Marxismo y democracia burguesa

por Gustavo Burgos

1.- DEMOCRACIA BURGUESA, ELECCIONES Y REFORMISMO
A menudo los políticos de la burguesía identifican en nuestro país a la democracia burguesa con las elecciones y el respeto institucional a las garantías individuales. Se trata, qué duda cabe, de rasgos propios de todo orden republicano y liberal, que dan cuerpo ideológico a la burguesía en el mundo entero y aún en nuestro país. 
Pero la democracia burguesa es sólo superficialmente elecciones y derechos fundamentales.

La democracia burguesa es ante todo la mascarada, el envoltorio, que disimula la despiadada dictadura del capital sobre la masa trabajadora y el conjunto de los explotados y oprimidos. Pero aún así, se trata de un lujo que sólo las burguesías de los países imperialistas se encuentran en condiciones de otorgar, por un elemento estructural: la democracia burguesa es criatura en primer lugar de una revolución burguesa.

Por el contrario, en Chile, como en toda América Latina, la burguesía criolla ha sido incapaz de materializar el programa de la revolución burguesa. En efecto, las guerras de independencia, más allá de la mitología bolivariana, fueron impotentes para desarrollar las tareas de verdadera independencia nacional, lo que hubiera supuesto la unidad de latinoamericana en lo político y el desarrollo integral de la economía sobre bases de industrialización capitalista. Por el contrario, los próceres de la frustrada independencia latinoamericana terminaron en la cárcel, el exilio o fusilados y el proceso político que encabezaron, sustancialmente frustrado.

Este hecho histórico, la frustración de la independencia nacional, imposibilitó que las burguesías criollas materializaran sus propia revolución de contenido burgués y consecuencialmente viabilizó que nuestros países se desarrollaran como semicolonias del imperialismo europeo y norteamericano, incorporándose a la división internacional del trabajo como proveedores de materias primas al mercado mundial, sumiendo en el atraso y la miseria a la mayoría nacional.

De lo expuesto se sigue que el liberalismo revolucionario francés llegó a nuestras tierras únicamente como la ideología de cohesión de las clases dominantes, mas no como la genuina expresión del proceso político. En este sentido, las constituciones políticas de Carrera, O`Higgins y Egaña y posteriormente las de Portales y la de 1925, e inclusive la pinochetista de 1980 hacen, con diversos énfasis, proclamación de la soberanía popular, la división de poderes y de la plena vigencia de una república democrática. Tales declaraciones son meramente líricas y no tienen ningún correlato con la realidad material y social de nuestro país, sumida en el monstruoso atraso del gamonalismo rural en lo económico y el oscurantismo católico en lo cultural.

Lo que subyace en los referidos textos constitucionales, es la idea de que la ley puede transformar la realidad social. Esta idea degenerada de la ilustración, que luego tomaran prestada los reformistas del stalinismo y la socialdemocracia, pretende hacer creer que las transformaciones sociales son el simple resultado de las facultades discursivas del estado burgués, lo que carece de toda validez histórica.

Jamás una ley ha transformado la realidad. Muy por el contrario, la legislación y el ordenamiento constitucional es sólo el reflejo superestructural de las transformaciones producidas en la estructura social. De lo expuesto se sigue que no habiendo sido la burguesía chilena capaz de materializar su proyecto revolucionario democrático-burgués, jamás ha existido en nuestro país siquiera la mascarada de una democracia burguesa.

En términos puramente burgueses, nuestro país no es independiente en el plano político porque su burguesía está subordinada a las potencias imperialistas económica y militarmente. Los llamados 200 años de independencia son un fraude, porque durante estos dos siglos las clases patronales no han hecho otra cosa que actuar como intermediarios comerciales de la metrópoli y en la fase imperialista, como correa de transmisión de los intereses del gran capital monopólico financiero y las transnacionales.

La democracia burguesa no floreció en nuestro país, porque ella sólo puede ser el resultado de una revolución democrático burguesa y esa revolución escapó del todo al alcance de la guerra de independencia que dio nacimiento al estado nacional. Desde esta perspectiva, histórica, asentada en consideraciones indesmentibles, la totalidad del discurso reformista deviene en contrarrevolucionario y servil al proyecto de la burguesía parasitaria y comerciante chilena, precisamente porque llama a profundizar una democracia que no existe.

