El narcoclientelismo en el PS

por Ibán de Rementería//

La narcopolítica es una astuta elaboración informativa que sirve para dar explicaciones simples a procesos de poder complejos. Esa idea parte de un principio falso según el cual es la oferta de drogas la que dinamiza el mercado y es la causante de la demanda por ellas, por lo tanto es la oferta de esas sustancias gestionada por los narcotraficantes la responsable de los graves problemas sanitarios, sociales, criminales y políticos que el mercado ilícito de drogas causa en el mundo actual. Para controlar lo anterior los estados con la finalidad encomiable de proteger la salud mental y espiritual de la humanidad (Convenciones de la NNUU) le han declarado  la guerra al narcotráfico, lo cual es conocido como “la guerra de las drogas”, guerra que ha causado varias veces más muertes que el consumo de drogas, mayoritariamente entre personas que no eran ni narcotraficantes, ni agentes de la ley, ni consumidores.

Los dos casos más destacados recientemente en la prensa de esta guerra de las drogas son: en 2014, los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Estado de Guerrero, México, operación realizada por narcotraficantes a instrucciones de la policía local por órdenes del Alcalde; luego, desde el año pasado en Filipinas el Presidente Duterte ha ordenado a la policía, las fuerzas armadas y la población en general ejecutar a todos los narcotraficantes y consumidores de drogas, en este caso para “evitar el sufrimiento de sus familias”, esos asesinatos ya superan las 7.000 mil, sobre lo cual hay un silencio planetario,  esas “desapariciones forzosas” y estas “ejecuciones extrajudiciales” son la forma eufemística de llamar a los secuestros y asesinatos por encargo del sistema político institucional.

Del lado de la demanda de las drogas bien sabemos que el consumo de estas se debe a que, por una parte, vivimos en una sociedad crecientemente ansiógena, es decir generadora de ansiedades, que las utiliza para paliar sus temores, frustraciones y tristezas haciendo un uso ansiolítico de aquellas; por otra parte, a que tenemos una política y un sistema sanitario incapaz de comprender e ineficiente para resolver los graves problemas de salud mental que nuestra población padece, sólo el 2% del presupuesto de salud lo dedicamos a aquello. Es entre esta demanda social sanitaria y la incapacidad pública de satisfacerla que surge el narcotráfico.

Gran impacto ha causado el caso de Miguel Ángel Aguilera, Alcalde de San Ramón –populosa y popular comuna de Santiago- denunciado por la Televisión Nacional de tener entre su personal, parientes y allegados a conocidos narcotraficantes y matones locales. Además, el asunto es complejo por ser Aguilera uno de los vicepresidentes del Partido Socialista y ser considerado allí como uno de sus principales electores. Este hecho ha generado un gran revuelo informativo y provocado un debate sobre la narcopolítica en Chile, sobre todo en estos momentos de elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales.

Aquí no hay espacio para una bien desarrollada explicación de que es el clientelismo político, en breve,  es el proceso de despolitización de la política, caracterizado por la carencia de propuestas para gestionar la distribución del poder y la riqueza en favor de las mayorías nacionales, eso que los expertos llaman la falta de relato o discurso, lo anterior lleva a sustituir la carencia de convocatoria ciudadana de los partidos políticos por la construcción de relaciones clientelares –cacicazgos políticos- basados en las lealtades personales y el intercambio de favores, dádivas y regalos, tanto a nivel intra partidario como con la población a representar, todo lo cual va convirtiendo  a la práctica política en una actividad muy onerosa, pues ya no hay ni trabajo voluntario ni trabajo partidario, lo que se ha ido resolviendo al poner el poder político nacional, regional y local al servicio del poder económico que mejor lo financie, como lo han mostrado recientemente los casos PENTA, SQM, CAVAL, ley de pesca, etc. Otra alternativa posible para financiar la política local no es,  como se afirma cómodamente, venderse al narcotráfico, sino que hacerse cargo de la distribución local y minorista de las drogas, sobre todo cuando se desarrollan actividades y procesos de control social a nivel comunal como es el caso del gobierno municipal. Pero no es que el narcotráfico se apropie de la política, realmente este no tienen interés en eso, sino que por el contrario es la política que se apropia del narcotráfico. Los mejores antecedentes sobre esta muy poca informada realidad están en la desastrosa aplicación de la ley seca en los Estados Unidos de América entre los años 1920 y 1933.

Lo local es el espacio social y mercantil de las drogas, allí se consumen, allí  se distribuyen y allí se persigue criminalmente a proveedores y consumidores. Pero hay algunos detalles económico sociales que deben tenerse presentes: según las estimaciones internacionales algo así como  57% del valor agregado pagado por los consumidores que usan los derivados de la hoja de coca, la pasta base y el clorhidrato de cocaína, se la quedan los micro traficantes locales, los pushers, los que “llevan la mano”, el 57% de unos US$ 75.000 millones a nivel planetario, esto es un gigantesco subsidio a la pobreza. Como es sabido el microtráfico es una estrategia de sobrevivencia de jóvenes, mujeres y ancianos empobrecidos, por eso ellos cuentan con la complicidad solidaria de sus vecinos, conocidos y allegados. Es allí donde bien puede medrar el clientelismo comunal.

Por lo tanto el asunto Aguilera como tema político central aquí no es la contaminación de política por el narcotráfico, el problema central de la distribución del poder es la clientelización de la política y los partidos políticos, es de esto que debemos ocuparnos quienes desde la Izquierda  Socialista queremos recuperar al Partido Socialista para representar los intereses de las y los trabajadores manuales e intelectuales, así como de las grandes mayorías nacionales.

El griterío por la narcotización de  política quiere expresamente  soslayar el debate por la clientelización de la política, pero sobre todo contener la lucha por la redistribución del poder en los partidos y en las instituciones políticas como son el Parlamento, los gobiernos regionales y municipales. La pregunta que debe ser hecha por las y los socialistas es: si es más grave que Fulvio Rossi se haya entregado a los intereses del gran capital en SQM y en las grandes pesqueras,  de lo cual el Ministerio Público ha aportado suficiente evidencias para procesarlo,  o si es más grave que  Miguel Ángel  Aguilera tuviese entre su personal  a personas vinculadas o sancionadas por narcotráfico, lo cual establece la responsabilidad penal de ellos pero no la de él. ¿Bastará con expulsar a Aguilar, quitarle la vicepresidencia del Partido Socialista, perseguirlo criminalmente como agente o cómplice del narcotráfico para resolver el grave problema organizativo y político que el clientelismo le está causando al Partido Socialista? ¡Evidentemente que no! Pero eso es lo que exactamente está esperando el clientelismo y los paniaguados del gran capital dentro del Partido Socialista para que todo siga igual. Para eso necesitan un chivo expiatorio y ese es Aguilar y su entorno funesto. Lo claro aquí es que esta es una gran oportunidad para acabar con el clientelismo en el Partido Socialista, en los municipios y en la política nacional, pero para eso se necesita una firme convicción y voluntad política que aún está en construcción.

(El autor milita en el Núcleo Valparaíso Socialista, Izquierda Socialista, PS)

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