A la izquierda del acuerdo del 15 de noviembre: la ruta constituyente de organizaciones sociales y territoriales

por Macarena Segovia

“¡Hago el llamado a evadir plebiscito y no soltar la calle!”, fue la frase con la que incendió los ánimos la excandidata presidencial Roxana Miranda. Las palabras de la histórica dirigenta de Andha Chile generaron una ola de críticas desde algunos sectores de la propia oposición y señalaron que estaba llamando a un boicot y “haciendo el juego a la derecha”. Algo “muy lejano” –dijeron– a lo que se está discutiendo en distintos espacios organizados en el país.

Al interior de diversas organizaciones sociales, territoriales y políticas, tratan de bajar la tensión y calmar los ánimos ante el denominado “fantasma del boicot”. Coincidieron en que es una postura “que existe», pero que es «minoritaria”.

Durante febrero, distintas organizaciones han estado en etapa de deliberación ante el proceso constituyente. Así, espacios como las coordinadoras Feminista 8M, Social Shishigang y de Asambleas Territoriales, además de otras más políticas, como Convergencia 2 de Abril, la ACES, colectivos estudiantiles, de la diversidad sexual y hasta juntas vecinales, que están decidiendo si se harán parte y cómo participarán del proceso constituyente.

La principales conclusiones –preliminares– apuntan a lograr mantener la movilización social y “partir marzo recargados”, respaldar la agenda de la huelga feminista y cerrar el mes con una movilización contra el sistema de pensiones, además de instalar la necesidad de una Asamblea Constituyente de “carácter popular, dejando atrás la pequeña discusión por marcar o no el voto”.

Aunque muchos apuntaron que no van a hacer campaña por el plebiscito del 26 de abril, tampoco “vamos a boicotear ni obstaculizar el proceso”. Algunos pondrán sus fuerzas en levantar “un proceso constituyente propio” que no necesariamente esté en oposición al institucional, aunque “podría llegar a serlo”, sostuvieron. El objetivo sería consolidar un programa desde la gente y hasta se podrían levantar candidaturas territoriales para la Convención Constituyente, algo que aún está en debate.

Una de estas iniciativas es la denominada “Asamblea Popular Constituyente”, que ha sido convocada por la Mesa de Unidad Social (MUS) junto a otras organizaciones, para generar una instancia que supere el calendario institucional constituyente y “debería ocurrir inmediatamente a continuación del triunfo en el plebiscito de fines de abril y realizarse durante los meses siguientes”, explicaron en un comunicado.

En la Coordinadora Feminista 8M, su vocera, Alondra Carrillo, subrayó que “más allá de que hay posiciones diversas respecto del plebiscito y del itinerario constituyente institucional, reconocemos que hay tiempos institucionales y tiempos sociales y que, en el marco de esas dos temporalidades en medio de la revuelta, no vamos a tener que necesariamente llevar adelante las mismas iniciativas”.

Carrillo enfatizó que durante el Congreso de las que Luchan, realizado en enero, concluyeron que “no vamos a dejar que el acuerdo de otros nos divida, vamos a poner por delante el programa y una Asamblea Constituyente efectivamente popular, feminista, soberana y libre y, eso, lo vamos a impulsar desde todos los espacios en que estemos trabajando en el proceso constituyente”.

Ampliar la coordinación

Uno de los objetivos que se repiten entre las organizaciones sociales consultadas es el de ampliar las redes y lograr coordinar los distintos trabajos y asambleas territoriales que han surgido tras el estallido del 18 de octubre.

Uno de estos espacios es el de la Coordinadora Social Shishigang, que a pesar de iniciarse en Puente Alto de la mano del trap local antes de octubre, tras las movilizaciones fue ampliando su trabajo. Su vocera, Maria Fernanda Salinas, explicó que están “levantando una plataforma de organizaciones sociales, hay como 25 entre colectivos, ONGs, fundaciones, etcétera”, las que van desde Chiloé hasta Mejillones.

Con dichas orgánicas están dando la discusión de “cómo afrontar en conjunto este escenario político». Salinas precisó que «para nosotros y nosotras era importante levantar este espacio de organización de agrupaciones populares, con incidencia real en sus territorios o áreas de trabajo, como un espacio fraterno de articulación, debido a que muchos y muchas veníamos cansados y cansadas de la vieja política”.

