Denuncian que AFP Provida y compañías de seguros boicotean de forma ilegal solicitudes de pensión de invalidez

Para entender la denuncia, primero debe saber lo siguiente: el seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), es un porcentaje de la renta imponible del trabajador: actualmente 1,53 por ciento. Si el trabajador o trabajadora es dependiente, ese porcentaje lo paga el empleador. Aunque suene insignificante, si se compara con el porcentaje cotizado (un diez por ciento del sueldo), se descubre que en realidad las aseguradoras se llevan un cuantioso 15 por ciento sobre el monto que mes a mes aportan los trabajadores a las AFP

Sin embargo, considerando que el SIS es uno de los mejores beneficios que otorga el actual sistema de pensiones, un remanente de los beneficios existentes en el antiguo sistema de reparto (previo a las AFP) pocos reclamarían por su existencia. En teoría, el SIS cubre la eventualidad de que el trabajador o trabajadora sufra una enfermedad invalidante que les impida seguir trabajando total o parcialmente (y en el caso de sobrevivencia, que el afiliado muera antes de jubilar y en ese caso los beneficiarios son, en distintos porcentajes, la viuda y sus hijos). La ventaja sobre la pensión de vejez (la más conocida de las que otorga el sistema de AFP), es que el monto del beneficio es un porcentaje fijo del sueldo y no depende del monto acumulado en la “cuenta individual” del trabajador. Es decir, si usted jubila normalmente, por vejez, la estadística indica que no recibirá más del 35 por ciento de su último sueldo (y el porcentaje, según los expertos, irá bajando con los años). En cambio, si jubila por invalidez (cosa que puede ocurrir en cualquier momento desde que empieza a cotizar), las AFP deben asegurarle una pensión de por vida que equivale al 60 o 70 por ciento de sus últimas rentas. Si su fondo acumulado no alcanza, paga la compañía de seguros.

He aquí entonces la importancia de la denuncia de la Fundación Valídame:

El recién pasado 8 de agosto de 2018, el presidente de la entidad privada, Juan Carlos Pizarro, envió un oficio al fiscal nacional económico, Mario Ybar, en el que denuncia haber “tomado conocimiento de hechos que revisten la connotación de ilícitos, en carácter reiterado, antecedentes que ponemos en conocimiento de los organismos pertinentes a contar de esta fecha”.

En el documento, afirma que “ha recibido antecedentes del manejo interno de la AFP más grande de Chile, correspondientes al período 2008-2009, es decir, pre y post Reforma Previsional de 2008; que sustentan que al menos AFP PROVIDA S.A ha instruido mediante prácticas permanentes, el control de Siniestralidad de sus afiliados (…) Tal es así que, según antecedentes adjuntos, llevan estadísticas a nivel nacional de los solicitantes de calificaciones de invalidez, por sucursal, con tabla comparativa por meses y años anteriores, imponiéndoles topes del número de solicitudes que se podrían cursar, donde los únicos beneficiados eran supuestamente otras empresas, es decir, las compañías de seguros”.

Entre la documentación presentada, adjunta la declaración jurada de Alejandra Vidal, empleada de Provida desde 1993 y encargada del área de Beneficios de la aseguradora en la fecha de los hechos denunciados, en Concepción.

En su declaración jurada, firmada ante la notaria de Tomé, Carolina Fuentealba Madariaga, Alejandra Vidal reveló el pasado 28 de mayo que: “Entre los años 2008-2009 estuve a cargo de las invalidez en AFP Provida S.A en la ciudad de Concepción. En ese período teníamos instrucciones de frenar las solicitudes de invalidez cubiertas. Lo anterior para bajar la siniestralidad de las compañías aseguradoras. Era tanta la presión por no suscribir las calificaciones que nos medían semanalmente a través de estadísticas destacando en rojo las agencias que no cumplían (recibía las estadísticas de toda la Regional Centro Sur)”.

Posteriormente, el 28 de agosto, Vidal hizo una segunda declaración, en la que complementó los antecedentes entregados en la primera, aportando el dato de que el período en el que se le ordenó “frenar las solicitudes de invalidez cubiertas” sobrepasó el período 2008-2009, sin perjuicio de que durante esos años “fue la época en la cual más se intensificó el control a través de estadísticas, metas, reuniones con jefaturas”.

