El encarcelamiento de nacionalistas catalanes: el Gobierno español construye un Estado policial

por Alex Lantier

La sentencia de Madrid de una década de cárcel por sedición contra doce nacionalistas catalanes el lunes, seguida por amenazas de un estado de excepción en Cataluña encima de la represión policial contra las protestas masivas, marca un paso importante hacia la dictadura en España y Europa. El fallo el lunes es un veredicto infame e ilegítimo de una corte desacreditada por sus declaraciones recientes de apoyo al dominio fascista.

Los acusados, encabezados por el exvicepresidente regional de la Cataluña, Oriol Junqueras, convocaron las protestas pacíficas que precedieron el referéndum pacífico sobre la independencia catalana el 1 de octubre de 2017. La policía paramilitar española emprendió violentamente contra los votantes durante los comicios, hiriendo a más de mil mientras respondían a la brutal golpiza policial en las urnas con acciones de desobediencia civil masivas.

La policía se enfrenta a manifestantes durante una protesta en el aeropuerto El Prat, en las afueras de Barcelona, España, el 14 de octubre de 2019 (AP Photo/Bernat Armangue)

Poniendo la realidad en su cabeza, el Tribunal Supremo afirmó que no hubo una violencia estatal ilegítima contra la población, sino un levantamiento popular violento contra una autoridad estatal legítima, por lo cual Junqueras y otros son culpables de sedición por incitarlo.

En medio de llamados a una huelga general, se avecina una confrontación entre la clase obrera y el Estado policial emergente en España y toda Europa.

Después de las protestas que estallaron el martes por la noche en Barcelona contra las penas de cárcel, el presidente español Pedro Sánchez del Partido Socialista (PSOE) declaró que “no descarta ningún escenario” respecto a la respuesta de su Gobierno mientras se reunía con los líderes de los principales partidos parlamentarios. Con el recién formado Vox de tinte fascista a la cabeza, estos partidos han emitido varias demandas: aplicar el Artículo 155 de la Constitución de España que suspendería el Gobierno regional electo de Cataluña o movilizar el ejército.

Es una tarea elemental de los trabajadores en toda España e internacionalmente exigir la liberación de los prisioneros políticos nacionalistas catalanes y defender a los trabajadores y jóvenes en Cataluña contra la amenaza de represión militar y gobierno autoritario desde Madrid.

Exigir la liberación de los prisioneros nacionalistas catalanes no supone apoyo alguno a su programa regresivo de dividir a la clase obrera en España formando una república independiente capitalista en Cataluña ni su historial de austeridad social contra los trabajadores catalanes. La desconfianza popular hacia el independentismo catalán, compartido por una estrecha mayoría de catalanes, es legítimo y políticamente justificado. Pero los arrestos son una parte integral de la campaña fascistizante dirigida principalmente contra la clase obrera española e internacional.

El fallo, al atribuirles a los manifestantes catalanes y no a la policía española la culpa de la represión, arma al Estado a eviscerar los derechos democráticos fundamentales. Es un argumento grotesco y reaccionario que, si fuera aceptado, permitiría declarar a un huelguista en un piquete o un estudiante ocupando una universidad culpable de rebelión violenta contra el Estado y darle una larga pena de cárcel con solo hacer que un policía rompa su porra en su cabeza. Constitucionalmente, los derechos de huelga y protesta serían letra muerta.

El encarcelamiento de los nacionalistas catalanes es inseparable de la campaña intransigente en la clase gobernante desde el referéndum catalán para promover a Vox y rehabilitar el fascismo. En junio, en una sesión sobre este fallo, el Tribunal Supremo bloqueó brevemente la propuesta de exhumar al dictador fascista Francisco Franco, argumentando que fue el “jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”. De esta manera, falló que la autoproclamación de Franco el 1 de octubre de 1936 como jefe de Estado, cuatro meses después de que su golpe fascista desatara la guerra civil española, fue legítima.

La guerra civil española devastó varias ciudades, llevó a la muerte de 200.000 trabajadores e intelectuales izquierdistas y resultó en la detención de 400.000 personas en campos de concentración. No obstante, el Tribunal Supremo falló que sería “extraordinariamente perjudicial para el interés público” si no hay una comprensión más positiva de “la significación de don Francisco Franco”.

