La lucha de clases subvierte el acuerdo de la burguesía

por Karina Nohales y Javier Zúñiga 

El 8 de octubre de 2019, el presidente Sebastián Piñera aseguraba en un programa de televisión que “Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada”. En efecto, Chile fue presentado ante el mundo durante casi treinta años como un modelo de exportación y ejemplo de estabilidad neoliberal. La clave del éxito estuvo dada por el compromiso del conjunto de los partidos, adversarios y proclives a Pinochet, en la administración de la institucionalidad y del modelo económico instalado durante la dictadura (1973-1990). El “oasis”, fundado y sostenido en un programa de aplastamiento y sobreexplotación de la clase trabajadora, estalló diez días más tarde, exponiendo de manera descarnada unas condiciones de vida crecientemente insostenibles para amplias capas de la población.

El resultado inmediato de este estallido ha sido romper la conjura de la transición democrática, apuntalada de izquierda a derecha, contra la lucha de clases. Esta ha regresado con fuerza telúrica y octubre ha sido apenas el primer ensayo.

Gráfica del estallido

La irrupción catártica del viernes 18 de octubre es la forma en que la clase trabajadora en Chile comenzó a expresar su balance histórico del modelo posdictatorial, balance en el que se mezclan las condiciones inmediatas de vida y el pasado no tan reciente del país, vigente aún a través de hilos generacionales y de la institucionalidad. Se trata de un balance superlativo que no logra traducirse y no se traduce inmediatamente en una demanda o grupo de demandas concretas. Se trata de una impugnación transversal. Es un balance que apenas se ha abierto porque lo que hay que decir es demasiado y el pueblo ha ido encontrando, en estas jornadas, su propia forma de hablar.

El anuncio de un alza programada del pasaje del metro de Santiago, evento corriente, abrió paso a lo extraordinario. A las evasiones colectivas del transporte organizadas en la víspera por estudiantes secundarios se sumaron el viernes 18, intempestivamente, miles. El escenario de lo cotidiano se convirtió en escenario de lo épico y en cada estación de metro tuvo lugar un desborde, en que unos alentaban a otros en la ejecución de métodos de sabotaje que sus propios protagonistas hubiesen condenado sin duda el día anterior. Los momentos que condujeron a ese momento son tan incontables como las biografías que le dieron vida.

Ocho horas tardó el gobierno en decretar el estado de excepción constitucional y en desplegar a los militares en las calles, por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet en 1990 1/. Ocho horas bastaron para que se desmontara el nunca más, relato hegemónico de la transición democrática. Pero a nadie pareció importarle demasiado porque el gobierno no dudó en hacerlo y porque el pueblo no tuvo miedo, y el nunca más adquirió para cada clase social el significado que siempre tuvo: para unos nunca más los militares y sus atropellos, para otros nunca más la lucha de clases. Así de convulsa fue la inauguración del momento político más importante de la historia reciente de Chile.

Al día siguiente, sábado 19, el presidente Sebastián Piñera anunciaba la suspensión del alza del pasaje del metro y junto a ello el toque de queda en la capital. Una combinación incendiaria. Para entonces, las otras regiones del país ya hacían parte de la sublevación y el comercio y el transporte se hallaban en parálisis, la que en el curso del domingo 20 se hizo total. Los grandes centros comerciales bajaron sus cortinas y, militares en frente, se protegían de quienes hasta hace pocos días eran sus cívicos consumidores. Todo era caos. La primera dama del país atribuyó a los eventos un origen alienígena, literalmente. Piñera declaró la guerra al pueblo por cadena nacional y los militares que él desplegó dispararon a matar en algunos lugares.

El mismo sábado 19, en una reunión extraordinaria sostenida entre organizaciones sociales y direcciones sindicales agrupadas en Unidad Social, el único sector de los allí presentes que propuso un llamado a la huelga general a partir del día lunes fueron las feministas, secundadas de ambientalistas y estudiantes de enseñanza secundaria. Y aunque esas mismas direcciones sindicales no destacan precisamente por su carácter democrático y no habían llamado nunca a una huelga general en tres décadas de democracia, precisaron que no podían convocar algo así sin consultar a sus bases, tildando de paso de irresponsable la propuesta de las feministas, debido al toque de queda.

