Aportes a la propuesta programatica de la Izquierda Socialista en el estallido social y ante la Asamblea Constituyente

por Ibán de Rementería

Lo que pone en claro el estado de nación insurrecta que ha asumido el pueblo chileno desde 18 de octubre del 2019 hasta el presente[1], es su profunda insatisfacción con el sistema político institucional y con la administración del estado, tanto por haber instaurado un sistema desigual en la distribución de la riqueza como abusivo en el acceso a los bienes básicos y de consumo. Además, el sistema político y la administración pública ha sido incapaz de garantizar a todas y todos los chilenos el acceso universal, gratuito y de calidad a los derechos sociales básicos como son la previsión social, la salud, la educación, así como a la seguridad en el empleo con remuneraciones justas –la precariedad laboral. Este desencuentro final entre las demandas sociales manifestadas con masivas y recurrentes marchas por las calles de las principales ciudades y la incapacidad política de atenderlas,   llegaron a su culminación con la concentración de un millón y medio de personas en Santiago (25 octubre 2019), lo que se ha intentado controlar solo mediante medidas de orden público con el uso indiscriminado de la violencia contra las personas por las fuerzas policiales y militares atentado así contra la seguridad ciudadana de aquellas, lo cual ha sido ampliamente denunciado por las instituciones nacionales e internacionales que se preocupan por los DDHH. 

La incapacidad y colapso del actual Gobierno tanto de resolver el estallido social satisfaciendo sus demandas como de recuperar el orden público, condujo al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución en un pacto parlamentario de dudosa legitimidad hecho a espaldas del movimiento social (15 noviembre 2019). No obstante, esta coyuntura de llamar a la nación a resolver la crisis política, social, económica y cultural que padecemos mediante un plebiscito para convocar a la Asamblea Constituyente (llamada maliciosamente Convención Constituyente), debe ser utilizada tanto por el Partido Socialista como todas las fuerzas políticas de izquierda y progresistas, por el movimiento social y sus organizaciones representativas para instaurar una nueva constitución democrática, participativa e igualitaria que garantice los derechos sociales fundamentales de todas y todos los chilenos, así como de quienes habitan en el país. Negarse a este desafío es apoyar directamente la negativa del Gobierno y los partidos de derecha a la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

Si bien existía una diversidad información empírica cuantitativa –encuestas- y cualitativa con estudios de campo[2], que señalaban una constante demanda de la población por una mejor satisfacción de sus derechos sociales básicos y un más accesible provisión a los bienes de consumo, los servicios, etc.,  la reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) que recoge la opinión pública sobre los principales problemas que debe solucionar el gobierno, tenemos que si bien en mayo del 2019 el primer lugar lo ocupó la delincuencia, con el 51% de las preferencias, ahora en el mes de diciembre recién pasado sólo el 26% señalo esa preferencia poniéndola en el quinto lugar, el primer lugar de las preferencias en diciembre fueron las pensiones, que en mayo ocupaban el segundo lugar con 46% de preferencias, el segundo lugar ahora en diciembre los ocupó la salud con 46%, antes tenía el  34%, el tercer lugar fue para educación con el 38% de las preferencias, antes tenía el 30%, el cuarto lugar de las preferencias en diciembre fue para sueldos, con el 27% y en mayo había tenido el 21%.

El cambio de preferencias según el CEP de la delincuencia como el primer problema a solucionar para las y los chilenos hasta llevarla al quinto lugar, indica que entre mayo y diciembre hubo un profundo intercambio de opiniones, percepciones y actitudes sobre aquellos asuntos en el marco de las grandes movilizaciones, al interior del estallido social y en medio del colapso de la totalidad del sistema político institucional, proceso a no dudarlo riquísimo en propuestas e intercambio de opiniones, del cual ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni los partidos políticos, ni los centros de estudio, ni las universidades tienen información, percepción o intuición alguna conocida.

No obstante, la información recogida por el CEP, prevista o corroborada por otras encuestadoras como CADEM,  Criteria Reaserche, Analítica Researche, etc., señalan claramente cuáles son las principales demandas de las y los chilenos, las que deben ser los contenidos programáticos de las propuestas movilizadoras para invitarlas e invitarlos a participar activamente en el plebiscito y luego en la elección preferencial de aquellas candidatas y candidatos a constituyentes o convencionales que se comprometan firmemente con garantizar constitucionalmente la provisión universal, gratuita y de calidad de los derechos sociales que esas demandas expresan.

