La tarea política del presente: la lucha por los derechos sociales y la recuperación de los recursos naturales

por Ibán de Rementería

Múltiples son las tareas políticas del presente para la Izquierda Socialista como tendencia que se ha propuesto rescatar tanto la capacidad propositiva como de movilización del Partido Socialista, para conducir a las y los chilenos a la recuperación de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales perdidos en estas cuatro décadas de neoliberalismo. 

La época actual está caracterizada por una profunda crisis de nuestras instituciones políticas como lo son el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, asimismo de sus instituciones dependientes o coadyuvantes de sus responsabilidades, como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, también, de los partidos políticos, incluso instituciones sociales que fueron determinantes en la protección de los derechos humanos durante la dictadura militar, como la Iglesia Católica y algunas iglesias protestantes igualmente tienen el rechazo de la ciudadanía por los gravísimos abusos sexuales que algunos de sus pastores cometieron y el encubrimiento institucional de los mismos por sus jerarquías; finalmente, ésta crisis está marcada por una gran desconfianza de la población con la práctica política electoral, que es su máxima expresión ciudadana, de redistribución del poder, que se hace manifiesta en la creciente abstención de las y los electores, que ya supera el 50%. En fin, el Gobierno que lleva año y medio en el poder tiene entre la opinión pública casi el doble de rechazo- más menos 60%- que de apoyo –más menos 30%.

Por su parte, todas las encuestas de opinión señalan que la gran mayoría de la población nacional considera de primera prioridad el acceso universal, gratuito y de calidad a la salud, la educación y la previsión social, mediante la gestión por parte del Estado de la prestación de estos servicios sociales. Si bien es cierto que una cuarta prioridad establecida por esas opiniones consultdas es la seguridad ciudadana, también es cierto que la delincuencia es uno de los resultados de la precariedad laboral, el empobrecimiento económico, la desigualdad social y exclusión política que el neoliberalismo instaló durante la dictadura militar y que la Concertación perfeccionó. Pero, el poder político bien ha sabido magnificar este problema y sobre todo reclamar para sí la máxima capacidad represiva –más cárceles, más condenados, menos derechos para los imputados, etc., en fin “hay que estar con las víctimas y no con los victimarios”. Estas “guerras contra la delincuencia”, “contra el narcotráfico”, contra las “incivilidades juveniles”, y ahora la “guerra contra el terrorismo” bien están sirviendo al Gobierno tanto para encubrir su fracaso económico creciente, elegantemente llamado “crisis de las expectativas”, como las demandas socioeconómicas de los trabajadores en general, sean estos maestros o pescadores, trabajadores de supermercados o los estudiantes, de las mujeres o los pueblos originarios, etc. también de las poblaciones afectadas por la contaminación ambiental o las fallas contumaces de los servicios públicos, la mala atención en la salud, etc.

La prioridad que la población le otorga al pleno acceso a estos derechos sociales fundamentales en salud, educación y previsión social convierte a la lucha por ellos en una gran capacidad de convocatoria y movilización social que debería causar un fuerte impacto político, en la distribución del poder, en la imposición de la voluntad, por las grandes mayorías nacionales.

El paro de los maestros, las luchas de los estudiantes y los intentos del Gobierno y los partidos de derecha por revertir la reforma educativa que privilegia el fortalecimiento de la educación pública para su prestación hace parte de la actual crisis política nacional. El actual debate sobre la reforma al sistema de previsión social, que es una respuesta al masivo movimiento No + AFP, está caracterizado por la pobreza propositiva de la oposición en el parlamento, así como por la firme defensa que hace el Gobierno del actual sistema, cuyo propósito real no es la previsión sino que la consecución de recursos baratos para el gran capital financiero nacional e internacional, que ya ha acumulado el equivalente el PBI del país, pero que paga pensiones miserables. La crisis de la salud se manifiesta tanto por una progresiva incapacidad del sistema público de atender las crecientes demandas sanitarias del 80% de la población que éste atiende, mientras que en el sector privado que atiende al 20% restante, debe soportar fuerte discriminaciones y sobre pagos que principalmente afectan a las mujeres y los adultos mayores.

La pregunta política central sobre la provisión pública de esos derechos sociales fundamentales refiere a la financiación de esas prestaciones. Las alternativas son dos: el aumento de los impuestos o la provisión de recursos propios para el Estado, mediante la recuperación para él de las rentas y utilidades que producen la explotación los recursos naturales, incluidos el agua, la energía, las localizaciones geoestratégicas, los minerales, los recursos pesqueros, etc., todos constitucionalmente de propiedad eminente de todas y todos los chilenos y administrados por el Estado. Las rentas y utilidades provenientes de los recursos naturales, los servicios públicos y las obras públicas bien podrían financiar las prestaciones de todos los servicios sociales básicos como son la salud, la educación y la previsión social; la pregunta que surge entonces es cómo se financiaría aquellas empresas públicas, la respuesta es que de la misma manera como lo hace el sector privado, mediante el sistema financiero nacional e internacional. Los fondos acumulados por las AFPs son ya casi equivalentes el PBI del país –el valor de todos los bienes y servicios producidos en un año- y pertenecen, eso se dice, a sus aportantes quienes seguramente no se opondrían a que sirviesen para financiar la salud, la educación y la previsión social de la mayoría de sus connacionales. 

El reciente fiasco en el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Osorno, ha puesto de presente que el sector privado en la provisión de los servicios públicos no es una garantía de buen servicio, pero si indica la gigantesca capacidad que tienen la explotación de esos recursos naturales de generar riqueza, el año pasado ESSAL empresa productora y distribuidora privada monopólica del agua potable en esa ciudad, obtuvo utilidades por 11.000 millones de pesos (US$ 16.000.000 anuales), tiene ahora la pretensión de pagar indemnizaciones a sus clientes solo por 2.500 millones de pesos, por haberlos dejado durante 11 días sin agua potable. 

El agua, el litio, el cobre, los pescados, todo lo que en Chile produce la naturaleza es de todas y todos los chilenos y deben ser nacionalizados en su beneficio.

el autor milita en el Núcleo Valparaíso Socialista del PS e integra el Equipo Editorial de El Porteño