El único rasgo democrático que puede exhibir el capitalismo en Chile son las elecciones periódicas y las supuestas garantías constitucionales. Eso es la democracia burguesa chilena: nada más que papel mojado.

De los derechos individuales o fundamentales, cuya extensión pareciera ser la obsesión programática del movimiento ciudadanista de la pequeña burguesía (indignados, humanistas, Igualdad y sectores anarquistas) sólo podemos decir que se trata de la búsqueda de la extensión de un catálogo de libertades y “derechos”, cuya proclamación pretende ignorar el carácter de clase de los antagonismos sociales y reemplazarlo por el clásico y burgués conflicto entre el hombre y el Estado.

 El concepto aristocrático de “ciudadano” (que excluye de entrada a los extranjeros y a los condenados por el sistema penal), se asienta en la concepción burguesa de la igualdad del hombre. Esta igualdad burguesa plantea que el patrón, el burgués propietario de los medios de producción, es igual en derechos que el obrero explotado por él. Este concepto de igualdad, en el que descansa el ciudadanismo, ignora las relaciones de clase, las disuelve en conceptos de caos y multiplicidad de contradicciones, precisamente para hacer invisible la explotación capitalista que esta concepción es llamada a perpetuar.

Pero lo más visible, lo que distingue al Chile democrático del dictatorial, es la periodicidad de las elecciones “libres, generales e informadas”. Es este rasgo del régimen político, el que atrapa la totalidad de la atención del reformismo. El acto electoral pareciera ser el fin último de todo su accionar y frente a él plantean, épicos, la necesidad de “avanzar en la unidad”, “acumular fuerza”, “unirse contra el fascismo”, “destrabar los enclaves autoritarios”, etc.
En una palabra, el reformismo no sólo pretende hacernos creer–contra toda evidencia histórica- que es posible transformar la sociedad mediante actos legislativos o de autoridad estatal, sino que además el terreno en que este miserable programa ha de desplegarse es, rigurosamente, el señalado por el calendario electoral de la burguesía.

Por todo lo indicado (la ausencia de democracia burguesa, de verdadera independencia nacional, de nuestro carácter de semicolonia del imperialismo, del fetiche de los derechos individuales) las elecciones de la burguesía forman parte medular del entramado de dominación patronal. Se trata de un entramado, el electoral, que busca desarrollar consensos sociales que mediaticen y disuelvan la lucha de los explotados. Las elecciones actúan como válvula de escape que atemperan los antagonismos de clase, precisamente porque permiten mantener vivas las ilusiones democráticas de las masas, ilusiones que no son otra cosa que la expectativa de los trabajadores de que el orden burgués es el único posible y que bajo su dominación, será posible, gradualmente, ir alcanzando nuevos derechos y defensa de sus intereses por parte del Estado. 

Eso son las ilusiones democráticas. Son estas ilusiones democráticas las que permitieron que la revolución proletaria, ¡hace ya 40 años!, fuese llevada al matadero del fascismo pinochetista el 73, de la mano del frentepopulismo de la Unidad Popular, que propugnaba la vía “chilena”, pacífica y electoral al Socialismo. Estas ilusiones democráticas fueron alimentadas y fortalecidas por las políticas de conciliación de clases propugnadas por el Partido Comunista y Socialista durante décadas de colaboracionismo (Frentes Populares), y tuvieron como resultado diez mil ejecutados políticos, desaparecidos, torturados y exiliados y la instauración de una dictadura militar, la pinochetista, que barrió con la vanguardia del movimiento obrero y hundió al conjunto de los explotados a condiciones de esclavitud, miseria y terror.

No sólo como marxistas, también como chilenos conocedores de nuestra historia, hemos de proclamar que la vía electoral es una vía muerta para la revolución y sólo sirve los intereses de los explotadores. Pero ello no nos libera de la obligación de prestar atención a lo que en ocurra con el proceso electoral, debemos hacerlo justamente porque existen ilusiones democráticas y es imprescindible que los revolucionarios intervengamos en ella con la finalidad de ayudar a superar las ilusiones de los trabajadores tiene puestas en ella.

