La crisis brasileña puede tener su segunda destitución en menos de un año

por Miguel Andrade //

La influyente Orden de Abogados de Brasil (OAB), ha exigido la destitución del presidente Michel Temer, aumentando las probabilidades de que la nación latinoamericana más grande viva su segundo cambio de mandato en menos de nueve meses.

El llamado se produjo a raíz de nuevos detalles sobre el acuerdo de culpabilidad negociado por Joesley Batista y otros ejecutivos de la compañía de inversión privada J&F implicando directamente al presidente Temer en el principal escándalo político de corrupción en el país.

El voto de 25 a 1 en el Consejo Federal de la OAB da muestra del estado de ánimo en los círculos de poder de Brasil, algo que sucedió con votos similares que antecedieron las dos últimas destituciones: la de Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT) en el 2016 y cuando renunció en 1992 el presidente Fernando Collor de Mello, el favorito del FMI, ya después de que su salida era inevitable.

En 1964, La Orden de Abogados también dio su consentimiento a la caída del presidente reformista burgués, João Goulart, como parte de un golpe militar respaldado por Estados Unidos, señalando la capitulación de las llamadas fuerzas democráticas burguesas a la imposición de una brutal dictadura que iba a durar veintiún años.

J&F controla JBS, considerada la mayor productora de proteínas animales del mundo, reportó ingresos de 170.000 millones de reales (54.000 millones de dólares) en el 2016, 35 veces lo que ganó en el 2007, durante el primer mandato de los 13 años del Partido de los Trabajadores en el poder. La formación de este monopolio fue posible en gran parte a la ayuda del gobierno federal del PT a través del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) y la agencia de vigilancia antimonopolista CADE. La compañía fue objeto de múltiples investigaciones de la Policía Federal (PF), las cuales emergieron de la Operación Lava Jato que ha investigado un creciente número de contratos gubernamentales ilegales, sobornos y mordidas en áreas industriales importantes como la extracción y refinación de petróleo, construcción naval y proyectos hidroeléctricos.

Según el diario financiero Valor, el mercado brasileño ahora representa sólo el 10 por ciento de los ingresos de la compañía. J&F es dueña de 54 plantas frigoríficas en Estados Unidos, opera en 22 países y exporta a 150. Como parte de su crecimiento, J&F ha podido comprar plantas termoeléctricas y bosques de pino, además de negociar contratos lucrativos de energía con proveedores estatales y privados, vinculándose directamente con otros sectores principales de las investigaciones de Lava Jato y otras relacionadas.

En este contexto, el presidente Temer fue grabado por el CEO y propietario de la compañía, Joesley Batista, consintiendo a los pagos para comprar el silencio de Eduardo Cunha, expresidente de la cámara baja del Congreso. Temer también fue grabado indicando que Batista debe “hablar en su nombre” cuando le pida favores a la agencia antimonopolista CADE, y siendo informado que Batista le ha estado pagando a los fiscales y jueces involucrados en las investigaciones de su compañía. Además, Batista recibió información especial sobre los futuros cambios en las tasas de interés de la deuda pública del país, lo que le dio una ventaja privilegiada en la negociación de los bonos del gobierno.

Después de que la conversación con Temer fuese entregada a los investigadores, los fiscales iniciaron una operación encubierta para que Batista le pidiera al representante federal del estado de Paraná, Rodrigo Loures, que negociara favores con la CADE y que lo grabara luego recogiendo el dinero para pagarlos.

Con las pruebas firmes de que Loures tenía acceso a altos funcionarios, y desde que Temer no le informó nada a la policía ni al fiscal general sobre la conversación, el juez de la Corte Suprema, Edson Fachin, autorizó el viernes 19 de mayo la apertura de una investigación contra el presidente alegando que había consentido a varios crímenes. De acuerdo con la Constitución brasileña, un presidente sólo puede ser investigado por crímenes cometidos durante su mandato. Previamente, Temer había sido protegido legalmente por evidencia que, antes de tomar las riendas como presidente, estuvo implicado en el generalizado escándalo de sobornos.

