Investigadora de la PUCV denuncia acoso laboral y maltrato por parte la de la Universidad

Patricia González, investigadora del Programa de Paisaje, Territorio y Desarrollo Rural del Centro CERES-PUCV, demandó a la institución debido a la precarización e informalidad de sus condiciones laborales. Hay más casos. 

La precarización e informalidad laboral, situaciones de acoso y otras vulneraciones de derechos fundamentales de trabajadores son parte de las condiciones laborales que viven los investigadores de distintas unidades académicas de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Patricia González, investigadora del Programa de Paisaje, Territorio y Desarrollo Rural del Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de Valparaíso, Centro CERES, es uno de los casos más recientes.

El 17 de septiembre, con respaldo del Sindicato Nº1 Interempresas de la PUCV, la investigadora demandó a la universidad y al Centro Ceres solicitando el reconocimiento de su relación laboral con la PUCV, encubierta por contrato de prestación de servicios a honorarios, que vulnera una gran cantidad de derechos laborales y previsionales.

A esto se suma la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, fundada en los actos graves de acoso laboral que González sufrió mientras prestaba sus servicios en dependencias del Centro Ceres por parte de su jefatura directa, Roxana Lebuy, bajo conocimiento del director del Centro, Eduardo Gratacós. “Se trata de gritoneos, aislamiento social, cuestionamiento de tu profesión, órdenes parcializadas para impedir el desarrollo contínuo de mi trabajo, recorte arbitrario de mi jornada laboral y degradación de mis funciones como investigadora, exclusión de mi trabajo intelectual en publicaciones y amenazas”, cuenta la profesional.

Es necesario recalcar que producto de estas conductas vulneratorias, González comenzó a padecer daños psicológicos y psiquiátricos, que la llevaron a un diagnóstico médico que ordenó reposo por medio de licencias médicas desde hace seis meses. Dada su situación contractual precaria a honorarios, el pago de sus licencias médicas resultan irrisorias, siendo de $11.466 pesos mensuales de parte de los organismos respectivos, quedando desprotegida no sólo en sus derechos laborales, también en el ámbito de la salud y previsión.

Además de la solicitud de protección y reparación de los derechos fundamentales y laborales de González en el marco de la relación laboral vigente que mantiene con la PUCV, constatada por la Dirección del Trabajo, la demanda incluye la solicitud de declaración de empleador único entre la PUCV y el Centro Ceres, fundado en que se trata de empresas con un Rut distinto, el llamado multirut, pero que poseen una dirección laboral común, al tratarse de un centro que está al alero de la PUCV. 

Esta universidad tiene 12 empresas relacionadas y, en particular, la Corporación Centro CERES se caracteriza por un directorio compuesto por la alta directiva de la administración central de la PUCV.

La audiencia preparatoria del juicio quedó fijada para el próximo lunes 25 de noviembre a las 9:00 horas.El caso de la investigadora no es el único. “Este año, se declaró el multirut entre Ediciones Universitarias de Valparaíso de la PUCV y la PUCV, además de la comisión de infracciones laborales graves por parte de las empresas vinculadas a la PUCV”, indica Osvaldo León, presidente del Sindicato Nº1 Interempresas de la PUCV.