La Coordinadora de Asambleas Territoriales está compuesta por 50 asambleas estables que surgieron a partir de las movilizaciones de octubre. El 18 de enero, cerca de mil representantes de 200 organizaciones –entre ellas juntas de vecinos, cabildos, cordones y asambleas– se dieron cita en el Primer Encuentro Metropolitano de Asambleas Territoriales (CAT).

En la declaración tras el encuentro manifestaron su rechazo al acuerdo del 15 de noviembre, hicieron presente la exigencia de una Asamblea Constituyente “representada por las propias asambleas y cabildos populares territoriales”. Sin embargo, no se desmarcaron del proceso institucional y decidieron “que los territorios deberán tener su espacio de reflexión y votación para dirimir sobre la siguiente etapa del proceso propuesto por el Gobierno y el Parlamento», esto es, el plebiscito de abril para la consulta por los mecanismos, a través de Convención Constituyente o Convención Mixta.

En el comunicado agregaron que “solo cuando las asambleas hayan discutido su posición frente a ese proceso, decidirán y direccionarán a través de la CAT las estrategias a seguir según lo acordado en los territorios”.

El fantasma del boicot

Un panorama distinto ocurre en los espacios estudiantiles secundarios, ya que fueron dejados fuera de la participación institucional cuando en el Congreso fue desechada la idea de incluir el voto para los mayores de 14 años. En distintas organizaciones de secundarios aún está en proceso la discusión de la fórmula con la que se abordará el plebiscito del 26 de abril.

En medio del boicot a la PSU convocado por la ACES, parte de la derecha –por ejemplo, el senador Andrés Allamand (RN)– puso en duda que estuvieran las condiciones de seguridad para hacer el plebiscito de abril. Una posición que es vista como una “exageración” desde el espacio secundario, en donde explicaron que, aunque no se descarta que haya movilizaciones y manifestaciones en contra del proceso, “las condiciones son distintas a la PSU”, tomando en cuenta que es la fuerza militar la que custodiará los centros de votación.

El vocero de Chile Mejor Sin TLC y de Unidad Social, Esteban Silva, dijo que “lo más relevante es mantener la movilización social, no existe un cambio de institucionalidad que permita avanzar de fondo sin movilización social”. Sobre las manifestaciones, aseguró que “creemos que no habrá boicot, en las organizaciones más críticas no veo ninguna que esté llamando a boicotear el plebiscito, eso es parte de la campaña del miedo y del terror que está sembrando la ultraderecha”.

Desde el mundo feminista, plantearon que hay colectivos que han tomado la postura de llamar a no votar, destacaron que “es una posición real, que puede ser respetable”, pero que no hay llamados que puedan dar a entender que “veremos al pueblo contra el pueblo”.

Por otra parte, desde la Coordinadora Social Shishigang reconocieron que existen “organizaciones de izquierda y derecha que llamarán a boicotear el plebiscito, sin embargo, creemos que esta acción será un tanto impopular, debido a que nuestros vecinos y vecinas sí quieren participar, o al menos así quedó demostrado en el plebiscito no vinculante municipal”, explicó Salinas.

La vocera agregó que en marzo se insistirá con la inclusión de la Asamblea Constituyente en el voto del 26 de abril, además de la renuncia del Presidente Sebastián Piñera, demanda que se hará extensiva a todas las organizaciones que se plegarán a la huelga feminista de marzo. Si esto no se cumple, se sumarán al proceso constituyente institucionalizado, ya que –sentenció la dirigenta– “creemos que estamos recién iniciando la vía de la constituyente, y este es un camino largo que no terminará en abril y debe ser conducido y empujado por los pueblos, las organizaciones y movimientos sociales”.

Otro de los puntos sobre la mesa en el debate de las organizaciones sociales es la sensación de “impunidad y falta de justicia” ante las violaciones de los Derechos Humanos en los últimos cuatro meses. Reclamaron que “es difícil” un cambio en Carabineros si se mantiene en la institución a los funcionarios responsables, y que la gran cantidad de detenidos y procesados en el contexto de movilizaciones también constituye un factor de reticencia para sumarse al proceso propuesto por los partidos políticos.

(Tomado de El Mostrador)