La legitimización del franquismo inevitablemente recrudece los conflictos del Estado español con Cataluña. Se debe recordar que, después de la victoria de Franco en la guerra civil y la ocupación nazi de Francia en 1940, la Gestapo nazi les entregó a los fascistas españoles al líder nacionalista catalán, Lluis Companys, para su ejecución.

La Unión Europea y todos sus Estados miembros están directamente implicados en el complot de la clase gobernante española. Junqueras, quien fue elegido al Parlamento Europeo desde prisión, podría alegar inmunidad como eurodiputado. Sin embargo, cuando el Tribunal de Justicia de la UE programó una audiencia para determinar si Junqueras podría gozar de inmunidad, ningún Estado miembro de la UE presentó argumentos a la corte. Si bien de forma tácita todos apoyaron conscientemente la decisión de la burguesía española de legitimar el fascismo y destruir derechos democráticos básicos.

El fallo en España solo es la expresión más marcada de la campaña para socavar los derechos democráticos y suprimir las protestas en la Unión Europea (UE), en medio de un resurgimiento de huelgas y manifestaciones políticas contra las políticas de la UE.

En Reino Unido, la semana pasada vio el arresto de más de 1.600 manifestantes pacíficos contra el cambio climático en Londres, mientras que la Policía Metropolitana impuso un veto en la ciudad contra toda protesta.

En Francia, donde el odiado presidente Emmanuel Macron rindió tributo al dictador fascista, Philippe Pétain, mientras emprendía sus arrestos masivos contra las protestas de los “chalecos amarillos” contra la desigualdad social, la policía golpeó repetidamente a los manifestantes pacíficos y arrestó a los que intentaron defenderse. El caso de Christian Dettinger, un exboxeador sentenciado a 30 meses en prisión por golpear el escudo de un policía antidisturbios mientras protegía a una manifestante, es notorio. Esto se produjo dos años después de un estado de excepción bajo el cual se suspendieron los derechos democráticos.

En Alemania, el surgimiento del partido neofascista Alternativa para Alemania como principal partido de oposición, ante protestas masivas, es la manifestación más peligrosa del crecimiento del neofascismo en Europa.

Casi tres décadas después de que la disolución estalinista de la Unión Soviética llevara a los intelectuales burgueses a proclamar el “Fin de la historia”, la muerte del socialismo y el triunfo eterno de la democracia liberal, las clases gobernantes de Europa están nuevamente girando hacia una dictadura. Cabe notar que el resurgimiento de tendencias fascistizantes en el Estado español ocurre bajo el auspicio del socialdemócrata “liberal” Sánchez.

No es posible ninguna lucha para defender ni siquiera los derechos más básicos dentro del marco de los partidos de la adinerada clase media-alta, como el partido estalinista y pablista Podemos, el cual se ha dedicado desde 2017 a desmovilizar y estrangular la oposición política en España contra la campaña fascistizante de Madrid contra Cataluña. No ha convocado a sus cinco millones de votantes a ninguna protesta masiva, en línea con los sindicatos estalinistas y socialdemócratas, los cuales se han rehusado a organizar acciones de solidaridad en defensa de los trabajadores que han sido víctimas de la represión en Cataluña.

Por el contrario, Podemos está apelando al PSOE para formar una alianza gubernamental, incluso mientras conduce la campaña de represión en Cataluña. Tras el veredicto catalán, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quién le prometió “toda la lealtad” en cuestiones de Estado a Sánchez durante las negociaciones fallidas este año, declaró que “todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia” a pesar de haber expresado disconformidad por la decisión.

Luchar contra el giro de las clases gobernantes hacia la dictadura y el fascismo exige romper con estas fuerzas en bancarrota y girar hacia la clase obrera internacional.

Los trabajadores en Cataluña que están luchando por defender sus derechos sociales y democráticos deben apelar a sus hermanos y hermanas de clase en España y Europa en su conjunto para avanzar una batalla común por la transformación socialista de la sociedad y por los Estados Unidos Socialistas de Europa. Esto es inseparable de la lucha por construir secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) en Europa y todo el mundo.

(Tomado de WSWS)