Brasil: Lula es condenado por la justicia burguesa ¡Quién debe juzgar a Lula es la clase obrera y los demás explotados!

Después de un tumultuoso proceso e interrogación pública sobre el caso del apartamento triplex, Lula no podía escapar de una condena. Por más que su abogado haya demostrado que no hay ningún documento, ningún registro y ninguna prueba concreta de que el ex presidente era propietario del inmueble, eso no evitó el veredicto del juez Sérgio Moro, que determinó 9 años y seis meses de prisión, así como la prohibición de ocupar cargos públicos por 7 años. La condena, en realidad, ya se había dado a priori. En el caso de Lula, la mayoría de las veces, los sectores más derechistas de la burguesía conmemoraron. Pero en la burguesía no hay unanimidad. Hay quien considera que hubo la superposición de la política al “proceso legal”.

La discusión si la condena fue técnica o política poco pesará en el juicio histórico. El hecho es que se trata de un juicio y condena de un ex presidente de la República y ex líder del movimiento sindical, que surgió en oposición a la dictadura militar tambaleante. Más aún, se trata del veredicto de prohibición del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de los Trabajadores (CUT) de la política institucional. Lula cuenta con el apoyo del 30% de los electores, si concurre a las elecciones de 2018, lo que agrava la decisión de Moro. Los demás candidatos no llegan ni cerca del índice de popularidad del caudillo. Los comentaristas de la prensa monopolista fueron obligados a recurrir a la biografía del ex presidente y mostrar que al término de su segundo mandato, a pesar de los escándalos de corrupción y del “mensalão”, Lula contó con un 80% de popularidad, uno de los mayores índices, De aprobación a un gobierno que administró el Estado burgués y sirvió a los intereses generales de la clase capitalista. No hay, pues, cómo separar el proceso judicial de la situación política.

La corrupción en la política burguesa, ciertamente, tiene puntos de contacto con la criminalidad común, pero se diferencia de ésta en el contenido económico y en cuanto a las relaciones de poder de los explotadores sobre los explotados y en sus propias disputas internas. Está ahí por qué, en el caso, se judicializa la política y se politiza la justicia. Basta ver los editoriales del más influyente periódico brasileño, O Estado de São Paulo, que está en franca defensa del gobierno de Temer y contra las evidencias materiales del crimen de corrupción delatados por la JBS. Este mismo periódico validó el veredicto de Moro, no importando con la inexistencia de prueba material. Por supuesto, el uso de dos pesos y dos medidas en la lucha que se desarrolla en las entrañas del Estado y en la política burguesa.

La justicia refleja en gran medida los intereses de la burguesía en juego, por lo que está condicionado a dos pesos y dos medidas de la política burguesa. Ni de lejos, las investigaciones y las sanciones miden el PMDB, PSDB y el DEM con la misma regla con que mide el PT. Estos poderosos partidos oligárquicos empujan fuerzas internas al propio Estado para influir en el curso de las investigaciones y en las decisiones de la justicia y del parlamento. Es lo que asistimos ante las divergencias institucionales que involucran al gobierno de Temer, que aún se sostiene en la presidencia, aunque está sobradamente satisfecha de su delincuencia. El PT, por no ser un partido orgánico de la burguesía, no tiene la misma capacidad institucional de los partidos orgánicos de la burguesía. Para defenderse de la ofensiva de la justicia, está obligado a recurrir a los explotados.

La Operación Lava Jato fue un instrumento fundamental para armar el impeachment y derribar al gobierno de Rousseff, en medio de su segundo mandato. Esta acción jurídico-policial es continuidad del proceso del “mensalão”, cuando Lula estaba en su primer mandato. En ese momento, el DEM propuso la apertura de impeachment de Lula, que no prosperó. Hay, sin duda, un eslabón de conexión entre el intento de derrocamiento del gobierno de Lula y la efectiva destitución de Dilma. Los sectores de la burguesía, aquellos más arraigadamente vinculados al capital financiero ya la oligarquía latifundista, nunca admitieron la gobernabilidad petista. No por casualidad, hubo voces que defendieron la extinción del PT. El combate de la reacción oligárquica contra un gobierno no salido de sus entrañas y portador de ideas nacional-reformistas expresó y expresó el carácter limitado y deformado de la democracia burguesa. Se verificó que la constitución de un partido como el PT sólo fue posible después de veinte años de dictadura militar.