En este sentido, debemos dejar en claro, que la política de llamar a una Asamblea Constituyente que desde hace años grupos de izquierda –PC incluido- vienen realizando, con la finalidad de hacer una nueva constitución, es electoralismo puro, es seguir alimentando las ilusiones democráticas y haciéndole el juego a la burguesía. De hecho a esta convocatoria se han sumado sectores de la Concertación e inclusive de la Democracia Cristiana.
Los izquierdistas plantean que cuando llaman a la Asamblea Constituyente, ésta es en realidad revolucionaria y soberana. Con esto disfrazan su incapacidad de llamar a la lucha por el poder y su adaptación al régimen burgués.

El proletariado debe derrotar primero a la burguesía y conquistar el poder estatal, utilizando ese poder, su propia dictadura, como instrumento de su clase, a fin de ganarse la simpatía de la mayoría nacional. 

El proletariado no puede vencer sin ganar a la mayoría de la población, pero ello no es el resultado de un acto electoral, sino precisamente de la destrucción del estado burgués y la demostración del poder proletario ejercido de forma soviética.

2.- LAS TAREAS DE LOS REVOLUCIONARIOS EN EL CHILE DE HOY
El rechazo del electoralismo y del reformismo, no alcanzan para dar cuerpo a una auténtica política revolucionaria en el Chile de hoy. No es suficiente repetir que el capitalismo es inviable para dar respuesta a los problemas de la sociedad. Es necesario corporizar, hacer realidad en el terreno de la lucha de clases el combate contra la esclavitud capitalista.

 Este combate, contra el reformismo y el electoralismo, en modo alguna niega la trascendental importancia que tiene la lucha por las reformas en la construcción y el fortalecimiento del movimiento obrero y de masas.

 La lucha por la educación gratuita, por un salario mínimo reajustable equivalente a la canasta familiar, por la nacionalización de nuestros recursos naturales, en definitiva por las urgentes reivindicaciones de las masas, son el terreno en que los revolucionarios hemos de desplegar nuestro esfuerzo militante. No para ayudar a los explotadores a sostener su régimen, como hace el reformismo, sino para permitir que los explotados emanciparse del yugo ideológico de la burguesía.

La lucha por tales reivindicaciones sólo podrá verificarse como acción directa, jamás por la vía legal o institucional. Es en la lucha callejera, en el levantamiento popular, de clara perspectiva insurreccional que los explotados hemos de materializar nuestras reivindicaciones.

La acción directa, desde una perspectiva de clase, es la violencia que emerge de los enfrentamientos sociales entre las clases. Es acción porque es transformación y enfrentamiento físico a los explotadores, es directa porque en ella los explotados toman en sus manos la resolución de sus problemas sin intermediarios.

La acción directa es el espacio en que se ha de desarrollar la conciencia política de los explotados y, por lo mismo, es el espacio natural para la construcción del partido revolucionario. Pero lo que identifica a la acción directa es su tendencia comunista e insurreccional, cada movimiento de la lucha de clases se caracteriza por un rasgo específico de acción directa y es tarea de los revolucionarios unirse a ella con la finalidad de potenciarla y elevarla.

A menudo, muchos izquierdistas, que atrevidamente se proclaman revolucionarios, alzan la voz para reivindicar las “movilizaciones” y el “derecho a la resistencia” y “la autodefensa de las masas”. Interrogados sobre de qué forma llegarán los explotados al poder, vuelven a repetir la misma cantinela de la movilización “de masas” y eventualmente plantean la lucha por el poder a través de una Huelga General.

No responder a estas preguntas constituye una cobardía e impotencias políticas de primera magnitud, particularmente porque dar respuesta al problema del poder es la esencia del accionar revolucionario. No alcanza con la vaguedad pacifista de “las acciones de masas” mucho menos con la verificación de una huelga general, ambas amparadas por los prejuicios morales de la pequeñaburguesía porque se trata de acciones defensivas frente a la “brutalidad” e “inmoralidad” de la represión burguesa.