FRENAR EL TRÁMITE

Junto a su propio testimonio, la funcionaria aportó correos electrónicos que recibió de altos ejecutivos de Provida, en los que queda en evidencia las instrucciones de obstaculizar las solicitudes de invalidez.

El primero de ellos, enviado el 5 de mayo de 2009 a las 14:27 horas, por la Coordinadora de Sucursales Centro Sur, dice: “Felicitaciones para todos quienes durante el mes de ABRIL hicieron un tremendo esfuerzo, para bajar los porcentajes de siniestralidad. Es claro que trabajar unidos trae beneficios positivos para todo el equipo. Todavía nos faltan 2 meses MAYO Y JUNIO!!!! Si aplicamos todo los que nos enseñaron en reunión cada Encargado de Beneficios, si no nos olvidamos de hacer el filtro… cumpliremos y lograremos el objetivo. SOMOS UN GRAN EQUIPO!!!!! MAYO SERA MEJOR QUE ABRIL!!!!” (sic).

La Coordinadora adjuntó también la siguiente tabla, que revela la cercanía o lejanía con las metas señaladas por la gerencia de Provida y cómo se marcaba en rojo a aquellas comunas que otorgaban demasiadas pensiones de invalidez, en comparación con el año anterior:

El segundo correo aportado por Vidal tiene fecha el 1 de julio de 2009, y fue enviado por el entonces Gerente Comercial de la División Centro Sur: “Estimados: Reciban mis sinceras felicitaciones por el excelente trabajo realizado. Me refiero específicamente a la atención de solicitudes de invalidez, aplicación del protocolo y otros. Falta que llegue la estadística oficial para ver el resultado final. Sin embargo, confío y sé del trabajo que han realizado cada uno de uds. y con eso para mí es suficiente para decirles nuevamente que los felicito, ha sido un trabajo duro, difícil y muchas veces ingrato al recibir reclamos de clientes o asesores, pero se sacó adelante con PROFESIONALISMO. Ya estamos en julio y tenemos otros desafíos que cumplir, pero con este equipo lo sacamos adelante sin derecho a duda. Adelante” (sic).

En entrevista con The Clinic, Alejandra Vidal cuenta que trabaja en AFP Provida desde 1990, cuando ingresó al área de Ventas y debía “traspasar gente de otra aseguradora a esta”. Tres años más tarde, dice, fue reposicionada en Concepción como encargada de Beneficios, donde comenzó a ejecutar labores en directa relación con los trámites de pensión de vejez, herencia e invalidez que se solicitaban.

Consultada por cómo se les comunicaba la instrucción de “frenar” las pensiones de invalidez, asegura que solía ser “por correo y en forma verbal. Había reuniones en que nos pedían no cubrir tantas pensiones de invalidez. Incluso venían de Santiago a hacernos reuniones con estadísticas para ver si estábamos cumpliendo con la meta, además de las capacitaciones. Si la gente estaba con licencia teníamos que decirles que siguieran con licencia lo que más pudieran, hasta que les pusieran problemas no más”.

Vidal dice que cuando cuestionaba esta medida, la respuesta era que: “Son órdenes y hay que cumplirlas”. Sin embargo, recuerda que antes de escuchar por primera vez esta instrucción, Provida ya había puesto en práctica otro proceso destinado a ralentizar la tramitación de pensiones de invalidez: “Antes habían empezado con el tema del instructivo. Es decir, pedir al afiliado que se llevara para llenar un formulario de antecedentes médicos. La Superintendencia estableció que todos los que tramitaban tenían que llevarse un certificado para que se lo completara el médico. El que ellos llevaban (normalmente realizado por los médicos en sus propios recetarios) no servía, tenía que ser otro. Eso ya era dilatar el trámite”.

Luego, recuerda, “empezaron también con que había que pedir hora para tramitar la pensión de invalidez. Había un call center al que tenían que llamar las personas para pedir hora. Podías estar totalmente desocupado, sin hacer nada, pero no, tenías que hacer que el afiliado llamara y luego agendar la hora. De esa manera, han intentado frenar la siniestralidad”.

EXPERIENCIA PROPIA
Actualmente, Vidal se encuentra con licencia médica desde el 1 de febrero de 2016, debido a dos enfermedades autoinmunes: artritis reumatoides y fibromialgia.

Por efecto de su padecimiento ha experimentado el proceso que por tanto tiempo dictó desde el otro lado de la mesa: “Inicié el trámite de invalidez en 2014. No me la dieron. Inicié el trámite por segunda vez en 2016, tampoco me la dieron. Y comencé un trámite, el tercero, ahora a fines de mayo, y estamos a la espera de las respuestas ¿Con qué AFP? Provida”.

Fue durante este proceso que se contactó con la Fundación Valídame, específicamente con su fundador y presidente: “Los encontré por la página web, buscando en internet, leyendo y viendo casos. Ahí me contacté con Juan Carlos (Pizarro) y le comenté mi situación. Empezamos a hablar y me dijo: ‘¿Tú sabes que en lo de la invalidez te controlan la siniestralidad y todo lo demás?’ Yo le dije que sí, que me constaba porque estuve mucho a cargo de eso y lo viví, me pedían hacerlo”.

Ante estos hechos, la fundación presidida por Juan Carlos Pizarro denunció el 9 de agosto a AFP Provida, “por prácticas aparentemente de delito, respecto al “CONTROL DE SINIESTRALIDAD” (no pagar los siniestros que se producen en la realidad, sino más bien, solo los fijados en metas comerciales prestablecidas) para la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia”.

El 21 de agosto siguiente, la Fundación envió el oficio N°087 al superintendente de pensiones, Osvaldo Macías Muñoz, para poner en conocimiento los mismos antecedentes expuestos anteriormente. Al no obtener una respuesta de su parte, diez días más tarde, y a través del oficio N°101, la entidad presidida por Pizarro solicitó “requerir información acerca de las medidas, determinadas por el órgano de control que se debiese haber instruido, a la luz de los antecedentes remitidos”.

LA APUESTA DEL SISTEMA
Pero lo revelado por Alejandra Vidal es sólo una parte de los cuestionamientos que ha planteado Fundación Valídame.

Según Pizarro, uno de los elementos que más les llamó la atención al momento de iniciar sus investigaciones respecto al SIS, fue “la tasa de personas que han sido declarados inválidos en Chile”, lo que también fue incluido en el oficio remitido a la FNE en agosto de ese año.

Para ello ocuparon una tabla proporcionada por la propia Superintendencia de Pensiones que detalla la siniestralidad de invalidez del año 2016, que pormenoriza según cada AFP:

Sumado a esto, solicitaron vía Transparencia el porcentaje de cotizantes que se invalida, en forma semestral, desde el 2006 al 2011, tanto en hombres como mujeres hasta los 65 años.

Los resultados revelaron, a ojos de la Fundación, “que la tasa de personas que han sido declarados inválidos en Chile, se ha mantenido prácticamente plana durante estos 8 años. Lo que parece a lo menos ‘raro’”.

En entrevista con The Clinic, Pizarro afirma que las AFP presentan las estadísticas en escalas ajustadas y depuradas para mostrar resultados diversos, pero que si se sujetan a los datos reales, se descubre que la escala es prácticamente “plana”, con un porcentaje de siniestralidad aprobada cercana a cero.

Sobre la base de los casos que ha podido documentar –unos 400, según sus cálculos- y los datos obtenidos a través de ley de Transparencia, Pizarro dice que esto se debe a que en el proceso de declaración de invalidez todas las entidades relacionadas con la materia contribuyen, desde distintas posiciones, a mantener los números tan bajos como sea posible: la Superintendencia de Pensiones, las Comisiones Médicas, las compañías de seguros, la Asociación Gremial de las AFP y la Asociación Gremial de Aseguradoras de Chile. Con la gravedad de que en estas ecuaciones, en teoría son la Superintendencia y las Comisiones Médicas contratadas por ellas, quienes debieran velar por los derechos de los afiliados y actuar como contraparte de las AFP y las compañías de seguro.

Para ejemplificarlo, Pizarro cuenta su experiencia, porque al igual que Alejandra Vidal, pagó el costo del sistema en el que por tanto tiempo trabajó como empleado. En su caso, contratado por diez años en el área comercial de Cuprum, (1996-2006). Según recuerda, “para efectos de cursos y capacitaciones, no se podía juntar con el área de pensiones (los que otorgan los beneficios)”. Es decir, debía desarrollar estrategias para captar afiliados de altas rentas, sin conocer lo que pasaba con los afiliados reales a la hora de tramitar sus pensiones.

