El Estado penal al servicio del negocio de encarcelar

por César Manzanos 

Nuestras vidas dependen de una invisible estructura criminal que tan solo se manifiesta cuando afloran a la luz fugas coyunturales, fruto de desajustes o desavenencias en el interior de las élites de poder, en su proceso de secuestro de los Estados para ponerlos al servicio de su economía de guerra permanente, convirtiendo el Estado de derecho en un Estado de derecho contra los derechos.

Prólogo: el saqueo

El Estado no solo no garantiza los derechos fundamentales proclamados en las Constituciones, sino que ha convertido su maquinaria recaudatoria y legislativa en un aparato al servicio del incremento de las tasas de ganancia de las oligarquías que lo controlan y, a su vez, de explotación y guerra contra las clases desposeídas, proletarizadas y vomitadas del sistema económico.

Las grandes fortunas se están amasando mediante el latrocinio y la corrupción como sistema sanguíneo del mercantilismo de acumulación, mediante la manipulación informativa, el neoesclavismo, las migraciones forzadas, el encarcelamiento, la tortura y el asesinato de quienes lo denuncian. En el caso español, la mayoría de ellas se iniciaron en el franquismo. A sus nombres y apellidos se suman las nuevas élites económicas, surgidas mediante los mismos procedimientos de saqueo, procedentes sobre todo de los sectores socialdemócratas que han gestionado el Estado en múltiples ocasiones durante los últimos 35 años. La lista de saqueadores es también larga.

Como bien lo expresó Iván Gordillo (2011), las puertas “giran también al revés: no solo los políticos retirados ocupan consejos de administración de las grandes empresas, sino que también los técnicos del capital privado ocupan carteras públicas”. Que nos cuenten Ardanza, Imaz, Acebes, Rato, Martín Villa, Marín, Piqué, González, Zaplana, Serra, Suárez, Matutes, Sotelo, Cabanillas, Borrell, Boyer, Rato, Oreja, Borbón, Aznar…, y demás políticos ilustres qué tienen que ver con las multinacionales que nos sangran como Iberdrola, Telefónica, Bankia, Euskaltel, Abengoa, Fenosa, CHA, Ferrovial, Dragados, Enagás, Petronor, Santander, Mapfre, Airbus, Gas Natural o Everis. Cada apellido se corresponde con una o varias de ellas que obtienen desorbitados beneficios por cobrarnos servicios básicos a precios desproporcionados con el único fin de engordar sus fortunas.

Por otro lado, son miles los imputados en cientos de causas abiertas durante estas dos últimas décadas. Solo unos pocos permanecen en prisión. La mayoría sin condena firme y excarcelados en tiempo récord en comparación con el resto de personas presas. Son banqueros, empresarios y sus políticos, también banqueros y empresarios metidos en política. Actúan y han actuado al unísono, utilizando tanto el dinero que pagamos mediante impuestos como nuestro trabajo para su enriquecimiento privado de forma ilícita. No han acabado en la cárcel, ¿por qué? Existen dos grandes motivos que les blindan de la persecución penal y por tanto les dotan de impunidad. El primero es la cantidad ingente de dinero, en gran medida público, que invierten en disponer de información clasificada sobre quienes pueden visibilizar su corrupción. Entre ellos se tienen controlados y tan solo sale a la luz un caso cuando un conflicto de intereses entre sus élites económicas y/o políticas lo requiere.

Aun así, en su juego macabro de complicidades se saben impunes por un segundo motivo. Conocen bien la maquinaria del sistema judicial y saben que la lógica procesal requiere de pruebas fruto de investigaciones complejas para las que la indagación policial y judicial al uso no está preparada. Entre ellos se han encargado de que no lo esté. Esto, unido a otros factores como son, por ejemplo, la misma extracción de clase de los operarios del derecho y de los inculpados, hace que actúen con arbitrariedad. Juzgan y sentencian con criterios y decisiones que claramente benefician a los imputados.