Para los marxistas revolucionarios, la acción directa es tal en tanto conduce a los explotados al poder y se proyecta como acción insurreccional, esto es, la capacidad de las masas de materializar acciones militares ofensivas que aplasten físicamente el aparato militar burgués, sometiéndolo bajo su propia capacidad de fuego. Con esto nos separamos nítidamente del petardismo foquista de la pequeñaburguesía radicalizada, que se expresa como terrorismo individual. El foquismo, sangrientamente derrotado por las dictaduras militares en los 70/80 (en sus distintas variantes blanquistas, castristas, maoístas, etc.) expresa la histeria de la clase media frente a la revolución y mediante su “propaganda por el hecho” aspira a reemplazar a las masas en su enfrentamiento al régimen burgués. Lo más granado de la vanguardia revolucionaria de aquella época cayó en combate sosteniendo estas tesis extrañas a la política proletaria.

En resumen, el marxismo y su concepción insurreccional de la revolución se aparta nítidamente de toda concepción pacifista, como del foquismo petardista, ambos de claro contenido pequeñoburgués. Cuando hablamos de revolución proletaria hablamos de un proceso social que apunta a la toma del poder y para materializarse ha de expulsar del poder a la burguesía, es el momento del levantamiento armado de los explotados, la insurrección.

Sin embargo, el triunfo insurreccional sólo podrá proyectarse como revolución y dictadura proletarias en la medida que a la cabeza de tal proceso haya logrado estructurarse el partido-programa del proletariado, la organización de nuevo tipo, el partido de combate, el estado mayor de la revolución. 

Este es el partido que desde Revolución Proletaria estamos llamando a construir. Una organización de cuadros profesionales de la revolución, que dedican lo mejor de sus esfuerzos en la construcción del partido y que se organizan con amplia democracia interna y severo centralismo hacia el exterior. Las características de esta organización están determinadas por el tipo de tareas que han de desarrollar: amplia agitación de masas y trabajo conspirativo, por el poder.

Un partido que se proponga tal tarea sólo podrá alcanzar estos objetivos a condición de forjar la teoría, el programa, las leyes que rigen es desenvolvimiento de la lucha de clases en nuestro país. Parte de este programa, como enunciamos en nuestra declaración de principios: “reivindicamos como bases programáticas el primer programa del movimiento obrero, el Manifiesto Comunista, redactado por mandato de la Liga de los Comunistas a K. Marx y F. Engels y publicado en 1848. Nos reclamamos de las tesis y resoluciones de los congresos de la Internacional Comunista de Lenin y Trotsky, de los documentos programáticos de la Oposición de Izquierda Internacional del movimiento obrero y de la lucha por la organización de una Internacional Revolucionaria, basada en la validez histórica del Programa de Transición de 1938 y en la lucha abierta y frontal contra todas las variantes del revisionismo, ya sea este estalinista, trotskista o centrista pequeño-burgueses, que pretenden la subordinación del proletariado a la burguesía nacional y al imperialismo”


3.- EL GOBIERNO PROLETARIO QUE LLAMAMOS A CONSTRUIR: 
LA DICTADURA DEL PROLETARIADO CONTRA LA DICTADURA DEL CAPITAL
La Dictadura del Proletariado no es la dictadura de la burocracia, como plantea el stalinismo. No lo es porque la burocracia como en la URSS, en Alemania, en China, Corea e inminentemente en Cuba, trabajó y trabaja objetivamente en pos de la restauración del capitalismo.

Muy por el contrario la Dictadura del Proletariado, construye su denominación para expresar el carácter excluyente de la lucha clases. La lucha por el poder caracteriza como “dictadura” a aquél que lo ostenta. Por eso hablamos de Dictadura de la Burguesía, contra la mayoría trabajadora y la nación oprimida, cuando hablamos del capitalismo. Reivindicamos, en contrario, la Dictadura del Proletariado, para referirnos al gobierno proletario, apoyado en la mayoría nacional, contra la minoría burguesa explotadora y el imperialismo.

La Dictadura del Proletariado, por el ser el gobierno de los órganos de poder de las masas, es el gobierno más democrático y que mayor libertades confiere a los explotados. Su objetivo es propiciar la derrota política, militar y económica de la burguesía, expropiándola y destruyendo su aparato estatal de dominación. Por lo mismo da cuerpo a un régimen de transición al socialismo, el cual sólo podrá comenzar a construirse a escala mundial una vez que se haya derrotado el imperialismo en todo el orbe. El Socialismo no puede construirse a escala nacional, el mismo no puede cohabitar con el imperialismo no coexistir pacíficamente con él. La restauración del capitalismo en los ex Estados Obreros es la demostración palmaria de la falsedad de tal concepción.