El golpe que derribó a Rousseff es un hito, desde el fin de la dictadura militar, de la ofensiva antidemocrática de la clase capitalista y de sus partidos. Temer fue colocado en el poder a costa de anular los millones de votos que dieron victoria al PT. Se interrumpió el mandato del gobierno electo para instituir una dictadura civil, cuyo objetivo explícito era el de imponer un conjunto de reformas que hace mucho tiempo el capital financiero e industrial exigía. El Congreso Nacional fue transformado en órgano del golpe y base de sustentación del gobierno golpista. Sin embargo, la profunda crisis

y, en consecuencia, las divisiones interburguesas no cesaron. El gobierno de Temer, así, no tuvo como imponer la centralización burocrática autoritaria en el Estado, desactivar la ofensiva del Ministerio Público y acabar con la Operación Lava Chorro. Era también un objetivo, al lado de la implantación de las reformas antinacional y antipopular, disciplinar y neutralizar los choques institucionales en el interior del Estado y de la política burguesa. No había llegado el momento de deshacerse completamente del PT. Bastaba someterlo a la condición de oposición minoritaria. La desmoralización del PT y de Lula fue amplia entre las masas en el período del impeachment, hasta el punto de que en las elecciones municipales casi se ha barrido. El temor y el Congreso Nacional lograron establecer el curso de las reformas, pero no estancar el poder alcanzado por el Ministerio Público, Justicia y Policía Federal. Esto refleja la amplia podredumbre que rodeaba a los partidos de la burguesía, entre ellos los cabecillas del golpe de Estado.

El PT tuvo como dar algunos pasos en el sentido de reorganizarse como oposición burguesa. Lula pasó a exhibir su capital político en la situación de desmoralización del gobierno golpista y de sus pilares de sustentación. Su condena, precisamente en el momento en que la reforma laboral fue aprobada y Temer es acosado por la denuncia del Ministerio Público, indica la intención política de bloquear la recuperación del PT e inviabilizar su única candidatura, que es la del caudillo Lula. No se puede desvincular el veredicto de Moro de ese cuadro de la política burguesa tan conflictiva, sin que se caracterice la Operación Lava Chorro y la acción del Ministerio Público como expresión de los choques interburgueses y producto de la putrefacción de la democracia oligárquica, en las que el PT está integrado, no es posible establecer una correcta posición democrática ante la condena de Lula.

Hay quien entre las corrientes de izquierda apoyó y apoya la Operación Lava Jato como una vía de saneamiento y fortalecimiento de la democracia. El propio PT no dejó de elogiar a las instituciones del Estado comprometidas en combatir la corrupción. La gravedad de ese error llegó a sostener una posición entre las izquierdas de que Lula debería ser arrestado, así como todos los corruptos. Se trata de una ilusión pequeñoburguesa que sirve a la ofensiva reaccionaria de sectores de la derecha burguesa, apoyados por el imperialismo.

No van a ser arrestados todos los corruptos y corruptores, no se saneará la democracia en descomposición, en ese sentido no cambiará absolutamente nada la prisión de Lula. La justicia burguesa es parte de la democracia venal. Es parte del juego de influencia del poder económico sobre el Estado, Congreso Nacional y sus partidos. La única alteración previsible es la de que la justicia burguesa puede inviabilizar la candidez de Lula y así golpear de muerte al PT. En eso reside la ofensiva antidemocrática del veredicto de Moro.