La anulación de esta protección subraya la profundidad de la crisis actual, la cual ha sido subrayada por todos los acontecimientos desde que el periódico O Globo filtrara información sobre las grabaciones el miércoles de esa semana.

La autorización de la investigación fue seguida por la publicación oficial, no sólo del contenido completo de las cintas, sino también de videos con confesiones de Batista y sus asociados a funcionarios de la Oficina del Procurador General, en los que afirman tener a más de mil políticos importantes a nivel local y federal en su planilla de sueldos. También confesaron haber hecho pagos ilegales de casi 50 millones de dólares a los expresidentes del PT, Rousseff y Lula da Silva, a través de negociaciones con el exministro de Finanzas, Guido Mantega, a cambio de favores políticos.

A medida en que se dieron a conocer más detalles, Valor informó el jueves 18 de mayo que la grabación de Temer fue parte de una operación encubierta desde un principio; sin embargo, el diario se retractó el sábado siguiente. Por su parte, Folha de São Paulo reportó ese sábado que un asociado cercano de Batista se había reunido con un investigador de la Policía Federal y un fiscal federal para ser “conferenciado” sobre el tema de acuerdos de culpabilidad dos semanas antes de la reunión en la que el presidente fue secretamente grabado.

La reunión de Batista con la Fiscalía que reporta Folha pone de manifiesto que algunos elementos conspiratorios dentro del Estado podrían haber hecho una oferta para derrocar al presidente, ya que, según la ley brasileña, Batista no debería haber recibido ningún consejo previo sobre las condiciones de un convenio judicial antes de entregarse a las autoridades.

La defensa de Temer también afirma que la cinta no es una evidencia válida ya que Batista tenía como objetivo provocar al presidente, en lugar de protegerse, como lo requiere la ley.

Además, se reveló el lunes pasado que la Corte Suprema aceptó las cintas como evidencia sin siquiera tenerlas evaluadas por expertos en cuanto a su posible manipulación. Después de que Folha de São Paulo indicase que la cinta podría contener más de cincuenta correcciones, y por la insistencia de los abogados de Temer, la Corte Suprema se la devolvió a la Policía Federal y la investigación se suspendió hasta que se hiciera una evaluación. Estos acontecimientos han marcado el tono para los periódicos paulistas, en especial Folha y Estado de São Paulo, instando a la calma y a que se detengan los llamados para la expulsión de Temer, mientras que el poderoso conglomerado de medios Globo continúa atacando al gobierno.

Mientras tanto, se reveló que Batista viajó a Nueva York con su familia con la autorización de los investigadores a fin de poner en marcha planes para transferir su empresa a otro país, probablemente los Países Bajos. Esta decisión se dio después de que obtuvo 80 millones de dólares en ganancias después de comprar mil millones de dólares el día antes de que O Globofiltrara su historia y el dólar subiera un 8 por ciento frente al real —la devaluación más fuerte de la moneda brasileña desde la crisis asiática de 1999. Las revelaciones que implican a Temer también desencadenaron la caída más pronunciada en la Bolsa de São Paulo desde la crisis financiera mundial del 2008.

La intensificación de la crisis brasileña plantea cuestiones políticas vitales para la clase obrera. Varias divisiones están surgiendo dentro de la clase dominante, asociadas con el nerviosismo ante la deteriorada economía del país y la incapacidad del Congreso para aprobar una legislación que incorpore la tóxica agenda de contrarrevolución social que estuvo en el corazón de la destitución de Rousseff en el 2016.

La participación de la Fiscalía y la Corte Suprema en esta operación para incriminar al presidente refleja el colapso cada vez mayor del Estado constitucional.

