Defensa del derecho colectivo al agua y crisis hídrica

por Cynthia Burgos

“No son perpetuos, son de duración indefinida”. Con estas geniales palabras el Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, salió a dar las explicaciones relativas al anuncio realizado el pasado 27 de enero,  en el contexto de una posible modificación al Código de Aguas,  que permitiría que los derechos de agua, que hoy están en un 96% está en manos de privados, ahora éstos serán a perpetuidad.

Aun cuando intentó  arreglar el impacto que este anuncio provocó en la opinión pública, esto solo viene a corroborar que el gobierno de Sebastian Piñera está en total desconexión con la dramática situación que afecta desde hace décadas las regiones del centro del país, por problemas de escasez de hídrica.

La dramática falta de agua, recurso básico para la vida humana, para la agricultura, ganadería, y reconocido como un derecho humano, afecta severamente a las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, desde hace más de dos décadas; pero como el problema solo afecta a pequeños parceleros y habitantes de alejadas comunas interiores, el problema se mantuvo prácticamente desconocido  para la mayoría de la población nacional hasta hace unos 10 años, época en que el desabasteciendo fue tal, que los pobladores de la provincia de Petorca se tomaron las calles para reclamar su legítimo derecho al agua, y de paso denunciar la situación de discriminación que sufren frente a los grandes exportadores que fueron tomando la zona para el monocultivo intensivo y extensivo de palta, el llamado “oro verde”, por la alta rentabilidad que les ha significado a un par de familias, en desmedro de un daño ecológico y social de proporciones. 

El origen el conflicto: es  de trascendental importancia hablar y conocer sobre el origen del problema y las variables que inciden en él. En primer lugar recalcar que la escasez de agua  la sufren solo  pequeños agricultores y habitantes de 79 comunas de la zona centro del país, donde se concentra sobre el 30% de  la agricultura del país. Caso emblemático lo constituyen las comunas de Petorca, Cabildo, La Ligua, pues en el mismo territorio se ubican también grandes empresas agroexportadoras  (paltas y cítricos), pero  estos empresarios no sufren la escasez, pues han ido adquiriendo todos los  derechos de agua, tienen el capital para extraerla, la acumulan y también la roban, para poder mantener sus cultivos. Esto obliga a inferir que el problema no es que no haya agua, el problema es cómo se distribuye, y el por qué, quien tiene el capital, tiene el acceso. Ese es el conflicto. Una vez más la desigualdad y la discriminación determina: quien tiene dinero, tiene derechos. 

Cuando se inicia: la dictadura militar, siguiendo la instalación de un nuevo modelo económico y político, definido y enmarcado en la Constitución de 1980, inicia un proceso de privatización de los recursos naturales, de los derechos sociales y  las empresas del estado;  para dicho fin se crean diferentes instrumentos, con el objetivo de promover e impulsar la extracción y exportación de materias primas. Se inicia así el sistema neoliberal más radical del mundo, que se mantiene hasta hoy día.  En ese escenario nace el año 1981 El Código de Agua, cuya finalidad fue privatizar, aunque parezca increíble, el agua,  este bien de uso común y básico para la vida, pasó a manos de particulares de manera gratuita, susceptible de negocio y lucro.  Hoy día Chile es el único país en el mundo con casi el 96% del agua en manos de empresas privadas. En las primeras décadas de funcionamiento de las nuevas orgánicas y políticas privatizadoras, décadas de los años 80 y 90, esto no exteriorizó las dificultades que comenzarían más adelante, producto de la intensificación de la producción y maximización  de la rentabilidad,  soslayando otras variables como sustentabilidad y protección al medio ambiente. 

Diferentes estudios han llegado a la conclusión que existe un sobre otorgamiento de los derechos de agua, que no se condice con la disponibilidad existente. A mediado de los años 90 se instalan en la provincia de Petorca, empresarios de cuatro familias ligadas a políticos de la Democracia Cristiana, que ocupaban el gobierno de aquella época, y se inicia la era de la producción de paltas; actualmente al 90% de la superficie cultivada en la provincia de Petorca es solo con este monocultivo, que necesita alta cantidad de agua para su producción. Se estima que las 7.800 hectáreas cultivadas actualmente, consumen 12.000 metros cúbicos de agua al año, lo que ha dejado sin disponibilidad de agua a las comunidades rurales, debiendo estas depender del suministro mediante camiones aljibes para su consumo personal, condición que  cada vez presenta más fallas en cuanto a su calidad y regularidad, afectando de manera inclemente la calidad de vida de quienes históricamente han habitado la zona. 

