento ante la burguesía española para defender sus negocios e intereses de clase, como estamos viendo en relación al gobierno del PP, y como ha probado recientemente el apoyo del PNV al infame decreto del PP contra los estibadores, que incluye a los estibadores vascos.

La clase obrera y la juventud vasca han estado siempre a la vanguardia de las luchas y de la conciencia política en el Estado español, en los últimos 40 años. En el País Vasco fue donde la lucha contra la dictadura y durante la Transición llegó más lejos. Fueron Euskadi y Navarra los territorios del Estado español donde el voto favorable a la Constitución de 1978 tuvo el menor apoyo popular, y donde se produjo el mayor rechazo popular al ingreso en la OTAN en el referéndum de marzo de 1986. No es casualidad tampoco que en las elecciones legislativas del 20D y del 26J, Podemos y Unidos Podemos obtuvieran aquí su mayor porcentaje de votos de todo el Estado y resultaran, en el caso de Euskadi, las fuerzas más votadas.

La lucha por los derechos democrático-nacionales es inseparable de la lucha por el socialismo. Sólo la clase obrera está en condiciones de llevar hasta el final la lucha contra todo tipo de explotación y opresión, y en asegurar la plena satisfacción de los derechos democráticos más avanzados, comenzando por el derecho del pueblo vasco a decidir por sí mismo qué relación quiere mantener con los demás pueblos del Estado español, incluido el derecho a formar un estado independiente.

Para conseguir esto, juntos en la lucha somos más fuertes. De lo que se trata es de afianzar la unidad en la lucha de la clase obrera y de la juventud vasca con sus hermanos de clase del resto del Estado para derrotar a nuestro enemigo común, el capitalismo y sus sostenedoras –las burguesías española y vasca– para avanzar hacia el socialismo y resolver definitivamente la cuestión nacional vasca.