Pensiones y desigualdad: sofismas, debate, propuesta

por Eduardo Titelman//

En el debate sobre el sistema de pensiones, el argumento clave que se utiliza contra un eventual sistema de reparto es el argumento demográfico, basado en las proyecciones que muestran un creciente envejecimiento de la población. Según las proyecciones del INE, en 2050 habrá ya sólo 2,5 personas menores de 60 años por cada persona sobre esa edad. De ello se desprende una alta proporción de jubilados en la población lo que, se arguye, requeriría descontar ingentes ingresos de cada actor productivo para sostener un eventual sistema de reparto, situación que sería demasiado gravosa y, por consiguiente, inviable e insostenible. Se apela entonces a perfeccionar el sistema de capitalización individual, actualmente vigente, donde —se argumenta— el ahorro financiero personal, durante la vida productiva, genera los ingresos de la persona en su jubilación, sin gravamen sobre sus contemporáneos productivamente activos.

Se trata, sin embargo, de un planteamiento con carácter de sofisma. De una argumentación espuria con apariencia de verdad. Pasamos ahora a explicar esta apreciación.

Todo sistema de pensiones es un sistema de reparto

Todo sistema de pensiones es un sistema de reparto que permite a los jubilados acceder al consumo de bienes y servicios que no producen ellos sino los actores económicos productivamente activos. En efecto, los bienes y servicios de consumo tienden a perecer, o quedar obsoletos, en períodos mucho más cortos que la vida de las personas. Preservarlos largamente resulta altamente costoso —en muchos casos imposible— y, por ello, en ninguna sociedad el consumo de aquellos cuya edad les ha alejado ya de las actividades productivas se basa en bienes y servicios producidos por ellos mismos en el pasado —y almacenados para la vejez—, sino en bienes y servicios producidos por la población en ese momento productivamente activa.

A través de la historia, las sociedades humanas han enfrentado y resuelto de diversas maneras el dilema de abandonar a sus ancianos o proveerles con una parte de su producto, reflejando en ello el carácter particular de su cultura y de su institucionalidad, tal como lo ha descrito descarnadamente Simone de Beauvoir en su libro “La Vejez”. En el caso del Chile actual, más allá de actos personales o familiares de generosidad y solidaridad, el dilema se resuelve, socialmente, a través de una fórmula de reparto basada en la inversión individual previa de los jubilados en empresas —en Chile y el extranjero— a través de las AFP´s y los mercados de capitales. No es tal el aparente milagro donde, en el sistema de capitalización individual, un jubilado percibiría ingresos (acceso a bienes y servicios) como resultado directo de sus ahorros del pasado sin que esos ingresos se descuenten de lo producido por actores productivos actuales. Por el contrario, en ese sistema, los ingresos son, en realidad, descontados de empresas donde el pensionado —a través del sistema de AFP´s, del cual es legalmente cautivo— ha sido forzado a invertir, en el pasado, a cambio de participar del ingreso (producto) generado por ellas en el presente.

Desigualdad y sistema de pensiones

Al utilizar promedios, que obnubilan el carácter profundamente desigual de los ingresos en nuestra economía, el argumento demográfico contra un sistema de reparto es también falaz en otro aspecto:

El argumento señala que cuando en el país haya, por ejemplo, tres actores productivos por cada jubilado, en un sistema de reparto se deberá descontar, en promedio, ¼ del ingreso de cada actor productivo para solventar los ingresos de los jubilados. Ello constituiría una carga en exceso gravosa y, por lo tanto, inviable.

Sin embargo, ¿No bastaría acaso con una ínfima parte del ingreso de alguno de nuestros más acaudalados para solventar la mantención de su último ingreso productivo, de por vida, a mil trabajadores jubilados?

Sí bastaría. Los ingresos de los chilenos reales son muy diversos. En algunos casos, muy superiores al ingreso promedio y, en la mayoría de los casos, por debajo de este. Por consiguiente, una fórmula directa de reparto podría solventar ingresos dignos para muchos jubilados sin generar “una carga gravosa en extremo”, con la condición que fuera suficientemente progresiva, es decir, que recaudara principalmente de los más acaudalados.

