Luis Vitale: La interpretación marxista de la Independencia de Chile (Parte II)

(fragmentos de La interpretación marxista de la historia de chile, tomo III, capítulo I)

LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA

En el último capítulo del volumen II, procuramos demostrar que el movimiento de 1810 no fue una revolución social sino una revolución política de carácter separatista.

La Revolución de 1810 cambió la forma de gobierno, no la estructura socioeconómica heredada de la colonia, manteniendo el carácter dependiente de nuestra economía. No fue una revolución democráticoburguesa porque no realizó la reforma agraria ni fue capaz de crear las bases para una industria nacional. Al reforzar la economía exportadora dependiente impidió un proceso efectivo de liberación nacional.

Los sectores de la clase dominante criolla estaban todos comprometidos en la tenencia de la tierra y en una política económica cuyo denominador común  era  la  exportación de productos agropecuarios y mineros.  La  burguesía criolla estaba incapacitada por  estos motivos para realizar la reforma agraria e impulsar la industrialización, medidas que  históricamente caracterizan a una revolución democrático-burguesa.

La única tarea democrática que cumplió la burguesía criolla fue la independencia política formal al romper nuestra condición de colonia del imperio español. En la realización de esta tarea surgieron tendencias que procuraron retardar o acelerar este proceso, cuyo estudio es el motivo esencial del presente capítulo.

Aunque el desarrollo del movimiento revolucionario que culmina con la independencia política de Chile constituye un proceso ininterrumpido que abarca  la  década de 1810 a 1820, suceden importantes fenómenos de acción y reacción y de lucha de tendencias contradictorias que nos conducen a delimitar etapas o períodos, a condición de no olvidar que se trata de  un solo proceso histórico global. La  clasificación tradicional de Patria Vieja y Patria Nueva, impuesta por la historiografía oficial, incurre precisamente en el error de establecer entre ambos períodos una cesura demasiado marcada y, lo que es mas grave  aún,  no refleja la lucha de fracciones ni  las  características  fundamentales de la revolución por la independencia política formal.

El movimiento separatista de 1810 abre paso a una lucha entre la revolución y la contrarrevolución.

Los fenómenos de acción y reacción que provoca este combate frontal, especialmente durante el período de la Reconquista  española, polarizan los sectores indecisos de la burguesía criolla y determinan una relativa participación popular. En el campo de los partidarios de la independencia se produce una lucha de tendencias entre  los  que  aspiran a una vía pacífica que conduzca a una separación paulatina de España y los que plantean una ruptura violenta e inmediata con el imperio español. Estas contradicciones van configurando los períodos de la revolución, caracterizados por el mayor o menor predominio de las fracciones o embriones de partidos políticos en pugna.

Para una mejor comprensión del proceso de la revolución por la independencia política, preferimos distinguir cuatro períodos fundamentales:

  1. a)  Período centrista, de septiembre de 1810 al golpe carrerino de noviembre de 1811, caracterizado por un curso moderado de la burguesía criolla que no se decide a romper abiertamente con la corona española.
  1. b)  Período izquierdista, de noviembre de 1811 al desastre de Rancagua, singularizado por las medias concretas hacia la independencia política que adopta el sector criollo encabezado por los Carrera.
  1. c)  Período contarrevolucionario, del  desastre de Rancagua al triunfo de Chacabuco, caracterizado por la participación masiva de las capas criollas en el proceso revolucionario como reacción ante la Reconquista militar española,
  1. d)  Período de consolidación de la Independencia durante el gobierno de O’Higgins.

EL PERIODO CENTRISTA

Este período transcurrió desde la Primera  Junta de Gobierno de septiembre de 1810 hasta el advenimiento de José Miguel Carrera al poder.  Estuvo caracterizado por una orientación moderada y reformista de la burguesa criolla, aún vacilante para provocar una ruptura definitiva con España. Esta actitud estaba motivada, fundamentalmente, por el temor de la  burguesía  criolla a perder sus riquezas en un enfrentamiento armado, en un momento en que la relación de fuerzas a  escala  internacional  e hispanoamericana estaba lejos aún de decidirse a favor de la revolución por la independencia. Una abrupta separación de España y, por ende, una ruptura con el Virreynato del Perú, significaba para los terratenientes chilenos la pérdida inmediata del mercado peruano,  sin posibilidades de reemplazarlo a corto plazo.

Domingo Amunátegui sostiene que los criollos, luego de instalarse la Primera Junta, comenzaron a “sentirse acobardados ante el peligro de un rompimiento con el virrey del Perú. ¿Dónde se venderían nuestros tratos? ¿De dónde nos llegaría  el azúcar necesaria para el consumo de nuestros habitantes? (…) El espectro de la ruptura con el virrey del Perú inspiraba terror a los pacatos agricultores de la capital” (1).

Las fracciones políticas de la burguesía criolla habían comenzado ya a configurarse varios meses antes de cabildo abierto del 18 de septiembre de 1810. En este día, que se considera como el inicio de la Revolución por la independencia de Chile, José Miguel Infante manifestó: “Ya sabéis, señores, la peligrosa situación en que se ha visto esta capital en los días anteriores, los diversos partidos que se habían formado y sus opiniones sobre la forma de gobierno que debía adaptarse en tan críticas circunstancias. Sabéis también que cada día se aumentaba más el odio y la aversión entre ambas  facciones, hasta amenazarse recíprocamente con el exterminio de una por otra” (2).

En la Primera Junta se entabló una lucha por el control del poder entre un ala, que respondía a intereses de derecha, representada por Mateo de Toro  y Zambrano, Conde de la Conquista, Ignacio  de la Carrera y los españoles Márquez de la Plata y el coronel Reina, y un ala de centro, dirigida por Martínez de Rozas y Juan Enrique Rosales. El sector que expresaba las tendencias izquierdistas, encabezado por Camilo Henríquez, no había logrado aún representación  en  la Junta de Gobierno. El uso de esta clasificación en derechistas, centristas e izquierdistas obedece únicamente al  criterio de considerar la posición de las tendencias  y personalidades ante el problema esencial de ese momento histórico: la lucha por la independencia política. Nuestra clasificación de las  tendencias  no  tiene relación alguna con el criterio historiográfico liberal ni con posteriores corrientes derechistas, centristas e izquierdistas que se dieron, por otros motivos y en otros contextos, a lo largo de los siglos XIX y XX. Ha sido utilizada por nosotros para ubicar las fracciones políticas por la posición que adoptan y la praxis que realizan en un momento histórico concreto.

Encina incurre en el error de señalar que los roces entre Martínez de Rozas y el ala derecha fueron producidos porque “el bando de Rozas estaba constituido  fundamentalmente por los autoritarios,  “por  los adeptos a un gobierno fuerte y aún personal y atrabiliario” (3); y lleva su argumentación al absurdo  cuando insiste en que la «repulsión del castellano-vasco por la dureza excesiva en el mando” fue la causa del enfrentamiento con la corriente de Martínez de Rozas:  “entre la mentalidad ultra-argentina de Rozas  y la aristocracia castellano-vasca, no mediaban tabiques susceptibles de ser derribados por las conmociones, sino muros indestructibles de sólido granito” (4).

Analizar la pugna entre rocistas  y antirrocistas como una antítesis entre autoritarios y antiautoritarios, que respondería a rasos personales o diferencias raciales y psicológicas, es una abstracción histórica que contribuye a mistificar la realidad. Toda caracterización  de  las  personalidades  y fracciones políticas del período que analizamos debe estar en función de la praxis que realizan en la lucha por la independencia política. En tal sentido, Juan Martínez de Rozas, el hombre más rico de Chile en 1810, insurge históricamente como uno de los más adecuados jefes del ala centrista: adopta, en forma cautelosa, medidas tendientes  a  consolidar  a la burguesía criolla, sin alterar radicalmente el status político y la relación de dependencia formal respecto de España. La imagen de un Juan Martínez de Rozas decidido y desinteresado caudillo liberal de avanzada de nuestra independencia  es una de las tantas ideologizaciones de la historiografía burguesa acerca de los héroes de la patria.