No es casual que existan escasos estudios sobre corrupción. Ésta, aun siendo el sistema sanguíneo del capitalismo, se caracteriza por fluir siempre sin ser vista, resulta muy difícil obtener información y los casos que llegan a visibilizarse no son sino una pequeña punta del iceberg de un sistema económico corrupto, es decir, que funciona con dispositivos mafiosos bien precisos. El ilegalismo económico es la crónica de la evolución del mercantilismo de acumulación, de su surgimiento, de su evolución y de su actual desbocamiento, así como la génesis de la violación de los derechos humanos básicos de las personas y los pueblos a lo largo de la historia contemporánea.

Uno de los contados estudios realizado por la Universidad de Las Palmas, refiriéndose solo a la corrupción de los casos visibles, estima en 40.000 millones de euros el costo social anual de la corrupción en el conjunto del Estado. Esto en un lugar donde una de cada cinco personas se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Solo un dato. Con ese dinero se podría abonar una paga de 700 euros mensuales a cada una de los 5 millones de personas desempleadas. No nos olvidemos de que la corrupción y el enriquecimiento de unos pocos es siempre gracias al empobrecimiento de la mayoría.

Las industrias del control formal (militar, policial, penal, carcelario) financiadas con los impuestos que pagamos, y de las que se benefician empresas privadas y personas particulares, sobre las que versan las reflexiones siguientes, son el mejor ejemplo de cómo los saqueadores se lucran y a su vez establecen dispositivos formales e informales para evitar ser objeto de la acción persecutoria y sancionatoria de dichas industrias que finalmente están a su servicio a través de las políticas de seguridad del Estado.

El negocio de la industria penal y carcelaria

La esencia de la actual justicia penal es la venganza, y esta es insaciable además de contraproducente, es inyectarse un veneno y querer que se pudra o muera el otro. En nuestras sociedades, las empresas mediáticas han impuesto una cultura punitiva que hoy inspira las políticas criminales de Estado. Esta consiste en considerar que el castigo, y por tanto la penalización, es la única y la más eficaz forma de afrontar los conflictos sociales, lo cual ha traído consigo, durante décadas, el incremento de las penas en casi todos los tipos de delito, el endurecimiento de las condiciones para acceder a beneficios penitenciarios y la promulgación de nuevas medidas penales como la prisión permanente revisable.

Sin embargo, la violencia y la criminalidad crecen, pero la gran mayoría de esta no es percibida, perseguida y penalizada. El sistema policial y penal encubre el 99% de la delincuencia con mayúsculas, que jamás es penalizada y para sus autores la cárcel está abolida. Mientras, se ensaña con apenas el 1% de quienes delinquen, los mismos de siempre. Así, la población recluida en un 90% está compuesta por personas pobres, jóvenes que acaban pudriéndose en la cárcel, personas extranjeras desarraigadas, determinados tipos de disidentes, minorías étnicas o drogodependientes. No por ser quienes cometen más delitos o los más graves, sino por ser los sectores más acosados por las políticas de criminalización, más desfavorecidos económicamente y más desprotegidos por las políticas sociales.

Reconocer que la penalización ha fracasado y admitir que, lejos de resolver los conflictos, contribuye a agudizarlos es el primer paso para liberarse del recurso al encierro y caminar hacia la búsqueda de alternativas al uso desproporcionado e inútil del derecho penal. Sin embargo, el perverso remedio al que se recurre, con terribles efectos violentos

y contraproducentes, es a la justicia vengativa, al encarcelamiento. Y para ello se incrementan las plantillas policiales y de operarios judiciales, se construyen más comisarías, juzgados y macrocárceles que, finalmente, son el objetivo del gran negocio del crimen, de la industria penal, una de las más importantes y boyantes en la economía mundo.

Muchas son las lecturas que se pueden hacer, y que se están haciendo, de los acontecimientos recientes y, sobre todo, de cuáles son los motivos que están provocando la actual inflación punitiva que hace que un Estado, como el español, sea el que tiene las tasas más elevadas de encarcelamiento dentro de los Estados europeos de su entorno y que, a pesar de que sus políticas criminales no hacen sino agudizar los conflictos sociales, se empeñe y obsesione por recurrir a la penalización para aparentar mano dura contra el delito.