Finalmente, el domingo 20, entre organizaciones feministas, de estudiantes secundarios y ambientalistas, entre otras, fue convocada mediante conferencia de prensa una huelga general para el día siguiente. El llamado coincidía con el ímpetu de los trabajadores portuarios y de algunos sectores de la gran minería privada del cobre, que efectivamente paralizaron el lunes 21. La iniciativa y los hechos sellaron el episodio de las deliberaciones previas y las principales direcciones sindicales acordaron el mismo domingo, tras la conferencia de prensa en la que no participaron, llamar a la huelga general para el miércoles 23 y el jueves 24. Lo cierto es que, en los hechos, el país se encontraba prácticamente paralizado, por lo que el impacto de estas huelgas generales es difícilmente cuantificable.

El martes 22, Sebastián Piñera anunció una agenda social mediante la cual ofrecía subsidiar la salud, las pensiones y hasta el salario, todos privados, con dinero estatal. Piñera, como buen empresario, vio en la crisis una excelente oportunidad de hacer negocios. Por supuesto, nadie aceptó esta propuesta, Chile siguió siendo un hervidero y los medios de comunicación abrieron el relato del terror. Una súbita viralización de vídeos de militares allanando casas, por primera vez el reconocimiento oficial de personas muertas y heridas, denuncias de violencia política y sexual y centros de detención y de tortura clandestinos fueron expuestos de manera masiva. Pero ni el toque de queda ni el terror deliberadamente expuesto lograron desactivar las movilizaciones ni imponer el miedo.

Hace falta sentir la vibración que emana de un pueblo que despierta y que al encontrarse con millones en las calles se encuentra consigo mismo para entender por qué en esos momentos el miedo cambió de bando. Por primera vez en décadas, la clase trabajadora en Chile experimentaba una sensación de poder. No será fácil borrar eso, ni para ellos ni para nosotros.

Meses antes, las feministas, que trabajaban molecularmente en convocar a la huelga general del 8M, estuvieron expuestas a varias expresiones del pulso vivo que ahora se verificaba y percibieron entonces que existía una disposición de lucha amplia y profunda. Algunas direcciones sindicales que llevan tiempo lejos de cualquier vibración y de cualquier pulso, con ciertas excepciones gremiales circunscritas, llegaron a proponer un “vaciamiento de las calles”, es decir, que cada cual se quedara por un día en su casa en pleno toque de queda, como forma de manifestación para el día 24 de octubre. Al día siguiente se produjo la marcha de más de un millón de personas en Santiago y el Congreso Nacional, ubicado en la ciudad de Valparaíso, tuvo que ser evacuado. Nadie estaba dispuesto a obedecer el mandato represivo. A tal punto era la desconexión de algunas direcciones sindicales.

Grandes marchas se desarrollaron en todas las regiones del país el mismo viernes 25 y durante todo el fin de semana, pidiendo la renuncia de Piñera. El sentimiento antimilitar fue sin duda uno de los elementos movilizadores. El lunes 28 se puso fin al estado de excepción, los militares volvieron a los cuarteles y se produjo el cambio de gabinete y la salida del ministro del Interior, Andrés Chadwick, medidas todas anunciadas dos días antes. La asunción de los ocho nuevos ministros se realizó en un Palacio de La Moneda rodeado de manifestantes. El miércoles 30, el presidente anunciaba la suspensión de la APEC y de la COP25 próximas a realizarse en Chile. Se sellaban así, sin tregua, los doce primeros días de estallido.

El 1 de noviembre, las direcciones sindicales tradicionales (sector público y gremios profesionales) junto a sindicatos de sectores estratégicos de la economía (puertos, minería y construcción) conformaron el Comité Nacional de Huelga, llamando nuevamente a la huelga general para el 12 de noviembre. Se exigía la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la implementación de un pliego de demandas de emergencia. Entre ambas fechas tuvieron lugar tres grandes jornadas nacionales de protesta –4, 5 y 8 de noviembre– que estuvieron marcadas por una ofensiva represiva –esta vez policial– con altísimos costos humanos.

El 12 de noviembre marca un pico. Es la primera jornada que recoge y articula una demanda que ha ido tomando forma en las manifestaciones: Asamblea Constituyente. La huelga general del 12 de noviembre ha sido la más importante y masiva paralización de actividades en más de cuatro décadas en el país. Tomaron parte en ella los sectores organizados y numerosos sectores que se han incorporado a la vida política en estas jornadas. Es cierto, estos últimos no siguen ni obedecen a los primeros, pero los sectores organizados lograron articular en una demanda lo que se venía gesticulando diseminadamente. El 12 de noviembre más del 10% de la población del país participó de diversas maneras de la jornada que el gobierno calificó como “la más violenta de todas”.