Al pasar por alto la profunda desigualdad económica de nuestra sociedad, la concepción que avala el sistema actual de pensiones tampoco permite entender la causa estructural de su incapacidad para asegurar pensiones dignas:

Nuestro sistema de pensiones basado en el ahorro forzoso a través de las AFP´s, no está destinado a los chilenos de altos ingresos —tal como lo indica el tope imponible en las cotizaciones a las AFP´s— ya que los abundantes recursos de que estos disponen, les permiten y les inducen a ahorrar e invertir voluntariamente (por más consumista que sea nuestra sociedad, hay un límite a lo que una persona desea y es capaz de consumir), pudiendo cubrir con creces, en general, sus necesidades en la vejez. El sistema apunta en realidad al ahorro forzado de las personas de ingresos medios y bajos, apuntando a forzar su aporte a la inversión y, a la vez, garantizar recursos en su vejez. Sin embargo, muchos de estos no poseen real capacidad de ahorro. Algunos, como resultado de las presiones de una sociedad obsesionada con el consumo, y muchos otros, debido a que sus ingresos son bajos y precarios, alcanzando apenas para cubrir sus necesidades básicas de consumo. Así, impulsados a gastar al máximo posible sus remuneraciones corrientes, la imposición de un ahorro forzoso, sobre los sectores de ingresos medios y bajos, redunda en importantes “lagunas” en las contribuciones previsionales (contratos informales, no pago de cotizaciones como independiente, largos períodos de desempleo, no pago de las cotizaciones por el empleador, etc.) y en las consecuentes bajas pensiones resultantes, que han encendido la indignación ciudadana.

Las propuestas para mejorar el actual sistema de pensiones

La espuria atribución de propiedades productivas supra-temporales al sistema de capitalización forzosa, junto al desentendimiento respecto de las implicancias de la profunda desigualdad de ingresos, infestan el debate público, sobre la reforma al sistema, instalado por el masivo movimiento social que surgió ante la indignación por las bajas pensiones. La confusión que causan esas concepciones erradas dificulta la generación de propuestas claras y concretas para una profunda reforma. Así se facilita el que, más allá de las diversas reflexiones realizadas en la denominada “Comisión Bravo”[1], sólo dos líneas de acción principales, no excluyentes entre sí, pero inconducentes ambas, constituyan hoy el ámbito de la política pública probable en este asunto, según las principales coaliciones políticas:

Aumentar el ahorro individual forzoso
Los abiertos defensores del sistema de pensiones actual, instan a mejorar las pensiones incrementando la obligación de ahorro en que se basa el sistema: aumentando la edad de jubilación y la proporción de los ingresos que debe ser ahorrada e invertida a través de las AFP’s. Tal reforma aumentaría los recursos disponibles para apalancar la inversión privada por medio de los mercados financieros, mejoraría el negocio de las AFP´s y también aumentaría las pensiones de algunos, pero no evitaría que aquellos que no disponen de real capacidad de ahorrar continúen “adoleciendo de lagunas previsionales” conducentes a bajas pensiones. Esta propuesta no repararía la principal debilidad del sistema de pensiones. Nuestra sociedad continuaría así abandonado a una vejez indigna, a muchos de nuestros ciudadanos mayores.

Aumentar las cotizaciones con cargo al empleador
Por su parte, el gobierno ha planteado un incremento gradual en la tasa de cotizaciones que realizan los trabajadores a las AFP´s —con cargo al empleador—, hasta alcanzar un 15% del ingreso, en lugar del 10% actual. No es claro aún qué parte de los 5 puntos porcentuales adicionales engrosaría la cuenta de ahorro individual del trabajador y qué parte se invertiría en un “fondo común solidario”, destinado a mejorar las pensiones más bajas.