Como resultado de la construcción del sujeto precarizado y de la devaluación de las políticas sociales y de las políticas de reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos individuales y colectivos formalmente reconocidos, se fortalece un modelo de Estado que bajo su supuesta preocupación por priorizar las llamadas políticas de seguridad en un discurso y espacio común compartido con el resto de los Estados de los países enriquecidos (concepto de seguridad europea forjado a partir de 1985, que ya hoy abarca a nada menos que 27 países), cada vez invierte más en la financiación de estructuras estatales y de empresas multinacionales que son las que en la actualidad vertebran la economía política del planeta, cuyo motor y eje de desarrollo es el complejo militar industrial y la tecnología creada por este en lo que podemos denominar la economía de la guerra permanente, en un modelo de integración política supraestatal europeo dependiente principalmente de las políticas de EE UU y de los países acólitos que servilmente las respaldan, como es el caso de los Estados de la UE.

Para ello, es decir, para reforzar este modelo de Estado del control, policial, penal o carcelario, hay que inventar los fantasmas y miedos a través de los sistemas de propaganda audiovisual hegemónicos, tanto públicos como estatales, cuya tecnología punta también ha sido creada gracias a la investigación científico-militar que financia la gran mayoría de las investigaciones científicas y a cuya cabeza se encuentran las élites de poder de países como Israel, EE UU y demás grandes superpotencias con derecho a veto. Estos enemigos de la seguridad construidos son entre otros: el llamado terrorismo islamista y vasco, el inmigrante como ilegal y delincuente, la equiparación del crimen organizado con los movimientos sociales de resistencia (que traen recuerdos de otras épocas y políticas de excepción que ahora se han institucionalizado).

Así, una vez definidos los monstruos, con nuestro dinero, los Estados se convierten en los intermediarios para comprar seguridad a las industrias militar, policial, carcelaria… Sirva el ejemplo de la industria penal: utilizando la recurrente teoría de sistemas, dentro del sistema penal español, el subsistema carcelario (sistema de ejecución penal) cuenta con un presupuesto en materia de mantenimiento y construcción de macrocárceles que supone un gasto de aproximadamente 30.000 euros anuales por plaza y que no va precisamente destinado a dignificar las condiciones infrahumanas de encarcelamiento ni a potenciar políticas sociales en el ámbito de la ejecución penal que eviten el recurso sistemático al encierro.

Pero el costo es aún muchísimo mayor si tenemos en cuenta que de cada persona encarcelada viven las diversas policías que persiguen de forma selectiva el delito y que crecen continuamente en número de efectivos; viven jueces y abogados de lo penal; viven funcionarios de prisiones; se lucran empresas privadas encargadas del abastecimiento y mantenimiento de las prisiones; viven los profesionales pertenecientes a organizaciones asistenciales que funcionan como empresas privadas bajo la máscara del asociacionismo y que viven de programas financiados con dinero público; se benefician empresas multinacionales.

Por ejemplo, en el caso de la industria carcelaria, estas se llevan la tajada de los miles de millones de euros aprobados en los últimos años en Consejo de Ministros para la construcción de macrocárceles (concretamente multinacionales especializadas en la edificación de cárceles como la Washington International S.A. con sede en EE UU, además de empresas privadas españolas vinculadas a la derecha política y demás empresas que se lucran construyendo palacios de Justicia, macrocuarteles policiales, etcétera). Es decir, de encarcelar a una persona viven muchas personas, y además se lucran muchas otras. Esta es la verdadera historia del éxito de la cárcel, en particular y de la criminalización selectiva en general.

Además de la edificación de un Estado penal que reemplaza al Estado social, el segundo objetivo al que sirve el sistema penal en su conjunto (policial, judicial y carcelario) es su propia pervivencia y crecimiento, es decir, la autorreproducción del sistema. Para ello necesita encarcelar, y encarcela, a todo aquel y todo aquello que visibilice su latrocinio, que visibilice que en realidad el Estado no defiende los derechos y libertades de las personas, sino su propia seguridad y los intereses de los poderes a los que sirve. Por eso utiliza el independentismo, el prohibicionismo, el islamismo, la extranjería y demás coartadas para legitimar su materialidad, su sustancialidad, su esencia totalitaria encubierta de una apariencia democrática.

