Separar la Iglesia del Estado, juzgar y castigar a todos los abusadores

por Gustavo Burgos //

Pocas, muy pocas cosas pueden resumir el espíritu que compone la esencia de una institución, de la forma vergonzante como lo ha expresado la carta de renuncia de la Conferencia Episcopal chilena en Roma, el pasado 17 de mayo.

Obsecuencia, sumisión y falta completa de dignidad, es el nítido retrato de la alta jerarquía católica. Acostumbrados como están a inclinarse y a renunciar a todo principio con tal de sobrevivir, los Obispos chilenos, luego de haber actuado institucionalmente para amparar a los abusadores, se retiran de escena, humillados, apoyados en la sola perspectiva de ser perdonados por su superior, a quien agradecen el haber sido defenestrados.

Aquella institución, la Iglesia Católica, llegó a nuestro país sosteniendo como evangelización el exterminio de los pueblos originarios, luego defendió hasta hace 200 años el orden colonial y la esclavitud y sin ningún reparo pasó –un par de años después- a reivindicar la república oligárquica. Esa Iglesia, es la misma que se opuso al sufragio universal, al voto femenino, al divorcio y hoy, al aborto; la misma que a través de su Conferencia Episcopal  el 12 de septiembre de 1973, saludara a la Junta Militar como “salvadores de la nación”, mientras el humo del bombardeo a La Moneda se cernía sobre Santiago y se fusilaba a trabajadores en las calles. Esos mismos, hoy se arrodillan en cínica penitencia por haber actuado institucionalmente encubriendo sistemáticamente abusos sexuales sobre quienes, niños y jóvenes especialmente, se encuentran llamados a proteger según su discurso.

La conducta del episcopado chileno, como de la Iglesia Católica a escala universal, se encuentra dominada por su compromiso de clase en el sostenimiento y la búsqueda de legitimidad del orden capitalista. Nada de lo ocurrido –por lo mismo-  nos puede sorprender proviniendo de una institución que desde los inmemoriales tiempos de Constantino ha hecho del sometimiento al poder un dogma de fe, de la libido un pecado, de la mujer un objeto y fuente de mal que debe ser disciplinado y del poderoso explotador, un santo. La Iglesia de Torquemada y la Santa Inquisición, la que llegó a normativizar la tortura en el Malleus Maleficarum, la misma que tomó las armas contra la República y los trabajadores en España, la Iglesia de Franco y el Duce.

No alcanzan las pretensiones de esta nota para delinear siquiera la magnitud del inveterado papel contrarrevolucionario de la Iglesia Católica y del propio cristianismo. Sobre este tema recomendamos el erudito estudio de Kautsky, “Los orígenes del cristianismo”, como asimismo la lectura de Terry Eagleton o George Duby quienes, desde diversos ángulos, defienden una concepción científica de la Iglesia como agente político.

No hablamos de fe ni de la existencia de Dios. Hablamos del papel político de la Iglesia y de su poderoso papel oscurantista. A guisa de ejemplo podemos acudir al recientemente editado discurso pronunciado por Andrés Bello, en la ceremonia inaugural de la Universidad de Chile, el 17 de septiembre de 1843. Bello era, por lejos, el mayor intelectual chileno de la época, un liberal portador de los principios revolucionarios franceses y distinguida autoridad política, sin embargo, todo su discurso estuvo centrado en garantizar a la Iglesia, en la persona del presente Arzobispo de Santiago, que la creación de la Universidad en modo alguno ponía en duda ni la fe ni el poder de la Iglesia como rectora moral del país. En el mismo sentido, más adelante, la obra más consistente del insigne Francisco Bilbao, dirigente máximo de la Sociedad de La Igualdad, llevaba por título Catecismo Latinoamericano. Jurídicamente, a pesar de las llamadas Leyes Laicas de 1883, la separación de la Iglesia del Estado recién se materializó formalmente por medio de la Constitución de 1925.

Resulta necesario detenerse en este punto. No decimos esto por simple anticlericalismo. La Iglesia Católica -en concreto en nuestro país- fue uno de los pilares sobre los cuales se construyó el Estado Burgués. Este Estado, recientemente nacido de la Guerra de Independencia, apoyado exclusivamente en la fuerza militar que sustentó al Ejército Patriota, no habría logrado conformarse si a la afirmación de su poder no hubiese concurrido la Iglesia Católica, la que tuvo la enorme capacidad de desdoblarse para seguir sirviendo ahora los intereses de la oligarquía criolla.

Puede afirmarse, por lo mismo, que la continuidad de dominación de clase estuvo garantizada por la Iglesia, la que demostró contar con presencia en todos los estratos sociales de forma de dotar de identidad, legitimidad y disciplina política al pueblo explotado en su conjunto. Sin la Iglesia Católica la burguesía chilena no habría sido capaz de organizarse políticamente, pero paradojalmente, es esta  poderosa influencia de la curia una tangible expresión de la incapacidad de las élites de materializar una revolución democrático burguesa en el país, la que suponía reformar el agro sobre bases capitalistas, desarrollar un vigoroso mercado interno sobre bases industriales e independizarse políticamente, como ocurría en las liberadas colonias de EEUU y Canadá.

Si O`Higgins muere en el exilio y le sigue a ello “el peso de la noche” portaliano, es porque la burguesía rentista y latifundiaria dominó sobre toda otra fracción burguesa -desde Freire en adelante- frustrando la proyección  revolucionaria de la expulsión del imperio español. La característica falta de independencia política de la naciente república oligárquica, su condición semicolonial, hizo de la Iglesia Católica una correa de transmisión de los intereses imperialistas en Chile. En este sentido, de alguna forma la Iglesia Católica ha sido siempre más que una simple organización religiosa, la Iglesia ha sido una fuerza de ocupación.

