La verdad de los incendios en la Amazonía boliviana: La alianza de Evo Morales con los gremios agroindustriales

por Enrique Ormaechea

La caída de los precios de los hidrocarburos en el mercado mundial y la deficiente gestión gubernamental de dicho sector -que mermó los ingresos fiscales por concepto de las exportaciones de gas- llevó al gobierno del MAS a poner los ojos en el incremento de la producción agropecuaria por la vía de la ampliación de la frontera agrícola, aliándose para ello con los poderosos gremios agroindustriales del oriente del país.

Esta alianza, lograda con el beneplácito de las organizaciones campesinas cooptadas por el MAS y dominadas por los intereses de los campesinos ricos, permitió que la agenda desarrollada desde 2006 por el sector agroempresarial fuera progresivamente adoptada como política pública por el gobierno de Evo Morales.

Hacia 2013, bajo el argumento vicepresidencial de que «Bolivia tiene que ser una zona que produzca alimentos para el mundo» (el nuevo oro demandado por el mercado mundial, en sus palabras), el gobierno se planteó la meta de lograr, hasta 2025, 13 millones de hectáreas cultivadas y una producción agrícola de 45 millones de toneladas métricas.

Unos años después, como consecuencia de un escenario internacional de precios de los productos agrícolas con tendencias al estancamiento y con un sector agroempresarial sin incentivos para incrementar la producción agrícola, el gobierno optó por asegurar las ganancias agroempresariales habilitando el mercado interno para la producción de biocombustibles (etanol y biodiesel), bajo el justificativo de desarrollar un proceso de sustitución de importaciones de combustibles.

En este sentido, el gobierno del MAS, a través de su vicepresidente García Linera, plantea como uno de los retos del país consolidar una alianza entre los productores agropecuarios, los industriales y el Estado a través de YPFB para ampliar la frontera agrícola.

De esta manera, el desarrollo agrícola ya no es visto como un proceso orientado a la producción de alimentos para el mercado interno y para el mundo, como rezaba la propaganda inicial, sino para el incremento de cultivos que, como la caña de azúcar y la soya, sean materia prima para la producción de biocombustible.

Si durante los 13 años del gobierno del MAS un poco más del 70% del incremento neto de la producción agrícola obedece a estos dos cultivos, a futuro su peso será, ni duda cabe, cada vez mayor.

Las consecuencias de la ampliación de la frontera agrícola sobre áreas de vocación forestal

En diferentes estudios hemos señalado que el proceso de saneamiento de la tierra ha consolidado las tierras aptas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería en el país en favor de los grandes propietarios. Las tierras fiscales identificadas para su distribución se asientan en áreas de vocación forestal.

La obsesión gubernamental por ampliar la frontera agrícola no sólo está llevando a la aprobación de una serie de normas que facilitan el desbosque y el chaqueo en pleno año electoral, sino también a una masiva distribución de tierras fiscales en áreas de vocación forestal, con las consecuencias que hoy se expresan en el incendio en la Chiquitanía.

Hace 17 años, el «Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal», editado por la Fundación Amigos de la Naturaleza, advertía que el impacto de una masiva colonización hacia el territorio del bosque seco chiquitano, que no tenga un conocimiento en el manejo sostenible de recursos naturales, «podría tener un impacto fatal», más aún en condiciones de sequía y altas temperaturas.

Asimismo, advertía que «las praderas naturales (24,4% del área) ya están con capacidad de carga utilizada, por lo que cualquier extensión de la actividad ganadera tendrá que realizarse en combinación con la conversión de bosques en sabanas, sino se opta por la intensificación de la producción, la cual, por la baja calidad del suelo, no es factible. Entonces, un posible crecimiento del sector amenaza la persistencia de muchos bosques, especialmente si no se logra un mejoramiento del manejo del fuego».

Al parecer, las autoridades gubernamentales ignoraban la existencia de este plan o sencillamente, como ya es costumbre suya, despreciaron estas certeras recomendaciones al momento de definir la distribución de tierras en la zona devastada por el incendio.

Lo cierto es que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que ya ha sido denunciado insistentemente por supuestos actos de corrupción en la dotación de tierras, ha aprobado un proceso masivo de asentamiento de nuevos «comunarios» en la zona, los mismos que, con la finalidad de demostrar la función económica o social de la tierra, proceden a tareas de desmonte y chaqueo de sus nuevos predios.

La reciente declaración del presidente Morales de una «pausa ecológica» que prohíba la venta de tierras en esta región, confirma que muchos de los nuevos «comunarios» que acceden a estas tierras fiscales, terminan alquilando o vendiendo las mismas a los medianos y grandes empresarios de la región.

(Tomado de Masas)