Estos derechos sociales fundamentales que la nueva constitución debe de garantizar a todas y todos los que viven en el país, son: un sistema previsión social universal y de calidad,  mediante la provisión pública por el estado, con aportes de los beneficiarios y sus empleadores, tripartitamente gestionado; asimismo, establecer un sistema de salud universal, gratuito y de calidad provisto por el estado; así como, instituir un sistema de educación de carácter universal, gratuita y de calidad, tanto básica, media, técnica y universitaria provista con recursos públicos. 

La demanda por sueldos que están reclamando las y los chilenos, refiere tanto a salarios dignos, que cubran las necesidades familiares básicas de bienes de consumo, como a la estabilidad laboral, a la seguridad en el empleo; para lo cual es necesario instaurar una legislación laboral que otorgue plenas garantías a la organización sindical y  la titularidad de los beneficios para sus asociados, reconozca el pleno derecho de huelga sin más limitaciones que la seguridad industrial y de la comunidad, acepte la negociación colectiva por ramas y establezca la jornada laboral de 36 horas semanales y las vacaciones de 25 días al año.

Con la finalidad de financiar la prestación de los derechos sociales reclamados por las y los chilenos, sin aumentar los impuestos indirectos, es necesario recuperar para el Estado las rentas y utilidades provenientes de la explotación de todos los recursos naturales renovables y no renovables que constitucionalmente pertenecen a la nación[3], incluida allí el agua. 

Con las mismas finalidades antes señaladas se debe recuperara para el Estado las rentas y utilidades provenientes de las explotaciones de las obras públicas[4] y los servicios públicos[5].

Obviamente, cambiar la actual política tributaria aumentando los impuestos a los grandes ingresos y rentas, así como evitando la elusión y la evasión tributaria mejoraría notablemente los ingresos públicos. Además, despejaría cualquier duda sobre el carácter populista y demagógico de estas propuestas para garantizar la satisfacción de los derechos sociales fundamentales.  

En tanto que el neo liberalismo se caracteriza socioeconómica y políticamente por: la desregulación de las relaciones de trabajo, la privatización de los recursos naturales, la privatización de las obras y los servicios públicos, así como por la privatización de las prestaciones de los derechos sociales básicos en salud, educación y seguridad social. Las propuestas que aquí se hacen son la reversión política, económica, social y cultural del neoliberalismo en Chile, y así constituirnos en un nuevo ejemplo para la región, los países en desarrollo y el mundo, como los fuimos con la Unidad Popular.


[1] Según la encuesta CADEM el acuerdo de la población con las movilizaciones es del 59% y el 39% estaría en desacuerdo.

[2] Instituto de Ciencias Sociales Universidad Diego Portales. Cuarta Encuesta Nacional de Opinión Pública. 2008. PNUD Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2015. Los tiempos de la politización.

2 La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, estima que cada año las empresas de la minería privada del cobre se llevaron como sobre ganancias – además de utilidades, costos financieros y costos de riesgo- US$ 12.000 millones de dólares anuales entre 2005 y 2015. G. Ver: Sturla Z., S. Accorsi O., R. López, E. Figueroa. Nuevas Estimaciones de las Riquezas Regaladas a las Grandes Empresas de la Minería Privada del Cobre: Chile 2005-2015. Series Documentos de Trabajo. Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Santiago. Diciembre 2016.

Autopistas urbanas aumentan en 30% sus utilidades y totalizan US$ 215 millones. Miércoles, 06 de diciembre de 2017. Marco Gutiérrez V. Economía y Negocios. El Mercurio. “Las utilidades de las cuatro principales autopistas concesionadas de la capital -Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Sur y Vespucio Norte- sumaron $137.496 millones, unos US$ 215 millones, en el período enero-septiembre, lo que representó un crecimiento cercano al 30% (28,89%). Los ingresos de estas firmas, en tanto, avanzaron 10,48% en el período, llegando hasta los $312.438 millones, unos US$ 490 millones”. 

4 Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el año 2015 las utilidades de esas empresas llegaron a  278.488.422 de pesos chilenos, unos US$ 464 millones.

(el autor es militante de la Izquierda Socialista del PS e integra el equipo editorial de El Porteño)