El Congreso, amenazado por las investigaciones de corrupción abiertas contra un tercio del Senado, ha aumentado las apuestas ante los fiscales amenazándolos con sanciones si no pueden demostrar sus acusaciones. Se está discutiendo un proyecto de ley llamado “abuso de poder” para hacer que los fiscales “piensen dos veces” antes de presentar cargos contra políticos. Al mismo tiempo, la Policía Federal ha recurrido cada vez más a operaciones encubiertas después de que el gobierno del PT las autorizara con una ley completamente antidemocrática aprobada en el 2013 y que la Corte Suprema comenzara a validar la evidencia adquirida mediante su uso.

Al mismo tiempo, todo el sistema político está completamente desacreditado por las continuas revelaciones de corrupción. La agenda reaccionaria del gobierno está intensificando la opinión popular de que su gobierno es ilegítimo. En el 2015, Dilma Rousseff fue blanco de sentimientos similares cuando su segundo mandato comenzó con un giro brusco a la derecha y con medidas de austeridad, junto con el rechazo de su plataforma electoral. La hostilidad hacia el gobierno sólo continuó aumentando después de la reaccionaria toma de posesión de Temer, con facciones cada vez mayores de la clase gobernante oponiéndose a Temer y buscando alternativas para “legitimar” el dominio burgués, incluyendo la modificación de la Constitución para adelantar elecciones generales, como inicialmente fue propuesto por El Partido de los Trabajadores después de la expulsión de Rousseff.

Tanto el instituto de encuestas Datafolha de Folha de São Paulo como el instituto Vox populi asociado con los sindicatos acordaron a finales de abril que el 80 por ciento de la población apoya las elecciones anticipadas. Al mismo tiempo, el Congreso y la Corte Suprema, junto con el Partido Socialista Brasileño burgués, uno de los más grandes de la coalición de Temer, están decididos a abandonar al gobierno en las próximas semanas y apoyar esta propuesta de convocar comicios.

Esta demanda también estaba destinada a dominar la marcha “ocupar Brasilia”, convocada por los sindicatos a raíz de la huelga general del 28 de abril en la que participaron 35 millones de trabajadores. Los organizadores sindicales de la marcha del 24 de mayo, quienes llamaron inicialmente a protestar las “reformas” laborales y de pensiones propuestas por el gobierno, dicen que tienen la intención de traer a cien mil manifestantes a la aislada capital de Brasil.

La premisa política fundamental de los sindicatos y de la pseudoizquierda de Brasil es que se debe aplaudir el abandono del gobierno de Temer por parte de secciones de la prensa reaccionaria, las grandes empresas y los partidos burgueses, mientras que las luchas obreras deben ser subordinadas a estas maniobras políticas que buscan resucitar al capitalismo brasileño. Esta concepción quedó claramente expuesta en dos contribuciones publicadas en Carta Capital, una revista asociada con el PT.

El editor Mino Carta, en un artículo publicado el lunes pasado, defendió la demanda de elecciones inmediatas. Diferenció la situación actual con las condiciones que existían bajo el gobierno del PT, apelando al sector empresarial con el reclamo que la revista se siente, “financieramente asfixiada por un gobierno ilegítimo y conscientemente corrupto y por el abandono de empresarios que solían mostrar más compromiso con la diversidad y la pluralidad”.

Mientras tanto, Guilherme Boulos, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y uno de los organizadores de la manifestación del 24 de mayo, advirtió en la revista que si se realizara una elección indirecta tras la caída de Temer, “el país sufriría convulsiones. La gravedad de la crisis no permite arreglos. El Congreso no tiene autoridad para elegir a nadie indirectamente y cualquier sucesión sin elecciones mantendrá la inestabilidad”.

Estos elementos se ven envalentonados por las recientes encuestas que muestran que Lula da Silva encabeza la intención de voto de las elecciones presidenciales programadas para octubre del 2018. Su objetivo es una rápida restauración de un gobierno del PT para estabilizar el dominio burgués y sofocar la creciente militancia de la clase obrera brasileña.

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