Contra el acuerdo constitucional de los patrones: desde las bases, Asamblea Popular Consituyente

por Gustavo Burgos

Desde la suscripción del Acuerdo Constitucional, los medios de comunicación patronales han tratado de transformar este simple acuerdo entre el piñerismo con la oposición parlamentaria, en el acta de defunción del levantamiento popular. Insisten majaderamente que la crisis terminó y que todo debe canalizarse por las vías institucionales. La Tercera, El Mercurio, El Mostrador, los canales de TV, los periodistas emblemáticos como Daniel Matamala y Mirna Schindler, al unísono repiten -como un mantra- la misma especie: ahora serán las instituciones y no la violencia las que permitirán recomponer la convivencia nacional. Lo repiten al unísono no porque lo crean, sino porque el terror que atraviesa a la burguesía los obliga a declamar cualquier cosa con tal de sacar a la gente de las calles. Por eso institucionalizar es ahogar el movimiento y abrir paso a la represión para preservar el orden social capitalista cimentado en la gran propiedad privada de los medios de producción.

El único que puede celebrar este acuerdo es Piñera, gracias a él ganó legitimidad como árbitro en el conflicto -porque ya no lidera ni a su sector- y logró arrastrar a la oposición y a una parte importante del Frente Amplio (RD, Comunes, Liberales) a su política de «pacificación». En realidad, este acuerdo y su supuesta paz son el entramado político para legitimar la represión sobre el movimiento. El mismo día viernes 15, en la Plaza de la Dignidad (ex Italia), la muerte del compañero Abel Acuña demostró la disposición al diálogo del Gobierno con el movimiento. La prensa hoy día, junto con agitar el pretendido el encauzamiento institucional, hizo explícita la determinación de Piñera de pasar al ataque con acciones ejemplificadoras para castigar a los protagonistas del levantamiento. Un equipo de abogados ha sido creado para accionar judicialmente contra el activismo invocando inclusive la ley de Seguridad Interior del Estado, calificando como delitos conductas de opinión e inclusive a «el que baila pasa», que califican como atentado a los DDHH.

Es un hecho, hace unos momentos se viralizó la funa de que fue objeto Beatriz Sánchez y algunos dirigentes del Frente Amplio que apoyaron el Acuerdo Constitucional, que esta maniobra fracasó como vehículo para ahogar el movimiento. Si bien inicialmente fue presentado como celebración, a estas alturas se ha revelado como una pretendida carta blanca de legitimidad democrática, extendida a favor del Gobierno por sus dóciles opositores parlamentarios. Este acuerdo suscrito carece de legitimidad popular y lo que está planteado entonces es la necesaria respuesta desde el campo del movimiento, los trabajadores y explotados en general. La pacificación con Piñera en el Gobierno, sólo sirve al gran empresariado.

Es un hecho que el movimiento reclama una Asamblea Constituyente y que aquella sólo puede realizarse como expresión de la voluntad de las organizaciones y espacios que han protagonizado este movimiento. Una verdadera Asamblea Constituyente, ha de ser una Asamblea Popular Constituyente, apoyada en las organizaciones de base y expresando la real y soberana voluntad popular. Cuando los paniaguados del gran capital hablan de «institucionalizar» están significando en realidad, que la voluntad popular debe someterse a la de la burguesía y a su Estado patronal. Es imprescindible subrayar esta cuestión porque en ella se dirimirá esta crisis, vale decir, no alcanza con sacar al asesino de La Moneda: es necesario dotar a los trabajadores de la fuerza necesaria para gobernar y construir una nueva república bajo el gobierno de la mayoría trabajadora. Esta fuerza es la que expresa el movimiento, la que ha paralizado exitosamente el país el 23 y 24 de octubre y el martes pasado. Esta fuerza, la de la clase trabajadora organizada, es la que ha marcado el inicio del segundo tiempo de esta crisis y pone en evidencia la necesidad de que los trabajadores se organicen, unifiquen regional y nacionalmente sus asambleas y tomen en sus manos el país.

Dicho de manera telegráfica: la Huelga General del 12 de noviembre, protagonizada por los trabajadores organizados de un lado, y del otro, el Acuerdo Constitucional como iniciativa política de la burguesía, señalan el inicio de un segundo tiempo en la crisis de proyección revolucionaria que vive Chile.

Debemos trabajar en un programa de Gobierno que le de materialidad a las aspiraciones democráticas y de revolución social que levantan los movilizados en todo el país. Debemos decir no sólo que son los trabajadores la única clase que puede dar respuesta a las reivindicaciones que plantea el movimiento, sino que tenemos la fuerza para plantearnos tal gobierno y que ello debe cimentarse en las conquistas que el propio movimiento plantea.

A diferencia de lo que dice Sharp y el Partido Comunista, el Acuerdo Constitucional no sólo debe ser rechazado por cuestiones de forma. No sólo porque en él no han participado los trabajadores, es un problema de contenido, de cuál es la clase social que llevará adelante tales medidas planteadas. Sabemos, compañero Sharp y camaradas del PC, que la burguesía suscribió este acuerdo para desmovilizar, que fijó un quórum de 2/3 para garantizar que el pinochetismo salga indemne de este trance y el régimen siga blindado. Aunque este acuerdo hubiese sido suscrito por Luis Mesina de No+AFP y por Bárbara Figueroa de la CUT, este acuerdo habría que haberlo rechazado porque su contenido es patronal y contrarrevolucionario.

En estos días convulsionados se hace necesario, por las razones ya expuestas, la unificación de los organismos de lucha y la construcción de una dirección política de trabajadores, una dirección que reivindique las valiosas enseñanzas que nos ha dejado este movimiento desde el 18 de octubre, estas semanas feroces que han aterrorizado a la oligarquía y en las que se ha empezado a dibujar una inédita revolución de los trabajadores y explotados. ¿Nos desafían a proponer un proyecto de nueva Constitución?, pues bien esa Constitución ya ha comenzado a redactarse en las calles del país, en las movilizaciones y huelgas políticas que han sacudido al régimen.

Esta es la tarea en este segundo tiempo: mantenerse movilizados hacia una Huelga General indefinida , unificados en los organismos que ha creado este levantamiento y manteniendo firme la bandera de un nuevo orden: un nuevo régimen de trabajadores que se inicie con la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente.