Muertes luminosas, vidas en la oscuridad. Heroísmo y traición en la militancia revolucionaria de los setenta en la Argentina y Chile

por María Olga Ruiz*

Introducción

Este artículo se aproxima a la experiencia de tres organizaciones políticas que en la década de los sesenta y setenta de la segunda mitad del siglo XX adoptaron la lucha armada como principal estrategia para conquistar el socialismo: Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile (en adelante MIR) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (en adelante PRT-ERP) y Montoneros de la Argentina.

Estas organizaciones fueron parte de un conjunto heterogéneo y diverso de expresiones políticas que durante este período abrazaron el sueño de la revolución social y que ha sido identificado como “nueva izquierda revolucionaria”. Si bien entre ellas existieron diferencias políticas e ideológicas, en especial respecto a su adscripción doctrinaria al marxismo, todas confluían en una crítica radical al sistema imperante y en la reivindicación de transformaciones estructurales del mismo.1 Es así como, sin ser un campo monolítico ni homogéneo, es posible identificar elementos comunes que hacen posible hablar de la existencia de una izquierda revolucionaria conosureña que compartió no solo objetivos políticos sino también rasgos culturales e identitarios2. Es así como todas ellas establecieron pautas de comportamientos que definían conductas y modos de ser que se ajustaban a un “ideal militante”. De este modo, se promovían rasgos específicos, se exaltaban valores, comportamientos y figuras que condensaban todo aquello que un revolucionario debía ser. Este universo valórico operaba modelando la identidad de los militantes, generando adhesión grupal y fortaleciendo los lazos de lealtad entre sus miembros.

En los últimos años hemos asistido a una notable producción científica sobre la historia social y política del Cono Sur latinoamericano durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX. Estas investigaciones han permitido ensanchar las posibilidades de conocimiento y complejizar el análisis sobre actores y procesos históricos del período a partir de nuevos enfoques y perspectivas. En este escenario, este trabajo se propone analizar las pautas de comportamiento que estas organizaciones establecieron respecto al modo en que sus militantes debían enfrentar la posibilidad de la muerte en combate. En el marco político-cultural de la militancia revolucionaria, se establecieron pautas que regulaban no solo el modo en que los militantes debían vivir, sino también la forma el modo en que debían morir. De este modo, se normativizaba la forma en que debían encarar la muerte, estableciéndose así un “buen morir revolucionario” que modelaba las actitudes y las formas de enfrentar ese momento. Asimismo, se aproxima a la experiencia de algunos militantes que, tal como señala la investigadora Ana Longoni3, no murieron ni vencieron, y cuya sobrevida fue objeto de sospechas y desconfianzas ya que fueron acusados de colaboración y delación por sus compañeros de militancia.

La presente propuesta consideró la aplicación de una metodología cualitativa, interpretativa y de carácter interdisciplinario que puso en diálogo los aportes de distintas disciplinas y enfoques: historia, antropología y estudios de la memoria social. Con el objeto de cumplir los propósitos del trabajo se realizó análisis bibliográfico y se definió y analizó un corpus documental heterogéneo en términos de contenidos y temporalidad, conformado por registros testimoniales -sean estos literarios, judiciales, periodísticos u otros- y por material documental producido por las propias organizaciones, que incluye folletines, prensa periódica, boletines y documentos internos. Además, se revisaron testimonios que han sido producidos por organismos de la sociedad civil: los archivos orales de Memoria Abierta en Argentina y Corporación Villa Grimaldi en Chile.

En términos temporales, se definió un periodo acotado (décadas del sesenta y setenta del siglo pasado) en el que las organizaciones experimentaron las etapas y momentos clave de su historia: nacimiento, desarrollo y crecimiento, clandestinidad y represión política (antes y después de ocurridos los golpes de estado, dependiendo de cada caso) y, finalmente, derrota. La experiencia mirista será analizada temporalmente entre los años 1965 (momento fundacional) y 1978, año en que se puso en marcha el Plan 78 u Operación Retorno, que marca el fin de una etapa y el inicio de un nuevo ciclo; por su parte, el análisis de Montoneros se inicia en su año de surgimiento, 1970 y 1978, momento en que su Conducción Nacional se exilia en Cuba. En tanto, el análisis de la experiencia del PRT-ERP comprende el momento de su origen (1965) hasta su derrota militar definitiva en 1977.

  1. Breve aproximación a la historia de las organizaciones

La historiadora griega Eugenia Palieraki señala que durante la década del sesenta una parte importante de la izquierda latinoamericana se desplazó en forma progresiva hacia la valoración política de la violencia revolucionaria. El triunfo de la Revolución Cubana parecía confirmar que el socialismo podía ser más que una promesa y que la lucha armada era el camino seguro hacia esa meta. Asimismo los líderes de ese proceso -en especial Ernesto Guevara- no solo señalaban una estrategia que era preciso emular, sino una moral, un imaginario e incluso una estética 4.

Dicho esto, la misma autora aclara -para el caso chileno- que la centralidad asumida por la lucha armada en el escenario latinoamericano no se explica solo por el impacto de la Revolución Cubana, elemento decisivo, pero en ningún caso aislado. La explicación monocausal del impacto cubano no solo ignora los conflictos y tensiones internas de Chile y la Argentina sino que asume que la violencia política era una realidad ajena y anómala a

la tradición histórica de ambos países, supuesto poco sostenible para el caso argentino y que ha sido ampliamente discutido en el caso chileno.5

Más allá de las diferencias que existen entre las organizaciones acá analizadas, todas ellas compartieron su oposición a los partidos de izquierda tradicional, a quienes se acusaba de reformistas y con quienes pretendían disputar el liderazgo de los sectores populares. Asimismo, estas organizaciones exhibían una profunda desconfianza hacia el sistema político imperante y compartían aquello que Michel Lowy ha llamado “voluntarismo revolucionario”,6 es decir, el convencimiento de que para alcanzar el triunfo se requería, ante todo, voluntad, coraje y audacia. Es importante señalar que si bien el marxismo- leninismo era parte de la plataforma teórico-ideológica de estas organizaciones, existían otros modelos, ejemplos y figuras en torno a los cuales se articulaba esta voluntad revolucionaria. Esto es muy claro en el caso argentino, en particular con Montoneros, organización que en sus orígenes no se declaró marxista pero que compartía un imaginario con quienes si lo hacían.

En relación al MIR, el historiador chileno Igor Goicovic sostiene que en la historia reciente existieron al menos tres MIR, planteamiento que da cuenta de la existencia de momentos o etapas claramente diferenciadas que es preciso tomar en consideración a la hora de analizar la trayectoria de esta organización política. En este trabajo ponemos el foco en sus primeros diez años de vida los que de acuerdo al enfoque de Goicovic, coindicen con la etapa fundacional u originaria (1965-1967) y la etapa marcada por el pensamiento castro-guevarista (1967-1975).

En sus primeros años de vida, el MIR era una organización caracterizada por la heterogeneidad ideológica y generacional de su militancia y, al mismo tiempo, por su escasa inserción política en los sectores populares organizados. Este breve periodo dio paso a una nueva etapa -bajo la conducción de Miguel Enríquez– en la que se pusieron en marcha políticas orientadas a homogeneizar y disciplinar a la militancia y, al mismo tiempo, a intensificar el trabajo político con las masas a través de la creación de los llamados Grupos Político-Militares (GPM). Los intentos por fortalecer orgánicamente al partido ocurrieron al mismo tiempo que se incrementaban el verticalismo y la sanción y/o expulsión de los sectores disidentes. Durante esta segunda etapa se realizaron las primeras acciones armadas -principalmente asaltos de bancos-, tomas de terreno y enfrentamientos impulsados por los frentes de masas de la organización. Si bien la organización manifestó en forma constante su rechazo a la vía electoral, el alto apoyo y posterior triunfo en la carrera presidencial de Salvador Allende obligó a la organización a flexibilizar su postura y en señal de ello, detuvieron las acciones armadas7.

A partir de 1970 la organización intensificó su trabajo político con diversos sectores populares, creando frentes sociales en el ámbito sindical, estudiantil, campesino y urbano popular. Durante este período, además, se crearon estructuras militares especializadas – entre ellas, la Fuerza Central- que dependían directamente de la Comisión Política.

En un escenario nacional marcado por los conflictos entre el gobierno de la UP y los sectores políticos que se oponían a las reformas que Allende estaba implementando, el MIR se propuso crear un “polo revolucionario” con el objeto de enfrentar tanto a la derecha como a los sectores más moderados del gobierno popular. Esta “oposición de izquierda” estaba formada, además del MIR, por un sector importante del Partido Socialista, un sector del MAPU (Movimiento Popular de Acción Unitaria) y la Izquierda Cristiana, organizaciones que proponían la movilización popular, el control directo de áreas claves de la economía y la radicalización del proceso político.

La respuesta de esta organización al golpe de Estado de 1973 enfrentó más dificultades que las previstas, pues solo hubo un par de enfrentamientos medianamente organizados sin medios que los sustentaran.8 Al mismo tiempo, se resolvió establecer la política del “No asilo” con el objeto de liderar un movimiento de resistencia en el país. Los golpes represivos a la organización se fueron intensificando a partir de fines de 1973 e inicios de 1974, siendo el asesinato de Miguel Enríquez en octubre de ese año el más dramático de ellos. Este ciclo se cierra en octubre de 1975 cuando una reunión de la Comisión Política fue detectada por los aparatos de seguridad. Luego de un enfrentamiento armado, dos de sus máximos dirigentes, Andrés Pascal y Nelson Gutiérrez lograron huir y se asilaron en distintas embajadas, transgrediendo la orden que ellos mismos habían exigido al resto de la militancia. De esta manera, luego de esta primera gran derrota de fines de 1975, el MIR se reestructuró en el marco de la llamada “Operación Retorno”, plan que consideraba el ingreso clandestino a Chile de militantes que se encontraban en el exterior para luchar en contra de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

En relación a Montoneros, esta organización se instaló en el escenario político argentino como una vanguardia armada de carácter nacionalista, católico y peronista, cuyo origen se encuentra asociado -de acuerdo al historiador Lucas Lanusse- a la unificación de diversos “grupos originales”, los cuales compartían la identidad peronista, la adhesión a la lucha armada como estrategia para alcanzar el poder y el socialismo como objetivo político9.