La lucha en la Primera Junta entre el ala derecha y el centro afloró ante cada hecho de importancia. Uno de los primeros choques se suscitó a raíz de las medidas de organización militar.  Mientras el ala de centro procuraba crear el ejército nacional para enfrentar un eventual golpe militar de la reacción española, el ala derecha saboteaba esa iniciativa. La necesidad del ejército  nacional se hizo patente a raíz del motín contrarrevolucionario del 1º de abril de 1811, dirigido por el coronel Tomás Figueroa y alentado por la Real Audiencia. Las tendencias de la burguesía criolla volvieron a chocar al discutirse, el alcance de las penas que merecían los participantes en el frustrado golpe militar español.  Martínez de Rozas logró imponer su criterio en la Junta, a pesar de la fuerte oposición del sector derechista que se negaba a tomar medidas drásticas contra los sediciosos.

Posiciones divergentes enfrentaron también a  estas  dos  alas políticas en el problema de las relaciones con la Junta de Buenos Aires. Martínez  de Rozas fomentó la alianza con esta Junta no porque fuera cuyano de nacimiento, como mañosamente lo sugiere Encina, sino porque comprendía que la ayuda recíproca era decisiva para enfrentar los ejércitos españoles del Perú y de la Bolivia Oriental. El ala derecha, temerosa de verse arrastrada a una guerra en la que podía perder el mercado triguero del Perú, llegó a negar, con  el  apoyo  del Cabildo, la ayuda a la junta bonaerense, en instantes en que era inminente la invasión española desde Montevideo, comandada por Francisco Javier Elío, el hombre que precisamente España había designado para la Capitanía General de Chile.

Los  partidarios  de Martínez de Rozas lograron el apoyo de un importante sector criollo: “ciento quince individuos, entre los cuales se contaban algunas personas acaudaladas y prestigiosas, hicieron una representación a la Junta en que recordándole la conveniencia  de mantener y de estrechar la alianza con Buenos Aires, le pedían no sólo que se le enviara el auxilio prometido, sino que se reprendiese severamente a cualquier contradictor de esta medida” (5). El delegado argentino en Chile, Antonio Alvarez Jofre, manifestaba en aquella oportunidad que “esos gobiernos debían  estrechar sus relaciones, mantenerse unidos, auxiliarse mutuamente para resistir los esfuerzos con que el virrey del Perú trataba de restablecer el régimen antiguo en Chile y en Buenos Aires. Debían, por tanto, hacer de común acuerdo la paz y la guerra, y de acuerdo también a celebrar con los extranjeros pactos comerciales y políticos que más interesan a estos países” (6). La relación con Buenos Aires no tenía solamente un carácter político-militar para  enfrentar la invasión española, sino también un objetivo económico: aumentar  la  exportación de cobre chileno a Buenos Aires a cambio de liberar de aranceles la importación de yerba mate.

La promulgación de la medida más importante adoptada  por  la Primera Junta, la ley de libre comercio, suscitó también una ardua discusión entre las fracciones políticas de la burguesía criolla. Después de cuatro meses de intensos debates, Martinez de Rozas logró su aprobación el 21 de febrero de 1811. El ala derecha de la Junta se oponía no porque fuera en detrimento de sus intereses, sino por el temor a la reacción española ante esta medida de  trascendental  importancia que terminaba definitivamente con el monopolio comercial español.

Algunos historiadores han exagerado la influencia del liberalismo económico europeo en el decreto de libre comercio de 1811, al considerar sólo  aquellas medidas de potencias extranjeras. En realidad, el decreto de 1811 no sólo adoptó resoluciones sobre libre comercio, sino que fue el primer intento de planear una política económica general en la que advertía sobre los peligros del libre comercio y se tomaban medidas proteccionistas para la incipiente industria artesanal criolla. En el plan propuesto por Juan Egaña a la Primera Junta, se manifestaba que el comercio libre puede  “impedir la industria nacional, y aunque casi ninguna tenemos, debemos procurarla de todos modos” (7).