Un acuerdo que nadie ha querido

Si el 18 de octubre tuvo la virtud de acabar con la ruta programática del gobierno, el 12 de noviembre dejó poco espacio a la duda. O la Asamblea Constituyente (o cualquier cambio constitucional) la imponían ellos, en sus términos, o la imponía el pueblo sin ellos. El 15 de noviembre los partidos de gobierno y de oposición firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, habilitando la posibilidad de poner fin a la Constitución de Pinochet.

El primero de estos términos era blindar al gobierno, bajo la lógica elocuentemente expresada por Alejandro Guillier, senador y excandidato presidencial de la excoalición integrada por los partidos Socialista, Comunista, Radical y Demócrata Cristiano: “Si cayera el presidente, cae el Congreso. Aquí nos vamos todos para la casa. La crisis de legitimidad también nos toca a nosotros”. En una foto que emulaba los grandes pactos de la transición, todos se comprometieron en la firma del acuerdo, una fórmula peligrosa para el nuevo presente. Para ellos era el día 15 de noviembre, para el resto de Chile era el día 46 de octubre, y en la lógica de este último calendario la transición ya cayó.

Pese a los esfuerzos de los firmantes de presentar este acuerdo como un triunfo de todos, ha sido imposible disimular que Chile se halla ante un acuerdo que nadie quiso. No lo quiere la derecha, que mayoritariamente ya anunció que hará campaña por el No en el plebiscito de entrada, lo que divide de paso al bloque de gobierno. En efecto, de los tres partidos del bloque, Evópoli y Renovación Nacional –partido del que proviene Piñera– hasta ahora votarán divididos y la Unión Demócrata Independiente votará en contra. Junto a ellos, el Partido Republicano, de extrema derecha fascista, ya comenzó su campaña comunicacional por el No.

No lo quiso el Frente Amplio (FA). De las nueve orgánicas que hacían parte del bloque, tres firmaron el acuerdo. Dos semanas después se aprobó con votos de diputados del FA la llamada Ley Antisaqueos, que busca castigar con penas de cárcel toda forma de manifestación y protesta. Ambas conductas provocaron que cinco de las nueve orgánicas abandonaran el bloque. De los cuatro partidos que quedan, uno quedó desestructurado tras renuncias masivas en todos los niveles, de base y de dirección, y los cuatro objetan varios de los términos del acuerdo que ellos mismos firmaron.

Los partidos que quedan en el FA –Revolución Democrática, Comunes, Partido Liberal y Convergencia Social– se han incorporado por la vía de los hechos al ala social liberal de la administración de lo que existe. Con ello se acaba el FA en tanto que proyecto que se proponía ser una fuerza alternativa al duopolio. Hace falta una confianza incondicional en el sistema para abrazarse a la suerte de sus administradores en el peor momento posible. De ahora en más veremos a las fuerzas del FA jugando el triste rol de tensionar por la izquierda al Partido Socialista, Radical y Demócrata Cristiano. También les veremos lamentarse y alegar amarga decepción cada vez que la DC rompa por la derecha algún que otro compromiso con el sector. Todos estos partidos votarán a favor de una nueva Constitución y atravesarán el proceso constituyente intentando dar una traducción institucional, unos más unos menos, pero todos en la medida de lo posible, a las condiciones políticas que el pueblo defenderá en el proceso. Será una traducción mezquina, construida en base a los malabares necesarios para mantener el nuevo equilibrio duopólico y, sobre todo, el sistema político y económico del que todos son parte congénita y de cuyos beneficios sobreviven.

Finalmente, y lo más importante, fue imposible disimular que el acuerdo distaba de coincidir con las expectativas populares. Este fue rechazado por los sectores organizados de la clase trabajadora y aunque, según las encuestas, el acuerdo fue bien evaluado por la mayoría de la población, las masas organizadas y no organizadas se han seguido movilizando. Esta mezcla de rechazo, evaluación positiva y movilización no resulta extraña. A nuestro entender, es un acuerdo por el cual los partidos blindaron a Piñera, cuya aprobación no supera el 10% y cuya renuncia ha sido una demanda transversal de la calle. El itinerario constituyente fue diseñado para que Piñera llegue al final de su mandato y la eventual nueva Constitución lleve su firma. Es una ruta que subordina sus tiempos a la impunidad por su responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos.