La primera acción pública de la organización fue el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, quien en 1955 había encabezado el levantamiento armado contra Perón. Luego de esta acción inaugural, comenzó un período en que la organización sufrió varios golpes represivos que provocaron la muerte de muchos militantes y la pérdida de infraestructura. Pese a esta fragilidad orgánica, la organización logró despertar la simpatía y el apoyo de diversos sectores sociales, en particular de figuras cercanas al mundo católico progresista.

En forma temprana, Montoneros se propuso crear una “Organización Político- Militar Peronista, embrión y dirección del futuro ejército popular” 10, propósito que, de acuerdo a la socióloga argentina Alejandra Oberti, expresa el carácter especular de las organizaciones político-militares respecto de los aparatos armados estatales. Como es evidente, el incremento de las acciones militares fue simultáneo a un crecimiento significativo del centralismo y el verticalismo interno.

En el marco del triunfo electoral de José Cámpora la organización fortaleció su trabajo de masas, creando múltiples organizaciones con ese objetivo. Sin embargo, cuando Perón asumió la conducción del gobierno, se distanció de Montoneros y estableció alianzas con los sectores más conservadores del peronismo. Ese distanciamiento llegó a un punto crítico con el asesinato de José Ignacio Rucci, Secretario General de la Confederación General del Trabajo, dos días después de que ganara en las elecciones de septiembre de 197311.
La represión hacia la organización que comenzó con el gobierno de Perón se intensificó después de la muerte del general. En este contexto, en septiembre de 1974, la organización anunció su pase a la clandestinidad y la puesta en marcha de una guerra popular integral. A partir de entonces se produjo un abandono progresivo de los frentes de masas y el reordenamiento de los militantes en estructuras de combate, con el objeto de realizar acciones armadas de gran envergadura. Asimismo, se puso en marcha una política de colaboración con el PRT-ERP.

A fines de ese mismo año la dirigencia montonera se instaló en México y luego en Cuba, desde donde organizaron el retorno de militantes clandestinos a la Argentina con el objeto de realizar acciones de resistencia armada en contra de la dictadura.

Por último, el PRT surgió en el año 1965 como una alternativa marxista al interior de un campo popular marcado por la influencia del peronismo.

El golpe de Estado de marzo de 1976 se enfrentó anunciando una respuesta armada que seguía la línea de la guerra popular integral. El incremento de las acciones armadas y, al mismo tiempo, de los golpes represivos, provocó un distanciamiento respecto de las organizaciones populares y de la sociedad en general.

Durante este período se sucedieron diversos planes políticos -algunos de los cuales incluían alianzas a los sectores derechistas del peronismo-, ninguno de los cuales logró concretarse en forma exitosa. Finalmente, la llamada la “Contraofensiva” de 1979, fracasó estrepitosamente y tuvo un costo humano altísimo, lo que desde la perspectiva de la socióloga y ex militante montonera Pilar Calveiro, ocurrió como resultado de la supresión de la política por la vida, la organización estuvo atravesada por intensos debates respecto a la pertinencia de poner en marcha una política activa de lucha armada, tensión que se resolvió a favor del sector encabezado por Roberto Santucho, quien apoyaba esta opción12. Al mismo tiempo, se adoptó la estrategia de la “guerra popular prolongada”, la que articulaba las nociones de guerra revolucionaria y de liberación nacional.

En el marco de la realización del V Congreso partidario en julio de 1970 se resolvió -luego un profundo debate interno- la implementación de una política militar en el corto plazo, lo que se tradujo en la creación del ERP. De esta manera, la lucha armada se posicionó como un aspecto central en la estrategia de la organización,13 política armada que se distanció críticamente del foquismo, estableciendo el desarrollo simultáneo de lo político y lo militar.

A partir de 1971 la organización experimentó un crecimiento significativo en el marco del auge de la protesta social y la caída del gobierno de Roberto Marcelo Levingston, acontecimientos que, a los ojos de la organización, confirmaban que su política era la adecuada.

A partir del triunfo electoral de Héctor José Cámpora, se resolvió un programa de acción que consideraba formas legales e ilegales de lucha, manteniendo la continuidad de la actividad guerrillera. Así, se aprovecharon los espacios que ofrecía la apertura democrática y se reforzaron los lazos con los sectores de izquierda del peronismo.

Las acciones armadas no se detuvieron cuando Perón asumió la conducción del país, lo que tuvo como respuesta un incremento de las medidas “antisubversivas” de parte del Estado. En este escenario de creciente represión, el Partido optó por agudizar las contradicciones y enfrentar la cruzada contrarrevolucionaria con “todas las formas de lucha”. Así, a mediados de 1974 se resolvió el establecimiento de un frente militar -la Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez-, cuya puesta en marcha fue liderada por el propio Santucho y que dos años más tarde sería aniquilado. Paralelamente, se establecieron vínculos con otras organizaciones armadas de la región, dándose origen a la Junta de Coordinación Revolucionaria.

La agudización de la represión estatal y paraestatal provocó un reflujo de las movilizaciones populares lo que evidentemente afectó al PRT-ERP, sin embargo, ello no supuso una modificación en las políticas adoptadas por la organización. De este modo, la dirigencia resolvió enfrentar con las armas el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El repliegue de los sectores populares y el incremento de los golpes represivos afectaron a la organización de modo tal que fue preciso establecer medidas para enfrentar ese escenario. Así, se acordó disolver la Compañía del Monte y se ordenó a los militantes “sumergirse en las masas”. Finalmente, en julio de 1976 se realizó la última reunión del Buró Político, encuentro que fue detectado por los aparatos represivos de la dictadura y que terminó con el asesinato de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga.

A partir de entonces, la Secretaría General de la organización fue asumida por Arnold Kremer (Luis Mattini), quien resolvió el repliegue de muchos militantes en el exterior. De este modo, los principales dirigentes de la época –el propio Mattini más Daniel De Santis- coinciden en señalar que 1977 fue el año de la derrota definitiva de la organización. Instalados fuera de la Argentina, las tendencias lideradas por ampos dirigentes se enfrentaron en forma total y en 1979, Mattini resolvió la disolución del ERP.

Es preciso señalar que las tres organizaciones acá analizadas -aun considerando las diferencias existentes entre ellas y los distintos momentos o etapas por las que atravesaron cada una de ellas en particular- compartieron un mismo afán revolucionario. Ya fuese desde la tradición marxista leninista o desde el peronismo más radicalizado, unas y otras compartieron una visión sobre el momento histórico que estaban viviendo y definieron el rol y las características que debían adoptar los protagonistas de esos procesos emancipatorios. De este modo, se pusieron en juego políticas culturales en el marco de las cuales se construyeron identidades con rasgos compartidos. Justamente, a partir de la constatación de la diversidad y heterogeneidad del campo revolucionario/rupturista setentista es posible advertir ciertas continuidades y elementos compartidos que es preciso considerar.

III. Muertes luminosas

Como es evidente, la experiencia militante fue diversa y en ella incidían una pluralidad de elementos, de modo que, al interior de la misma organización, las trayectorias militantes de dos personas podían ser muy diferentes considerandos las tareas que a cada uno le tocó desempeñar o el momento de ingreso a la estructura partidaria. Sin embargo, aun teniendo presente esa pluralidad de experiencias, es posible identificar elementos que nos permiten hablar de un mundo común de rasgos compartidos. Ello fue así, entre otras razones, porque todas estas estructuras políticas pusieron en marcha políticas internas destinadas a disciplinar y a homogeneizar a la militancia, con el objeto de fortalecer identitaria y políticamente a la organización. Y todas ellas, más allá de sus diferencias ideológicas y políticas, compartían un elemento en común: la entrega total a la causa.

Esa disposición completa a la renuncia suponía ofrecer la vida y la muerte a la comunidad política que encarnaba el proyecto. En consecuencia, la muerte, -esto es, matar y morir- era un elemento siempre presente en la experiencia de la militancia revolucionaria, realidad que fue enfrentada con diversos grados de intensidad en los diferentes momentos o etapas de vida de cada uno de estos grupos.

Como es evidente, la posibilidad de morir en combate estaba dentro de los horizontes posibles -próximos o lejanos- de todo quien se sumara a una organización armada. Esto es más cierto aún para las organizaciones argentinas, las que realizaron acciones armadas en forma sistemática y regular, como parte de una política en la que la violencia revolucionaria era central. Por el contrario, durante el período analizado, el MIR chileno no realizó acciones armadas de envergadura ni el aniquilamiento de policías o militares. Justamente, para muchos ex militantes de ésta última organización, en especial para aquellos que realizaban sus labores partidarias en los frentes de masas, la muerte era vista como una posibilidad lejana y casi abstracta.

Ahora bien, la posibilidad de morir en el marco de la revolución, aunque haya sido vivida como algo remoto, adquiría sentidos y valores que la diferenciaban sustancialmente de otras formas de morir. La muerte revolucionaria adquiría un tono glorioso y épico que la diferenciaba cualitativamente de las otras. Las y los revolucionarios no sólo debían vivir de un modo determinado -de acuerdo a las pautas establecidas por cada una de las organizaciones- sino que, además, morían de una forma diferente, extraordinaria. La revolución ofrecía a sus hijos e hijas una forma distinta y distintiva: honorable y trascendente. Así lo señala un ex militante de nombre político Camilo:

Creo que a la edad que tenía yo, a los 20 años, la muerte es un hecho casi lindo si se producía en esas circunstancias (el combate). Nosotros teníamos muy poca experiencia acerca de la muerte, como no fuese la de nuestros abuelitos en una cama enfermos con cáncer o algo así. Pero la muerte desde la perspectiva revolucionaria era una cosa frente a la que no teníamos dolor ni miedo. Al contrario, era una cosa casi gloriosa.14

Camilo distingue la muerte del revolucionario de la muerte común de sus abuelos, que fallecen de viejos o por enfermedad en una cama. A esa muerte corriente, la militancia revolucionaria ofrecía una muerte excepcional: de frente y mirándola a los ojos. Se trataba, en definitiva, de una muerte elegida, que no se eludía y que consagraba como héroe a quien tenía el coraje y la dignidad de abordarla en esos términos.

Para el MIR, la muerte de su máximo líder, Miguel Enríquez en octubre de 1974 fue un golpe durísimo. Gonzalo Rojas, un destacado poeta chileno cercano a la familia del dirigente, escribió un poema en el que rindió homenaje a la muerte del Secretario General del MIR.

