Bolivia: millonadas de dólares paga Evo Morales por indemnizaciones a transnacionales saqueadoras

de POR //

Por la reversión de las concesiones a la empresa chilena Quiborax en el salar de Uyuni por parte del gobierno de Carlos D. Mesa, ésta demando al Estado boliviano que finalmente ha pagado una indemnización de 42,6 millones de dólares.

El gobierno, con ribetes de escándalo, se presenta como víctima de un mal procedimiento por parte del gobierno de Mesa al revertir las concesiones a Quiborax, causando grave daño económico al país y por lo cual pide al Legislativo la apertura de un juicio de responsabilidades al ex presidente.
Por su parte Mesa acusa a la Procuraduría de haber hecho una pésima defensa ante el tribunal internacional que falló en contra de Bolivia y ha presentado ocho irregularidades en el proceso que hacían inviables la demanda de Quiborax.
Está claro que así el gobierno busca inhabilitar electoralmente a Carlos Mesa pese a que éste ha manifestado reiteradamente que no piensa presentarse como candidato a las elecciones. Cuando Mesa señaló que revirtió las concesiones a Quiborax bajo presión de la población de Uyuni, sale al frente el Vicepresidente Linera diciendo que para qué se mete a gobernar si es una gelatina que se pone a temblar a la primera presión social. Está confesando, el muy cretino, la concepción dictatorial contra los explotados de la política del gobierno del MAS.
Según información oficial de la Procuraduría, Bolivia ya ha pagado hasta enero de 2017, 828,3 millones de dólares por indemnizaciones que derivaron en acuerdos tras arbitrajes, a doce empresas transnacionales. Según la Procuraduría, aún están en curso arbitrajes con las compañías South American Silver, Glencore, Jindal Steel Bolivia y BP Investment, que en total demandan US$ 731,7 millones por anulación o modificación de contratos. Argumenta el gobierno que estas indemnizaciones se justifican porque a cambio el Estado recibió, sólo por renta petrolera, US$ 35.000 millones en los últimos 12 años.
Los ingresos por la renta petrolera se obtienen principalmente por el IDH que fue logrado bajo la presión de la guerra del gas del 2003. Recordemos que, una vez realizado el referendo vinculante sobre el gas, el 18 de Julio de 2004, el Congreso Nacional aprobó la ley No.3058, que crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos; remitida al Poder Ejecutivo para que el Presidente Carlos Mesa procediera a su promulgación, éste la devolvió sin haberla promulgado. Entonces el Presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, promulgó la Ley de Hidrocarburos el 17 de mayo de 2005.
Con la capitalización del gobierno del MNR la composición accionaria era de 51% para las transnacionales “capitalizadoras” y 49% para YPFB residual. La “nacionalización” masista de YPFB a la que reiteradamente se refiere el gobierno, se redujo a la compra de un 2% de las acciones de manera que el Estado tenga el 51% del paquete accionario y las socias transnacionales el 49%. Esta es la supuesta nacionalización masista de los hidrocarburos por la cual el Estado dice tener el control de toda la cadena productiva hidrocarburífera, cuando en verdad, quienes controlan el negocio son las operadoras transnacionales que se siguen llevando la parte del león y son las que deciden la política de la empresa porque son las dueñas del capital que YPFB no tiene para encarar, por ejemplo, la prospección de nuevas reservas de hidrocarburos que se están acabando rápidamente.
La política extractivista en “sociedad” con las transnacionales, significa saqueo imperialista, sometimiento y dependencia del país a los intereses del capital financiero internacional.
Recuperar el control de la explotación de nuestros recursos naturales es una tarea pendiente que la burguesía vende-patria en todas sus variantes políticas incluido el reformismo masista, no puede materializar.
La liberación nacional pasa a ser una tarea que sólo el proletariado a la cabeza del conjunto de los oprimidos tomará en sus manos, cuando se materialice la revolución, expulsando al imperialismo del país sin ningún tipo de indemnización a sus empresas transnacionales chupa-sangres.