Uno de los veinticinco artículos del decreto de libre comercio de 1811, prohibía la introducción de vinos y aguardientes extranjeros que hicieran competencia con los que se producían en el país; se prohibió, asimismo, la entrada de tabaco y naipes para garantizar el estanco de estos productos que constituían casi la tercera parte de los ingresos fiscales. Las mercaderías extranjeras, decía el artículo 11, “pagarán por derechos reales sobre  precios  de reglamento el 28%, el 11/2 de subvención y el ½% de avería”. El fomento de la marina mercante nacional fue otra de las preocupaciones de este decreto al señalar que las embarcaciones chilenas pagarían solamente el 12% contra el 22% de las extranjeras, las que inclusive deberían llevar dos tercios de tripulación chilena.

El  artículo  17  protegía la producción minera nacional al establecer que “las embarcaciones extranjeras no podrán extraer el oro o plata en pasta, en piña labrada o chafalonía, ni los reales, pesetas y cuartos del nuevo cuño”, aunque se les permitía extraer los doblones y pesos fuertes, pagando por el oro el 21/2  de  derecho  y 5% por la plata. Otro de los artículos se preocupaba de eliminar el contrabando, impidiendo la internación de productos por otros puertos que no fueran Valparaíso, Coquimbo, Talcahuano y Valdivia. De este modo, la burguesía criolla, que se había desarrollado al socaire del contrabando, fue la más interesada  en desterrarlo una vez que llegó al poder. Se prohibía a los buques extranjeros introducir mercaderías por otras zonas “por sí ni por terceras manos”‘; tampoco se les permitía venderlas al por menor, sino por “facturas, tercios, barricas y fardos”, medida que tenía por objeto favorecer a los comerciantes criollos que trabajaban con el mercado interno. Finalmente, el artículo 21 señalaba que “los habitantes del país podrán hacer por sí el comercio libre en todos los puertos extranjeros del globo pertenecientes a potencias aliadas o neutrales”. Uno de los aspectos fundamentales  del  decreto  de 1811 para la burguesía criolla era el referente a las exenciones establecidas para la exportación de minerales, sebo, trigo y “demás productos, comprendidos con disimulo en un etc.” (8).

La ley de libre comercio produjo un aumento sensible de las entradas fiscales. “En el transcurso de pocos meses se había constatado ya un aumento sorprendente de un 100%. En enero de 1811 las entradas de Aduana fueron de $ 12.752 y en agosto llegaron a $ 24.814, siendo luego después bastantes superiores. La tesorería general anota para abril de 1813 una renta aduanera de $ 101.892” (9). Si bien es cierto que este ritmo fue detenido por la guerra contra los españoles y que el contrabando afectó los ingresos aduaneros, la ley de 1811 en lo que se refiere al fomento de la exportación minera y agropecuaria y a las exenciones tributarios satisfizo, en gran medida, las aspiraciones de la burguesía criolla.

El triunfo del ala centrista fue, sin embargo, efímero, Las elecciones del Primer Congreso Nacional, en abril de 1811, significaron una derrota aplastante para los partidarios de Martínez de Rozas, los Larraínes, Irisarri, Jos Antonio de Rojas y, también,  para  O’Higgins que colaboraba con este sector desde su incorporación a la vida del país. El ala derecha, dirigida por Eyzaguirre, Errázuriz y los mayorazgos como de la Cerda, Juan A. Ovalle, Francisco Ruiz Tagle y Juan Agustín Alcalde, el conde de Quinta Alegre, eligió la mayoría de los diputados, gracias al apoyo de los españoles que practicaron la política del “mal menor”. El realista Manuel Antonio Talavera escribía en su diario personal: “La fracción europea era casi toda contraria al nuevo sistema de gobierno; pero el conflicto de la precisión de vivir en este reino, les hizo elegir del mal el menos (…) Concibieron los europeos que elegir a los de la lista de la fracción Rozas, era darle la mano para hacerse presidente de la Junta o al menos para que continuase de vocal, exponiéndose nuevamente a sufrir otros vejámenes” (10).