(…) avísales
a todos que Miguel estuvo más alto que nunca,
que nos dijo adelante cuando la ráfaga escribió su nombre en las

estrellas,
que cayó de pie como vivió, rápidamente, que apostó su corazón al peligro clandestino, que así como nunca
tuvo miedo supo morir en octubre
de la única muerte luminosa.15

El poema destaca la forma en que murió Enríquez: de pie, clandestino y sin miedo. Miguel -señala Rojas- supo morir de la única muerte luminosa: la muerte en combate. De este modo, se consagra y rinde tributo a una forma de morir, violenta pero hermosa -llena de luz-, atravesado por una ráfaga asesina pero que, al mismo tiempo, inscribe el nombre del héroe en las estrellas, asegurando así su eternidad. Esa muerte violenta es entendida, así como un sacrificio -en el sentido etimológico de la palabra, es decir, volver sagradas las cosas o actos- encadenando en un mismo universo de sentidos, a la muerte, la violencia y la revolución. La valoración de la muerte como prueba irrefutable de la consecuencia revolucionaria -pues ésta se medía, en último término, por la disposición a morir- fue un aspecto central del ethos revolucionario. No se trataba de sujetos mórbidos, sino de una cultura militante en la que las nociones de guerra revolucionaria, muerte y heroísmo eran centrales.

Estas concepciones sobre la muerte encuentran sus raíces en diversas fuentes. Una de ellas es la tradición cristiana, la que formaba parte del repertorio cultural de todos los militantes, independiente de que la mayoría de ellos se declararan abiertamente como no creyentes o ateos. Al analizar las trayectorias biográficas de los militantes de las tres organizaciones, es posible constatar que muchos de ellos se acercan al mundo de la militancia revolucionaria a través de la participación en organizaciones católicas que realizaban labores de apoyo a los sectores populares. Esto, en el marco de un proceso de radicalización política que también involucró a la Iglesia Católica y a sus seguidores. De hecho, la figura de Camilo Torres, sacerdote colombiano que se sumó a la guerrilla de su país, fue -junto con Guevara- una de las figuras que los ex militantes señalan como un referente indiscutido de la época. Asesinado en 1966, poco tiempo después sería el turno de Guevara, quien también había abandonado todo por la revolución y que también murió combatiendo en su nombre. Para el historiador argentino Javier Salcedo,16 en la propuesta de la revolución las figuras de Jesucristo y de Guevara se articulaban plenamente y la lucha en contra de la pobreza desde el ámbito religioso confluía sin sobresaltos con la lucha revolucionaria asumida por estas organizaciones.

Otra de las fuentes que nutren esta concepción sobre la muerte la encontramos en las propuestas definidas por el propio Guevara, quien en “El socialismo y el hombre en Cuba” señaló que “El revolucionario, motor ideológico de la revolución dentro de su partido, se consume en esta actividad ininterrumpida, que no tiene más fin que la muerte” (…) Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos de sacrificio”.17 Guevara se refiere al guerrillero como un “sacerdote de la reforma que pretende”, un asceta inmaculado que debía demostrar una conducta moral basada en un rígido autocontrol. Estas definiciones acerca de la moral revolucionaria expresan de un modo bastante claro la dimensión religiosa de la experiencia militante o, si se prefiere, la secularización que hizo la revolución de imágenes y símbolos religiosos.

Esta articulación entre cristianismo y cultura política revolucionaria ha sido analizada en profundidad por los historiadores argentinos Vera Carnovale y Pablo Pozzi en el caso del PRT-ERP y por Hugo Vezzetti en el caso de Montoneros18. De sus obras se desprende que el ideario cristiano fue un elemento central en la cultura de ambas organizaciones, de modo que sus figuras, íconos, imágenes y tramas discursivas poblaron el ethos militante setentista de un modo evidente. Asimismo, y desde el campo literario, Ana Longoni ha expuesto en forma contundente el modo en que los mandatos morales de la militancia terminaron operando como una renuncia a la vida misma, es decir, como un mandato que necesariamente conducía a la muerte. Ello se sostenía en el mito revolucionario encarnado por Guevara, cuyo ejemplo establecía que el gesto más sublime de un revolucionario era ofrendar la propia vida. De este modo, el sacrificio era una parte crucial -la última y la más importante- del recorrido establecido para los y las combatientes. Eludirlo suponía poner en duda todos los desprendimientos previamente realizados, pues esa disposición a morir por los otros era, en definitiva, la confirmación total de que el compromiso era verdadero. Asimismo, esa disposición a ofrendar la propia vida operaba como elemento legitimador para arrebatar la vida a los otros, en el marco de una violencia que se consideraba tan justa como necesaria.

Ahora bien ¿qué sucedía si esa muerte honorable y gloriosa no llegaba a concretarse? ¿qué sucedía si, por el contrario, el final se asomaba sorpresivamente en forma corriente, lejos de toda luminosidad? Es lo que le ocurrió a Luciano Cruz, un destacado dirigente del MIR, que murió en 1971 -antes de ocurrido el golpe de estado de 1973 – por un accidente doméstico con una estufa a gas. Ese fin, que se alejaba de la muerte heroica, combativa y resistente propia del ethos mirista, fue lamentada por Miguel Enríquez, amigo del fallecido y Secretario General de la organización, quien señaló que Cruz “siempre estuvo decidido a entregar su vida por la causa de los trabajadores y el socialismo. Lo más dramático es que no fue así su muerte”19. Acabar así, sin gloria y sin honor, era, en alguna medida, decepcionante. En relación a este mismo caso, podemos observar que ya en el escenario dictatorial, en agosto de 1975 y al cumplirse 10 años de la fundación del MIR, “El Rebelde en Clandestinidad” -órgano de prensa oficial- incluyó una lista de héroes de la organización. Se señalaba entonces: “En estos 10 años de luchas junto a la clase obrera y el pueblo, nuestro Partido ha teñido con su sangre y con su ejemplo la historia del movimiento proletario y revolucionario chileno”.20 La inclusión de Cruz en ese listado debió ser justificada por los autores de la publicación, quienes resignificaron esa muerte doméstica y alejada de toda épica, asignándole un sentido político. Esa politización era condición indispensable para poder incluir su nombre dentro del grupo de héroes partidarios, de modo que el accidente con una estufa a gas fue representado como consecuencia directa de la lealtad revolucionaria y entrega total del fallecido dirigente a la causa partidaria. “Precisamente por su amor al partido, por su entrega total, descuidaba las cuestiones personales que hacían su casa y comodidad personal (sic), ello fue la causa principal del accidente que le quito la vida”.21
En el universo valórico militante, el miedo a morir era considerado una debilidad que debía ser extirpada o, en el peor de los casos, controlada, para que no se transformara en un freno u obstáculo en el cumplimiento de las tareas asignadas por la organización. El temor por sí mismo estaba asociado a una fragilidad disonante con el llamado a construir una política revolucionaria audaz, viril y altiva22 como señala el comunicado público del Congreso constituyente del MIR. Asimismo, un militante perretista señala que en su organización el debate en torno a la puesta en marcha de la lucha armada se redujo a un “debate testicular según el cual exclusivamente se trataba de saber quiénes tenían huevos y quiénes no”.23

En el texto “Moral y Proletarización” -documento que establecía pautas de comportamiento que regulaban la vida cotidiana e íntima de los militantes del PRT-ERP – se aborda el tema del individualismo al interior de las organizaciones revolucionarias, incluyendo un apartado que se titula “El temor por sí mismo”. En el texto se señala que la máxima expresión del individualismo es el temor que el militante puede llegar a sentir por su propia persona en momentos decisivos, por ejemplo, bajo fuego enemigo o frente a la tortura. En esas circunstancias extremas, el individualista -señala el documento- será débil, de modo tal que ese rasgo que en otras circunstancias pudo ser visto como un defecto menor, en el marco de la guerra revolucionaria, podía operar como un verdadero cáncer para la organización, como una “lacra que puede llevar al desastre”.24 Esta asociación entre individualismo y quiebre y/o traición también fue planteada de un modo bastante explícito por Montoneros a raíz de la caída de Roberto Quieto, un importante dirigente de la organización que fue secuestrado a fines de 1975. A los pocos días de su secuestro, Montoneros lo condenó a muerte por traición, una transgresión que se explicaba -según la óptica militante- por sus conductas liberales e individualistas. Poco después, en el medio que expresaba la línea oficial de la conducción montonera se señalaba “El individualista (…) es un traidor en potencia”.25

Queda claro entonces, que al interior de estas organizaciones se estimulaba un proceso de desindividualización que en nombre de la revolución establecía el abandono de espacios, afectos y relaciones que justamente ponían de manifiesto esa individualidad y singularidad identitaria. La máxima expresión de ese nuevo sujeto modelado por y para la revolución era la exigencia de no temer y de no cuidar de sí, demandando el disciplinamiento y el encuadramiento político del impulso de conservar la vida. Ahora bien, estas exigencias eran asumidas por gran parte de los militantes con el convencimiento de que esos sacrificios eran necesarios en pos de un objetivo superior y trascendente. Como había señalado Guevara, ellos, los militantes revolucionarios, eran los mejores entre los mejores. Así lo recuerda Munú, ex militante montonera:

“el proyecto de la militancia fue un proyecto absolutamente globalizador donde nada estaba afuera, la pareja estaba adentro, el proyecto de cómo quiero criar a mi hijo estaba ahí adentro y el proyecto de mi estudio estaba ahí adentro y todo formaba parte de este proyecto…Yo era un pedazo de un proyecto entonces, si uno muere en el camino, como lo más importante es el proyecto, entonces uno acepta la posibilidad de su muerte, uno moría por algo…La vida me fascina y siempre me fascinó pero yo la podía entregar por una cosa de la que yo formaba parte. Lo otro era muchísimo más grande que yo… “26

Como ya ha sido señalado, estas organizaciones hicieron esfuerzos para regular las conductas cotidianas de sus militantes para hacerlas completamente funcionales al proyecto revolucionario. La revolución requería cuadros profesionales, es decir, militantes con una dedicación total. Independientemente de si ese objetivo se cumplió (hay múltiples registros testimoniales que dan cuenta de un amplio abanico de resistencias y desacatos27) es importante analizar la dimensión normativa de esta experiencia. Y en ese marco, estas estructuras organizativas crearon mecanismos y dispositivos para encuadrar no solo la vida sino también la muerte de sus integrantes. Se establecieron formas apropiadas e inapropiadas de morir, modos abyectos y modos honorables de enfrentar la muerte, de manera tal que los militantes no solo debían mostrarse dispuestos a entregar sus vidas, sino que debían hacerlo bajos códigos de honor propios del ethos guerrero: sin miedo, con dignidad y, lo más importante, “sin entregar nada al enemigo”.