En 2006 le diagnosticaron una enfermedad entonces considerada “rara” en el tracto digestivo. No se conocía la causa precisa de su padecimiento, pero el diagnóstico en un momento llegó a ser terminal. Para evitar manchar su impecable trayectoria laboral, en el que no había licencias y que estaba plagado de premios y reconocimientos por su efectividad, dice, decidió renunciar. Pensó que si lograba recuperarse, podría volver a su trabajo. No obstante, cuando recibió el diagnóstico de la gravedad de su dolencia, comenzó el trámite de invalidez. Y pese a su manejo en materia previsional, se dio cuenta de que había zonas “oscuras” que habían estado fuera de su conocimiento. “Esa zona oscura es lo que pasa cuando el afectado tiene que concurrir a los peritajes de las comisiones médicas. Esa parte para nosotros estaba vetada”.

-El día que yo me presenté éramos cinco requirentes y ninguno tuvo derecho. No me voy a olvidar jamás. Pero mi caso era distinto, porque como yo era funcionario de la AFP, tomé un resguardo legal: cuando la funcionaria me pregunta sobre mi estado de salud, yo le decía que ejercería mi derecho a reserva y le pedí que fuera a la bodega a buscar el formulario con ese fin y lo completé, porque yo tenía derecho a no informar mi condición médica para iniciar el trámite. Mi expediente se fue a la Comisión Médica, y el médico que me atendió no sabía nada de esto, ni que yo trabajaba en Cuprum. Dio por sentado que mis antecedentes médicos estaban en esa carpeta, al igual que en el resto de los casos que veía. Entonces me llamó a su oficina y me dijo: “Mire, yo ya estudié su expediente y usted no tiene derecho a nada”. Yo le respondí: “Señor, por favor, abra el expediente”, porque lo tenía encima. “No, porque usted acá no pautea. El que da las pautas soy yo. Su caso está resuelto y usted no tiene derecho”, me dijo. Jorge Montenegro Nachartt se llamaba, está en ejercicio y es el secretario de la Comisión. Al final no lo abrió. En ese rato yo entendí que el sistema era un fraude, porque él resolvió con la carpeta cerrada-, dice Pizarro.

En la misma línea, aduce que “las comisiones médicas son un organismo híbrido, porque si bien tienen el logo ‘Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones’ en la puerta, el personal administrativo que va a tener la vigilancia de la documentación de las solicitudes de invalidez de los requirentes, es pagada por la Asociación Gremial de AFP (organización que reúne a las AFP para representarlas frente a los poderes públicos, según su propia definición). Es decir, la Asociación Gremial de las AFP le paga al personal administrativo de las comisiones, quienes son los que tienen contacto real con la documentación”.

Después de dos años, Pizarro logró la pensión de invalidez. Luego de su experiencia, cuenta, se dedicó a “documentar casos, a armar una biblioteca. La conclusión después de ese proceso es que las solicitudes se resuelven sin fundamento alguno (…) Nos planteamos varias aristas como causas de esto: o es muy mala la norma, son muy malos los evaluadores o simplemente el proceso está manipulado. La conclusión es: todas las anteriores”.

Durante el proceso de investigación, la Fundación dio con el caso de un habitante de Concepción que desarrolló “siete patologías concomitantes, entre las cuales está la insuficiencia renal, hipertensión, pérdida de visión, deterioro de esqueleto” y que prácticamente “no tiene estómago”. Su caso fue analizado por la Comisión Regional y la Comisión Médica Central, que para estos efectos actúa como segunda y definitiva instancia, y fue rechazado.

Tras solicitar información vía Transparencia, la Fundación se percató que la Comisión demoró una hora y media en zanjar 97 casos el mismo día que denegó el acceso de su representado.

“Entonces sacas la media de cuánto se ocupó (por cada caso): 96 segundos. ¿Cuántas páginas tiene su expediente? 100 páginas. Uno de los tres médicos integrantes de la Comisión, que en su caso sí son pagados por la Superintendencia de Pensiones, tiene que estar a cargo del expediente, tiene que hacer el relato a sus colegas, tiene que contar a qué experto fue derivado el afectado, contarles el resultado de las pericias, tienen que tomar acuerdo, traspasar a un acta, porque todo esto es lo que pide la normativa. ¿Eso se podía hacer en un minuto y treinta y seis segundos? ¡Imposible!”, dice Pizarro.

