El microtráfico y el gobierno del miedo

por Juan Ignacio Latorre e Ibán de Rementería //

El microtráfico es la experiencia más a la mano que tenemos del tráfico de drogas, la otra experiencia es de aquellas personas de nuestros entornos inmediatos y mediatos que hacen consumos conflictivos drogas, que son muy pocas. Esa es la experiencia negativa directa o vicaria que tenemos del consumo, nada sabemos de los consumidores no conflictivos, que son la gran mayoría, algo así como el 90%, porque por razones obvias estos no se visibilizan, y si sabemos de algunos consumos o consumidores normalizados no les prestamos atención porque no los consideramos propiamente usuarios de drogas, ya que no son “drogadictos”. El imaginario colectivo instalado por la “guerra de las drogas” es que todos los usuarios de drogas son drogadictos, enfermos que necesariamente se convertirán en delincuentes

El pequeño tráfico de drogas constituye la red más vasta y masiva del narcotráfico, son cientos de miles de hombres y mujeres que en los intersticios de nuestras sociedades urbanas de Nueva York a Marsella, pasando por Río de Janeiro o Ciudad de México, también aquí en Santiago y Antofagasta, los que proveen de drogas a las y los consumidores, son cientos de miles, que pululan por las calles y plazas, visitan tabernas y salones o despachan a domicilio.

El otro gran contingente del narcotráfico, de la economía de las drogas, son los cientos de miles de campesinos que producen cannabis, coca o amapola en los campos empobrecidos del subdesarrollo, arruinados por las políticas agrícolas subsidiadas de los países desarrollados y sus exportaciones agropecuarias por debajo de los costos de producción, allí donde están los mayores mercados de consumo de estas sustancias. En los ámbitos de producción de drogas además de los campesinos hay acopiadores, mayoristas y exportadores, que son algunos miles, que les venden a los contrabandistas internacionales – “los narcos”-, que son unos cuantos; en los ámbitos del consumo las drogas son compradas por importadores –traders-, vendidas a distribuidores regionales o locales –dealers-, quienes las transfieren a expendedores minoristas –pushers-, nuestros microtraficantes. Los grandes narcotraficantes se quedan con el 12% de los US$ 100.000 a 120.000 millones que pagan por la cocaína sus consumidores por el mundo, pero como ya se dijo son unos pocos, en cambio los microtraficantes se quedan con el 70% a 80% del valor pagado por los consumidores, pero son cientos de miles sino millones, este sí que es un subsidio a la pobreza urbana del mundo.

1. La Guerra de las Drogas

La guerra contra las drogas es principalmente, sin lugar a dudas, una guerra contra el microtráfico, contra el expendio minorista, con todas las consecuencias horribles que salpican a los medios de comunicación frecuentemente. La guerra a los grandes narcotraficantes no es posible, sólo ocasionalmente se hace cuando no están al día en los pagos. Para evitar esa “guerra de guerrillas” varios estados, contraviniendo las normas de Naciones Unidas que imponen exclusivamente el tratamiento punitivo tanto de la provisión como del consumo de drogas, establecieron modalidades diversas de acceso a algunas sustancias, principalmente cannabis y en algunos casos heroína, motivadas por razones sanitarias de reducción de daños e institucionalización o reclutamiento sanitario de usuarios con consumos conflictivos para que reciban las atenciones y tratamientos que necesitan y merecen. Tal es el caso de los coffe shops de cannabis y hashish en los Países Bajos, las salas de venopunción en Suiza, Alemania, España o Canadá, los equipos multidisciplinarios de atención a usuarios en Portugal, conocidas como Comisiones de Disuasión, los expendios legales de marihuana en 25 estados de la Unión Americana, entre otras.

En nuestra región Uruguay legalizó el consumo recreativo de cannabis en 2013, la cual se puede adquirir en algunas farmacias o se puede acceder a ella mediante los cultivos personales autorizados. No obstante la demanda nacional allí es de unos 150.000 usuarios de cannabis llega a unas 25 toneladas anuales, pero el sistema legal solo produce 9 toneladas, la diferencia es abastecida por un tráfico ilícito que sigue siendo perseguido por las autoridades.