De hecho, el día que el acuerdo se firmó, un manifestante murió por culpa de la policía en una marcha en el centro de Santiago. A la fecha de la firma, los muertos sumaban más de 25, los lesionados y mutilados oculares más de 300, los presos políticos más de 2.000. Los organismos internacionales daban cuenta de una violación sistemática de los derechos humanos y la violencia estatal no dejaba de aumentar. ¿Qué proceso constituyente favorable al pueblo podría resultar de un contexto tal?

Es un acuerdo firmado entre cuatro paredes por los partidos impugnados en la revuelta y sujeto a sus condiciones, sí; pero, como contraste, lo que partió contra un alza del precio del transporte se convirtió en tres semanas en la posibilidad de cambiar la Constitución de Pinochet. Si amplias capas percibieron esto como un avance es porque el acuerdo daba cuenta de la fuerza del estallido, es decir, de sus propias fuerzas, aunque en una clave contradictoria. Los protagonistas han sido omitidos de la decisión política que han producido. El escenario social se ha convertido en un despliegue vivo de potencias e impotencias que se enfrentan a cada paso.

Dos momentos de una misma política, dos momentos de una misma impugnación

Mediante el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, los partidos del orden han acordado una política con dos momentos: represión-impunidad y un proceso constituyente. El objetivo es desactivar el estallido social combinando la vía policial y la vía de las urnas, en una clave participativa más amplia. El resultado esperado es garantizar su gobernabilidad inmediata y presentar una Constitución creada en democracia, cualidad de la que carece la actual, buscando garantizar así su gobernabilidad futura.

De acuerdo al itinerario acordado por los partidos del orden, el 26 de abril de 2020 debería tener lugar un plebiscito de entrada en el que la población votará si quiere o no una nueva Constitución y el órgano que debiera redactarla, optando por una de dos alternativas: a saber, una Convención Constitucional mixta –50% de actuales parlamentarios y 50% de convencionales electos para esos fines– o una Convención Constitucional con 100% de convencionales electos por sufragio universal para esos fines. De sobrevivir el acuerdo hasta esa fecha, en abril ganará el sí y ganará la Convención Constitucional, en una votación que será masiva, tal vez de proporciones históricas. Varias cosas pueden suceder de aquí a abril.

Hasta hace unos días era más o menos previsible que la mayor parte de la derecha apostaría a que el No obtuviera un porcentaje respetable de votos y a elegir la mayor cantidad de convencionales, con la esperanza de torpedear el proceso en la fase de redacción o de ratificación de la nueva Constitución, valiéndose para estos fines del veto de minoría que establece el acuerdo, por el cual un tercio de los convencionales podrá bloquear a los dos tercios restantes cuando no exista acuerdo en alguna materia. En este plan contarían con el voto de la mayor parte de los partidos social liberales en el bloqueo de las cuestiones más vitales para la clase trabajadora. La apuesta sería que la nueva Constitución termine siendo un Frankenstein, de manera tal que la población la rechace en el plebiscito ratificatorio, caso en el cual seguirá rigiendo –esta vez legitimada, según su extraño entendimiento– la Constitución de Pinochet. Es un mal plan, por improbable, que sin embargo se enmarca en el camino de afirmar a un sector duro de auténtica derecha, tal como se perciben estos sectores a sí mismos.

En los últimos días estas previsiones se han ido modificando para dar forma a lo que podría ser un descuelgue del acuerdo antes del plebiscito. La derecha entiende que ha concedido el proceso constituyente a cambio de obtener paz social; sin embargo, los partidos de oposición no pueden ofrecer tal paz toda vez que no controlan a las masas comprometidas en el estallido. De ellos depende la actitud de algunos sectores organizados que son excedidos por la magnitud de los eventos. Andrés Allamand, uno de los personeros más relevantes de la derecha chilena que se comprometía hasta hace poco por votar a favor del cambio de Constitución, declaró el 8 de enero que “el cambio constitucional debe realizarse a través de una vía democrática, segura e institucional. El Apruebo hoy es incertidumbre, inestabilidad y partir de cero, tirando por la borda todo lo que hemos construido”. Hoy se inclina por la posición contraria y es esperable que su posición permee otros sectores de su partido, sobre todo a senadores.