Respecto de esa idea, cabe comenzar aclarando que el hecho que la cotización sea con cargo al empleador es irrelevante ya que su efecto —en todo sentido, salvo el comunicacional— es idéntico al de un aumento en la cotización con cargo al trabajador. Al aumentar la cotización obligatoria sobre el pago del empleador al trabajador, la medida en que uno u otro absorba ese incremento dependerá de su capacidad negociadora relativa y no de cuál de ellos es el que realiza la operación formal del pago a la AFP (en la jerga economista, el efecto sólo dependerá de las elasticidades de la demanda y la oferta en el mercado de trabajo). Así, por ejemplo —en un caso extremo que sirve para ilustrar el argumento—, aun cuando el aumento sea de cargo suyo, el empleador descontará del salario todo el aumento en la cotización si puede fácilmente sustituir al trabajador —en caso este que no lo acepte— por otro igualmente calificado, pero dispuesto a realizar el trabajo por ese salario reducido. Evidentemente, el mismo resultado se obtendría si el aumento fuera, formalmente, de cargo del trabajador.

Por consiguiente, aumentar la cotización obligatoria con cargo al empleador, destinando el aumento a las cuentas individuales de los trabajadores, no es sino una forma comunicacionalmente edulcorada de aumentar la tasa obligatoria de cotización a las AFP´s —la tasa de del ahorro forzoso—, medida que ya fue críticamente evaluada anteriormente.

Por otra parte, si el aumento en la cotización se destinara a un “fondo común solidario”, se trataría entonces de un incremento en el ahorro forzoso con fines redistributivos, pero que, paradojalmente, —al existir tope en la cotización a las AFP’s— excluiría de la redistribución a la mayor parte de los ingresos de esa acaudalada minoría ciudadana que ocupa puestos de trabajo altamente remunerados o devenga altos ingresos por concepto de utilidades sobre el capital. Tal política, que implica redistribución sólo al interior de los ingresos bajos y medios, no sólo parece una política social injusta, sino que, además, implicaría cargas extremamente gravosas sobre los sectores medios, si se busca solventar pensiones dignas para todos los jubilados. En efecto —tal como se señalaba anteriormente—, en nuestro país, no es el perfil demográfico sino la exclusión de los altos ingresos, lo que convertiría en extremadamente gravoso para los cotizantes, cualquier sistema de pensiones que asegure pensiones dignas.

Propuesta para un nuevo sistema de pensiones

Ningún sistema de pensiones puede pues obviar el perfil etario de la población y son los aumentos en la productividad, que incrementan el ingreso per cápita, los que posibilitan el incremento de las pensiones sin reducción de los demás ingresos. Ello es válido también en economías como la nuestra, cuya población envejece crecientemente. Sin embargo, es la distribución solidaria o no, que la sociedad adopta, lo que en última instancia permite o impide ese aumento.

En efecto, más allá de los engañosos promedios y las categorías económicas impersonales, el sistema de pensiones no es sino la expresión concreta de nuestra ética social en el trato hacia nuestros adultos mayores. Los recursos que socialmente son puestos a su disposición, para cubrir sus necesidades, y la fórmula de su cálculo y distribución, revelan el carácter de nuestra cultura y de nuestra adhesión real a valores tales como solidaridad, generosidad, responsabilidad, gratitud y empatía. En ese entendido se enumeran a continuación los elementos principales de una propuesta para sustituir nuestro actual sistema de pensiones.

El corto plazo
En búsqueda de asegurar a toda/o jubilada/o:

Una subsistencia digna.
El resguardo de sus ahorros previsionales.
La facilitación del ahorro voluntario conducente a una jubilación con holguras por sobre la subsistencia, acorde con la capacidad productiva de la economía chilena.
Su derecho a decidir y ser libre de cautiverio previsional.
La no discriminación arbitraria.
Se propone las siguientes medias para ser implementadas en el corto plazo (para simplificar, no se discutirá aquí medidas provisorias y transitorias) que implican, entre otros, el inmediato incremento de todas las pensiones para los mayores de 64 años, de los sectores de ingresos bajos y medios:

Para todas/os las/os jubiladas/os pertenecientes al 80% de menores ingresos en la población:
La provisión estatal de una pensión básica universal garantizada, igual al salario mínimo, en lugar de los pagos del actual “pilar solidario”.
La creación de un sistema público de ahorro previsional voluntario, con algún grado de subsidio fiscal progresivo a los ahorrantes. Dicho subsidio incluiría un aporte estatal al ahorro previsional de progenitores que se han alejado temporalmente del mercado de trabajo para cuidar de sus hijos pequeños.
En el sistema se acumulará —voluntariamente y en cuentas personales— fondos previsionales con un tope individual igual al ahorro necesario para alcanzar una pensión equivalente (incluyendo la pensión básica garantizada) al ingreso nacional per cápita que corresponde, actualmente, a alrededor de 3 veces el salario mínimo.