En aquellos contextos en que la represión estatal (y paraestatal, en el caso argentino) se hizo más cruenta, la posibilidad de morir se hizo más cercana y próxima. Y pese a esa cercanía, la militancia no pareció ofrecer espacios de intimidad afectiva en la cual los militantes pudiesen expresar el temor y la angustia que esa posibilidad les generaba. Más bien, los testimonios señalan que esas preocupaciones se vivían en soledad por temor a que los compañeros las interpretaran como una señal de debilidad y de falta de compromiso. Obstruidas las posibilidades de compartir las tensiones y angustias provocadas por vivir bajo amenaza permanente, muchos militantes que se enfrentaban a la posibilidad de morir, intentaban hacerlo bajo los códigos y formas del buen revolucionario, encuadrando combativamente hasta el último gesto de vida. Así lo señala un ex militante del MIR, quien, pensando que iba a ser fusilado se propuso enfrentarlo gritando la consigna del partido.

“A mí me detienen el 74, me ponen las esposas, me vendan, me suben arriba de una camioneta y en el trayecto no sabía a dónde me llevaban. Yo pensaba ¿qué voy a gritar cuando me vayan a fusilar? Porque yo pensaba que me iban a fusilar. Entonces yo decía, si grito pueblo conciencia fusil… va a ser muy largo, no iba a alcanzar a decirlo, ¿te fijas? Tiene que ser algo cortito”28

De este modo, se ponía en juego una teatralización -en el sentido performático del concepto- en la que los militantes comunicaban a través de actos, gestos, palabras, una identidad militante que aún en momentos límites se exhibía sólida e inefable.

Como ha sido sostenido reiteradamente, la contracara del héroe es el traidor, símbolo de la peor de las abyecciones posibles en el ethos de las organizaciones armadas. En este marco cultural, y de acuerdo a lo señalado en numerosos testimonios, para la mayoría de los militantes la muerte era preferible a la traición y el miedo a la tortura encerraba algo más que el temor al tormento físico y emocional: la posibilidad de convertirse en un traidor.29 De este modo, morir sin entregar nada al enemigo (lo que en estricto rigor significaba entregar la vida misma) escondía la posibilidad de ser recordado con dignidad por la comunidad política a la que pertenecían. El silencio y la entereza ante situaciones límites y extremas como la tortura aseguraban la trascendencia de esa vida en el colectivo y la posibilidad de convertirse en ejemplo y modelo para futuros militantes.

El mandato de morir y el encuadramiento de las formas de hacerlo alcanzó su expresión más clara en la política adoptada por Montoneros respecto al uso de la pastilla de cianuro. Aunque existen testimonios de ex militantes del MIR que señalan que después del golpe de Estado de 1973 algunos dirigentes de la organización habrían llevado consigo estas cápsulas para evitar ser apresados con vida, fue Montoneros quien adoptó esta política formalmente luego del secuestro de Roberto Quieto. La experiencia del destacado dirigente devenido en traidor impactó dramáticamente a la organización ya que, de acuerdo a sus preceptos político-culturales, los líderes revolucionarios debían mostrar una conducta intachable aún en las situaciones más extremas. Mario Firmenich, primer dirigente de la organización, señaló que la condena a muerte de Quieto se estableció para sentar jurisprudencia, es decir, aleccionar al resto de la militancia en el sentido de que la organización no admitía delatores. En la misma lógica, la pastilla de cianuro respondía a la necesidad de evitar futuras delaciones, estableciendo así un mandato explícito: había que morir antes que entregar información bajo tortura.

De este modo, los caminos parecían estrecharse: si los militantes eran secuestrados vivos y se les arrancaba información bajo tortura, serían condenados a muerte por sus compañeros. Para evitar eso, la organización estableció que debían morir antes, ingiriendo la pastilla de cianuro. El suicidio con cianuro permitía evitar la traición, la peor transgresión y la máxima deshonra para un revolucionario. Permitía, además, tener control sobre ese momento, de modo que la muerte no fuese arrebatada por el enemigo, sino que fuese resultado de una acción decidida “soberanamente” por el propio militante.

Ahora bien, aunque ambos recorridos tenían como resultado final la muerte de los militantes montoneros, tenían implicancias simbólicas diferentes. Y si bien, el suicidio ofrecía una opción más digna que la traición, estaba lejos de ser la muerte honorable reservada para aquellos que morían en combate. Es por ello que en enero del año 1977 el uso de la pastilla de cianuro fue objeto de una nueva normativa que instruía a los militantes acerca del uso correcto de la misma. El “Informe respecto de fundamentos y uso de la pastilla de veneno” advertía que era preciso evitar desviaciones suicidas egoístas para evitar la tortura, puesto que era preciso “resistir hasta escapar o morir”.30 La pastilla, entonces, no debía reemplazar el enfrentamiento con el enemigo, es decir, no debía ser usada como resultado del miedo o la angustia extrema, sino como el último acto combativo del militante.

Este encuadramiento revolucionario del suicidio expresa a cabalidad la forma en que la organización intentó un control total sobre la vida y la muerte de sus integrantes. Tal como señala la socióloga argentina Daniela Slipak, esta organización intentó una “totalidad uniforme y una individualidad sin distinción (…) se propone una idea del “hombre- engranaje” que alude a los militantes como partes funcionales de una organización concebida como una máquina y gobernada por el criterio de la eficacia. En ella, los hombres dejarían de ser “el-persona” para transformarse en “él-organización”.31

La resignificación en clave épico-revolucionaria de la vida y de la muerte fue un rasgo compartido por las tres organizaciones, las que en el caso de la Argentina padecieron la violencia del Terrorismo de Estado incluso antes de ocurrido el golpe militar de marzo de 1976. Tal como ha sido señalado por la historiadora argentina Marina Franco, fue Juan Domingo Perón quien puso en marcha un plan de depuración ideológica en contra de los grupos marxistas y elementos “subversivos”, de modo que en el plano represivo antimarxista existió más continuidad que ruptura entre la democracia y posterior dictadura. Por su parte, si bien a fines de los sesenta el MIR enfrentó una primera clandestinidad bajo el gobierno democrático de Eduardo Frei Montalva, fue después del golpe de Estado de 1973 y, en particular a partir de 1974 cuando la represión los golpeó con una intensidad brutal. Como sea, en los escenarios postdictatoriales el nivel de violencia hacia estas organizaciones se agudizó de modo tal que para muchos de sus militantes la principal tarea militante era sobrevivir a la amenaza permanente que los acechaba.

  1. Sobrevivir en la oscuridad

Al interior de este universo de sentidos, la sobrevida se alejaba de toda la luminosidad que prometía la muerte en combate. Era, además, una posibilidad frente a la cual muchos de los militantes no se sentían preparados, pues no había instrucciones claras respecto a cómo enfrentar la experiencia del secuestro al interior de un centro clandestino.

Al mandato totalizante de dejarse “despedazar y mutilar antes de hablar nada”,32 se sumaban instrucciones que corrían de boca en boca, como resistir la tortura 24 horas para dar tiempo a los compañeros de huir antes de entregar algún tipo de información. Lo cierto es que para muchos militantes la sobrevida al interior de los centros clandestinos significó enfrentarse a un mundo difícil de descifrar, lo que Pilar Calveiro ha descrito como un mosaico enloquecido, es decir, un espacio cuya racionalidad incorporaba lo esquizofrénico como sustancial.

Le debemos a Primo Levi, sobreviviente de Monowice -un subcampo de Auschwitz- la noción de “zona gris”, la que refiere al espacio de convivencia forzada entre víctimas y victimarios al interior de los campos de concentración. De acuerdo a Levi, entre unos y otros se establecían fronteras porosas y de límites imprecisos, justamente porque la intensidad de la opresión que se vivía al interior de estos lugares inducía a algunos prisioneros a colaborar con los victimarios. Al mismo tiempo, la dinámica de los campos obligaba la participación de las mismas víctimas en diversas tareas, incluidas aquellas más extremas asociadas al asesinato de otros prisioneros. De acuerdo al autor, la decisión de incluir a las víctimas en el asesinato de otras víctimas respondía a la intención de: “…descargar en otros y precisamente en las víctimas el peso de la culpa, de manera que para su consuelo no les quedase ni siquiera la conciencia de saberse inocentes”.33

Levi advierte sobre el peligro de caer en simplificaciones ya que la vida al interior de los campos de concentración y/o exterminio incluía como parte fundamental de su engranaje la existencia de colaboradores, de jerarquías y de privilegios entre los detenidos. Al mismo tiempo, el desmoronamiento físico y emocional de los prisioneros eran elementos que incidieron en la llamada colaboración, la que se realizó siempre en condiciones de asimetría total.

Aun teniendo en consideración las diferencias que existen entre los campos de exterminio del nazismo y los centros clandestinos conosureños surgidos en el marco de las dictaduras cívico-militares de los setenta, la categoría propuesta por Levi permite aproximarse a las complejidades existentes en el ámbito de las relaciones humanas en situaciones extremas o límites. De este modo, es posible hablar de una “zona gris” al interior de los centros clandestinos de la Argentina y Chile, espacio en el que circularon muchos militantes de las organizaciones revolucionarias acá analizadas. La zona habitada por los colaboradores o “quebrados” fue variando de acuerdo al lugar de confinamiento y al período o momento en que se estuvo secuestrado, pues incluso en un mismo lugar esas dinámicas iban cambiando a lo largo del tiempo. Asimismo, la noción de colaboración incluía un sinnúmero de acciones, desde tareas de inteligencia (que podían provocar la caída de otros militantes) hasta labores de mantenimiento del lugar. Esa diversidad de prácticas hace imposible una definición acabada y con límites bien precisos sobre lo que los ex militantes llamaban entonces (y llaman hoy, cuatro décadas después) colaboración. Sin embargo, para referir a esa diversidad de gestos, conductas, momentos y sujetos se ha utilizado una misma palabra (“colaboración”) cuyo uso indiscriminado limita y obtura las posibilidades de aproximarse a la realidad de los centros clandestinos (y a la vida de los secuestrados) desde una perspectiva que acoja su complejidad, en lugar de borrarla a través de las simplificaciones advertidas por Levi.