Posiblemente, el principal problema de seguridad ciudadana sea el propio sistema penal que prioriza su propia reproducción (para lo cual ha demostrado que es muy eficaz) sin importarle en realidad la prevención y lucha contra el delito, para lo cual ha demostrado sobradamente que es totalmente ineficaz. Por ello hemos de tener siempre claro que mientras la gobernabilidad de un país se sustente en la guerra o la política, y el derecho no sea sino un arma al servicio de la guerra y la política, el principal problema de seguridad seguirá siendo el propio Estado y este seguirá necesitando de chivos expiatorios para autorreproducirse y engordar a los mismos de siempre.

Ni que decir tiene que ante este panorama hemos de diseñar y desplegar nuevas estrategias discursivas y prácticas destinadas a evitar la instrumentalización de las diversas luchas sociales y políticas por parte de los sujetos hegemonizantes que actualmente se autorreproducen, retroalimentan y benefician de las mismas. Pero lógicamente las líneas directrices y dispositivos de resistencia para este fin no podemos hacerlas explícitas, sino visibles y aplicadas en la acción colectiva, puesto que tan solo el mencionarlas haría que fueran una vez más neutralizadas, absorbidas y, lo que es peor, utilizadas en contra de nuestras necesidades de emancipación, tal y como ha ocurrido a lo largo de la historia reciente y, tal y como vamos a exponer a continuación, ha ocurrido con el propio concepto y aplicación práctica de la llamada justicia restaurativa, rehabilitadora, reparadora, comunitaria, como supuesta alternativa a la justicia punitiva, penal o vengativa.

La justicia restaurativa: ¿alternativa o complemento a la justicia punitiva?

En primer lugar hemos de aclarar el concepto de alternatividad. Lo alternativo es un proceso de sustitución de algo para llegar a reducir al mínimo o eliminar otra forma preexistente de concebir o responder ante un determinado fenómeno. Sin embargo, las medidas restaurativas tal y como se han ido institucionalizando no se plantean como una alternativa en el sentido de ser dispositivos que progresivamente van eliminando el recurso a la justicia punitiva, sino que operan de forma complementaria a la misma.

Para hacer valer los principios que defiende la justicia restaurativa, habrían de cambiarse los pilares teóricos y prácticos que sustentan el derecho penal en particular y los sistemas estatales de control formal en general. Tal y como han evolucionado en nuestra historia reciente y tal y como hoy se conciben y operan, no sirven para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía, es decir, la seguridad ciudadana, sino que cada vez con mayor virulencia están al servicio de la defensa de la seguridad del Estado y de las élites de poder que lo sustentan.

La justicia restaurativa habría de partir del principio de minimización de la intervención penal y de derivación de la misma a otros ámbitos del derecho, donde habrían de asumirse las respuestas que hoy buscan sin éxito enfrentarse en el ámbito del sistema penal y que responden a intereses ajenos a la prevención y lucha contra el delito. El debate central está en cómo vencer la resistencia que ejerce el sistema penal actual cada vez más punitivo para que reconozca su ineficacia y, más allá, su complicidad en la reproducción de los hechos y conductas delictivas, planteándose como objetivo su desaparición y su sustitución por un sistema de reacción frente al delito fundamentado en criterios de justicia restaurativa y no punitiva.

La legitimidad social de la justicia restaurativa está avalada, contrariamente a cómo se percibe por diversos estudios criminológicos, también propios. Por ejemplo, en un estudio realizado por Daniel Varona Gómez (2008: 13) se concluye, en líneas generales, que los ciudadanos ponen penas inferiores a la pena realmente impuesta por los jueces; manifiestan un amplio apoyo a las penas alternativas a la prisión; manifiestan un amplio apoyo a la óptica rehabilitadora del castigo y tienen una visión más social o estructural de la delincuencia. Sin embargo, el sistema de justicia retributiva no incentiva ni el reconocimiento de la autoría del delito ni su perdón, más bien estimula lo contrario.