De lo indicado se sigue que la Dictadura Proletaria es un régimen de transición para el desarrollo de la revolución mundial, el levantamiento generalizado de los explotados y oprimidos del mundo entero, al servicio de la revolución socialista mundial. En nuestro país tal gobierno, que expresará la alianza obrero-campesina, consumará además las tareas propias de la frustrada revolución burguesa, de emancipación nacional: independencia política, revolución agraria y pleno reconocimiento a las nacionalidades originarias.

Cuando los reformistas hablan de “nueva Constitución”, están hablando de un pacto con la burguesía, en eso consiste aún la más revolucionaria de las Asambleas Constituyentes bajo gobierno patronal. Para nosotros la nueva Constitución es la expresión jurídica de la revolución proletaria, no es más que eso, tampoco menos. 

En ese contexto el verdadero desarrollo de la base económica chilena -en el marco de su economía capitalista combinada- exige la sustitución de la propiedad privada por la propiedad social, a fin de hacer posible el desarrollo global de la economía nacional. En este preciso contexto planteamos nuestra concepción de Gobierno y cómo creemos que es posible hablar de una nueva Constitución. Se debe entender que esta profunda transformación, fruto del accionar revolucionario, transformador, de las masas en lucha, será la que definirá el contenido de esta nuevo orden constitucional, el que no será sino un reflejo de las profundas transformaciones operadas en la estructura económica y social, y por supuesto en el poder político. Nuestra Constitución, que no es otra cosa que el resumen de nuestros objetivos programáticos, no será hija de las urnas y del sufragio burgués. La Constitución del proletariado, de su gobierno, será parida por los fusiles y el poder aplastante y subversivo de los explotados.