El acuerdo, entendido al principio como salvavidas de emergencia, hoy aparece cada vez menos como un evento predecible y controlado, tornándose más bien en una caja de Pandora que, lejos de cerrar flancos, los abre a cada paso. Sin embargo, desecharlo no es una opción tan sencilla para la burguesía. Sigue siendo necesario, por ahora, sostener a un gobierno al que le quedan dos años muy difíciles por delante.

Hasta ahora, los partidos social liberales junto a un sector minoritario de la derecha siguen comprometidos con el acuerdo y con el Sí. Buscarán redactar una nueva Constitución que mantenga en lo medular el modelo, corrigiendo la falta de legitimidad de que adolece la actual Constitución.

Una serie de eventos indican que el pueblo ni abandonará las calles ni desatenderá el proceso constituyente. Seguirá desplegando su impugnación en ambos momentos, como parte de una misma política. Lo hará por todos los medios que tenga a mano y creará nuevos medios, pues comprende que así como su autoactividad empujó un acuerdo cuya elaboración le fue ajena, su autoactividad contiene también la potencia de dar vuelta a los términos de un presente que es altamente inestable y en el que nada de lo preestablecido es firme.

Esta es la dinámica que se verificó en la consulta no vinculante realizada por 225 municipios el 15 de diciembre. Mesas autoconvocadas de votación que contenían las opciones deliberadas previamente por las asambleas territoriales emergidas en octubre: participación, pese a sus límites, en la consulta institucional convocada por la Asociación Chilena de Municipalidades y que buscaba dejar constancia de la voluntad mayoritaria a favor de una nueva Constitución, sostenimiento de la manifestación y la protesta coordinadas por las asambleas territoriales en los municipios. Todo ello tuvo lugar en la jornada del 15 de diciembre, al mismo tiempo, sostenido por las mismas personas. No unas aquello y otras lo otro.

Entre el 26 de abril y el 25 de octubre de 2020, fecha esta última en que deberían ser electos los convencionales, se abre la posibilidad de desplegar una disputa programática y, con ello, un momento de politización de magnitudes históricas, probablemente la más grande desde la campaña electoral de Salvador Allende (1970), última vez en que la clase trabajadora se movilizó a las urnas tras un programa y no únicamente tras un candidato.

Los contenidos de la politización que está teniendo lugar trascienden el debate constitucional. Bajo un enunciado compartido –constituyente–, las clases están expresando cosas distintas. Los debates del pueblo sobre el proceso constituyente versan sobre la forma en que quiere vivir. La nueva Constitución parece ser entendida como un recipiente en el que tendrán cabida todas las demandas sociales acumuladas en décadas. No hay discusiones sobre la unicameralidad o bicameralidad del Parlamento, ni sobre las ventajas y desventajas de los sistemas presidenciales o semipresidenciales, sino sobre seguridad social, crisis socioambiental, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la salud, a la educación pública y gratuita, la nacionalización de los recursos naturales, el derecho a la vivienda, y así. Todas estas urgencias toman formas programáticas en los espacios de deliberación popular, pero ninguna de ellas será materialmente conquistada mediante la redacción de una nueva carta magna.

Son tareas centrales dar protagonismo programático a estas deliberaciones, cuidando de no reconducir las formas organizativas que han surgido en la revuelta, la imaginación y el deseo desplegados, a los términos exclusivos de lo constitucional y poner en el centro del debate las condiciones políticas y de fuerza que harán posible concretar las prefiguraciones que la clase trabajadora ha ido descubriendo al encontrarse y resignificar su experiencia. Esta clave constituyente vital requiere ser alimentada por acciones que afirmen la confianza del pueblo en sus propias capacidades.

Subvertir el acuerdo

La burguesía aspira, cada vez con menos confianza, a encajonar la impugnación en curso mediante lo que ella se figura como una concesión colosal, el proceso constituyente. La subordinación popular al itinerario y las condiciones del acuerdo no es descartable por la exclusiva razón de que nada es descartable en este momento, pero en el campo de las probabilidades dos grandes motivos atentan contra esta aspiración.