Por su parte, la noción de quiebre y de quebrados nos remite al universo de sentidos de las organizaciones revolucionarias, que sostenían a nivel simbólico y discursivo oposiciones binarias entre enteros y quebrados, fuertes y débiles, héroes y traidores. No había, en la moral de la revolución, espacios u opciones intermedias.

De este modo, la colaboración, real o simulada, podía manifestarse de diferentes maneras y explicarse por un sinnúmero de razones. Un ex militante montonero que estuvo secuestrado en diversos centros clandestinos señala lo siguiente: “Los represores necesitaban gente que les manejara el campo desde el punto de vista doméstico, de las tareas, que hiciera la comida, que limpiara que llevara la gente al baño, no lo querían hacer ellos y además ¿para qué lo iban a hacer ellos si tenían mano de obra esclava? (…)”34. Para este sobreviviente, la realización de trabajos de electricidad (dados sus conocimientos en esa área) supuso instalarse en una posición controversial respecto al resto de los secuestrados, pues el desempeño de esas tareas le permitían mejorar mínimamente sus condiciones de confinamiento. Esos pequeños privilegios podían ser leídos por los otros como una suerte de premio o recompensa de parte de los represores hacia él por su colaboración. Ese lugar en el engranaje represivo -aunque la colaboración se tratase, en los hechos, de tareas casi insignificantes – tensionaba a quienes habitaban la “zona gris”, pues enturbiaba su relación con sus pares e introducía la sensación de estar participando -aunque fuese de forma obligada- de la maquinaria represiva.

La dimensión más problemática de la colaboración es aquella asociada a la realización de tareas de inteligencia orientadas a la captura de nuevos militantes. Como ha sido acreditado en un sinnúmero de testimonios y de informes oficiales sobre el terrorismo de Estado, muchos secuestrados eran llevados a presenciar la tortura de otros prisioneros. Otros eran sacados afuera de los recintos represivos para que identificasen o para que fuesen identificados por militantes que se encontraban en libertad. Si bien, estas acciones podrían a primera vista expresar una voluntad comprometida con los aparatos represivos, es sabido que dentro del repertorio represivo utilizado por los servicios de seguridad se consideraba usar a los propios secuestrados en las dinámicas represivas con el objeto de demoler física, emocional y moralmente a unos y otros.

Asimismo, y tal como han señalado un grupo de sobrevivientes de la Esma en el libro “Ese Infierno”35, las fronteras entre el adentro y el afuera también eran porosas, pues a algunos secuestrados se les permitía salir para visitar a sus familias y realizar trabajos en lugares asignados por los represores. Esa circulación no era, por tanto, sinónimo de libertad, sino justamente, de su opuesto, pues expresaba el poder absoluto de los victimarios tanto dentro como fuera de los centros clandestinos. Hay que reiterar, además, que la realización de actividades catalogadas como colaboración y/o traición no aseguraban la sobrevida de los secuestrados, pues muchos de ellos fueron asesinados o están desaparecidos. Por lo mismo, sostener una relación directa entre quiebre y sobrevida, y entre entereza y muerte supone cometer no solo una simplificación -como diría Primo Levi- sino también una falsificación histórica.

Ahora bien, señaladas algunas de las complejidades que caracterizaron estos espacios y las relaciones humanas que ahí se establecieron, hay un elemento compartido por quienes sobrevivieron y habitaron la “zona gris” de los centros clandestinos: la sospecha que debieron enfrentar de parte de personas cercanas políticamente (familiares de víctimas y ex compañeros) una vez que salieron definitivamente en libertad. Había que explicar la sobrevida, responder preguntas (por qué ellos y no los otros), enfrentar desconfianzas. El estigma de la colaboración estaba ahí y los sobrevivientes devinieron en sospechosos. Así lo recuerda María, sobreviviente de la Esma:

Una vez que recuperé la libertad, fui víctima de muchos integrantes de organismos de derechos humanos que me hicieron sentir la dificultad de presentarme como sobreviviente, como sobreviviente de la Esma. La pregunta: “¿Cómo hiciste para salir?” era la pregunta frecuente. Yo me ponía toda colorada, tenía taquicardia… La pregunta: “¿Cómo hiciste para salir?” era fatal, porque era: “¿A quién cantaste?, ¿cómo colaboraste?, ¿te quebraste?” (…) Nadie registró que yo tenía 21 años, que había sido violentada, que había respondido dentro de lo que pude, y yo sentía que nadie tenía que recriminarme: “Yo caí después de vos”. Nadie. (…)

La pregunta de los familiares era: “Y vos…”. Era así, con una cara… ¿Y vos cómo hiciste para salir y mi hijo no? O yo pensaba: “Mi hijo está muerto y vos estás acá con vida”. Entonces, yo tenía un discurso armado rápido porque me ponía toda colorada y me daba taquicardia, entonces rapidito decía… tenía toda una secuencia de argumentos… en el que me ocupaba por decir: “Yo no canté a nadie.36

De este modo, muchos sobrevivientes debieron explicar y justificar su sobrevida tanto a sus ex compañeros de militancia como a los familiares que buscaban a parientes secuestrados y/o desaparecidos. Exigencia a la cual difícilmente podían responder, pues como víctimas no tenían elementos para comprender la lógica desaparecedora de los centros clandestinos, que como ya sabemos, muchas veces estaba signada por la arbitrariedad absoluta.

En una lógica similar, los miristas que llegaban al exilio después de haber pasado por cárceles y centros clandestinos, debían realizar un informe sobre la conducta que habían tenido en el marco de la tortura, en el caso de que querer seguir vinculados a la organización. Ese informe debía demostrar a las autoridades partidarias de la época que los militantes habían tenido un buen comportamiento de acuerdo a los códigos revolucionarios, es decir, probar que no se era ni se había sido un quebrado. De este modo, al interior de las organizaciones los mecanismos de disciplina internos se volvieron más estrictos y rígidos al mismo tiempo que se endurecía la represión terrorista estatal. Como sea, unos y otros debieron dar cuenta de su coherencia y de su integridad revolucionaria, intentado diferenciarse al máximo de aquellos reconocidos como traidores. Esos mecanismos de diferenciación respecto de otro representado por el traidor o la traidora, les permitía a los sobrevivientes continuar habitando una comunidad política en la que habían depositado una parte importante de sus vidas. La demostración de ese buen desempeño permitía, de este modo, la continuidad de su vida social.

Muchos de los secuestrados que habitaron la “zona gris” han sido testigos clave en los juicios en contra de los represores. Justamente, al vivir en las entrañas de los centros clandestinos, a veces por períodos extendidos de tiempo, lograron acumular mucha información acerca de su funcionamiento. Esas declaraciones no solo permitían denunciar los crímenes del terrorismo de Estado, sino que, además, les permitía a esos sobrevivientes -algunos de ellos acusados de colaboración o traición- diferenciarse de los represores, reivindicando para sí la condición de víctimas que otros militantes y miembros de organismos de DDHH les negaban. Denunciar y acusar en clave jurídica permitía atenuar – al menos en parte- las sospechas provenientes desde la propia comunidad de sobrevivientes. Por su parte, hubo quienes por distintas razones se negaron a declarar y esa negativa ha sido leída como una confirmación de las sospechas y acusaciones, como una prueba irrefutable de que esos ex militantes habían elegido cambiar de bando y sumarse al grupo de los represores, como un gesto de lealtad y de compromiso con el enemigo. Así, el quebrado y el colaborador ya no solo deviene en traidor, sino en represor, es decir, se le asimila e identifica completamente con el otro. Y dentro de esa lógica, se solicita que la justicia los alcance también a ellos.

  1. Razón y revolución

En la Argentina postdictatorial, algunos militantes que estuvieron secuestrados en centros clandestinos y que fueron catalogados como colaboradores por parte de sus ex compañeros de militancia, fueron perseguidos judicialmente y procesados en causas de derechos humanos como perpetradores de secuestros y/o torturas. Es el caso de Susana Leoni Auad, ex militante del PRT-ERP que estuvo detenida un año y medio tras ser acusada de participar en la privación de libertad y aplicación de torturas de otros militantes de esa ciudad. Acusaciones similares enfrentó José Baravalle, ex militante de Montoneros que estuvo secuestrado en el Servicio de Informaciones de Rosario y que fue detenido en 1984, cuando regresó a la Argentina para asistir al funeral de su madre. En esa oportunidad, estuvo en prisión por un período de seis meses a raíz de denuncias que lo señalaban como colaborador de los aparatos represivos. Veinte años más tarde, mientras vivía en Italia, fue imputado por participación en torturas y, ante la posibilidad de ser nuevamente detenido (pues se dictó una orden de captura internacional a través de la Interpol) se suicidó. Baravalle dejó una carta que expresa la magnitud de su tragedia: “No sé lo que ellos creen que yo sepa. Esta historia nunca terminará. (…) Es tremendo pasar de ser víctima a verdugo.

Alguien celebrará: los verdaderos culpables. Mi única culpa es que no he podido resistir la tortura. (…) ¿Cuál es el límite humano? Me voy porque esto tiene que acabar”.37

Una trayectoria similar fue la de Ricardo Chomicki, también ex militante montonero que fue acusado de colaborar en la captura y aplicación de tormentos a otros secuestrados. Chomicki compartió prisión con Baravalle en 1984 y más tarde, entre marzo del 2005 y septiembre del 2008, estuvo preso en la delegación policial de la policía federal de Rosario y en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, en Buenos Aires.

La detención de Ricardo Chomicki ocurrió en el marco de la llamada causa Diaz Bessone (ex megacausa Feced) en un juicio que comenzó en el año 2009. Esa causa tenía como propósito investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de la jefatura de la Unidad regional II de la Policía de Santa Fé, en Rosario. En marzo del año 2012, el Tribunal estableció diversas condenas y una absolución: la del propio Chomicki.

Esta decisión provocó encendidos debates al interior de los organismos de derechos humanos, entre los que no existía consenso respecto a la imputabilidad de personas que en condiciones de secuestrados habían participado en la identificación, secuestro y tortura de otros militantes. Mientras algunos organismos sostenían la tesis de “quien entra como víctima sale como víctima” otros defendieron el procesamiento y enjuiciamiento de aquellos que -según su perspectiva- eligieron pasarse al lado de los represores.

