Unidad Social exige cuarentena preventiva nacional y el cese inmediato de actividades laborales

Ante el impacto de la pandemia del coronavirus en nuestra patria, desde Unidad Social llamamos al pueblo a enfrentar esta emergencia sanitaria con solidaridad, organización y responsabilidad, adoptando medidas de autocuidado colectivas e individuales para detener y controlar el contagio, privilegiando el cuidado de nuestros adultos mayores y enfermos, de nuestras niñas y niños y del conjunto de la población. 

La profunda crisis social e institucional sumada a la actual emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus golpearan a nuestro pueblo de manera muy severa debido a la crisis estructural de nuestro sistema público de salud generado por el modelo económico neoliberal, que ha transferido millonarios recursos del sector público hacia el sector privado provocando en la salud pública, entre muchos efectos, un alto déficit en la infraestructura y capacidad hospitalaria, en el acceso a la atención, recursos humanos y disponibilidad de medicamentos e insumos. 

Las medidas anunciadas por el gobierno del Presidente Piñera han sido tardías, titubeantes y parciales, pues han privilegiado el interés de sector privado, del gran empresariado y la actividad mercantil por encima del interés colectivo y de la salud del pueblo chileno. 

En momentos en que la movilización social ininterrumpida cumple ya 5 meses y crece la demanda social y la exigencia del cambio del modelo económico e institucional neoliberal, Piñera y su gobierno cada vez más minoritario y aislado no cuenta con el respaldo y la credibilidad ciudadana para implementar medidas eficaces ante la emergencia sanitaria actual. 

Ante esta situación Unidad Social convoca al pueblo de Chile: 

A exigir del gobierno la aplicación inmediata de una cuarentena preventiva nacional y al cese inmediato de actividades laborales, productivas y económicas en todos los servicios y sectores que no sean imprescindibles para el abastecimiento y aseguramiento de condiciones básicas para la vida y salud de la población. 

Cierre inmediato de lugares que no sean esenciales como Malls, cines, restaurantes, museos y otros, manteniendo abiertos farmacias, supermercados y establecimientos en los barrios proveedoras de productos de primera necesidad para la población. 

De no cumplirse esta exigencia no quedará otro camino que la huelga general inmediata para garantizar la salud de los trabajadores sus familias y la población en general. 

Toda la Red de atención en salud pública y privada debe estar el bajo control del Estado. El Ministerio de Salud debe garantizar y centralizar la red sanitaria pública y privada (clínicas) y de las FFAA. Se deben generar hospitales de campaña y lugares de hospitalización, para atender la demanda con prioridad en los sectores más vulnerables y desfavorecidos, (particularmente hacia adultos mayores), que siempre son postergados en relación a aquellos de mayores ingresos. 

El poder político debe adoptar las medidas legislativas, constitucionales y legales para dotar al estado de los recursos e instrumentos administrativos y de gestión que se requieran para enfrentar la crisis, entre otras traspasar al estado entidades privadas necesarias para garantizar atención sanitaria, fijar, regular y controlar de inmediato los precios para productos esenciales para el abastecimiento de la población, en especial medicamentos e implementos de higiene y prevención, tales como, alcohol, gel, guantes, mascarillas y otros insumos de primera necesidad. 

Centralizar la producción y asegurar la distribución pública de mascarillas y sancionar en forma drástica el abuso comercial que se hace de ellas. 

Realización en forma gratuita de los test diagnósticos y en el caso de los adultos mayores más desvalidos efectuarlos en sus hogares. 

Licencias médicas adultos mayores de 65 años que trabajan para evitar que sean víctimas de contagios. La paralización de todas las actividades y servicios asegurando turnos éticos para los servicios esenciales y estratégicos para la población. Esto debe incluir que se mantengan activos los procesos de extranjería para los trámites de regularización de la población migrante. 

En lo económico-social: 

Adoptar las medidas económicas y disponer y destinar por parte del estado todos los recursos económicos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, entre ellas el uso del 2 % constitucional, y para asegurar las condiciones que permitan a los trabajadores y sus familias mantener las condiciones de vida adecuadas en este periodo de excepción que empezamos a vivir. 

Asegurar el pago de la subvención y la alimentación escolar. Los establecimientos educacionales deben seguir abiertos para proporcionar alimentación a los niñas y niños de Chile. 

Debe aplazarse en lo inmediato el pago de obligaciones hipotecarias, dividendos, deudas bancarias y crediticias con tiendas y servicios, sin cobro de intereses para l@s trabajadores y sus familias. 

Suspender las acciones ejecutivas de desalojos, incautación de enseres y remates por parte de la Tesorería General de la República y del Poder Judicial. 

Las empresas privadas y sector público deben otorgar obligatoriamente las facilidades para que l@s trabajadores puedan cumplir sus obligaciones desde su hogar, evitando el riesgo del desplazamiento y las aglomeraciones en el transporte público. 

Durante la emergencia el Estado tiene la obligación garantizar y subsidiar los productos básicos de la canasta básica familiar para l@s jubilados que reciben pensiones miserables y para todos aquell@s que perciben sueldo mínimo y menos y aquellas jefas o jefes de familia que no tienen trabajo remunerado. 

Garantizar un subsidio para las y los trabajadores informales y asegurar redes de denuncia frente casos de la violencia doméstica y abuso sexual en periodos de cuarentena. 

Cambio de medidas cautelares para tod@s l@s pres@s polític@s desde el 18 de octubre: de Prisión Preventiva a Arresto Domiciliar 

Libre acceso al agua en todas las comunas del país para asegurar medidas mínimas de salubridad. 

Finalmente, y con mayor razón reiteramos nuestro llamado al Congreso a congelar la tramitación legislativa que se insiste en llevar de espaldas a las y los trabajadores y al pueblo. 

Chile exige el termino de los abusos, el fin de las AFPS y un nuevo sistema de Seguridad Social y la derogación inmediata de las Leyes (recientemente aprobadas o en trámite) que buscan criminalizar la movilización social. 

Crece la exigencia de la renuncia de Piñera y ahora debe dar un paso al costado y permitir que un equipo con legitimidad y con la capacidad política y técnica se haga cargo de conducir a la solución de la crisis. 

Frente a esta emergencia epidemiológica nacional llamamos a impulsar acciones solidarias, serias y responsables partiendo desde el nivel poblacional y comunitario para asegurar el autocuidado del pueblo frente a la enfermedad del coronavirus. 

En estas nuevas circunstancias mientras dure la emergencia sanitaria, nos mantendremos activos y coordinados y readecuaremos las movilizaciones de manera creativa partiendo por los cacerolazos masivos desde nuestros territorios y viviendas a partir de mañana miércoles 18 de marzo en que se cumplen 5 meses desde el inicio del levantamiento social del 18 de octubre. 

Por último, en relación a la posibilidad de postergación del plebiscito, nuestra opinión es que cualquier modificación al cronograma establecido debe ser fruto de un amplio consenso social y político y un compromiso serio por parte de todas las fuerzas políticas y sociales de garantizar un proceso constitucional que culmine con el logro de la demanda social de una nueva constitución soberana que reemplace la actual constitución pinochetista. 

¡Nos cansamos, Nos unimos! 

UNIDAD SOCIAL