OSCURECER LA NORMATIVA
Además de estos reparos, Pizarro apunta a que luego de los correos electrónicos liberados por Alejandra Vidal, dieron con “oficios que nosotros desconocíamos, dentro de los cuales vienen oficios de la Superintendencia a los gerentes generales tendientes a oscurecer la normativa, que es el sentido contrario a lo que les instruye la Constitución”.

Como ejemplo, cita documentos que entorpecerían el trámite de invalidez. Por ejemplo, según la ley, basta con presentar la cédula de identidad para acceder. Sin embargo, revela, “la Superintendencia fue elaborando una serie de protocolos fuera de norma, tendientes a dificultar el acceso ciudadano al derecho de tener una pensión de invalidez”.

En este caso, y en concordancia con lo afirmado por Alejandra Vidal respecto al tema, está documentado el oficio N°20.982 “que dice que a partir de entonces (las AFP) tienen que instruir a su personal a que cada usuario que vaya a hacer trámite de invalidez tiene que devolverse con un formulario de antecedentes que tiene que llenarle su médico. ¿Qué fin tiene ese formulario?: solamente que el médico describa qué enfermedad afecta a la persona en este papel, pero ese informe ya la persona ya lo llevaba, solo que en un papel distinto, que es el recetario del médico. Entonces un trabajador chileno con cáncer en fase 4, con un informe de su doctor que dice que ni la quimio ni la radio le va a solucionar su problema, que mejor deje protegida a su familia y que haga el trámite de invalidez, llega a la AFP y la funcionaria o funcionario le dice: ‘Mire, por instrucción de la Superintendencia de Pensiones usted se tiene que devolver, porque ya no le sirve solo la cédula como dice la ley, ahora su médico tratante tiene que llenar este formulario que le voy a dar yo, de su puño y letra y ponerle timbre y firmarlo’. El ciudadano se devuelve y en el hospital le dicen que el oncólogo ya se fue y que tiene que volver semanas después. Historia corta: el ciudadano se murió, y este es un caso real, y quedó sin cobertura”.



Además de esto, Pizarro cuestiona el “agendamiento de horas establecido” por Provida -el mismo que consigna Alejandra Vidal- y por Hábitat, el que pudo constatar in situ cuando acompañó a “una ciudadana de Chillán con esclerosis múltiple a hacer el trámite de invalidez”.

-Ahí, el tótem te redirecciona a un módulo según el trámite que vas a hacer. Nosotros apretamos “pensión” y nos arrojó una letra B. Estaba con crisis la afectada, nos tomó dos horas que se levantara ese día, viajamos de Las Mariposas, una localidad aledaña a Chillán. Durante 45 minutos estuvieron pasando las letras A y las letras C. Cuando yo me levanto a pedir explicaciones, la jefa subrogante me dice que había un trámite que estaba autorizado por el gerente general que se llama “agendamiento de horas”-, dice Juan Carlos, tras lo cual solicitó información por Transparencia otra vez.

Según los datos que obtuvo, la instalación de este trámite fue solicitado por un “gerente subrogante de Hábitat, cuando la Compañía de Seguros Vida Cámara se adjudica la licitación del seguro”, dice Pizarro. Cabe destacar que dicha compañía es parte del holding Cámara Chilena de la Construcción, grupo que controla a la AFP Hábitat y a la compañía aseguradora, a través de la sociedad Inversiones La Construcción. El holding tiene participación en las industrias previsional, bancaria, isapres, prestadores de salud y seguros de vida.

Esta es la carta del gerente (s) de Hábitat solicitando la instauración del sistema “Agendamiento de sucursales para inicio de Trámites de Pensión”:

Y esta fue la respuesta de Superintendencia, que acoge su requerimiento:

Respuesta a solicitud de información hecha por Juan Carlos Pizarro respecto a esta materia:


LA RIFA
El hecho de que compañías de seguros pertenezcan al mismo grupo empresarial de las AFP, como Cámara y Hábitat, es una práctica que se ejerce “desde el día uno”, dice Pizarro.