El sistema buscará maximizar la rentabilidad de los fondos acumulados, invirtiéndolos exclusivamente en proyectos —públicos y privados— de bajo riesgo, que posean un récord impecable en sustentabilidad, respeto al consumidor y abuso rentista; privilegiando aquellos proyectos que —cumpliendo las condiciones indicadas— posean mayor rentabilidad social.

La transformación de las cotizaciones al sistema de AFP´s en voluntarias, continuando con la regulación estatal al sistema destinada a: evitar quiebras y desfalcos; proveer información pública clara y veraz respecto del desempeño de las distintas AFP’s. Los afiliados tendrán la opción de retirar gradualmente sus fondos del sistema.
Incorporación de las FF. AA. y carabineros al sistema general de pensiones.
Jubilación de mujeres y hombres a los 65 años de edad.
Todos los gastos que requeriría el nuevo sistema (básicamente la pensión provista por el Estado y los incentivos fiscales al ahorro previsional) —más allá del ahorro individual— serían con cargo al Presupuesto de la Nación. El costo fiscal adicional estimado, de manera aproximativa, es de 2 puntos porcentuales del PIB más el costo de los incentivos fiscales que se determinen para el ahorro en el sistema público de ahorro previsional voluntario. El financiamiento de ese aumento en el gasto fiscal provendría de un incremento de la carga tributaria concentrado en el 5% de la población con mayores ingresos que, según el Banco Mundial, devenga el 51,5% del ingreso nacional[2].

El largo plazo
Un sistema económico, además de ser una máquina social para la producción y la distribución, es también una expresión de la ética social imperante en las relaciones humanas. Por ello, más allá de ocuparse de las cuestiones de eficiencia —a lo que se aboca casi exclusivamente el pensamiento económico actualmente hegemónico— un análisis del sistema de pensiones debe también establecer, para ese sistema, criterios fundacionales derivados de convicciones éticas. Una buena manera de representar aquello es definiendo una propuesta de largo plazo para el sistema de pensiones, o sea, proponiendo un objetivo para que las fuerzas sociales y políticas impulsen y construyan en su dirección, superando y eliminando —en ese proceso— las restricciones, rigideces y otros impedimentos que el corto plazo impone.

En ese entendido, para el largo plazo se propone un sistema de repartición voluntaria e igualitaria. Es decir, un sistema donde cada actor productivo aporte voluntariamente un mismo monto que, multiplicado por el número de productores, permita a cada actor no- productivo (jubilado, niño o enfermo productivamente incapacitado) percibir un ingreso idéntico a aquel que recibe cada productor.

Es evidente que eso no sería posible en una economía (y una sociedad) como la nuestra, desigual e impulsada por la competencia, el egoísmo y el consumismo. Se requeriría para ello su sustitución por una nueva economía próspera pero perfectamente igualitaria en el ingreso (cada persona recibiría un ingreso efectivo igual al ingreso per cápita), impulsada por la solidaridad y la cooperación, en búsqueda de plenitud existencial y liberada de la febril ansiedad consumista. Una economía que esté al servicio de una sociedad donde cunda y se respete la diversidad más extensa y profunda, pero no en el acceso a bienes y servicios, y que sepa también incorporar, productivamente, la amplia perspectiva y las sutiles comprensiones que los adultos mayores han forjado con años y con vida, antes que se las lleven con ellos cual secretos inútiles porque nunca pudieron ser develados a alguien que estuviera atento.

Muchos al leer estos últimos párrafos tenderán a pensar que su autor, al escribirlos, ha perdido contacto con la realidad. Al hacerlo, estarán olvidando que el único obstáculo para la viabilidad de lo que en esos párrafos se propone, somos nosotros mismos.

[1] Ver “Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones”,2015, en http://www.comision-pensiones.cl

[2] “Efectos Distributivos de la Reforma Tributaria de 2014”, Banco Mundial, 2015.

 

(Fotografía: Muelle Schuster, Valdivia, 2014/Archivo El Porteño)

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