Desde la puesta en marcha de la mega causa Feced, los testigos denunciaron a cinco civiles entre los represores, uno de los cuales era Ricardo Chomicki. Al momento del juicio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cambió su primera posición y desistió mantener la acusación en su contra. Por su parte, el Ministerio Público alegó que el acusado había cometido delitos bajo estado de necesidad, solicitando su absolución y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentó un documento que defendía la posición de no acusar. De este modo, solo Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas mantuvo la acusación, solicitando 25 años de prisión para quien consideraban un represor más.38

La experiencia de Ricardo Chomicki permite observar y analizar las posiciones y argumentos de los actores en juego, de modo que ilumina con particular claridad los debates y las pugnas por la interpretación del pasado reciente al interior del movimiento de derechos humanos de la Argentina y las dificultades que existen para gestionar temas tan controversiales como la colaboración al interior de los centros clandestinos. La figura del “quebrado” aún no logra ser procesada ni política ni simbólicamente y se constituye en un hiato traumático –en el sentido de que no ha sido totalmente elaborado- que provoca nuevas trizaduras al interior de este movimiento.

Es necesario precisar que durante el juicio, Ricardo Chomicki negó rotundamente “haber torturado y haber apremiado” a algunos de sus compañeros secuestrados.39 Si reconoció que estando secuestrado fue obligado a presenciar la tortura y violación de su novia Nilda Folch (de 18 años de edad) por parte de los represores Mario Marcote y José Lofiego. En esas circunstancias le fue arrebatado el nombre de Generoso Ramos, un colaborador periférico de Montoneros que posteriormente fue secuestrado junto a un familiar.

Chomicki, de 19 años, y Folch fueron sometidos a tormentos (trato habitual que se les daba a los secuestrados) hasta que Feced, máxima autoridad de ese centro clandestino comenzó a protegerlos a ambos a raíz del parecido de Folch con su hija mayor. Después de verificar que ninguno de los dos había estado involucrado en la muerte de policías o militares, comenzó una nueva etapa en el secuestro de ambos. De acuerdo a su declaración judicial:

Nos llevan a vivir a una habitación que tenía dos cuchetas, que estaba pegada a la sala de torturas donde estaba la camilla del Ciego (Lofiego). A partir de ese momento, pasamos a ser sirvientes. Una de las tareas era limpiar la sala de torturas. En la tortura uno se defeca, se orina, hay sangre. Nosotros vivíamos ahí, con 18 años, en ese ámbito”. (…) Cuando llegaban los nuevos torturados nos sacaban a los gritos de la habitación contigua, nos decían por nuestros apodos: “Polaco, Polaca, salgan de acá”. Pasamos días sin dormir. Y cuando terminaban eso, nos mandaban a limpiar. (…) Nosotros cebábamos el mate, redactábamos informes. Los informes para La Capital los escribí más de una vez, pero no porque yo quería. Yo estaba secuestrado. (…) En comparación con los otros compañeros estábamos en mejores condiciones pero nosotros seguíamos secuestrados.40

La aproximación analítica a los discursos, símbolos y figuras que se pusieron en circulación a partir de este caso y el modo en que distintitos actores involucrados argumentaron para cuestionar la decisión de absolver a Chomicki, permite observar la persistencia de la razón revolucionaria (o de algunos de sus elementos centrales) de acuerdo a la cual existen buenos y malos sobrevivientes.

El buen sobreviviente es aquel que se mantuvo íntegro en términos políticos e ideológicos, que no delató, que se mostró solidario con sus pares y digno frente a sus captores. Hay así, una clara continuidad entre el buen militante y el buen sobreviviente, a quien el paso por los centros clandestinos y la tortura no doblegó ni política ni moralmente.

La querella presentada por las abogadas Jessica Pellegrini, Leticia Faccendini, Daniela Asinari y Gabriela Durruty también proponen la existencia de líneas de conducta que siguen o deberían seguir los sobrevivientes (y respecto de las cuales Chomicki se distancia radicalmente), estableciendo que “no es propio de una víctima, por lo demás, referirse a sus pretendidos compañeros de infortunio como mentirosos complotados en su contra”.41 De este modo, la referencia a los conflictos que existen en el campo de los testigos-sobrevivientes -pugnas por lo demás, presentes en casi todos los grupos de sobrevivientes de los diversos centros clandestinos de la Argentina- es entendida en clave de conductas “propias” e “impropias”, configurando así un modo correcto de ser víctima sobreviviente.

Así lo señaló también María Inés Luchetti, testigo querellante en la causa, al establecer una frontera entre Chomicki y el resto de los secuestrados, quienes, de acuerdo a su relato, sobrevivieron “desde el amor, la solidaridad, la comprensión y las convicciones políticas, religiosas y morales que cada uno tuvo”.42 Asimismo, Norma Ríos, de la Asamblea Permanente por los DDHH de Rosario afirma “nos negamos a igualar a este denunciado torturador con los miles de militantes del campo popular -desaparecidos y/o sobrevivientes- que sufrieron las más tremendas torturas, enfrentando solo con su coraje y dignidad a sus verdugos”.43 De esta manera se configura un modo ejemplar de sobrevivir con rasgos y atributos bien identificados y que no posee grandes diferencias con los mandatos establecidos por las organizaciones revolucionarias a sus militantes en los setenta, esto es: resistir la tortura sin quebrarse.

La misma frontera es la señalada por el periodista Oscar Bertone, quien sostiene que “hubo quienes tuvieron un comportamiento heroico absoluto, hasta quienes como Chomicki se pasaron de bando (…). Chomicki trabajó deliberadamente, con desgraciada eficiencia, como un resorte fundamental para llevar a cabo un trabajo que culminó con la tortura, la muerte y/o la desaparición de decenas de jóvenes”.44 Chomicki no solo es la antítesis del buen sobreviviente, sino que además se lo presenta como una figura central en la dinámica represiva y como el gran responsable de la muerte y desaparición de muchos (“decenas”) de sus compañeros. El quebrado deja de ser un “compañero” para ser asimilado al grupo de los represores, atribuyéndole un rol protagónico –si no entusiasta- en la captura, tortura y muerte de otros militantes.

La centralidad asignada al traidor también está presente en el análisis de personas que defienden y hacen apología de la obra de las FFAA argentinas en el marco de los que ellos denominan “combate a la subversión”. Así lo plantea Carlos Manuel Acuña, autor del libro “Los Traidores. Intimidades de la guerra revolucionaria”, quien sostiene que “En cifras (…) podemos decir que más del 20% de los detenidos por las Fuerzas Legales después del 24 de marzo de 1976 fueron arrestados por ellas como consecuencia de las traiciones de los militantes a sus propias organizaciones armadas”.45 Es evidente que la figura del traidor es útil y funcional a un discurso exculpatorio de los miembros de las FFAA que cometieron crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, aunque Bertone y Acuña se posicionen en veredas políticas opuestas, ambos sostienen discursos en los que el traidor no solo es un personaje maligno o “un canalla perfecto”,46 sino que además le atribuyen un papel decisivo y crucial en el engranaje represivo.

Un argumento compartido por quienes rechazaron la absolución descansa en la idea de que Chomicki eligió libremente cambiar de bando (así como los otros, habrían elegido tener un comportamiento moral y político idóneo). Ese acto de libertad habría estado inspirado en intereses egoístas e individualistas: salvar la propia vida a costa de la vida de sus compañeros. Ahora bien, concebir a los centros clandestinos como un espacio en el que los secuestrados podían resolver soberanamente cómo enfrentar situaciones extremas como la tortura, es al menos problemática, justamente porque la aplicación sistemática de tormentos tenía como fin último quebrar las voluntades de las víctimas y arrasar con sus identidades. Esos procesos de demolición fueron enfrentados en forma singular por cada una de los secuestrados de modo tal que es inapropiado establecer patrones de conductas generales y más aún, sostener la libertad de acción como principio base a partir del cual se puedan evaluar conductas.

Quienes rechazaron la absolución final de Chomicki centraron sus críticas en un documento presentado por la Secretaría de DDHH, texto titulado “Tratamiento penal de conductas realizadas por personas secuestradas en Centros Clandestinos de Detención”.47 Este documento, cuyo objetivo era establecer consideraciones generales para analizar casos particulares de víctimas que realizaron acciones en contra de otras víctimas en el marco de su secuestro en un centro de detención clandestino, establecía la necesidad de considerar el contexto de absoluta indefensión física y psíquica en que se encontraban al momento de cometer esas acciones. Apoyándose en los planteamientos del Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, sostiene:

…Uno de los grandes objetivos del sistema de los centros clandestinos de detención es la destrucción de la personalidad y la desestructuración de la identidad del detenido. El pasar de “víctima” a “colaborador”, a “victimario de sus antiguos camaradas”, es un signo evidente de este proceso destructivo de la personalidad, producido por la insoportable angustia psíquica causada por el terror de la institución total del centro clandestino de detención. La dinámica de los centros de detención, cuyo efecto puede sintetizarse con el lema omnipresencia del terror, configuraba un sistema que permitía conducir a los detenidos a efectuar comportamientos típicos en contra de otros también en situación de cautiverio, sin necesidad de que las órdenes ni las amenazas que los generaban y apoyaban se explicitasen o actualizasen a cada momento. El terror constante hacía funcionar un sistema perverso en el cual muchos detenidos pasaban a ser victimarios, a la manera de engranajes de una maquinaria de aniquilación en la que se los obligaba a insertarse y de la que debían participar prestando colaboración para proteger su propia existencia. He aquí un punto neurálgico de los casos analizados: la realización de una conducta bajo una presión psíquica insoportable, guiada por el instinto de supervivencia.48

Estos planteamientos contradecían los argumentos acusadores, de acuerdo a los cuales la colaboración de Chomicki había sido un camino elegido a voluntad, proponiendo una idea del secuestrado como un sujeto político y moral íntegro, capaz de tomar decisiones con completa autonomía y control pleno de sus acciones.

En el curso del juicio, algunos de los acusadores que rechazaron la absolución se referían a Chomicki como un traidor y/o colaborador. Aunque no se establecen definiciones claras y precisas respecto a los significados de una y otra noción, ambas palabras presuponen la existencia de un compañero que fue quebrado por la tortura y que en el marco de ese quiebre -producido a raíz de la violencia represiva- ese compañero, ese par, devino en otra cosa.

