Política, negocios y socialismo

por Patricio Rozas

El Congreso Comunal Valparaíso del Partido Socialista, celebrado en días recientes, adoptó importantes resoluciones sobre diversas materias que serán planteadas en el Congreso Regional y Nacional en las semanas venideras, con el propósito de reencausar los derroteros partidarios por la senda de la ética y moral socialista inculcada por los fundadores del Partido (el Presidente Allende en particular) en la lucha intransable por una sociedad más justa e inclusiva para todos los chilenos sin distinción.

Ello requiere discutir de manera franca y abierta los motivos de la derrota de diciembre de 2017, y asumir que uno de los factores más incidentes en la pérdida de credibilidad y distanciamiento de la ciudadanía tuvo que ver con la rebaja  de los estándares de la ética y moral socialista en la visión ciudadana.La relación entre la política y los negocios —específicamente entre algunos parlamentarios y altos dignatarios del Partido Socialista y empresas vinculadas a algunos de los mayores grupos económicos del país, incluidos aquellos surgidos al amparo directo del dictador— erosionó gravemente la posición y prestigio del Partido Socialista durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. 

Aunque los casos de mayor notoriedad pública fueron CAVAL y Soquimich, la vinculación orgánica entre destacados militantes y exponentes de los principales grupos empresariales del país, o de empresas transnacionales, no se redujeron a estos dos casos. 

No obstante que en las situaciones que esta vinculación no haya dado lugar en el caso de los socialistas a ilícitos y prácticas ilegales, como el soborno y el cohecho —como fue observable en muchos parlamentarios de la UDI siendo entonces J. A. Kast secretario general—, a los ojos de la ciudadanía le ha resultado incomprensible que algunos militantes de un partido con una larga trayectoria de lucha en contra de la injusticia social y el abuso de quienes detentan el poder económico sobre las mayorías asalariadas, que han destacado en funciones relevantes en la alta administración del Estado, incluyendo el Parlamento, pasaran a integrar los directorios de las empresas privadas que controlan buena parte de la actividad económica del país después de cesar sus funciones en el sector público.

Los socialistas de Valparaíso entendieron que la credibilidad del Partido queda en juego cuando el discurso partidario apunta a los abusos cometidos por el sistema financiero y simultáneamente quienes nos han representado en la titularidad de algún ministerio del área económica o dirección de servicio, o directamente en el Parlamento, pasan a ocupar un puesto en el directorio de alguno de los grandes bancos privados o empresas del país cuando han sido cesados de sus funciones. 

Más específicamente, a los socialistas de Valparaíso les asiste la convicción que ningún ciudadano confiará en un partido que ha puesto en cuestión el sistema privado de salud y el sistema privado de pensiones, pero, a la vez quienes dirigían los destinos del Ministerio de Salud o del Trabajo pasaban a formar parte integrante del directorio de una Isapre o una AFP. Asimismo, los socialistas de Valparaíso entienden que tampoco a la ciudadanía le es creíble un partido cuyos militantes más destacados acepten formar parte del directorio de empresas controladas por uno de los yernos de Pinochet.

Sin duda, la promulgación de la Ley de Financiamiento de los Partidos representó un avance en el control de los nocivos efectos de esta relación entre política y negocios, pero dejó abierta esta puerta que hace posible la práctica de la “sillita musical”, muy natural para el mundo de la derecha, pero impropia para la izquierda, especialmente para el Partido Socialista. 

Para los socialistas de Valparaíso no es de extrañar, entonces, que como resultado de este proceso se haya acentuado el distanciamiento entre la clase política y las organizaciones sociales, y entienden que la falta de confianza y de credibilidad constituye un obstáculo importante a la hora de articular un gran bloque social y político por los cambios y procurar reinsertar a los partidos en la sociedad, haciéndose cargo de los problemas de la ciudadanía en su conjunto, tanto a nivel país como en el plano de la política local y regional.

En virtud de las consideraciones expuestas, y atendiendo a la necesidad de dar señales claras en orden a garantizar mayores estándares de probidad y transparencia, y un compromiso efectivo con las causas ciudadanas y populares, el Congreso Comunal Valparaíso resolvió por unanimidad y aclamación proponer establecer la inhabilidad de los militantes que se hayan desempeñado en altos cargos de la administración pública para asumir funciones en directorios o instancias gerenciales en empresas privadas o entidades gremiales de representación empresarial.

Ha de considerarse, sin embargo, que estos vínculos espurios entre política y negocios están mucho más desarrollados en los partidos de centro y de la derecha, lo que afecta la calidad de nuestra democracia al hacer posible diversas prácticas de corrupción como fuera develado por varios de los escándalos que el país debió ver atónito en años recientes. En concordancia con lo anterior, esto significa, en términos programáticos, que el Partido debiera impulsar el establecimiento de normas legales que impidan el funcionamiento de la “sillita musical”, y contribuir de esta manera a neutralizar la captura de funcionarios públicos por parte de agentes privados y el tráfico de influencias asociado con estas prácticas.