A partir de estas definiciones se debe concluir que nuestra propuesta Constitucional no hace sino resumir, con la forma de un planteamiento de Gobierno el programa y la estrategia proletarias, del modo que se pasa a exponer:
I. EL ESTADO. Chile es una república proletaria, su gobierno lo ejerce la clase obrera apoyada en los explotados de la ciudad y el campo, su objetivo fundamental es la derrota de la burguesía consolidando la dictadura del proletariado, en tanto instrumento para impulsar la revolución socialista mundial. El Estado obrero chileno es internacionalista, por lo que está al servicio de la revolución y de la clase obrera mundiales, único marco dentro del cual es concebible la instauración del socialismo. Todo vínculo diplomático con otras potencias será público, se abole la diplomacia secreta y se desconoce toda obligación política, militar o financiera con el imperialismo.
II. EL PODER OBRERO. Se encuentra radicado en los organismos de lucha de las masas, cuya centralización a escala nacional da expresión al Gobierno obrero. Estos organismos de poder reúnen en sí facultades legislativas, judiciales y ejecutivas, siendo su sustento el armamento general de la población, el pueblo en armas. El sistema de generación de los órganos de poder debe garantizar la más amplia participación popular, otorgándose un voto ponderado en favor del proletariado de forma de garantizar la preeminencia obrera en el poder estatal. Toda autoridad estatal o funcionario de su burocracia percibirá un ingreso no superior al de un obrero calificado, siendo sus cargos esencialmente revocables por los órganos de poder obrero. 
III. EL PODER MILITAR. Todo grupo armado existente debe disciplinarse a las directivas del Gobierno obrero y a su programa revolucionario. Quedan disueltas las FFAA burguesas y el armamento, por fuera de las bases del poder obrero, se considerará un delito contrarrevolucionario cuya sanción quedará entregada a los Tribunales Populares competentes. El Estado deberá propender al desarrollo de una industria de armamento de toda especie, sea éste nuclear, químico o bacteriológico, conforme lo exija la defensa del proceso revolucionario. 
IV. LA PROPIEDAD. Queda abolida toda forma de propiedad privada sobre los medios de producción tales como industrias, minas, latifundio cualquiera sea su aptitud y bienes de capital en general. Estos medios de producción quedan expropiados a la minoría capitalista, y su gestión, producción y distribución se organizará con arreglo a un plan gestionado y controlado por los trabajadores. Queda ex Subsistirá, sin embargo, la pequeña propiedad sobre parcelas, talleres y otros medios de producción en tanto no empleen mano de obra explotada y organicen su gestión armónicamente con la producción socializada, mediante estructuras cooperativas o de autogestión. 
V. AUTONOMÍA DE LOS SINDICATOS y CONTRATACIÓN COLECTIVA. El Estado reconoce la autonomía de la organizaciones de trabajadores, como asimismo su derecho a movilizarse, a hacer huelga y a presentar sus reclamos para ante las autoridades del Estado. Toda contratación tendrá el carácter de colectiva y la organización sindical será única y de filiación obligatoria. El Estado debe estar al servicio de los obreros y es la autonomía de estos últimos la que garantizará un control sobre la burocracia estatal. 
VI. DERECHOS CIUDADANOS. El estado garantizará a todas las personas la posibilidad de que con su trabajo y estudio logre un ámbito de seguridad y libertad que le permita crecer como persona, educar a sus hijos conforme a sus convicciones, para satisfacer sus necesidades espirituales y materiales. Se garantiza el libre, gratuito e igualitario acceso a la salud y educación en cualquiera de sus grados, las que deberán propender al desarrollo integral del individuo y contribuir a la liberación social y nacional. Se garantiza un salario y pensión jubilatoria mínima equivalente al costo de la canasta familiar y el acceso gratuito a vivienda. El trabajo es un derecho y un deber revolucionario de todo ciudadano. Se garantiza la irrestricta libertad de conciencia y culto, su ejercicio se arreglará a los preceptos de esta carta. 
VII. TRIBUNALES POPULARES. La administración de la justicia corresponderá a los tribunales populares, generados asambleariamente, por las unidades comunales en que se dividirá administrativamente el país. Ellos velarán por el respeto de los derechos constitucionales, la propiedad individual, el derecho a la vida y a su integridad física y psíquica, la violación de los mismos hará obligará civil y criminalmente al responsable. Se reconoce el derecho a sancionar retroactivamente conductas delictivas que hayan atentado en contra del proceso revolucionario. El sistema penal contemplará penas privativas de libertad exclusivamente para la sanción de delitos políticos contrarrevolucionarios. Se garantizará a todo individuo el derecho a un debido proceso y defensa.
VIII. COMERCIO INTERNACIONAL. Queda sin efecto todos los tratados de libre comercio suscritos a la fecha. Corresponderá al Estado el monopolio del comercio exterior y la fijación de aranceles aduaneros que protejan la industria nacional. Se liberan de aranceles aduaneros los bienes de capital y el armamento. Se desconoce toda deuda externa pública o privada contraída durante el antiguo régimen. 
IX. PARTIDOS POLÍTICOS. Se reconoce existencia a toda organización política que adhiera a los principios revolucionarios expuestos en esta constitución, tal reconocimiento no estará sujeto a formalidad alguna y dependerá del grado de arraigo con que cuente en el interior de las masas. Se proscribe toda organización que accione o propague ideas contrarrevolucionarias, esto es que propugnen el derrocamiento del poder obrero y el restablecimiento de la explotación capitalista.
X. CARÁCTER MULTINACIONAL DEL ESTADO. Se reconoce el derecho a las nacionalidades aborígenes el derecho a la autodeterminación política, conforme a sus propias tradiciones e intereses. A este respecto el Estado chileno tomará las medidas tendientes a la devolución de sus territorios como asimismo a prestarles el apoyo tendiente a obtener su completa unidad nacional si ella excediere las actuales fronteras chilenas.
XI. RELACIONES INTERNACIONALES. El Estado sostendrá relaciones diplomáticas con entera libertad, buscando con ello el fortalecimiento de la revolución mundial. En el concierto latinoamericano propugnará la formación de una federación de repúblicas socialistas de América latina. Se reconoce como sujeto de derecho internacional a todo movimiento de liberación, organismo sindical o de base, agrupamiento guerrillero, en tanto contribuya al proceso general de liberación de los explotados.

REVOLUCIÓN PROLETARIA, Santiago 28 de abril de 2013.