La primera y más importante, es que este estallido no tiene en su base la exigencia constituyente, sino la insoportabilidad de las condiciones de vida. Ninguno de los aspectos que ha empujado a la gente a las calles ha sido aliviado, siquiera mínimamente. Estas condiciones se mantienen intactas, ni una sola concesión ha sido hecha, la intransigencia ante la urgencia ha sido total y mortal.

La segunda, es que en este largo octubre la clase trabajadora ha comenzado a encontrarse y a conocerse en una dimensión colectiva, ha experimentado sensaciones de fuerza, ha depositado expectativas en sí misma. Ha decidido respetarse y exigir respeto. La noción de dignidad da cuenta de una ruptura con ese largo aguantar silencioso de innumerables humillaciones. Las generaciones se solidarizan, los jóvenes se duelen por los viejos, los viejos se duelen de no haber conquistado un mejor presente para los jóvenes, “esta vez sí tenemos que ganar”, se dicen. “No estamos solos, nos tenemos, no nos vamos a soltar”. Esta dimensión del espíritu colectivo, envilecido por el individualismo neoliberal que hoy se resquebraja, es portadora de un sentido nuevo. Esto es parte de esa constituyente vital, esquiva a los itinerarios, que está en curso.

Es un elemento clave alimentar y afirmar la confianza que el pueblo ha depositado en sus propias fuerzas. Al respecto, ciertas tareas son centrales. Uno, constituir una primera línea contra el terrorismo de Estado y la impunidad. La libertad de los presos políticos, la creación de una comisión independiente y permanente de Verdad y Justicia que pueda determinar responsabilidades políticas por los crímenes perpetrados contra quienes luchan, la dimisión de Sebastián Piñera, que dejen de matarnos, violarnos, mutilarnos y encarcelarnos, son condiciones indispensables para ampliar el camino que el estallido ha abierto.

Dos, inseparable de lo anterior, es la tarea de dar mayor organicidad y coordinación a la autodefensa, entendida esta como la contención de las fuerzas represivas en perímetros más seguros para los manifestantes. Si la primera línea de las protestas ha demostrado un coraje impresionante, la contención se ubica muchas veces en el mismo espacio en que tienen lugar las movilizaciones. De ampliarse este perímetro podrían evitarse, así sea un poco, los altos e irreparables costos humanos. Este tipo de medidas, que exigen modestos grados de coordinación, se han visto dificultadas por la falta de experiencia y por la falta de centralidad que muchos de los sectores organizados le otorgan al problema. De otra parte, la tendencia a centralizar los puntos de convocatoria ha permitido a las fuerzas represivas concentrar su actuar, a diferencia de los primeros días del estallido, en que la simultaneidad de centenas de puntos de protestas sobrepasó la capacidad de cobertura de las policías.

Tres, propiciar deliberadamente el flujo de la imaginación popular en los debates constituyentes. Desde la firma del acuerdo, un ejército de intelectuales, académicos y profesionales se han sentido con el derecho a tomarse la palabra en los espacios de discusión de base, imponiendo desde sus verdades autorizadas una limitación a los contenidos desplegados en el momento constituyente previo. Ninguna actitud podría ser más servil a los límites que impone el acuerdo. Si este tipo de personas busca ayudar desde sus profesiones, su tarea es afirmar, y no debilitar, la confianza de quienes empiezan a sacar la voz y a politizarse, es apoyar traduciendo, presentando como posibles los términos imposibles que emerjan desde esas voces. No sustituirlas, no limitarlas, no desautorizarlas.

Cuatro, golpear la confianza de la burguesía afirmando el sentido general de la impugnación. La revuelta ha planteado este sentido general, pero la fragmentación de la clase trabajadora, y especialmente la conciencia sindicalista de los sectores más establemente organizados, habilita un abordaje en clave sectorial que amplía el campo de maniobra de la burguesía. Este es el problema más difícil de sortear, porque las organizaciones que más afirman su sectorialidad se entienden a sí mismas y a sus demandas como portadoras de lo universal, dificultando enormemente las articulaciones entre el mundo social, que es diverso y no poco amplio. El contenido político general que están llamados a encarnar los partidos no alcanza a ser cubierto por una clase trabajadora que lucha, pero que no tiene partidos propios.