Años más tarde, aún fresco el recuerdo de la tradición oral, José Victorino Lastarria hizo una aguda caracterización del sector derechista del Primer Congreso Nacional:  “La revolución no podía marchar con esta organización tan heterogénea, que carecía de sistema y unidad; de modo que los amigos de la independencia no podían hacer valer sus principios ni  desarrollar sus miras sin  disfraz. Un  historiador  ha dicho  que  la  mayoría  [del  Congreso] era compuesta de hombres pacatos e ignorantes en la ciencia del gobierno y bastantes débiles para constituirse en instrumentos de otros más atrevidos y notoriamente afectos al régimen colonial” (11).

El retiro de los diputados de minoría del Congreso agudizó la lucha fraccional. Martínez de Rozas regresó a su provincia, comenzando desde Concepción una campaña de agitación contra el gobierno. Esta fue la  primera  expresión  política de los roces entre las provincias y capital, contradicción que se pondrá manifiestamente relieve en la segunda mitad de la década de 1820 a 1830.

El Primer Congreso, controlado sin contrapeso por el ala derechista, dilató las medidas tendientes a consolidar la real independencia política del país, provocando una tirantez en las relaciones con la Junta de Buenos Aires al exigir el reemplazo cae Alvarez Jonte en junio de 1811, por sus vinculaciones con el sector de Rozas.

Mientras  tanto  había  comenzado  a  surgir un embrión de ala izquierda como respuesta a las vacilaciones del sector derechista de la burguesía criolla. Esta fracción, aún informe, propugnaba medidas para  acelerar la revolución chilena y exigía la ruptura definitiva con España. Su portavoz más destacado, Camilo Henríquez, lector de Raynal y Rousseau,  se había iniciado como agitador en el movimiento revolucionario de Quito en 1809. Su proclama de  enero de 1811, firmada con el seudónimo de Quirino Lemáchez, se puede considerar como el documento político más revolucionario de este período, pues fue el primero  que se  atrevió a plantear abiertamente la ruptura con el imperio español. En uno de sus párrafos señalaba claramente su posición favorable a la implantación de una república soberana e independiente: “De cuanta satisfacción es para un alma nacida en el odio  de la tiranía ver a su patria despertar del sueño profundo y vergonzoso que parecía hubiese de ser eterno, y tomar un movimiento grande e inesperado hacia su libertad, hacia este deseo único y sublime de almas fuertes, principio de la gloria y dicha de la república (…) Consiguió al cabo el Ministerio de España llegar al término porque anhelaba tantos siglos la disolución de la monarquía (…) Nadie puede mandaros contra vuestra voluntad. ¿Recibió alguno patentes del cielo que acrediten que debe mandaros?  Está, pues, escrito ¡oh pueblo! que fueseis libres (…) y que se dijese algún día la república, la potencia de Chile, la majestad del pueblo chileno”. A pesar de no tener ninguna simpatía por Camilo Henríquez, el historiador Francisco Encina lo ubica con precisión en la lucha de tendencias de este período: “No tenía auditorio en el bando rocista, violento, pero aristócrata y autoritario (…) Menos aún podía despertar simpatía entre el poderoso grupo de Errázuriz y Eyzaguirre” (12).

El golpe militar del 4 de septiembre  de  1811, promovido por los hermanos Carrera, significó la caída del sector derechista y la  restauración en el poder de la fracción contraria, apoyada momentáneamente por  el ala izquierda en franco proceso de estructuración con el regreso de José Miguel Carrera  a Chile. En La Serena, Concepción y otras zonas se reemplazaron los diputados derechistas, cambiando la composición política del Congreso en un sentido favorable a los centristas, quienes eligieron presidente al presbítero Joaquín Larraín, jefe de la familia de los “ochocientos”, así llamada por sus vastas ramificaciones  económicas y políticas. Las provincias comenzaron a adquirir mayor relieve, reivindicando sus derechos en la creación de Juntas locales, que operaban con relativa autonomía respecto de Santiago, expresando ya, desde los inicios de la República, la contradicción Capital-Provincias, que se revelará a través de guerras y revoluciones durante las décadas posteriores.