La experiencia de las masas con el PT y Lula aún no se ha agotado. Es lo que revela la popularidad conservada por el caudillo. Después del golpe de Estado, la burguesía hace todo lo posible para impedir que el PT y su coalición retome la presidencia de la República. El impeachment de Dilma Roussef fue desfigurado con la meta de transformar al PT en un enano impotente.

El temor de los golpistas no se reduce a que Lula gane las elecciones de 2018. Temen incluso que incluso siendo derrotado venga a encabezar la oposición burguesa. El fundamento de la intervención política, judicial y policial contra el PT, que se materializó en el “mensalão” y en la Lava Jato, está en romper los lazos de amplia parte de los explotados con el PT. Ningún partido de la burguesía tiene base popular, pero el PT, sí.

Es incompatible en la democracia oligárquica y en las condiciones de la crisis estructural del capitalismo la existencia de un partido burgués o pequeño burgués de base popular. Este tipo de partido, por estar sujeto a presiones de la mayoría oprimida, acaba convirtiéndose en obstáculo a la implantación de medidas radicalmente antinacionales y antiobreras. Es lo que explica la ascensión y caída del PT. Es lo que explica el golpe de Estado y la ofensiva selectiva de las investigaciones contra el PT. Toda defensa o apoyo, directa o indirectamente, a la condena de Lula resulta en una posición antidemocrática. Hay que combatir toda medida judicial, policial y políticamente dictatorial que pretende impedir que los explotados concluyan su experiencia histórica con el reformismo.

Es en ese preciso sentido que el Partido Obrero Revolucionario se declara contra la condena de Lula y su prisión. Lo que no quiere decir ocultar, o relativizar el deterioro del PT en la política burguesa. Es evidente que, sin los millones que salieron de las arcas de constructoras, de industriales, de terratenientes y de banqueros, el PT no podía competir electoralmente con los poderosos parti- dos orgánicos de la burguesía.

No sólo lo financian. No es sólo el financiamiento del poder económico y los compromisos que se derivan de la descomposición del PT y de su mayor dirigente. Pero, principalmente, al hecho histórico de, como gobierno, haber ejercido la dictadura de clase de la burguesía sobre la mayoría oprimida. Por más asistencialista que haya sido y por más que haya limitado las reformas antipopulares, el PT sirvió a los intereses generales de la burguesía y de sustentación del capitalismo. Hay que dejar claro que estamos en contra de la condena de Lula por ser antidemocrática, reaccionaria. Y no por hallarnos que no se haya sumido en la corrupción del Estado burgués.

El Partido Obrero Revolucionario ya había fijado esa posición tan pronto como surgieron la persecución política al PT y a Lula. Condenamos su conducción coercitiva por la Policía Federal y ahora rechazamos el veredicto de Moro. El POR se coloca ante esta cuestión con la política del proletariado. Así rechaza las variantes de la política burguesa y pequeñoburguesa, que, por un lado, apoyan la condena de Lula y, por otro, lo defienden ocultando su descomposición política.

Quien puede juzgar a Lula es la clase obrera y los demás explotados, de donde originó su militancia sindical y política y contra los cuales abrazó la política burguesa. El fundamental del juicio de Lula para los explotados está en que éste traicionó sus necesidades más profundas de los pobres y miserables. Sólo un Tribunal Popular podría y puede juzgar a Lula y al PT. Desgraciadamente, la clase obrera todavía se encuentra sometida por la política burguesa y no tiene un partido revolucionario dirigente de sus luchas, capaz de constituir organismo de masa, como el Tribunal Popular. Por el momento, para arrancar de las manos de la burguesía el poder de juzgar y castigar a Lula, es necesario por medio de la lucha de clases poner en pie el Tribunal Popular.

¡No a la condena de Lula!

¡Sólo la clase obrera y demás explotados pueden juzgar a Lula y el PT!

¡Por la constitución de un Tribunal Popular! ¡Emancipar a la clase obrera de toda influencia de la política burguesa!!

 

(Traducción de El Porteño)

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