Caminos de unidad

Este momento político ha dado lugar a reconfiguraciones y reordenamientos al interior de las clases sociales. Los partidos políticos, las asociaciones empresariales y prácticamente todo el entramado social que participa en la vida política se encuentran también en una dinámica de realineación. Se modifican las formaciones políticas ya existentes, se tensionan, se quiebran, aparecen otras nuevas que interpelan a las viejas, se reagrupan entre sí. Desde la extrema derecha hasta las agrupaciones de izquierda, pero también desde una nueva capilaridad social de una clase trabajadora que emerge expresando lo nuevo y resignificando lo viejo.

Las claves de estas reconfiguraciones apuntan a una polarización creciente de la sociedad, cuyo contenido se relaciona con la legitimidad del proceso constituyente. Sectores de la burguesía comienzan a levantar la tesis de que dicho proceso ha sido impuesto por una minoría de violentos manifestantes que han secuestrado la democracia. Sectores de la clase trabajadora sostienen que el proceso constituyente está secuestrado por los términos impuestos por una minoría dueña del país. Estas lecturas se agudizarán crecientemente y entrarán en abierta y amplia disputa.

En este escenario, a la izquierda anticapitalista se le presentan ciertas tareas fundamentales:

a) Programa. Situar el contenido de esta disputa en la denuncia de la burguesía, en su imposibilidad de ofrecer un marco democrático amplio para la participación política del pueblo, la denuncia de sus crímenes, los amparados y no por la ley; en defensa de un programa transversal que sedimente de modo unitario y desde lo concreto los contenidos feministas, ecosocialistas y decididamente anticapitalistas que ya se encuentran en estado germinal y más avanzados que en años anteriores. Es necesario que este programa, al tiempo que proyecta un horizonte, contenga elementos de inmediata mejora de la situación de la clase trabajadora.

b) Alianzas. En el despliegue de esta disputa los poderosos cuentan con la prensa, las fuerzas represivas, las instituciones que gobiernan y sus gremios y partidos. El pueblo es más numeroso, hoy se tiene a sí mismo, impugna su presente oprimido y es cada vez más fuerte, pero no cuenta con grandes organizaciones ni con grandes partidos y lo que existe está más o menos disperso. Para conquistar las demandas inmediatas y una asamblea constituyente popular, democrática, plurinacional, feminista, soberana y libre, serán necesarias amplias alianzas entre los sectores organizados, alianzas que tengan por tarea coordinar esfuerzos para que los amplios y dinámicos sectores del pueblo hagan suyo, impulsen y profundicen el contenido de un programa de este tipo.

c) Este ciclo, aún en apertura, ha demostrado que los instrumentos políticos existentes han sido incapaces de conectar con la potencia de la clase trabajadora movilizada, siendo esta una tarea estratégica. Esto abre la pregunta acerca de qué tipo de organizaciones es necesario conformar para el nuevo ciclo político. Se han producido rupturas importantes en la izquierda, como la del FA. Es inútil explicarlas en clave de personalismos o lógicas de aparato, aunque indudablemente estas influyen. Organizaciones a la izquierda del FA también se encuentran disgregadas y en muchos casos con actuaciones muy marginales. En ese sentido, cabe preguntarse cómo estas captan la situación y sustentan su vitalidad en la actividad de la clase trabajadora.

Estas problemáticas tienen que ser puestas deliberadamente sobre la mesa buscando, al calor de las alianzas y de las acciones coordinadas, abrir debates en torno a tesis estratégicas que se interroguen sobre la naturaleza de este momento político, las tareas que tenemos por delante, las posibilidades de que la dinámica actual se radicalice y los caminos que puedan guiarnos ante los escenarios dados y los posibles. Una primera tarea es elaborar estas tesis, luego ponerlas en deliberación y en disputa entre las expresiones políticas de izquierda y también en cada barrio, en cada organización social, en cada lugar donde se encuentre el pueblo luchando. Los caminos de unidad que no pongan en el centro del debate la discusión de las orientaciones estratégicas estarán destinados a errar en el tacticismo, sin perspectiva ni radicalidad histórica; y hoy, imposible de esquivar, la historia se nos ha puesto al frente.

Karina Nohales y Javier Zúñiga son activistas anticapitalistas chilenos

Notas

1/ Si bien es cierto que tras el terremoto de 2010 los militares salieron a las calles, la connotación de su actuar, que no deja de ser una decisión política de orden y control de la clase trabajadora en un marco de catástrofe social, es distinta a lo ocurrido tras el 18 de octubre de 2019.

(Tomado de Viento Sur)