Existió, además, una tercera categoría en boca de algunos acusadores, mucho más precisa y clara en sus definiciones: la de represor. Para Lucila Edelman,49 Chomicki era un torturador y no un colaborador, apoyando la tesis de las abogadas querellantes quienes plantearon que el acusado era un colaborador civil del grupo represivo del SI y que, como tal, nunca fue privado de libertad.50 De este modo, lo que está en juego es la identidad de Chomicki: ¿estamos ante una víctima que se quebró en la tortura? ¿se trata de un traidor serial? ¿o es y siempre fue un agente represivo? Tanto las abogadas como muchos de quienes se involucraron en este caso desde el mundo de los testigos, familiares y sobrevivientes sostienen las dos últimas opciones, afirmando: “No consta en testimonios que fuera torturado. Sí consta que tenía libertad de movimiento en todo el Servicio de Informaciones. Que no se arrepintió y no habla de todo lo que seguramente sabe por esa misma razón. Incluidos los asesinatos y posterior paradero de los cuerpos desaparecidos”.51 Afirmar que Chomicki conoce el destino de los desparecidos es, nuevamente, atribuirle un lugar y una autoridad en el aparato represivo que tras años de acusaciones no pudo ser probada. Es, en todo caso, una exigencia común que se realiza a otras personas que también han sido objeto de acusaciones similares52 y a quienes se reclama dar respuesta a la interrogante que ha atravesado a nuestras sociedades en las últimas cuatro décadas: ¿dónde están?

Hay dos cuestiones que a los ojos de los testigos que acusaban a Chomicki, confirmaban su condición de traidor comprometido con los aparatos represivos. La primera de ellas es que una vez en libertad, Agustín Feced -Jefe del Servicio de Informaciones del II Cuerpo de la Policía de Santa Fé entre 1976 y 1979 y máximo responsable del centro clandestino que funcionaba en ese lugar- ofició como padrino de su matrimonio religioso con Nilda Folch. Ello fue considerado por los testigos acusadores como prueba irrefutable de su cercanía casi familiar con ese represor. De acuerdo a Chomicki,

Un día [Feced] vino a verme. Él no me tenía ninguna simpatía. Yo salvé mi vida por Folch. Feced me dijo: “mira hijo de puta, vos metiste a esta pendeja en esto y te vas a hacer cargo. Vos te vas a casar. Me casó, estando detenido, por civil. Y por iglesia, me llevó a Zavalla, donde tenía un cura amigo. Los padrinos eran mi madre y él, que llevaba una pistola Magnum.53

Como ya fue señalado, muchas personas que estuvieron secuestradas en centros clandestinos de la Argentina siguieron en manos de los aparatos represivos aun estando fuera de esos recintos. Existen numerosos testimonios que acreditan el modo en que ex secuestrados que aparentemente estaban en libertad siguieron controlados en distintos grados por sus captores, quienes vigilaban sus movimientos y los amenazaban a través de llamadas y/o visitas en sus domicilios o lugares de trabajo. Asimismo, en las últimas décadas hemos podido informarnos a través de los testimonios de sobrevivientes acerca de cómo algunos represores establecían relaciones de protección y de propiedad con algunos secuestrados y secuestradas, vínculos y relaciones se dieron siempre en condiciones de extrema asimetría. El mosaico enloquecido de los centros clandestinos que describe Calveiro admitía situaciones que parecen ininteligibles, como cuando a algunas secuestradas de las Esma las llevaban -sus propios torturadores- a bailar y a cenar restaurantes de moda.

En segundo lugar, se le reprochó a Chomicki no haber denunciado ante la justicia los crímenes de la patota de Feced. Esto fue leído como señal de su supuesta complicidad con los criminales y de su condición de partícipe de un pacto de silencio con los mismos. Siguiendo el razonamiento de Mariana Tello, esa negativa lo instaló simbólicamente del lado de los represores y confirmó a los ojos de sus acusadores, su alianza con los criminales. Chomicki no solo fue un mal secuestrado mientras estuvo en el SI, sino que ya en el contexto democrático actuó como un mal testigo-sobreviviente, alejándose de líneas de conductas señaladas por las abogadas querellantes en sus alegatos.

Ahora bien, hay muchos sobrevivientes que se demoraron años o décadas en declarar en contra de sus victimarios por una amplia gama de razones, silencio que debe ser interrogado y analizado en función de identificar las tensiones y conflictos que supone testimoniar judicialmente. En el caso de Chomicki, en 1983 no realizó denuncias en contra de sus victimarios porque, de acuerdo a su testimonio, estaba bajo amenaza tanto él como su familia. Al poco tiempo, en 1984, fue detenido por primera vez y nunca se le convocó a declarar como testigo, ya que tempranamente fue ubicado en el lado de los perpetradores.54

Conclusión

“la oposición entre el héroe o el traidor es una oposición falsa, más que por injusta, porque sencillamente resulta insuficiente para describir la complejidad del problema. No hay aquí una gama de grises sino todo un abanico de color que incluye muchos otros tonos (…) Las posibilidades son infinitas y no se pueden reducir a los dos términos de la heroicidad y la traición, insuficientes e irrelevantes”55.

El Tribunal que absolvió a Ricardo Chomicki fundamentó su decisión señalando que: a) no se pudo acreditar la participación de acusado como integrante de los aparatos represivos; b) las conductas de Chomicki fueron originadas por la situación de opresión a la que estuvo expuesto como secuestrado. En este punto, se estableció la siguiente precisión:

“No escapa a los integrantes de este tribunal que la situación que debió padecer Chomicki fue la misma que debieron padecer todas las personas que pasaron por los centros clandestinos de detención, incluso las que sobrevivieron. Pero tampoco escapa que ninguno de nosotros puede establecer a ciencia cierta con ánimo de aproximación a la certeza, cuál es la medida, límite o tope de dolor y de tormento que un ser humano está capacitado para soportar (…) No corresponde a este Tribunal abrir un juicio de valor sobre si los medios empleados en Chomicki fueron suficientes o no como para anular su albedrío y voluntad”. 56

De este modo, se estableció que al momento de ocurrir los hechos de los que fue acusado, él se encontraba en una “circunstancia eximente de responsabilidad penal” y, por lo mismo, no era imputable. Asimismo, al rechazar un pronunciamiento moral sobre las conductas del acusado, se alejaba de los argumentos de gran parte de los querellantes, para quienes Chomicki no solo había cometidos delitos, sino que, además, encarnaba la traición máxima a los valores de la militancia revolucionaria.

Al respecto, las reflexiones de la argentina Mariana Tello son muy claras al señalar el modo en que el repertorio valórico de la militancia revolucionaria setentista orienta prácticas en el presente, en particular el estigma asociado a la traición, a partir del cual se articulan identidades y se reactualizan juicios morales y políticos. Para Tello, habiendo desaparecidos las organizaciones políticas, la valoración negativa de la traición y de los considerados traidores permanece en otros espacios habitados por sobrevivientes y ex militantes, de modo que la antigua condena revolucionaria se resignifica en condenas simbólicas -y mucho más que simbólicas en el caso de Baravalle y Chomicki- que se expresan a través del repudio y la estigmatización de los “quebrados”. Señala esta investigadora que “En el presente, prima la evaluación en base al comportamiento ideal que se refiere a soportar el dolor sin entregar información ̈hasta la muerte`. El límite es la muerte, pero existe -dentro de la cosmovisión militante-un concepto sobre la muerte como un acto de ́entrega`, es decir voluntario, que no coincide con las condiciones impuestas por las modalidades represivas implementadas por el Estado en los CCD y tras el golpe”57.

De este modo, la persistencia de la razón revolucionaria se exhibe claramente en la trama argumentativa de quienes acusaron a Chomicki, Baravalle y otros ex militantes, argumentos y planteos en los que se entrelazan razones jurídicas y acusaciones políticas que descansan, justamente, en el universo valórico del ethos militante setentista y que no consideran -o lo hacen de modo insuficiente- las condiciones en que esa colaboración -si es que se puede llamar colaboración a una acción forzada- ocurrió.

El conocimiento que se ha construido en las últimas décadas en el campo de la historia, la antropología, la psicología y otras disciplinas afines acerca de las modalidades represivas en el marco del terrorismo de Estado conosureño, y que – es importante recalcarlo – se ha nutrido de los testimonios de las propias víctimas sobrevivientes, permiten refutar los nudos centrales de esos planteamientos. No se trata de negar la existencia de espacios e intersticios para la manifestación de la voluntad individual, sino de considerar los contextos y marcos de violencia radical en que esos gestos (grandes o pequeños, individuales o colectivos) se desplegaron. Por otro lado, los procesos de demolición identitaria ocurrieron de forma diferente para cada persona; la experiencia de la victimización extrema fue vivenciada en forma íntima y subjetiva por cada uno de ellos de acuerdo a un sinnúmero de factores, la mayoría de los cuales no estaban bajo el control de los secuestrados.

 

1 María Cristina Tortti, “Protesta social y Nueva Izquierda en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional”, Taller. Revista de sociedad, cultura y política n°6, abril, 1998; “La nueva izquierda en la historia reciente de Argentina”, Cuestiones de Sociología, Revista de Estudios Sociales no3, La Plata, 2005.

2 Norbert Lechner, La Conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, Madrid, Siglo XXI, 1986; Cultura política y democratización, Santiago, CLACSO-FLACSO-ICI, 1987; Los Patios interiores de la Democracia: Subjetividad y Política, Chile, FLACSO, 1988.

3 Ana Longoni, Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2007.

4 Eugenia Palieraki, ¡La revolución ya viene! El Mir chileno en los años sesenta, Santiago, LOM, 2014, 56.

5 Gabriel Salazar Vergara,

2006.
6 Michael Lowy, El marxismo en América Latina, Santiago, LOM, 2007.

7 Igor Goicovic, Trabajadores al poder, Concepción, Escaparate. 2016. La tercera etapa o momento señalada por el autor correponde al periodo comprendido entre el Plan 78 (u Operación Retorno) y la crisis de 1986. La violencia política popular en las “grandes alamedas”: la violencia en Chile, 1947-1987: una perspectiva histórico-popular, Santiago, LOM.

8 José Antonio Palma, El MIR y su opción por la guerra popular. Estrategia político-militar y experiencia militante, 1982-1990, Santiago, Escaparate, 2010, 83.