Se da una utilización pragmática de la justicia restaurativa que desvirtúa su sentido y origen, aunque sirve para posponer, sustituir o evitar, en determinadas lógicas procesales, la intervención penal fundamentada en el mero castigo. Este es el principal y casi único beneficio de la mediación penal. La función complementaria a la justicia punitiva que hoy cumple la llamada justicia restaurativa tiene unas funciones específicas en relación con la forma en la que se reacciona frente al delito tales como, por ejemplo, la posibilidad de aplicar medidas no privativas de libertad para determinadas categorías de delincuentes convencionales o la posibilidad de intensificar la acción penalizadora mediante medidas más blandas complementarias a las penas de cárcel.

La instrumentalización de la justicia restaurativa en general y de la mediación penal y penitenciaria en particular se manifiesta en la función legitimadora y en la fabricación de una imagen dulcificada de la represión penal selectiva, mediante la legitimación de la punición, creando espacios dentro del sistema penal en los que se escenifica la conciliación y reparación moral entre víctimas y victimarios en determinados tipos de delitos, normalmente en aquellos a los que se confiere una entidad y transcendencia políticas, como es el caso de la violencia contra las mujeres o el terrorismo.

Otro ejemplo de instrumentalización, y a la vez otro beneficio que aporta no a las víctimas o infractores, sino al propio sistema penal, es su uso para agilizar el dictamen de sentencia mediante sistemas de mutuo acuerdo convenido que parten de un concepto mercantilizado de la administración de justicia y no de la idea del acuerdo, por convicción, de la conciliación, de la reparación y demás principios que sustentan un derecho de convicción, no de imposición.

Epílogo: Derecho a la seguridad y la lucha contra el delito

La vigente política criminal, fundamentada en una cultura punitiva que consiste en creer que la aceptación de las leyes se consigue mediante el desarrollo de una maquinaria sancionatoria implacable, resulta socialmente ineficaz, pero económicamente muy rentable. A nadie se nos escapa que para la prevención del delito los sistemas de control formal son la instancia menos eficaz, puesto que evitar el delito y sus motivaciones antes de producirse es por definición prevención social y no policial. Y evitar el delito en el momento de producirse implica la intensificación de la vigilancia, la presencia policial, la delación, la colaboración de confidentes, la implicación en los circuitos de criminalidad, las redadas a “grupos definidos por la propia policía como de riesgo o sospechosos”; en definitiva, la construcción de un Estado policial y la reproducción de un modelo de eficacia policial fundamentado en la represión que se sirve, con viejos y nuevos objetivos, de las técnicas de investigación policial clásicas de carácter represivo, solamente que más sofisticadas.

Hemos de aclarar asimismo que la sofisticación tiene que ver sobre todo con el establecimiento de nuevas tecnologías destinadas a la generalización del control, a invisibilizar y propiciar la impunidad en las actividades y procedimientos policiales que transgreden las leyes y violan derechos humanos fundamentales (práctica de la tortura, irregularidades en las condiciones de detención, implicación en circuitos de criminalidad, utilización de medios ilegítimos para ejercer su acción, etcétera).

Ante este panorama y este proyecto hegemónico de industrialización de la censura y el control social, ni que decir tiene la urgencia de un debate social a fondo y de impulsar los movimientos de redefinición y transformación de los principios y prácticas en los que se está asentando el actual espacio militar, comercial, policial y penal europeo y occidental, con el fin de fundamentar la definición, prevención y lucha contra el delito en parámetros compatibles con el respeto a los derechos y libertades fundamentales, y en un concepto de seguridad centrado en garantizar los mismos y no en un concepto de seguridad como el imperante, centrado en garantizar la propia seguridad del Estado y los intereses de las élites económicas, políticas y tecnocráticas que lo sustentan.

César Manzanos Bilbao es profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco (UPV), especialista en control social del delito

Referencias

Gordillo, Iván (2011) “La deuda pública, un mecanismo de redistribución de riqueza de pobres a ricos”, Rebeliónhttps://www.rebelion.org/noticia.php?id=140374

Varona Gómez, Daniel (2008) “Ciudadanos y actitudes punitivas: Un estudio piloto de población universitaria española”, Revista Española de Investigación Criminológica, 6, p. 13.Odiaspid ut pelici rem et etur?