Hacemos estas puntualizaciones, porque la mentada renuncia en pleno de la Conferencia Episcopal pedida por el Papa, sólo en una menor medida puede ser observada como una reacción a los abusos sexuales que destapó el caso Karadima. Eso es lo inmediato, el árbol, no el bosque. La verdad es que habría que ser muy ingenuo para creer que el Papa Francisco sólo fue informado por Scicluna de lo que ocurría en la Iglesia chilena. El Papa que hablaba de los “zurditos” de Osorno, el que negaba la existencia de “evidencias” en contra del Obispo Barros (y un par de días después pretendió justificar jurídicamente la expresión “evidencias”, para agravar su defensa de Barros), no puede ser sorprendido por las maniobras de un puñado de Obispos. Lo que verdaderamente hizo cambiar de opinión del asunto a Francisco fue el estrepitoso fracaso de su visita a Chile, la convicción de que la Iglesia reaccionaria y anticomunista de Sodano y de Wojtila, había terminado por erosionar en un grado extremo a una Iglesia como la chilena, que había sorteado con éxito ni más ni menos que a la Reforma Agraria, la Unidad Popular y la Dictadura de Pinochet, saliendo de esta última –a diferencia de la Iglesia argentina, por ejemplo- como defensora de los DDHH.

Por esta razón, las perspectivas de la crisis de la Iglesia chilena son bastante sombrías porque forman parte de la crisis del régimen burgués chileno en su conjunto, como hemos venido diciendo. Al decir esto señalamos la necesidad de que la izquierda discuta esta cuestión en términos de clase, es decir, no para salir apoyando una presunta ala izquierda de la Iglesia, como parece desprenderse de algunas iniciativas de proponer a Felipe Berríos como –la cita es textual- “el Arzobispo del Pueblo”. Ni Puga, quien no hace mucho apareciera en una misa en Punta Peuco, ni Aldunate, ni el propio Berríos, representan  una salida superadora de esta crisis, porque la única salida superadora es privar a la Iglesia Católica de toda propiedad que no guarde relación con el ejercicio de su culto o actividades de beneficencia, de sus beneficios tributarios, de los financiamientos estatales, de la explotación de universidades y establecimientos educacionales, de su participación en las FFAA a través de sus capellanías, del Te Deum y de todo fuero o privilegio procesal a sus miembros, lo que debe incluir la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano y el desconocimiento de todo tratado suscrito con él. En resumen: resulta imprescindible concretizar una tarea democrática elemental, propia del siglo XIX, cual es la completa separación de la Iglesia del Estado, la que hasta ahora es meramente formal.

Si lo que realmente se quiere es preservar la libertad de culto, necesariamente la alta jerarquía de la Iglesia Católica debe ser alejada del poder político y su actividad limitada exclusivamente a cuestiones de orden pastoral, subsistiendo a estos efectos como una organización puramente religiosa. Sólo de esta forma la Iglesia dejará de ser una entidad deliberante, oscurantista y reaccionaria, como lo ha sido hasta hoy. Si en el último tiempo se han permitido presentar oposición a toda forma de educación sexual, de métodos de control de natalidad y anticoncepción; si se opusieron ferozmente al divorcio y hasta el día de hoy siguen combatiendo el derecho de la mujer al aborto y el matrimonio homosexual; si, en pocas palabras, son un actor político de primera magnitud al servicio de la Derecha y la reacción, pues es este poder el que les ha permitido abusar sexualmente de jóvenes y niños y sostener una estructura interna que degrada y explota –a niveles cercanos a la esclavitud- a la mujer.

Los abusos sexuales y de género, por lo indicado, son una manifestación del poder político y de la impunidad que ello les proporciona.

Separar la Iglesia del Estado permitirá someter a juicio y castigo  a todos los responsables de abusos cometidos al amparo eclesial. Las víctimas cuyo número no podemos precisar, pero esas víctimas que son niños, jóvenes, hombres y mujeres, laicos, sacerdotes y monjas, sólo pueden alcanzar la justicia que nuestra sociedad les debe, en la medida que la organización criminal que actuó vulnerando sus derechos sea completamente desmantelada. Esa organización, la alta jerarquía eclesiástica de Ezzati, Errázuriz, la Conferencia Espiscopal y la constelación de instituciones satelitales cuyo objeto es el ejercicio del poder, no pueden existir sin pisotear la democracia y sin perpetrar institucionalmente abusos.

Sólo en esta medida los creyentes se verán liberados de ejercer su credo en un ambiente de protección y respeto a sus derechos, dignidades y tradiciones. Aquello que une a las comunidades de base, a las pastorales obreras, campesinas y de otros sectores explotados, debe ser respetado irrestrictamente. Así también los sacerdotes -no sólo los que hemos mencionado- que se encuentran comprometidos en un  trabajo pastoral que se identifique con los trabajadores y “postergados”, como gustan decir.

Las recientes y masivas movilizaciones de mujeres en reivindicación de sus derechos y en protesta por el abuso y opresión del patriarcado capitalista, marcan el camino de resolución de esta crisis. La imagen de las muchachas encaramadas en los símbolos religiosos para alzar la voz, es un resumen del momento político que se vive.

Todo aquello que conspire en contra de los derechos y libertades democráticas, que ampare los abusos y promueva la reacción y el oscurantismo, debe salir definitivamente de escena. La Iglesia Católica chilena como institución del régimen e insigne promotora y encubridora del abuso, debe desaparecer. Sólo la movilización abrirá camino a la justicia para los oprimidos y explotados. Sólo los trabajadores y su propia revolución, el Socialismo, nos liberarán de estas cadenas.

Te Deum, 18 de septiembre de 1973