Según indica, también ha sido parte de los reparos que han efectuado ante las distintas entidades que componen el sistema previsional de Chile: “Nos dijeron que era antiestético, pero que no era ilegal, de que un holding se adjudicara la licitación de su propio seguro. Porque es la AFP la que hace la licitación, no la Superintendencia. Es la Asociación Gremial de las AFP la que llama a licitar ¿Entonces no es antiestético? ¡Es inmoral! ¿Cómo es posible que no entiendan que cuando yo hago una rifa no me puedo ganar el premio? Se lo dijimos a la Asociación Gremial en documentos escritos que están con timbre”.

Según el exfuncionario de Cuprum, “el norte” siempre fue “controlar la siniestralidad a través de las AFP”, ya que los esfuerzos por mantener el dinero de los afiliados dentro de las Aseguradoras, haría de este un negocio muy rentable. Sobre todo si se tiene control sobre el procedimiento gracias la acción coordinada de sus diferentes intermediarios.

Junto a los antecedentes ya planteados, Pizarro asegura que a lo largo del país hay “1.800 médicos contratados por la Superintendencia de Pensiones”, sin que exista un protocolo de transparencia que obligue a esos facultativos a revelar el antecedente cuando tratan a sus pacientes.

Por eso, dice, “aquí hay una operación de control de siniestralidad, en la que participan cuatro actores: Superintendencia de Pensiones, que oscurece normas; Comisión Médica a cargo de los expedientes, que prejuzga, como se vio en mi caso; Asociación Gremial de AFP que impide el acceso, porque está acreditado en los correos electrónicos; y Asociación Gremial de Aseguradores de Chile que, imagino, tiene su colaboración acá porque son parte de la Comisión Técnica de invalidez que redacta la norma. O sea, el que me vende el seguro es además el que fija las reglas con las cuales yo voy a poder cobrar”.

Finalmente, menciona que cuando los casos son aceptados para acceder a la pensión de invalidez, todavía queda sortear un obstáculo: la apelación que puede hacer la compañía de seguros del afectado, ante la Comisión Médica Central, convocada por la Superintendencia de Pensiones.

-De hecho al caballero que no tiene estómago se le declaró inválido en primera instancia y luego la compañía de seguros apeló y fue revocada. Después, cuando se libera el expediente en tribunales, por el recurso de protección que interpusimos, encontramos documentos que desconocíamos, que habían sido ocultados, donde se indica que en la primera evaluación del 2016, la doctora asignada del expediente, había determinado según las pericias a las que fue enviado este señor que sólo por la patología gástrica él era inválido en el 83%. Llegó a la misma conclusión el perito gastroenterólogo y la doctora asignada al expediente. De ahí, por una cosa misteriosa, la patología más importante desaparece, no sale mencionada en la resolución y aparece como inválido parcial por artrosis de columna. A pesar de que están todos los documentos en el expediente, no aparece lo de su estómago. La compañía de seguros apeló con al argumento de que era un impedimento sobrevalorado, así de descarado, y la Comisión Médica Central resuelve que no es inválido. Cero. Ahí hay indicios flagrantes de que los expedientes son manipulados, que se presentan los antecedentes que ellos quieren presentar a la hora de resolver, siempre en perjuicio del afiliado.

Antes de la reforma del 2008, el SIS lo pagaban las AFP (que lo incluían en su comisión, por entonces de un 3%, aproximadamente). Con la reforma impulsada por Michelle Bachelet, ambos items se dividieron. En teoría “bajaron” las comisiones de las AFP, pero el SIS quedó como una cotización aparte, de cargo de compañías de seguro que deben ser contratadas en licitación por la Asociación de AFP.

No contaban los legisladores, sin embargo, con la concentración que se ha producido a partir de entonces en el mercado de las AFP (solo operan seis y tres de ellas controlan más del 70 por ciento de los afiliados), sino que, además, con que las compañías de seguro son parte integral de los mismos controladores de las AFP y que por lo tanto estas tienen todos los incentivos para resguardar que se paguen los menos beneficios posibles a sus afiliados.

Consultada al respecto, la Fiscalía Nacional Económica confirmó que recibió la denuncia y que está evaluando su admisibilidad. La Superintendencia de Pensiones preparaba una respuesta que no alcanzó a llegar a tiempo antes de la publicación de este artículo y AFP Provida no respondió a nuestros requerimientos.

(Tomado de The Clinic)

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