9 Lucas Lanusse, Montoneros. El mito de sus 12 fundadores, Buenos Aires, Ediciones Vergara, 2005.

10 Montoneros, Argentina, abril de 1979, “Línea Político Militar. Documento interno”, en Roberto Baschetti, Documentos (1970-1973), Buenos Aires, De La Campana, 1995, 249.

11 Si bien Montoneros nunca reconoció oficialmente la autoría de este asesinato, la historiadora Julieta Bartoletti ha planteado que la relación entre ese hecho de sangre y la organización es evidente. Por su parte, Marcelo Larraquy sostiene que la imagen de una condena unánime al crimen es en realidad retrospectiva, ya que en su momento logró bastante legitimidad, no solo al interior de la organización. Se sugiere: Marcelo Larraguy, ¿Quién mató a Rucci? La verdadera historia, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2008. Julieta Bartoletti, Montoneros: de la movilización a la Organización. Un caso paradigmático de militarización, Tesis para Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencia Política, Universidad Nacional de San Martín, 2010. 12 Vera Carnovale, Los Combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2011, 56.
13 PRT, Argentina, julio 1970, “Resoluciones del V Congreso y Resoluciones posteriores”, Disponible en http://www.cedema.org/ver.php?id=253. Pablo Pozzi, “Los ‘perros’: la cultura guerrillera del PRT-ERP”, Pablo Pozzi, y Claudio Pérez (eds,), Historia oral e historia política, Santiago, LOM, 2012. Daniel De Santis, La historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Editora Guevarista, 2010. Luis Mattini, Hombres y mujeres del PRT- ERP. De Tucumán a La Tablada, La Plata, De La Campana, 2007. Pablo Pozzi, Por las sendas argentinas.”. El PRT-ERP, la guerrilla marxista, Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi, 2004

14 Testimonio de Camilo (nombre político), entrevista realizada por la autora, marzo de 2010.
15 Gonzalo Rojas, De Oscuro y otros textos, Santiago, Editorial Pehuén, 1999. Es importante señalar que la versión de la muerte en combate fue desmentida recientemente (en octubre de 2016) por una investigación judicial que calificó la muerte de Enríquez como un “homicidio calificado”. La tesis del enfrentamiento surgió de los propios aparatos de seguridad de la dictadura y fue resignificada en clave revolucionaria –la muerte heroica en combate- por los seguidores del líder mirista.

16 Javier Salcedo, Los montoneros del barrio, Editorial de la Universidad Nacional Tres de Febrero, Caseros, 2011, 31.
17 Ernesto Guevara, “El socialismo y el hombre en Cuba”, Francisco Fernández, Escritos Revolucionarios, Madrid, Catarata, 1999, 127.

18 Hugo Vezzetti, Sobre la violencia revolucionaria: memorias y olvidos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
19 Discurso de Miguel Enríquez en los funerales de Luciano Cruz. En: Pedro Naranjo, Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Discursos y documentos del MIR, Santiago, Lom/Ceme, 2004, p. 137.
20 El Rebelde. Órgano oficial del Mir. Agosto de 1975, p. 13.

21 Ibid., 13.
22 MIR. Comunicado Público del Congreso Constituyente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 15 agosto 1965, en Carlos Sandoval, M.I.R.: Una Historia, Santiago, Sociedad Editorial Trabajadores, 1990, 19. 23 Carnovale, op. cit., 206.
24 Luis Ortolani, Moral y proletarización, 1972. Reproducido en Políticas de la Memoria N°5, 2004/5, 26. Originalmente publicado con el seudónimo Luis Parra en La gaviota blindada, N° 0, Rawson.
25 Evita Montonera, Argentina, 1975, no 12. Citado por Gillespie, op. cit., 350.

26 Memoria Abierta, Testimonio de Nilda Actis Goretta (Munú). Entrevistada por Vera Carnovale. , Buenos Aires, Agosto de 2001.
27 Federico Lorenz, Algo parecido a la felicidad. Una historia de la lucha de la clase trabajadora durante la década del setenta (1973-1978), Edhasa, Buenos Aires, 2013.

28 Testimonio de Gastón, Entrevista realizada por la autora en el marco del Proyecto Fondecyt Postdoctoral n° 3150169. Santiago, noviembre de 2015.
29 Cristián Mallol, “Renacer en la agonía, de la sobrevida a la vida”. En: Revista Educación y Humanidades, Volumen 2, n° 1, Temuco, Universidad de la Frontera, 2010.

30 Montoneros, enero de 1977, “Informe respecto e fundamentos y uso de la pastilla de veneno”, en Roberto Bachetti, Documentos 1976-1977, Volumen II, “Resistir es vencer”, La Plata, De La Campana, 2011, 9.
31 Daniela Slipak, Las revistas montoneras. Cómo la Organización construyó su identidad a través de sus publicaciones, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, 219.

32 Ibid., 338. El subrayado es del documento original.
33 I Trilogía de Auschwitz, Barcelona, Océano-El Aleph, 2005, 513.

34

35 Munú Actis, Ese infierno. Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2001.

36 Poder Judicial de la Nación. Causa Esma Unificada. Declaración testimonial de María Luján Bertella, Buenos Aires, 19 de marzo 2014, p. 13.

37 Mariana Tello, “Una vara con qué medirnos”. Una lectura antropológica sobre los sentidos de la transgresión y la “traición” en las memorias sobre la militancia en “los ‘70”, Contenciosa, Año II, nro. 3, segundo semestre 2014, 19.
38 Una exposición detallada del caso se encuentra en Grabiela Águila (et al), El caso Chomicki, Museo de la Memoria de Rosario, 2015.

39 Sonia Tessa, “Ricardo Chomicki hizo uso ayer de su derecho de defensa en Tribunales”. Artículo publicado enRosario/12,suplementodeldiarioPágina/12,Rosario,7deoctubrede2010.EnÁguila,Op.Cit; 37.
40 En Ibid., 39.

41 Acusación de Ricardo Chomicki. Presentación de la querella, representada por las abogadas Jesica Pellegrini, Leticia Faccendini, Daniela Asinari y Gabriela Durruty. Causa Díaz Bwsone y otros. Expediente 120/08 y acumulados, octubre de 2011. En Águila, op. cit., 76.

42 María Inés Luchetti. Carta a la Liga por los derechos del Hombre. San pedro, Mayo de 2011. Ibid., 46.

43 Norma Ríos, Documento de la Asamble Permanente por los Derechos Humanos de Rosario. En Ibid., 22.

44 Oscar Bertone, “Un partícipe necesario”. En: Ibid., 147.
45 Carlos Manuel Acuña, Los Traidores. Intimidades de la Guerra revolucionaria, Argentina, Ediciones del Pórtico, 2012.

46 Bertone, ibid., 148.
47 Documento elaborado por la Procuración General de la Nación, específicamente, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado.

48 “Tratamiento penal de conductas realizadas por personas secuestradas en Centros Clandestinos de Detención”, Procuración General de la Nación (específicamente, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado), 2008, p. 8. Argentina.

49 Lucila Edelman, “El dilema ético del caso Chomicki”, En: Águila, op. cit., 132.
50 Esta tesis fue desechada por la justicia, que ya había reconocido la condición de víctima del acusado en el año 1989 y que, como tal, fue indemnizado tanto por el periodo que estuvo secuestrado, como por el tiempo que estuvo detenido a disposición del PEN. La resolución n 88/B del juzgado federal n° 4 de Rosario – confirmada por la Cámara N° 023/11-DH, establece que Chomicki fue privado de libertad a fines de noviembre de 1976, en condición de desaparecido hasta mediados de febrero de 1977 y que luego estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta mediados de junio de ese mismo año.
51 Norma Ríos, op. Cit. En Águila, op. cit., 21.
52 Diamela Eltit, Emergencias. Escritos sobre literatura, arte y política, ensayos, Santiago, Planeta, 2000.

53 Águila, op. cit., 40.

54 Al momento de redactar este artículo, tanto Chomicki como su esposa Nilda Folch, participan como querellantes en un juicio en contra de Lofiego y Marcote, ambos miembros de la “patota” de Feced.
55 Calveiro, op. cit., 128.
56 Poder judicial de la Nación, Sentencia Causa Díaz Bessone, Ramón Genaro; Lo Fiego, José Rubén; Marcote, Mario Alfredo; Vergara, Ramón Rito; Scortechini, José Carlos Antonio y Chomicki, Ricardo Miguel –ex Feced- s/ Homicidio Violación y Torturas, exptes. Nro. 120/08, y acumulados Nros. 91/08, 47/09 y 138/09. Rosario, 29 de mayo de 2012.

57 Tello. Op cit. P 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía

Fuentes impresas

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Prensa y otros documentos

Evita Montonera, Buenos Aires (1975-1978)

Poder judicial de la Nación, Sentencia Causa Díaz Bessone, Ramón Genaro; Lo Fiego, José Rubén; Marcote, Mario Alfredo; Vergara, Ramón Rito; Scortechini, José Carlos Antonio y Chomicki, Ricardo Miguel –ex Feced- s/ Homicidio Violación y Torturas, exptes. Nro. 120/08, y acumulados Nros. 91/08, 47/09 y 138/09. Rosario, 29 de mayo de 2012.

Poder Judicial de la Nación. Causa Esma Unificada. Declaración testimonial de María Luján Bertella, Buenos Aires, 19 de marzo 2014

Testimonios orales

“Camilo” (nombre político), entrevista realizada por la autora, Santiago, marzo de 2010.

Nilda Actis Goretta (Munú), Memoria Abierta, entrevistada realizada por Vera Carnovale, Buenos Aires, Agosto de 2001
Gastón Muñoz, entrevista realizada por la autora, Santiago, noviembre de 2015.

Mario Villani. Memoria Abierta, entrevista realizada por Federico Lorenz, Buenos Aires,

La Autora: Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Investigadora del Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera. Artículo asociado a los siguientes proyectos: Fondecyt Postdoctoral n° 3150169 “Traicionar la revolución. La traición política en el PRT-ERP y Montoneros de la Argentina, el MIR de Chile y el MLN-T de Uruguay” /Chile y Proyecto PICT 2016- 3107 “¿Reconciliación, pacificación y perdón? Respuesta a los legados de regímenes de violencia política. Argentina (2003), Uruguay (2009-2013), Chile (1998), Sudáfrica (1995-2002) y Colombia (2012)”. /Argentina. Correo electrónico: olga.ruiz@ufrontera.cl

(artículo tomado de la Revista Izquierdas, junio de 2018)