El problema principal del actual período de transición de una política universal de control de drogas punitiva que reitera las Naciones Unidas a una política de reducción de daños donde priman los criterios sanitarios y de defensa de los derechos humanos de los usuarios, conflictivos o normalizados, es el asunto de diferenciar el porte y la tenencia de drogas para “el consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo” como lo define nuestra legislación aquí en Chile, donde el consumo no es delito – artículo 4 de la ley 20.000-, de aquellas cantidades que hacen suponer que están destinadas al microtráfico.

El microtráfico es generador de violencia y temor precisamente porque es ilegal, los conflictos entre distribuidores locales y pequeños expendedores o entre éstos por los mercados, de estos con sus clientes, con los ladrones de drogas o sus ganancias –“quitadas” o “mexicanadas”-, etc., no tienen instancias de mediación y resolución de conflictos, como en el caso del comercio legal, aquí solo el empleo de la violencia es la manera de imponer los negocios, acceder o proteger los mercados y cobrar las cuentas pendientes. También obviamente, los conflictos entre las autoridades y los diversos actores del narcotráfico son resueltos por medio de la violencia, la cual puede llegar al paroxismo de situaciones sangrientas y horribles cuando autoridades corruptas “quitan” drogas para negociarlas por su cuenta. Todo esto obviamente genera temor y zozobra entre las poblaciones que deben de convivir en sus comunidades con estos conflictos de la guerra de las drogas. En general, las poblaciones donde estas actividades se instalan son cooptadas a la colaboración mediante donaciones, asistencia social y de salud, apareciendo como sustitutas de la no intervención del estado, muchas veces sus miembros más jóvenes o más desvalidos, las mujeres y los adultos mayores, son reclutados y pagados para labores menores de información y aviso, o de mayor responsabilidad como custodia y transporte de “merca”, o de disuasión, protección y agresión a los “enemigos” –“los soldados” de las mafias. No debemos olvidar que ha aparecido una nueva modalidad de clientelización de la política, que consiste en la alianza entre autoridades municipales y los narcotraficantes para financiar la estructuras clientelares de aquellos, como se ha denunciado en el Municipio de San Ramón de Santiago.

2. Nuestra Guerra de las Drogas

En los últimos días hemos asistido a una ofensiva informativa sobre nuestra guerra de las drogas: “Llevaban 307 kilos de cocaína en ambulancia”,” Carabinero muere en operativo contra banda de narcotraficantes tras recibir dos balazos en la cabeza”, “Canadá: Legalización aumentará el consumo de marihuana a un 35%”, “Aumento explosivo en incautaciones de marihuana ‘creepy’ en el país”, “Una equivocada promoción de la marihuana”, “Gobierno prepara control de narcotest para conductores”, “Uruguay busca como aumentar producción legal de marihuana”, “Drogas: se ha incautado una tonelada al mes en 2018”, etc. ,todo lo cual aparece como un respuesta a la aprobación por la Cámara de Diputados de la norma que permitiría la plantación de marihuana en los domicilios de cualquier persona que cuente con una receta médica. De lo que se trata aquí es del uso político del impacto del narcotráfico en la seguridad ciudadana, en su aspecto subjetivo de la sensación de temor que provoca en la población, es lo que algunos expertos bien han llamado “el gobierno del miedo”, y que el Gobierno actual quiere exacerbar.

Es en estos teatros de operaciones donde deben ser diseñadas una nueva política y normas que las regulen para bien gestionar la provisión y el consumo drogas. El eje de ese diseño es la capacidad de discernir entre el porte o tenencia par el consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo de aquellas otras cantidades que suponen tienen una finalidad ilícita de transferir a terceros a cualquier título, esto tanto para quienes hacen uso de drogas como para las autoridades de las fuerzas policiales, el Ministerio Público y la Defensoría que deben perseguir el tráfico ilícito de drogas.