Solo a raíz de las cada vez más reiteradas manifestaciones de los pobladores,  el problema ha sido analizado con mayor seriedad por  parte de los parlamentarios los últimos años; el análisis de la comisión respetiva determinó que el problema radica en el Código de Aguas básicamente, que permitió otorgar  los caudales ecológicos a los grandes empresarios, en desmedro de los habitantes de las comunidades rurales, que han debido producto de la crisis, vender sus animales, porque no tienen como alimentarlos, o cortar sus paltos porque no tiene como regarlos. Se inician las gestiones en el congreso para la modificación del Código de aguas, para que ésta pueda ser distribuida  considerando prioridad el consumo humano, pero solo se han aprobado pequeños cambios que no modifican la matriz privatizadora de este cuerpo legal. Esta discusión ha sido 17 veces postergada, hasta que el pasado 27 de enero, el Ministro Fontaine no entendiendo nada, señala que los empresarios necesitan aún más certeza para poder  invertir, y por lo tanto los derechos de agua que hoy ya tienen a 30 años, serán a perpetuidad. Una perfecta aberración, un insulto a todas esas 2 millones de personas que hoy están con problemas por no tener acceso a este recurso.

Son numerosos los reportajes nacionales y extranjeros que han registrado el drama que viven estas poblaciones, así también han sido numerosas las denuncias que han realizado pobladores/as y organizaciones como MODATIMA (Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección Ambiental) y el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), que han informado sobre el uso discriminatorio del agua, así como la extracción ilegal de ésta,  la falta de fiscalización, las amenazas, todos factores que han dañado gravemente la vida en la zona norte de la región de Valparaíso.

Todo lo anterior se agrava aún más, por el déficit de agua lluvia que golpea con fuerza a nuestra región desde el años 2007 al 2015 y que ha generado serios daños productivos en la región. Entre los años 2007 y 2014 se perdieron más de 6 mil hectáreas de frutales, con las consecuentes pérdidas de empleo que se estimaron en más de 5.000 puestos de trabajo, 175 millones de dólares en pérdidas de inversión, y sobre 100 millones de dólares en pérdidas por  exportaciones anuales.

La falta de agua y la privatización de ésta, afectan y seguirá afectando las condiciones de vida  de la población más vulnerable y las actividades productivas si no se toman las medidas estratégicas adecuadas  con visión de corto, mediano y largo plazo, asumiendo que  el déficit de agua lluvia es un efecto del cambio climático, por lo que no será un fenómeno pasajero, constituye un nuevo escenario  ambiental que debe ser considerado en las decisiones de infraestructura y tecnología para enfrentar esta nueva condición climática, pues generará cambios en la disponibilidad de los recursos naturales, entre ellos el agua, alternados con episodios de fuertes lluvias. En este nuevo contexto el Estado debe establecer un cambio en sus políticas de inversión en infraestructura, que permita acopiar agua  cuando se produzcan las grandes lluvias y amortiguar las consecuencias de los años de sequía. También es necesario analizar nuevas políticas públicas de gestión del agua, que impliquen  una mayor optimización en el uso y reutilización de ésta, nuevas tecnologías e innovación que permitan mayor eficiencia en el uso de este recurso vital y que será cada vez más escaso. 

El desarrollo pleno de una sociedad sería imposible si no se piensa en la relación que tiene ésta con el entorno que la rodea, los recursos naturales que dispone y las condiciones climáticas que determinan el tipo de vida que se desarrolla. De esta manera debemos  comprender que el bienestar de la sociedad depende de su medio ambiente, y del uso y manejo que se haga de éste, por lo que se requiere un mayor y renovado compromiso social por parte del Estado y del empresariado, que se debe traducir en instituciones públicas con mayores atribuciones y facultades de supervisión, fiscalización y sancionatoria, con personal suficiente, especializado, dotado de medios tecnológicos adecuados para ejercer eficientemente su rol. También es urgente revisar, cambiar y mejorar las leyes, y adecuarlas para que garanticen la sustentabilidad de los ecosistemas y de las actividades productivas, orientado  a un bienestar social, es decir, un bienestar para toda la población de manera prioritaria.

Una vez más, la organización de los campesinos, parceleros pequeños propietarios y de las comunidades -como ha venido haciendo Petorca y otros lugares- resulta fundamental para encarar la resolución de este conflicto. El apoyo de los trabajadores y la unificación de este conflicto con los “urbanos” es el único camino viable para recuperar, nacionalizar y poner al servicio de la comunidad, como derecho humano fundamental, el preciado recurso del agua. Como se ha demostrado, las políticas del Gobierno y aquellas que ha venido impulsando el Estado desde los tiempos de Pinochet, transita en sentido opuesto. Movilizarse unitariamente, no hay más.