El plebiscito de abril: ¿votar o no votar? ¿fin o continuidad disfrazada de la Constitución Neoliberal-Autoritaria?

por Pedro Santander

Una vez más la historia toca las puertas de los pueblos con un dilema conocido: cómo enfrentar un momento constituyente. Momento constituyente que, a su vez, expresa una crisis momentánea del sistema de dominación, y al que se llegó gracias al avance de la lucha social.

Esta disyuntiva ha cruzado la historia de los pueblos en más de una oportunidad. Le pasó a Lenin quien en su lucha por derrotar al zarismo a menudo reflexionó acerca de la “forma constitucional de Gobierno”, de hecho, postuló – por un tiempo-  la Asamblea Constituyente como la forma “más cabal y consecuente para barrer definitivamente los restos de las viejas instituciones”. También le sucedió a organizaciones como al movimiento guerrillero M-19 cuando decidió participar de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y presentarse las elecciones de curules. Le ocurrió a Chávez en 1999 cuando optó por encauzar el proceso bolivariano mediante la redacción de una nueva Constitución, para sepultar la de la IVª República. En  todos estos casos (y en varios otros) ocurre algo similar: los pueblos y las organizaciones de tendencia popular se ven desafiados, en el marco de circunstancias que ellos mismos contribuyeron decisivamente a crear, a tomar partido de si participar o mejor marginarse de un proceso de cambio constitucional. Este proceso se da además bajo el marco de una institucionalidad que fue construida por el enemigo de clase, y que condiciona gran parte la dinámica constituyente. Por eso, justamente, ocurre este dilema que nos interpela como pueblos y como revolucionarios/as.

Y en Chile nos pasa por segunda vez en 30 años. La primera ocurrió a fines de los 80’, cuando gracias al avance que significaron las sostenidas jornadas de protestas populares (1982 – 1986), el bloque oligárquico, junto con el imperialismo, buscaron una salida institucional a la crisis que desactivara la rebelión popular y permitiera, en lo esencial, la continuidad del modelo después de la salida del dictador. En ese marco se realizó el plebiscito de 1989 que implicó 54 reformas constitucionales ad hoc a lo que se venía, así como la consagración de una salida neoliberal a la crisis del régimen. Fue claramente un momento constitucional que significó un momento de derrota para el pueblo de Chile y para la salida popular-insurreccional a la dictadura.

Hoy, justo 30 años después, nos encontramos nuevamente ante la disyuntiva de si participar o no de un proceso constitucional impensado hasta hace poco, posibilitado sólo gracias a las movilizaciones sociales, pero que a partir del Acuerdo del 15 de noviembre, ha sido encauzado, en buena parte, por los partidos del Orden Neoliberal-Autoritario y la complicidad de ciertas expresiones frenteamplistas. Por eso, hacerse la pregunta de si participar en el proceso implicará nuevamente una derrota, de si no iremos a legitimar las sombras  que acompañan este proceso como la posible impunidad a las violaciones a los DDHH o la conciliación con la Agenda de Seguridad Pública es válida, y tiene sentido histórico.

Sobre todo, si consideramos que hay similitudes con ese otro instante, el de 1989. Igual que entonces, se trata de un momento constitucional que se da en el marco y bajo normas de una institucionalidad que queremos derrotar. Emerge, además, como una salida a una crisis y como un mecanismo de descompresión de la  elite política-empresarial, que se vio acorralada ante un estallido social para el cual no estaba preparada. Esta elite hoy muestra una doble expresión dividida, por una parte, la reformista/oportunista del Partido del Orden que concilia posiciones desde la Udi-popular (con la facción de Joaquín Lavín), pasando por el RN de Mario Desbordes, Evópoli y la ex Concertación en pleno. Todos, de una u otra manera, están a favor de una Nueva Constitución y dispuestos  a conceder reformas que afecten en algo al neoliberalismo, pero dentro del marco capitalista. Esta línea logra seducir e incluso persuadir a ciertas expresiones frenteamplistas que comulgan con una política reformista ad hoc a su apuesta por lograr mejores posiciones en la institucionalidad actual. Por otra parte, está el ala conservadora: nos referimos al sector reaccionario y conservador de la burguesía nacional, que busca rechazar la posibilidad de cambiar la Constitución que funda el modelo neoliberal en Chile en la cual se reafirma y reproduce en su sitial de privilegio. Estas dinámicas avanzan en paralelo con una agenda de seguridad pública gubernamental que busca fortalecer los aparatos de represión del Estado, y,  consolidar – si es necesaria-  una salida de la mano de las FFAA. Tendencia expresada en el tridente encabezado por la UDI de Jacqueline Van Risselberghe, el RN de Andrés Allamand y el Partido Republicano. 

Pero hay también diferencias con lo que (nos) ocurrió en 1989: esta vez la demanda por una nueva Constitución nace desde abajo, desde la calle y las movilizaciones populares, y desde ahí se le impone al bloque dominante. A diferencia de 1989 cuando la cuestión constitucional fue planteada desde arriba, en esta vuelta los representantes de la institucionalidad no tenían en mente, ni en sus peores pesadillas, que a menos de dos años de lograr un triunfo electoral con Piñera se iba a discutir y plebiscitar una nueva Constitución. Otra diferencia con 1989 es que hoy no hay un bloque político y dirigencial que pueda dialogar y darle conducción al pueblo movilizado. Estamos ante un estallido sin conducción política u orgánica. 