La nueva Junta, encabezada por Martínez de Rozas Rosales, Mackenna, Marín y Calvo, restableció cordiales relaciones con Buenos Aires, nombrando  delegado Francisco A. Pinto. Publicó un edicto en el que se notificaba a los españoles realistas la aplicación de severas penas en caso de reincidir en sus actividades contrarrevolucionarias.

La burguesía criolla consolidó sus intereses económicos al ser abolidos los derechos de exportación del 3%. A principios de octubre, se acordó que durante dos años se permitirá en Chile el cultivo del tabaco que hasta entonces había sido monopolizado por el Virreynato del Perú. Una proclama del 15 de octubre de 1811, manifestaba: “Agricultor,  la  siembra de tabaco estaba prohibida; ya podéis hacerla. Formaréis vuestra subsistencia con esta ocupación si os dedicáis a ella empeñosamente” (13).

La esclavitud fue suprimida  a medias con la dictación de la  “libertad  de  vientre”,  por  la  cual fueron declarados libres no los que en ese  momento  eran esclavos sino los que nacieran a partir de la promulgación de la ley. Esta medida a pesar de su limitación tuvo repercusiones sociales, según el cronista hispanófilo Melchor Martínez: “Esta inconsiderada providencia causó improvisadamente tal conmoción en la esclavitud, que al día siguiente se mancomunaron  más de 300 esclavos, y orgullosos con el favor del gobierno hicieron una representación pidiendo su libertad, y ofreciendo en recompensa sus personas y vidas para defender el sistema de la patria, previniendo prontamente de cuchillos y amenazando de causar alguna sublevación en el pueblo. El gobierno temió males resultas y se prendieron y encarcelaron como 20 de las cabezas principales, conteniendo a los demás con amenazas, con lo que se sosegaron por el pronto” (14).

También se tomaron algunas medidas referentes a la Iglesia, entre ellas la supresión de la cuota que se enviaba a Lima para sufragar los gastos de la Inquisición y la prohibición de sepultar los muertos en los templos. Pero estas medidas reformistas no significaban un real avance en el camino hacia la independencia política. Con el fin de terminar con este curso vacilante, el sector izquierdista, frustrado con los resultados del golpe del 4 de septiembre y con la gestión centralista de la Junta, decidió realizar un nuevo movimiento político.

Referencias

(1) DOMINGO AMUNATEGUI S.: La Revolución de la Independencia, p. 31 y 37, Santiago, 1945.

(2) COLECCIONES DE HISTORIADORES Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE CHILE, XVIII, 220.

(3) FRANCISCO ENCINA: Historia de Chile, T. VI, p. 216, Stgo., 1952. En las subsiguientes referencias de esta obra citaremos: ENCINA, tomo, pág.

(4) Ibid., VI, 241.

(5) DIEGO BARROS ARANA: Historia general de Chile, T. VIII, p. 295, Stgo. 1887. En las posteriores citas de esta obra sólo indicaremos BARROS ARANA, tomo, pág.

(6) Ibid, VIII, 250.

(7) COLECCION DE HISTORIADORES Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE CHILE, XIX, p. 97 y sigs.

(8) ENCINA, VI, 203.

(9) DANIEL MARNER: Historia de Chile. Historia Económica, Tomo I, p. 109, Ed, Balcells, Stgo. 1929.

(10) MANUEL A. TALAVERA: Revoluciones de Chile, Diario Histórico imparcial de los sucesos memorables acaecidos en Santiago de Chile, cit. por BARROS ARANA, VIII, 339.

(11) JOSE V. LASTARRIA:  Bosquejo  histórico  de la constitución del gobierno de Chile, en Serie de Estudios Históricos, p. 71, editado en Stgo.

(12) ENCINA, VI, 245.

(13) Citado por BARROS ARANA: VIII, 405.

(14) MELCHOR MARTINEZ: Memoria Histórica sobre la Revolución de Chile, desde el cautiverio de Fernando VII hasta 1814, p. 124, Valparaíso, 1848.