El anterior discernimiento necesariamente exige la instauración de modalidades de accesibilidad a pequeñas cantidades de drogas para el consumo personal, de todas las drogas, ya que además del cannabis, que es la de consumo más universal entre los sectores medios, tenemos la pasta base de cocaína (PBC) de consumo preferencial entre los jóvenes pobres, asimismo, el clorhidrato de cocaína (HCL) y la heroína de consumo predominante entre los sectores acomodados y, de igual manera, los psicofármacos de consumo mayoritario entre todos los usuarios y preferencial entre las mujeres; todos ellos deben tener modalidades de acceso o provisión, mediante normas precisas sobre las cantidades permitidas de posesión o tenencia que no tengan consecuencias penales ni para los usuarios, ni para los proveedores de pequeñas cantidades.

No obstante lo anteriormente expuesto el Gobierno comienza a configurar su política de drogas desde la estrategia del miedo, no en cualquier espacio urbano y ciudadano, sino que en el específico de los entornos a los establecimientos educacionales. Así, en días pasados se ha anunciado que Carabineros, con el eventual apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito lanzarán el plan: “Estudia sin Drogas, Carabineros + Cerca de Ti”. Este plan lo ejecutará el Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros y se aplicará en el semestre que ya se inicio, en 24 comunas de la Región Metropolitana, entre las que se destacan Peñaflor, Puente Alto, Maipú, El Bosque, La Pintana, La Florida, La Granja, Peñalolen, San Joaquín y Quilicura. Es decir, aquellas comunas caracterizadas por tener población en situación riesgo, de pobreza. Luego, durante el año 2019 su aplicación se extenderá al resto de la Región Metropolitana, en 2020 se abarcará de Arica a Coquimbo y en 2021 de Valparaíso a Magallanes.

La fuente de información para diseñar las intervenciones serán los datos georreferenciales de los alrededores de los establecimientos educacionales, asimismo para su ejecución serán convocados y capacitados los docentes y apoderados, la guerra al microtráfico que se inicia será una movilización general de los agentes educativos: docentes, apoderados, para docentes y, en la medida de lo posible, los mismos estudiantes.

Además de lo anterior el Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley para penalizar las “incivilidades”, entre las cuales se incluye desde pintar grafitis, dañar el mobiliario urbano, los locales y el equipamiento escolar, botar basuras en sitios eriazos y, claro está, consumir alcohol o drogas en la vía pública, con sanciones que van desde 541 días a tres años de cárcel, los que según su gravedad podrían llegar hasta cinco años.

Las guerras de las drogas en las comunas más populares tienen conocidos resultados adversos tanto para la salud como para la seguridad ciudadana de quienes allí viven, los resultados de tales guerras en los entornos educativos tienen previsibles resultados muchos más complejos aún. Al menos por las siguientes razones, primero, en general, los jóvenes hacen usos exploratorios, recreativos y para la autogestión de sus problemas de salud mental –ansiedad y depresión- de las drogas y el alcohol, usos que son mayores que los de la población adulta y mayor, no obstante esas prácticas son mayoritariamente abandonadas con sus procesos de maduración y asunción personal, por eso las tasas de abandono de las drogas en general llegan al 75% y de PBC al 80%. Además, los problemas educacionales y disciplinarios son una de las principales “motivaciones” del uso de drogas entre los jóvenes.

En el caso de los jóvenes populares estos usos son más amplios e intensivos ya que ellos tienen problemas más acuciantes, cuentan con menos oportunidades y alternativas, se encuentran más desprotegidos institucionalmente y están menos dotados de habilidades y recursos para manejar sus vicisitudes. Además, los jóvenes populares están profundamente ligados a las economías familiares de sobrevivencia, de auto empleo, trabajo familiar, comercio callejero, servicios personales esporádicos, producción artesanías, etc., muchas veces vinculado a la pequeña provisión de drogas, el microtráfico, la guarda de drogas, el transporte y la protección, que pueden convertirse en vías de iniciación a carreras delictivas.

No será represión penal, “la guerra de las drogas” la que evite esas derivas sino que la oferta de alternativas y oportunidades lícitas que les permita a los jóvenes satisfacer sus necesidades y deseos y las de los suyos.

(Tomado de Le Monde Diplomatique Chile)