Otra novedad es que el sentido común en 1989 estaba de parte de quienes desde la institucionalidad empujaban la cuestión constitucional, no por nada el referéndum se aprobó ese año con un 91% de apoyo a la propuesta de la clase dominante. Hoy eso no ocurre. Por el contrario, después de la Rebelión de Octubre, en un mes destruimos el sentido común neoliberal y los diagnósticos que como pueblo organizado veníamos haciendo hace años respecto de las insostenibles tensiones de clase, se mostraron correctos. En ese sentido, algo se alteró en diversos planos, incluso en el de la máxima marxista de que «Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante” (La Ideología Alemana). Actualmente la clase dominante tiene el serio problema de enfrentarse a la realidad de que sus ideas dejaron de ser las dominantes, no son espíritu de época. Como diría Gramsci, hemos comenzado a disputar hegemonía. Se trata de una situación de alta peligrosidad para la oligarquía, complementemos con Maquiavelo: «A un príncipe le es necesario tener al pueblo de su lado: de lo contrario, no tiene remedio en la adversidad». Piñera, al menos, no parece tener remedio, y la adversidad es evidente.

Y en cuanto al pueblo movilizado, también podemos apreciar diferencias en las características de la movilización social entre la que hoy estamos viviendo y la de 30 años atrás. Como ya dijimos, la actual no tiene conducción orgánica, y a diferencia de la de los 80’ que tuvo visos insurreccionales hasta 1986 y decayó luego a la lógica electoral (1987-1990), la de hoy ha tomado un cariz de desobediencia civil prolongada, frente a la cual la brutal represión policial, a pesar de su violencia, se ha mostrado ineficaz. Esta desobediencia civil ha adquirido tintes de rebeldía radical con los ataques a comisarías, la formación de una Primera Línea, la quema de peajes, una exitosa huelga nacional como la del 12 de noviembre o las más de 3 millones de mujeres movilizadas este pasado 8 de marzo; pero la falta de conducción orgánica dificulta que adquiera carácter insurreccional. Sin duda, se han formado lazos entre la Primera Línea (la expresión de avanzada en la radicalidad) y la multitud que protesta activa y pacíficamente, pero es un vínculo de carácter político-emocional, antes que orgánico.

Esto no significa que, al menos potencial y teóricamente, debamos descartar que se estén abriendo condiciones para avanzar hacia un momento pre-revolucionario, si lo entendemos como lo hacía Lenin, es decir, como uno en que “la agudización de las contradicciones de una formación social llega a tal grado de desarrollo que una crisis afecta a todas sus estructuras, tanto económicas como políticas, ideológicas, etc. Esta sólo puede resolverse mediante cambios estructurales, creándose así las condiciones materiales que hacen necesaria una revolución social”.

Bajo este contexto de avance, de movilizaciones sostenidas incluso durante el verano, de desobediencia y resistencia, de resquebrajamiento del sentido común dominante y clara reactivación de la masividad en marzo, la posibilidad de que la opción por una nueva Constitución sufra una derrota en el plebiscito del 26 de abril y que gane ese día la opción de “Rechazo”, significaría una derrota estratégica para el pueblo de la cual no nos recuperaríamos en décadas. Hemos logrado generar un salto de conciencia en contra de la  institucionalidad de los ricos de este país, resquebrajamos su sentido común, estamos hoy disputando hegemonía y su Presidente está agónico. Esa ventana no la podemos cerrar, esa senda no hay que dejar de profundizarla y radicalizarla, y es lo que, sin duda, ocurriría si la derecha triunfa en abril.

Si, en cambio, el 26 de abril la opción Rechazo queda bajo el 40%, daremos otro salto hacia adelante, habremos dado otro golpe a los enemigos de clase, y se abre una ventana. No es más que una ventana, sabemos que no es, ni de cerca, el golpe definitivo, pero es uno que les dolerá, que los complicará, que alterará al campo del enemigo, y de eso se trata casi siempre en la lucha por el poder, lograr alterar el campo del adversario. A nuestro movimiento le proporcionará fuerza, moral y mejorará nuestro posicionamiento, seguiría cambiando el escenario y se materializaría, real y concretamente, otro paso en la “corrida de cerco” que comenzó con la Rebelión de Octubre. Eso no significa que dejemos de persistir en la Asamblea Constituyente Soberana como madre de la lucha, cúspide del programa transicional del movimiento popular dentro de la lucha de clases que articula las reformas históricas.

Debemos seguir pensando la cuestión del poder desde lo más diversos ánguos, sabiendo que la burguesía nunca tiene la voluntad de conceder las reformas estructurales que el pueblo exige, excepto por la fuerza, fuerza que se logra y se acumula entendiendo que todas las formas de lucha suman, en tanto sean radicales y con orientación estratégica clara e inclaudicable.